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HOLDOUTS El reloj juega en contra y en la Rosada están "que sí, que no"

Luego de que el jefe de Gabinete desmintiera que una misión argentina viajará a Nueva York a negociar con los fondos buitres, versiones de las últimas horas señalan que esa propuesta realizada al juez Griesa finalmente se llevará a cabo. Hay tiempo de descuento porque a fin de mes el país podría entrar en default.

Nación, Provincia y Municipio dieron inicio al hormigonado del Arroyo del Gato

El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, junto al ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, el Jefe de Asesores del ministerio de Economía de la Nación, Ariel Luthier, y el intendente municipal, Pablo Bruera, recorrió el Arroyo del Gato de La Plata en el comienzo de la etapa de hormigonado que forma parte de las obras puestas en marcha para evitar desbordes e inundaciones en el cauce.

“Este trabajo sintetiza una forma de gobernar: junto a la Nación que está aportando los fondos, con la dirección de las obras a cargo del gobierno de Daniel Scioli y con toda la colaboración del municipio para dar respuesta a la demanda de los vecinos de la Región Capital. Es mucho el empeño que se está poniendo desde los tres niveles del Estado para que estas obras se concluyan en tiempo y forma”, destacó Pérez.

Las obras permitirán duplicar la capacidad de escurrimiento y encauzar la evacuación a lo largo de todo el cauce del Arroyo del Gato para evitar desbordes e inundaciones. Esta nueva etapa es el inicio de una obra que demandará un total de unos 60.000 m3 de cemento para  revestir parte  del canal.

"Esta obra significa para la Provincia una inversión de 1973 millones de pesos, por lo que agradecemos al gobierno nacional que la financiará  y que aceleró los tiempos que permitieron iniciar hoy una etapa clave como es la del hormigonado", destacó Arlía, y agregó: “Aquí tenemos una muestra más de que, como dice el gobernador Scioli, con el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio nos fortalecemos y los objetivos, por más dificultosos que parezcan, se pueden lograr".

Finalmente, Jefe de Asesores del ministerio de Economía de la Nación, Ariel Luthier, señaló que “con alegría vemos como las obras avanzan y se cumple con el sueño de los vecinos. Quiero transmitir el compromiso de que el Gobierno Nacional va a seguir apoyando esta obra, que implica un esfuerzo muy grande en términos económicos que vale la pena hacer para mejorar la calidad de vida de miles de personas que viven en esta zona”.

Del recorrido por el arroyo, participaron operarios de la obra encabezados por el director provincial de Hidráulica, Mario Gschaider; funcionarios provinciales; el concejal platense Gabriel Bruera; la diputada provincial por la Octava Sección, Valeria Amendolara y representantes de la Organización “2 de abril”.

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ABC: dólar invariable, BCRA ausente y poco volumen operado

"Con solo 54 millones de dólares operados por el sistema Siopel en contado, donde regula el Banco Central, volvió a quedar evidente el poco interés de liquidar por parte de los exportadores y las pocas autorizaciones para pagar importaciones, lo que motivó que el ente monetario no tuviera necesidad de intervenir en el mercado de cambios y el Nación cerró el dólar mayorista a 8,130 pesos".
"Esto da la pauta de que el Central controla el desarrollo del mercado, entre oferta y demanda, previa autorizaciones a los bancos para pagar importaciones, y cuando el mercado está equilibrado como hoy, no tiene necesidad de intervenir. A lo largo de esta semana corta el BCRA solo compró 155 millones de dólares".
"En el mercado de futuros entre bancos, donde se operaron 60 millones, las entidades operaron sin la participación del Central pactando fin de año a 9,445 pesos (tasa implícita de 30,27 por ciento) y enero de 2015 a 9,650 pesos (30,2 por ciento)".
"Y en el Rofex, donde se operaron 117 millones, el BCRA nuevamente vendió a los plazos y diciembre quedó en 9,450 pesos (30,39 por ciento), aunque el volumen se concentró en enero 2015, que cerró en 9,670 pesos (30,59 por ciento)".
El volumen total operado en cambios fue de 185 millones de dólares, 17 millones más que el miércoles, con 69 millones por el Siopel y otros 116 millones por el MEC. 

Argentina no descarta negociar con tenedores de deuda incumplida en EUUU: fuente

Argentina no descarta enviar una delegación a Estados Unidos para negociar con tenedores de su deuda impaga que no aceptaron reestructuraciones anteriores, sostuvo una fuente gubernamental el jueves, aunque un importante funcionario aseguró que en este momento no hay una comitiva preparada.
Si Argentina no logra sentarse a la mesa para negociar con los fondos de cobertura que tienen los bonos impagos, podría encaminarse a una cesación de pagos técnica después del masivo incumplimiento de 100.000 millones de dólares en el 2001-2002.
"No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a Estados Unidos", dijo a periodistas el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, algo que fue interpretado por medios locales como una negativa a negociar.
Pero una fuente del Gobierno aclaró a Reuters que el funcionario se refería a que aún no había detalles sobre quién viajaría y cuándo, no a que la idea estuviera descartada.
"No se sabe si viajará una misión la semana próxima, pero no se descarta", dijo la fuente gubernamental bajo condición de anonimato. "Argentina sigue abierta a la negociación", agregó.
El miércoles, un abogado en nombre de Argentina mostró voluntad en Nueva York de negociar con acreedores para intentar poner fin a una larga disputa con tenedores de bonos que rechazaron participar en un canje de deuda.
Este compromiso se asumió durante una audiencia presidida por el juez estadounidense Thomas Griesa, quien falló a favor de tenedores de bonos con deuda impaga por 1.330 millones de dólares.
La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York levantó el miércoles la medida cautelar que le permitía temporalmente a Argentina evitar ese millonario desembolso.
Ahora cualquier pago que efectúe el Gobierno argentino a los acreedores que sí aceptaron anteriores reestructuraciones de deuda, corre el riesgo de quedar embargado en Estados Unidos.
El Ministerio de Economía argentino dijo el miércoles por la noche que, ante este escenario, el pago de sus bonos que vencen el 30 de junio en Nueva York se ha vuelto "imposible".

Capitanich dijo que la decisión judicial hace "fulminar la reestructuración" de deuda argentina encarada en 2005 y 2010.

REUTERS

El caso argentino como ejemplo mundial y duras críticas a Cristina en la prensa internacional

La prensa internacional se hizo eco hoy una vez más de las turbulencias financieras que atraviesa Argentina en medio de la pelea con los tenedores de bonos en default. 
Para algunos diarios, el caso de Argentina podría ser “un llamado de atención para desalentar a países a que vivan más allá de sus medios”. Para otros el país es un “moroso serial desafiante” que debió bailar “tango” en los Tribunales de Nueva York. Y una fuerte columna está directamente dirigida a la Presidenta: “Se cosecha lo que se siembra, señora Kirchner. Aprenda algo de matemáticas”.
Bajo el título “Argentina’s Supreme Court loss may serve as a wake-up call” (La derrota de Argentina en la Corte Suprema de EE.UU. podría servir como un llamado de atención), The Washington Post compara al país con la ciudad de Detroit, que presentó su quiebra a fines del año pasado. 
“El mundo sería un lugar mucho mejor si Argentina se pareciera más a Detroit. Pese al pésimo estado de las financias, la ciudad automotriz al menos está sujeta a la ley de quiebra de Estados Unidos, bajo la cual el gobierno municipal y sus acreedores están trabajando de alcanzar un acuerdo bajo la supervisión de un juez federal. De una forma u otra, la pesadilla de la deuda de Detroit va a terminar, y la ciudad tendrá un nuevo comienzo”, dice el artículo. 
Sin embargo, no hay un sistema de quiebra para los países, todo el sistema de la deuda soberana está regido en torno a los contratos no ejecutables”, aclara el diario y agrega: “Así que,cuando un país como la Argentina ‘defaultea’ su deuda, pueden pasar cosas extrañas.Por eso hoy en día, tenemos enfrentamientos legales épicos como el que existe entre Buenos Aires y los fondos buitre de Wall Street, que acaba de culminar con la victoria de los ’hedgies’ en la Corte Suprema de los EE.UU.”
La publicación también se encarga de criticar al gobierno de Cristina Kirchner. “El caso enfrentó a los irresponsables populistas que gobiernan Argentina y a los acreedores que reclaman el pago de hasta el último dólar que se les debe. Seguramente, las personas con mayores problemas financieros en Argentina serán los perdedores, no importa lo que pase”.
Y luego resume la situación financiera de la Argentina como “compleja pero se reduciría a esto: ‘Mala suerte, Argentina. Usted sabía - o debería haber sabido - en lo que se estaba metiendo cuando vendió los bonos e incluyó una renuncia a su inmunidad soberana’”.
Moroso serial desafiante
Para el sitio Bloomberg Business Week, la “Argentina es un moroso serial desafiante que ofreció acreedores los peores términos desde la Segunda Guerra Mundial”. 
Karen Hooper, directora de análisis para América Latina en Stratfor, una compañía de inteligencia geopolítica, afirma que “es un precedente bastante notable para los EE.UU., permitir que un juez de primera instancia (por Thomas Griesa) presione a una nación soberana”. “Argentina fue capaz de vivir sin recurrir a los mercados financieros internacionales. Otras naciones pueden tener más dificultades. ‘Es un muy mal precedente para países como Grecia’", dice Hooper y agrega: "Los países soberanos deben estar habilitados para ’defaultear’ su deuda ya que lo hicieron continuamente desde que el dinero fue inventado”.
Bailar Tango en Nueva York 
Por parte, la publicación estadounidense International Business Times describe que“Argentina es famosa por su tango, pero esta semana los movimientos de carga emocional y dramática no estuvieron en la pista de baile de los salones de Buenos Aires, sino en las salas de los tribunales de Nueva York”.
La balanza en contra de los gobiernos
Para The New York Times, “el caso puede alterar el mercado de bonos internacional y, en particular, inclinar la balanza de poder en contra de los gobiernos cuando intentan negociar con sus acreedores”. 
“Este caso puso en relieve cómo el alcance de los tribunales de los Estados Unidos se topa con la voluntad de los gobiernos electos. Pero el miércoles, al juez Griesa pareció preocuparle demasiado. ’Lo que quiero es un mecanismo legal para evitar otra situación en la cual el país puede reírse de otro juicio’, dijo‘", destaca el diario estadounidense. 
A la escuela, Cristina
Se cosecha lo que se siembra, señora Kirchner. Aprenda algo de matemáticas”. Ese es el título de una columna de opinión en el diario británico The Times que agrega que “denunciando a los especuladores e inversores internacionales no se crea riqueza y nuevos empleos”. 


Recalde asegura que los aviones de Aerolíneas no pueden ser embargados El presidente de la línea aérea de bandera explicó cuál es la razón por la cual los fondos buitres no pueden quedarse con las aeronaves.

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, aseguró hoy que los fondos buitre no pueden embargar los aviones de la línea de bandera que cubren rutas internacionales, tal como sucedió en el pasado con la Fragata Libertad.
“Estamos tranquilos. Hubo anteriormente intentos de embargar aviones que fracasaron. No hay posibilidades de embargo por distintas razones jurídicas”, apuntó.
En diálogo con Radio Rivadavia, Recalde precisó que su seguridad de que nada pasará con los aviones se apoya en que “los aviones de Aerolíneas que vuelan al exterior son aviones adquiridos por leasing, lo que significa un alquiler con opción a compra”.
Esto quiere decir que los aviones no ingresan a la propiedad de AA hasta el final del pago. Entonces no pueden ser embargados porque el dueño es un banco, un inversor o la propia fábrica que los hizo”, precisó con un dejo de picardía.

UTDT: expectativas de inflación estabilizadas en 30% anual

La inflación esperada por los consunidores para los próximos doce meses permaneció por cuarto mes consecutivo en 30 por ciento en junio, según la mediana de respuestas a nivel nacional del relevamiento efectuado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.
Desde marzo de 2012 y hasta enero último, la mediana del sondeo privado había marcado 30 por ciento, con las excepciones de octubre de 2012 y octubre de 2013. En febrero pasado subió al máximo histórico de la serie, 35 por ciento anual, después que el Indec informara que la inflación de enero había resultado de 3,7 por ciento, según el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNu), y de la devaluación del pesos.
Pero en marzo las expectativas retornaron a 30 por ciento, nivel que repiten desde entonces en el sondeo privado.
La semana pasada, el organismo oficial de estadísticas reportó para mayo una variación de precios de 1,4 por ciento, con lo que la inflación acumulada en cinco meses resultó de 13,5 por ciento.
Tomando el promedio del sondeo que el CIF realizó entre los pasados martes 3 y y viernes 13 con 1.201 contactos en 40 centros urbanos, las expectativas de inflación se ubicaron en 32,2 por ciento, lo que en este caso representó un descenso de 3,3 puntos porcentuales sobre el relevamiento de mayo.
Considerando la mediana de las respuestas la inflación esperada permaneció en 30 por ciento tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires y en las provincias.
Pero tomando el promedio de las respuestas, la inflación esperada descendió 3,5 puntos porcentuales en el ámbito porteño, hasta 32,2 por ciento, en tanto en el Gran Buenos Aires cayó 4,6 puntos hasta 34,8 por ciento y en el resto del país se redujo 0,9 punto, resultando de 37,5 por ciento.
A su vez, la proyección de inflación tanto para la gente de menores recursos como para la de mayor poder adquisitivo también fue de 30 por ciento. 

nosis

Bolsas de Europa volvieron a subir

Los principales mercados europeos se afirmaron este jueves en nuevos máximos multianuales, después que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ratificara su política de relajación monetaria y dejara entrever que cuando inicie el ajuste de tasas a partir del año próximo, lo haría a un ritmo menor al previsto hasta ahora.
Alemania / DAX    10.004,00  +0,74%
España / Ibex35   11.187,80  +0,68%
Francia / CAC40    4.563,04  +0,72%
Grecia / Athex     1.286,99  +1,31%
Irlanda / IOI      4.865,04  +1,38%

Italia / FTSEMib  22.216,63  +0,85%
Portugal / PSI20   7.196,42  +0,46%
Reino Unido / FTSE 6.808,11  +0,44%
Rusia / RTSI       1.370,53  +0,55%
Suiza / SMI        8.674,37  +0,20%

nosis

Duro artículo en The Washington Post contra la Argentina por los fondos buitre

"Mala Suerte, Argentina. Usted sabía en lo que se estaba metiendo cuando vendió los bonos", reza un fragmento del artículo; le recomienda "copiar" el modelo de Detroit para salir de la crisis

El diario norteamericano The Washington Postpublicó en las últimas horas un duro artículo en el que cuestiona la situación económico-financiera de la Argentina y el impacto negativo que el fallo adverso del juez Thomas Griesa en el conflicto por los fondos buitre tiene, no sólo a nivel local, sino en el mercado global.
En primer lugar, señala que el mundo "sería un lugar mucho mejor si la Argentina se pareciera más a Detroit", una ciudad castigada y en crisis que, de a poco, resurge de las cenizas. En ese sentido, el texto afirma: "De una u otra forma, la pesadilla de la deuda de Detroit va a terminar, y será un empezar de nuevo".
Más adelante, en otro apartado, reconoce que el panorama que atraviesa actualmente el país es complejo, pero, a su vez, recuerda que la Argentina conocía las implicancias de los acuerdos en los que se involucraba. "Mala Suerte, Argentina. Usted sabía -o debería haber sabido- en lo que se estaba metiendo cuando vendió los bonos, que incluyó una renuncia a su inmunidad soberana", desliza el periódico.
Por otro lado, advierte que las alternativas a las que se enfrenta actualmente el país (la de pagar o la de perder el acceso al sistema financiero de Estados Unidos) amenazan, sin duda, a la economía local, pero "probablemente no a la del mundo". Una idea contraria, destaca el artículo, a lo que hoy sostienen el gobierno de Barack Obamay el Fondo Monetario Internacional, que consideran que una victoria de los fondos buitre crea, al mismo tiempo, un peligroso precedente para futuras crisis de deuda soberana.
En realidad -aclara sobre este último punto- ambos defienden el argumento de que la inclinación de la balanza a favor de potenciales holdouts haría más difícil negociar acuerdos de reestructuración cuando sea necesario para la estabilidad financiera global.
Así las cosas, The Washington Post llama al Gobierno presidido por Cristina Kirchner a "poner atención" y, en simultáneo, a que los países adquieran, a futuro, un nuevo sentido de la precaución en términos de prestatarios y prestamistas.
Hacia el final subraya que las economías mundiales deben encontrar la manera de prevenir la reestructuración de la deuda y el rescate del FMI, dos mecanismos que interpreta como "un mal necesario". Por ese motivo, remarca que "una manera de hacerlo es desalentar a los países de vivir más allá de sus propios medios".


Índice manufacturero Fed Filadelfia EE.UU. 17,8 vs 14,0 esperado Anterior 15,4

El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sube a un inesperado 17,8 frente 14,0 espreado y 15,4 anterior. El índice de indicadores principales sube un 0,5% frente 0,6% esperado y 0,3% anterior.

Dato positivo para el mercado de valores y el dólar.

Visto bueno a Lituania para unirse a la zona euro

Los ministros de finanzas de la zona euro dan el visto bueno a Lituania para unirse al euro bloque, según varias fuentes consultadas por Bloomberg.

La policía belga detiene al presidente de la filial de UBS en el país

Según el departamento de policía belga, se ha procedido a la detención de Marcel BrTjhwiler, presidente ejecutivo de UBS Bélgica, sospechoso de evasión de impuestos.

Voluntarios de Kimberly-Clark dan cierre al programa “Invertir Vale la Pena” junto a la Fundación Caminando Juntos Esta iniciativa, destinada a alumnas de quinto año de la educación escolar finalizará con la entrega de diplomas a los egresados.

Voluntarios de Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en el desarrollo de productos descartables para la salud, la higiene y el cuidado personal, participaron en el programa “Invertir Vale la Pena” junto a la Fundación Caminando Juntos, que se desarrolló por tercer año consecutivo. Se trata de un curso gratuito de 12 clases, que imparten los mismos empleados de la empresa en sus oficinas.

El objetivo es que los jóvenes de bajos recursos económicos tengan éxito en áreas esenciales como liderazgo, emprendimiento, finanzas personales, comprensión del mundo empresarial, recursos humanos y que desarrollen la capacidad de anticipar el impacto de las acciones individuales en la situación económica de cada uno y además, proveer un contacto cercano a los ámbitos universitario y empresarial. A modo de cierre, el miércoles 11 de junio se realizará en las oficinas de la empresa la entrega de diplomas y ceremonia de graduación.

El programa está compuesto por doce clases de dos horas cada una, y los distintos voluntarios apuntan en cada clase a estimular al alumno por medio de preguntas y reflexiones que les permitan elaborar conceptos e interpretar situaciones, permitiéndoles ser constructores activos del proceso de aprendizaje. Este año se capacitó a más de 20 profesores voluntarios, empleados de la compañía. En esta oportunidad,  Kimberly-Clark se comprometió con los  alumnos de la Escuela Fátima de Villa Soldati.

El curso “Invertir Vale la Pena” se fundamenta en la metodología del “aprender conociendo” y “aprender haciendo”, lo que significa que se espera que los jóvenes sean constructores activos en el proceso de aprendizaje. Las habilidades que se buscan desarrollar son: entendimiento de uno mismo, capacidad para comunicarse efectivamente con otros, establecer y mantener relaciones interpersonales saludables, y capacidades fortalecidas para la toma de decisiones, resolución de problemas y pensamiento crítico.

“Estamos orgullosos de participar en esta iniciativa. Los empleados de Kimberly-Clark brindan su tiempo, talento y esfuerzo de manera voluntaria para ayudar a los jóvenes a que puedan aprovechar los contenidos para su formación laboral y desarrollo personal. Gracias a los programas de voluntariado, nos involucramos en tareas que signifiquen tender puentes hacia quienes más lo necesiten”, señaló Fernando Hofmann, Director de Asuntos Legales y Corporativos Kimberly-Clark LAO – Austral.

Acerca de Fundación Caminando Juntos
Fundación Caminando Juntos es una Organización de la Sociedad Civil Argentina que, desde el 2008, se dedica al desarrollo de programas y proyectos de promoción social vinculados a la Salud y la Educación en la Primera Infancia y la Inserción Laboral, de los sectores más vulnerables de la Argentina a través de la canalización de recursos y de voluntariado corporativo de sus empresas socias: 3M, Assurant, BDO, BIC, Brother, Deloitte, DirecTV, DuPont, HP, HSBC, Kapelusz, Kimberly-Clark, Makro, Mars, Mercado Libre, MetLife, PwC, P&G, Sinteplast, Walmart y Xerox. Caminado Juntos forma parte de la red United Way Worldwide, una organización norteamericana cuyo objetivo es movilizar a líderes locales y a sus comunidades para atender sus problemáticas socioculturales y que tiene presencia en más de 42 países del mundo. Para conocer más sobre ésta, y todas las actividades de la Fundación Caminando Juntos, ingresá en www.caminandojuntos.org.ar

Acerca de Kimberly-Clark
Kimberly-Clark y sus renombradas marcas globales son una parte indispensable de la vida de las personas en más de 175 países. Cada día, cerca de un cuarto de la población mundial confía en sus marcas y en las soluciones que brindan para mejorar su salud, higiene y bienestar. Con marcas como Huggies, Pull-Ups, Plenitud, Poise, Kotex, Lina, Kleenex, Scott, y Kimberly-Clark Professional, entre otras; Kimberly- Clark sostiene su posición Nº1 o Nº2 en más de 80 países.

EE.UU.: indicador de tendencia prolongó avance

El índice que agrupa los indicadores líderes (LEI) en Estados Unidos encadenó su cuarta mejora consecutiva al subir 0,5 por ciento en mayo, hasta 101,7 puntos, informó hoy The Conference Board.
El resultado coincidió con la expectativa de los analistas, después de los aumentos de 0,5 por ciento en febrero, de 1,0 por ciento en marzo y de 0,3 por ciento en abril (corregido desde +0,4 por ciento).
Tras un flojo arranque de 2014, Ken Goldstein, economista de The Conference Board, señaló que los últimos datos de la economía estadounidense evidencian un ritmo de expansión más robusto.
El experto agregó que el mayor desafío para sostener ese camino será que los ingresos de los estadounidenses crezcan al ritmo adecuado para apuntalar el consumo.
Siete de los diez indicadores que componen el LEI tuvieron avances el mes pasado: diferencial de tasas de interés, promedio de pedidos de seguros por desempleo, promedio de horas semanales de fabricación, el indicador de nivel de crédito, la evolución de las acciones, los nuevos pedidos del índice ISM y de los fabricantes de bienes de consumo y materiales.
En contra se movieron los permisos de construcción y los pedidos de bienes de capital no militares, mientras el indicador que mide las expectativas de negocios no evidenció cambios entre abril y mayo, de acuerdo al relevamiento de The Conference Board.

EE.UU.: se aceleró el ritmo de actividad en zona Atlántico

Las condiciones empresarias en la parte norte de la costa este de Estados Unidos evidenciaron un marcado repunte este mes y quedaron al mayor nivel desde septiembre del año pasado, según el indicador que elabora el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia.
El índice alcanzó +17,8 puntos en junio, frente a +15,4 puntos de mayo, y cuando en el mejor de los casos los analistas esperaban una baja de dos enteros.
Un índice por encima de cero revela expansión del sector y a la inversa, contracción.
El indicador de nuevas órdenes saltó 6,3 puntos al colocarse en +16,8, mientras el de envíos recuperó 1,3 enteros hasta +15,5.
A su vez, el indicador de número de empleados aumentó 4,1 puntos entre mayo y junio al resultar de 11,9 enteros.
Además, el capítulo del relevamiento oficial sobre la actividad futura creció 14,6 puntos hasta 52 puntos en junio, lo que sugiere las empresas son más optimistas sobre el crecimiento, concluyó el reporte de la FED de Filadelfia.

Fondos buitre: confirman que no hay misión oficial a Nueva York y que cambia la sede de pago

“No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a Estados Unidos”, ratificó Capitanich. Además de criticar otra vez a Griesa y los fondos buitre, cargó también contra la Corte Suprema argentina.

Lo que ayer era extraoficial hoy fue confirmado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich: además de cambiar de Nueva York a Buenos Aires la sede de pago de la deuda reestructurada (lo que evitará un embargo pero implicará un default técnico), el Gobierno no enviará por ahora ninguna misión oficial a negociar con los fondos buitre en Estados Unidos, pese a que eso fue lo que le dijeron ayer los abogados de la Argentina a los holdouts y al juez Thomas Griesa.
“No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a Estados Unidos”, afirmó Capitanich en su habitual rueda de prensa matutina en la Casa Rosada. Así confirmó algo que hasta anoche era sólo un comentario extraoficial del Ministerio de Economía después de que la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York levantara la cautelar (“stay”) que mantenía congelada la ejecución de las sentencias que ordenan a la Argentina pagarles a los fondos buitre y que resguardaba del embargo los bienes argentinos en el exterior.
Capitanich también ratificó que, al menos por el momento, la intención es modificar la jurisdicción para el pago de los bonos reestructurados que debe hacerse a fin de mes. “El levantamiento del stay establece un problema respecto a la Argentina porque las ordenes pari passu le impiden efectuar el pago del 30 de julio a los tenedores reestructurados a menos que en forma simultánea pague a los fondos buitre. Por eso se generan condiciones alternativas de pago en jurisdicción nacional: la voluntad de pago de la Argentina no puede ser puesta en duda ni por Griesa ni por nadie”.
El jefe de Gabinete volvió a cargar esta mañana contra los holdouts, Griesa y “la dictadura genocida” y la “década del 90” –a las que responsabilizó por el aumento de la deuda-. Pero esta vez, además, se quejó específicamente de la Justicia argentina y específicamente de la Corte Suprema: “El sistema judicial argentino no se ha expedido, ni la Corte Suprema ni jueces de instancias inferiores” cuando “ustedes saben que proliferan las cautelares”, cuestionó.
También defendió a los abogados de los estudios norteamericanos que representan a la Argentina en el caso, cuestionados por la triple derrota judicial en primera y segunda instancia y ante la Corte Suprema estadounidense. “Argentina ha enfrentado 900 causas y hemos tenido un asesoramiento jurídico eficaz para evitar la acción decidida de los fondos buitre”, argumentó.

EL TRAMO FINAL DE LA ARGENTINA Y LA SALIDA ELEGANTE DE CFK

Hacia el ESTRE-LLATO en el Siglo XXI”

Según las bolas que corren, en pasillos cercanos a la Casa Rosada, alias “LA GRAN COMEDIA DEL SIGLO 21″, asesores de CFK estarían barajando la salida elegante de la reina al mejor estilo de Metro Goldwyn Meyer.

Las mismas versiones indican que ante la imposibilidad de cubrir las deudas que aquejan a nuestro país, Cristina estaría dispuesta a entregar el Gobierno antes de lo esperado.

Las causas son de orden y conocimiento publico:

La Situación Procesal del Vicepresidente de la Nación y otros funcionarios. “Amado”, parece que no encuentra la salida y el caso cada vez se complica más.

Ad referéndum de los casos de corrupción que afloran como la humedad, día  a día en Argentina: Leandro Despoy Presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) reclamó una mayor coherencia de la Justicia al momento de juzgar los casos de corrupción. En la Reunión del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe  de Entidades Fiscalizadoras Superiores  (OLACEFS) el Titular de la AGN expresó que “Argentina tiene un alto nivel de corrupción”
-El tremendo Déficit Energético estimado en 13.000 millones de dólares para este año,  tantas veces anunciado a través de varios medios , a los cuales por decir la verdad, los tildaban de “opositores” y por lo tanto eran desmentidos a través de notas publicadas en medios oficialistas.

- La Devaluación del peso , que oscila el 60% en lo que va del año 2013 hasta la fecha.

Cabe la posibilidad, que surja una nueva devaluación, antes de fin de año, la que producirá más inflación, y recesión. Temas que se verán reflejados en la caída de las ventas, en la producción industrial y por ende repercutirá  en los  puestos de trabajo.

-La suba de las tasas de interés a valores del 30%.
-La inflación que ya llegó al 40%, que arrasa con el sueldo de los argentinos.

-Problemas muy serios en la industria automotríz, en la construcción. Cese de pagos, quiebras, entre otros.

-El Reconocimiento del Ministro de Economía de la Nación, con respecto a las Reservas Nacionales, que no alcanzan para cubrir todo lo que se debe.

-El Jury a Campagnoli  por haber investigado a personas muy allegadas a la Cúpula presidencial.
-La inseguridad que crece día a día y que al parecer no hay a la vista ningún plan eficiente y eficáz para contrarrestarla, sumado a la gran necesidad  que surge de pobres e indigentes que crecen día a día, producto de la desastroza política económicca de este gobierno.


-La Argentina si paga los 1500 millones de dólares que están en juego, que se deben, también debera abonar otros pagos que rondan una suma diez veces superior a este importe. Tomemos en cuenta que las Reservas del banco Central no son las que vienen anunciando y que por lo tanto, contamos con mucho menos  dinero para afrontar esta crisis.

-La falta de credibilidad para Capitales que quieran invertir en nuestro país producto de la falta de continuidad en políticas económicas y de la carencia de “atino” y “planificación” de estrategias que lleven a la Argentina a una posición creíble, con un riesgo país aceptable.

Por lo expuesto precedentemente, se deduce que:

Existe la imperiosa necesidad de preservar la continuidad institucional de la República,  ya sea con la “salida elegante”, entregando el gobierno antes de lo previsto adelantando las elecciones, de lo cual hablábamos al principio; o bien, se corre el riesgo de la perdida de la garantía del orden social o dicho de otra manera: “sentarse a esperar una situación insurreccional”, por los factores expuestos.

Mientras tanto, en una partida de ajedrez, con un buen whisky de por medio, los grandes capitales y acreedores , se disputan la porción mayor de la torta a repartir, llámese: “el territorio Argentino”.
Argentina_Buitres
CONTINUAREMOS…..

SEPRIN

Bolsas de Europa en alza

Los principales mercados europeos operan en alza, luego de que Janet Yellen, titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, aseguró que no tiene previsto subir la tasa de interés en el corto plazo.
Alemania / DAX    10.009,07  +0,79%
España / Ibex35   11.221,40  +0,98%
Francia / CAC40    4.569,39  +0,86%
Grecia / Athex     1.283,83  +1,06%
Irlanda / IOI      4.872,24  +1,54%

Italia / FTSEMib  22.263,48  +1,06%
Portugal / PSI20   7.168,82  +0,07%
Reino Unido / FTSE 6.832,70  +0,80%
Rusia / RTSI       1.382,96  +1,47%
Suiza / SMI        8.682,46  +0,29%

nosis

IDEA apoya negociación argentina con holdouts

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresó hoy su "apoyo" a la decisión del gobierno argentino de encarar una negociación ante el juez estadounidense Thomas Griesa en la causa de los holdouts.
IDEA sostuvo en un comunicado que "quiere expresar su apoyo al Gobierno Nacional para la iniciativa, a la brevedad posible, de una etapa de negociación con los acreedores en el marco y jurisdicción del juez de la causa, jurisdicción que la República Argentina ha aceptado voluntariamente".
Según la entidad, "la negociación debe ser llevada a cabo por las personas más capacitadas y con mayor experiencia en el tema, independientemente del partido político al que pertenezca", confiando en que "la decisión que se tome debe tener el respaldo de las fuerzas políticas mayoritarias".
Estas acciones, puntualiza el comunicado de IDEA, "permitirán a la Argentina continuar por la senda de la institucionalidad, único camino posible que facilitará el pleno acceso a los mercados de capitales que resultan vitales para el desarrollo del país".

Historia de la deuda externa argentina

La historia de la deuda externa argentina comenzó en 1822 durante el gobierno de Bernardino Rivadavia y desde entonces ha sido una solución momentánea por un lado pero también un problema a largo plazo por el otro, un tema fundamental de todos los gobiernos y también motivo de crisis institucionales. Con la crisis de 2001, el 23 de diciembre el país entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa, la cual ascendía a 144.000 millones de dólares.1
Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario InternacionalBanco MundialBanco Interamericano de Desarrollo y otros menores). Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270.000 millones de dólares,2reduciendose el peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI3 4
En el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2.159 millones de dólares, bajando hasta U$S 139.137 millones.56 En mayo 2014 se logró cerrar el acuerdo para salir del default con el Club de París por 9500 millones de dólares.7

El empréstito Baring Brothers[editar]

El ministro Bernardino Rivadavia. Miembro protagónico del gobierno bonaerense entre 1821 y 1824.
La historia de deuda pública argentina comienza cuando la Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a "negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entreBuenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.
La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70%. Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firmaBaring Brothers & Co. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartíéndose el 15% de diferencia con el consorcio.
El 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150.000 libras, de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión, y los 30.000 restantes fueron para Baring.
El Estado de Buenos Aires por su parte "empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1.000.000 de libras esterlinas y su interés".
Como no se había especificado como llegaba el dinero a Argentina (por ese entonces el territorio se denominabaProvincias Unidas del Río de la Plata), el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, dos miembros del consorcio. Al final, del millón de libras que totalizaba el mismo, sólo llegaron a Buenos Aires unas 560.000, en su mayoría en letras de cambio y una parte minoritaria en metálico.
Finalmente, el dinero del préstamo fue entregado al Banco de Descuento para que lo repartiera como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero. El empréstito se terminaría de pagar ochenta años más tarde.8

La Crisis de 1873[editar]

Tras varios años de prosperidad, el Presidente Nicolás Avellaneda debió enfrentar durante su gobierno la primera gran crisis económica del Estado moderno.
En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios a través de la cual la Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la moneda (que se estableció a razón de 25 pesos papel por 1 de oro). Hasta 1873 esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al fuerte ingreso de metálico provocado por la afluencia de capital externo proveniente de empréstitos contratados por el gobierno nacional y algunos provinciales en el mercado de Londres. Esta acumulación de metálico hizo a su vez posible una enorme expansión del crédito bancario (reforzada en 1872 con la creación de los bancos Nacional e Hipotecario), lo cual impulsó la ya de por sí importante actividad comercial, como consecuencia de la guerra con el Paraguay.
Este febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica, como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio subía al compás del incremento del intercambio comercial. La incidencia de las importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las exportaciones crecieron no lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones.
No obstante, mientras la Argentina recibiese capitales del exterior, esta situación deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales, en parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia de metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las exportaciones, por lo que el gobierno del recién asumido Presidente Nicolás Avellaneda debió recurrir a una política claramente deflacionista, suspendiendo la contratación de nuevos empréstitos en el exterior, decretando la inconversión de los billetes del banco de la Provincia y del Nacional, e incluso disminuyendo sueldos de empleados y reduciendo personal administrativo. La retracción del crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó duramente la producción rural. Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de 1876, influyeron en el rápido descenso de las importaciones. Si bien las exportaciones mantuvieron su nivel anterior, la caída de las importaciones, particularmente brusca en los años 1875 y 1876, provocó una inversión en la tendencia predominante de la balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a ser superavitaria.
El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875 describía la situación económica del país en los siguientes términos:
"Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos que la Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos casos. Con la hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que principia ya a encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos privados y públicos."9
Para fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada, permitiendo el inicio de un nuevo periodo de prosperidad y expansión económica que se inició en 1880, ya con el Presidente Julio A. Roca, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

La Crisis de 1890[editar]

El Gobierno de Juárez Celman se caracterizó por una efervescencia inversora que poco después desembocó en un colapso financiero.
Durante la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las inversiones extranjeras, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en la economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos.
A partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, se produce una verdadera fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles. Se otorgan concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó a un aumento del valor de las tierras atravesadas por las redes. Esta modalidad de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.
Puede decirse que dicha crisis se originó por una actitud de excesiva confianza de los inversores extranjeros en las posibilidades de la economía argentina que los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a los particulares. Sin embargo, pronto se evidenció un desfase temporal con respecto al incremento productivo de esas inversiones. Muchos proyectos necesitarían décadas para poder madurar lo suficiente como para saldar la deuda contraída.
A esta fiebre especuladora se sumó además la incompetencia, malversación y especulación de las autoridades y agentes económicos argentinos, que se deslumbraron frente a una situación sumamente favorable en el mercado de capitales.
Si bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, ésta también tuvo a un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de inversión demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital, sobrexcediendo ámpliamente su capacidad de negocio.
El crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una excesiva expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel moneda, amenazando la rentabilidad de los inversores, y por lo tanto paralizando la entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos, perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados.
Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la falta de solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los bancos europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno argentino. La catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades argentinas. Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez Celman un remedio que no favorecía al gobierno: consolidación de la deuda, suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El gobierno de Juárez Celman no podía aceptar la propuesta, ya que ésta política de austeridad hubiera destrozado su apoyo político.
Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo, en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas claves: José E. Uriburuen Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación que contentase a los banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los de los "nuevos ricos" que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó algunas medidas de austeridad económica, como el aumento del 15% en los impuestos aduaneros, además de la exigencia de recaudar el 50% de los impuestos en oro.
Las medidas de austeridad económica y orientación deflacionaria puestas en marcha por Uriburu fueron rechazadas por el círculo de "amigos" de Juárez Celman, principales beneficiarios de la política inflacionaria anterior. Juárez Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día el oro subió de 118 a 165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política inflacionaria y se repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los bancos europeos.
Finalmente, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891.
El acuerdo con Rothschild no prohibía nuevos empréstitos externos ni obligaba al gobierno argentino a ninguna otra cosa que no fuese la reducción de la circulación monetaria. El crédito del gobierno había sido salvado, aunque a costa de generar un sentimiento popular antibritánico, que se tradujo en ataques contra el Banco de Londres y Río de la Plata.
Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su artillería contra los Bancos Nacionales Garantidos, responsables de la inflación por haber prestado dinero sin respaldo. Se adoptaron también importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas obras públicas.
Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno de Pellegrini debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos recursos -el pago del 50% de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel. Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una especie de malla protectora contra la competencia extranjera. Los sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno, cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que especulaban con tierras y valores mobiliarios).10

1892 al 1900[editar]

Carlos Pellegrini fue quién piloteó la salida de la crisis de 1890 y años después fue el impulsor de un proyecto para unificar la deuda pública argentina, iniciativa que finalmente no prosperó.
El Presidente Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción fue algo inferior al 30%) por cinco años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma de 1.565.000 libras al Banco de Inglaterra, para que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos Aires como en Londres, éste funcionó porque fue un compromiso entre intereses que, más allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.
Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que resolvió el problema de las deudas provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino. En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de pesos oro al interés del 4%, con amortización del ½%, con el objetivo de pagar todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas, logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%. Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a ninguna compañía ferroviaria.11
Si bien, para los primeros años de la década de 1890 la crisis ya había sido resuelta, las inversiones extranjeras no recuperaron el mismo ritmo que habían tenido en la década anterior. La crisis había afectado tanto a Baring Brothers, que las inversiones británicas en la Argentina no se recuperaron hasta 1904. Los préstamos al gobierno registraron una declinación pronunciada, por lo tanto las inversiones en ferrocarriles, frigoríficos, compañías de tierras y bancos crecieron a un ritmo lento. Sin embargo, esto no afecto al sector agro-ganadero, que experimento en aquellos años un aumento en los valores y volúmenes de sus exportaciones.12
En 1898, el General Julio A. Roca asume su segundo mandato como Presidente de la Nación, mientras que su gran colega político Carlos Pellegrini, asume como Senador Nacional. Roca le pidió a Pellegrini la elaboración de una iniciativa legislativa para la consolidación de la deuda pública de 392 millones de pesos oro, en un solo empréstito por 453 millones de peso oro. Pellegrini redactó un proyecto de unificación de la deuda pública externa, por medio de un empréstito único al 4% de interés anual y 0,5% de amortización, a largo plazo, y con obligaciones garantidas por las rentas aduaneras. La propuesta obtuvo la media sanción del Senado. Pero después de muchos artículos periodísticos y manifestaciones públicas criticando la medida, Roca decide no apoyarla en la Cámara de Diputados, acción que irritó a Pellegrini, a tal punto que este hecho provoca un distanciamiento entre ambos, aquel año de 1901. Roca por su parte argumenta que el ambiente creado en las calles y en la prensa no es el apropiado para infundir confianza entre los inversores.13 14

Perón y la Deuda Externa[editar]

Juan D. Perón. Afiche de 1948.
Para un gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan D. Perón inaugura en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina representa una singular y simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Este logro serviría para dar consistencia a su discurso, constituyéndose en un acontecimiento de alta significación doctrinaria para los sectores populares.
El tema acompaña cada alocución presidencial desde 1946 y es uno de los puntos centrales del "Acta de Independencia Económica" consagrada en Tucumán el 9 de julio de 1947. El rescate total de la deuda externa argentina se logra en 1952. El Estado peronista destaca entonces que el país deudor de m$n 12.500 millones se convertía en acreedor por más de m$n 5.000 millones.
El período 1947-51 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés en consonancia con la estabilidad económica, y una marcada disminución de la deuda externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n 12.649.471 perteneciente a las 2 últimas cuotas semestrales del empréstito argentino-británico contenido en el Convenio Roca-Runciman (1933). Se gesta entonces una situación inédita en la historia argentina desde el préstamo Baring Brothers de 1824.
La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza comercial entre 1946-48 se aplican a la repatriación de la deuda externa. Así mismo la deuda interna disminuirá un 17.8% entre los años 1945-1952.15
En 1949, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el crecimiento cada vez más acelerado del mercado interno nacional, aparece el efecto inflacionario, que había sido casi inexistente durante la primera mitad del siglo XX.
En este contexto, el gobierno peronista ensaya un tibio acercamiento con Estados Unidos, a través del Eximbank, que en 1950 acuerda con la Argentina un préstamo por 125 millones de dólares destinados a saldar las deudas con los comerciantes norteamericanos. La ley de inversiones extranjeras de 1953 como los acuerdos firmados con la California Standard Oil dan cuenta de un viraje del gobierno respecto a la utilidad de los capitales internacionales.16

Argentina y el Club de París[editar]

Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo gobierno dirigido por el General Pedro Eugenio Aramburu, intenta reactivar el flujo de comercio, para lo cual adquiere un nuevo préstamo externo destinado a financiar importaciones desde Europa. Así se contrata con varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de un año.
Pronto resultó evidente que era imposible para el gobierno cancelar en un plazo tan corto el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París para analizar la refinanciación de la deuda externa. Dicha reunión se realizó entre el 14 y el 16 de mayo de 1956.17 18
De esta reunión surgió lo que sería conocido como el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. Su función primordial sería la de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Desde su creación en 1956, hasta 2009, el Club de París efectuó 408 acuerdos con 86 países deudores.

Argentina y el FMI[editar]

El presidente Arturo Frondizi prueba un automotor DKW Auto Unión 1000, fabricado por Industrias Santa Fe (foto de1960).
La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de julio de 1944 durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. La creación de este organismo recién se produce en 1945, con el objetivo primordial de promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio entre los países y reducir la pobreza a nivel mundial.
La Argentina recién se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956, tras la llamada "Revolución Libertadora". En 1958 se convoca a elecciones que son ganadas por el radical intransigenteArturo Frondizi, con el fuerte apoyo del peronismo. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica era dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como a un bajo nivel de inversión. Así, mientras que a fines de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central superaban en 1.300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de 1958 era la deuda externa la que superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas.
Al poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil como implementar las medidas de apertura económica en materia petrolera y de inversiones extranjeras, ya que cualquier programa ortodoxo de reordenamiento económico acarrearía un elevado costo político y social. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales "desarrollistas" y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el lanzamiento de "La Batalla del Petróleo", habían desatado una airada protesta obrera y social en la cual se entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición del gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.
Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de 1958. Entre medio, el país debió acelerar la resolución de los litigios que tenía pendientes con las empresas extranjeras de electricidad que venían de la época peronista. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de estabilización fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido (la UCRI) era ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba necesarias para la estabilización económica. Por otra parte, para los observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de ajuste del gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de diciembre los lineamientos del plan y la habitual "Carta de Intención" solicitando oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.
Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política económica y obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con los países acreedores europeos nucleados en el "Club de París".
A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores europeos el inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las relaciones económico-financieras de la Argentina con Europa Occidental obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de representantes del "Club de París" para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya mencionados se aplicara a remesas destinadas a pagos comerciales y de la deuda en el área del dólar. También se logró que los europeos siguieran dando al país el mismo tratamiento cambiario que hasta entonces. Para ello, esta misión reafirmó la intención argentina de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado en 1957 y asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los países europeos.
Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del FMI, los organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos privados norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda por 329 millones de dólares para apuntalar el "Plan de Estabilización Económica" con el cual se inició una nueva etapa en la política económica del gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y liberalización total del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo reprimida ante la falta de divisas.
El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la economía nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante severas e inéditas medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público. En líneas generales, todas ellas tendían a restaurar una economía de mercado en un país donde ya se había afianzado una fuerte tradición de intervención estatal en la economía, que se remontaba a los años ´30.
Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el dólar, que había tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo de 1959, retrocedió hasta 83 en agosto. Para evitar una mayor apreciación de la divisa, el Banco Central estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La inflación también descendió al compás del tipo de cambio.
La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como de préstamos públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de una crisis de balanza de pagos. La economía de mercado, propugnada por el entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se basaba en la aplicación rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la sociedad libre. El Estado sólo debía asegurar la competencia, resolver los casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales. Alsogaray insistió en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las últimas consecuencias, para preservar la estabilidad y restaurar la capacidad productiva de la economía.
Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose numerosas y prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En este contexto Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el tablero anunciando el levantamiento de la "ilegalización" que regía sobre el Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires. Los militares le exigieron al Presidente la anulación de las elecciones, aunque el Golpe militar ya era inevitable. Finalmente el 29 de marzo de 1962 Frondizi fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluído de su mando.
Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. Para paliar la situación, el gobierno tuvo que recurrir a un préstamo del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina en violación de los acuerdos firmados.19

Desde 1966 en Adelante[editar]

Deuda argentina 1994-2004. Expresada en millardos (mil millones) de dólares y azul para la deuda externa.
En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse (1966-1972) la deuda externa argentina se incrementó desde los 3.276 millones de dólares a 4.800 millones, un 46%. Entre los gobiernos de Héctor José CámporaJuan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800 millones, un 62%, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada argentino (per capita).20
Durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364%, con lo cual se pasó a tener una deuda per capita de 1.500 dólares. Los años ´70 (sobre todo la segunda mitad de la década) se caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus bajas tasas de interés para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de importantes corrientes de capitales a toda América Latina.
A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encara un proceso de apertura para la llegada de los capitales extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular: una de ellas fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la actividad del sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita", un instrumento donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses. En síntesis el Gobierno ofrecía una información anticipada que permitiría saber, en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la moneda Argentina. Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor psicológico" que durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la década.
Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida "bicicleta financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, factor generado por el retraso de la paridad cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente recorvertir esos pesos nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.
Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era evidente, a lo cual se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La crisis bancaria estalló en el mes de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981 finalmente la moneda tuvo que ser devaluada en forma significativa, lo que ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos locales y a las empresas trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.
Ante esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de sus deudas con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, lo que en los hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.21
Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de dólares. Algunas de las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando por la que adicionó más deudas-: Celulosa, COGASCO, Autopistas UrbanasPérez CompancAcindar, Banco de Italia y Alpargatas entre otras.20
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700 millones de dólares, subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem(1989-1999) se elevó un 123%, con 146.219 millones de dólares. Y en el período de breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) llegó a unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%.20
En lo que va desde la caída de de la Rúa hasta fines del 2013, la deuda bajó a 137.613 millones de dólares22 a raíz de las gestiones realizadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

El rol del Fondo Monetario Internacional en la deuda externa[editar]

Durante la dictadura militar de 1976 a 1983 se dio desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) un claro apoyo a la dictadura en su inicio al desembolsar un crédito con facilidades extendidas para países con problemas de pago debido a la suba del petróleo, el monto era de 110 millones de dólares y había sido acordado por el gobierno previo pero sólo se efectivizó durante la dictadura. Un nuevo crédito aparecería en agosto de 1976, esta vez por 300 millones de dólares que se apliaría en septiembre de 1977 con otro de 185 millones de dólares.23
Ello agudizado por el ministro de economía designado con el aval del banquero David Rockefeller en el gobierno de Jorge Rafael VidelaJosé Alfredo Martínez de Hoz, quien enfatizó las privatizaciones de las empresas del estado más productivas. La deuda externa se multiplicó por seis en tan solo seis años, de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares en 1982. Vale aclarar que nunca se esclareció a dónde se destinó esa deuda, varios analistas aseguran que unos 30.000 millones de dólares tuvieron un carácter fraudulento, que se fugó del país y apareció en cuentas en el exterior a nombre de argentinos.23
Durante una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro que recayó en el juez Jorge Ballesteros se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento externo en la época militar:
"(La deuda externa) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas
Fallo judicial del juez Ballesteros.23
El FMi había solicitado entre 1976 y 1977 una serie de medidas entre las que figuraban que la nación sólo se podría endeudar con el aval del presidente del Banco Central, Adolfo Diz ex director del FMI, y del ministro de economía Martínez de Hoz. Se solicitó además la eliminación de aranceles de importación, reorganización del sistema financiero, unificación de la moneda y liberación del control de movimiento de capitales. Con la excusa de acumular divisas, Diz y Martínez de Hoz produjeron un descontrolado endeudamiento y en 1978 se declaró la inflación. El dólar barato junto con la baja de aranceles produjo una estampida de importaciones que destruyó la industria nacional y el crack bancario de la década de 1980 fue resultado del mismo dólar barato, con el libre sistema financiero y una garantía estatal de los depósitos, que desataron especulaciones y diversos fraudes financieros.23

El Plan Brady[editar]

Entre 1989 y principios de los años de 1990, el llamado Plan Brady, que llevaba el nombre del entonces secretario del tesoro de los Estados Unidos Nicholas Bradyse implementó en varios países latinoamericanos como MéxicoBrasilEcuadorVenezuela y Argentina que se encontraban fuertemente endeudados con el tesoro norteamericano.24
"El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la deuda soberana entre 1992 y 1993. Pero no fue así. Cuando Argentina entró al plan su deuda era de US$63.000 millones, y se refinanció US$33.000 milones. Pero para el año 2000 la deuda, después de costosísimos pagos, era de US$150.000 millones"24
Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos.24
En diciembre de 1992, se concluyó con las negociaciones del Acuerdo Brady, se canjearon los viejos préstamos por nuevos "bonos Brady" a 30 años, otorgándose quitas en el capital y bajas tasas de interés. Se canjeó deudas por un total de 21.000 millones de dólares y se adicionó un poco más de 8.300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:25
  • Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del 35% y tasa flotante LIBOR de 0,8125%. Unos 4.300 millones de dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un equivalente a 2.300 millones de dólares.
  • Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero pagaba una tasa de interés fija y más baja que crecía en el tiempo a unos 4% a 6% anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12.700 millones de dólares se canjearon por este tipo de bono.
  • Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con tres más de gracia y con una tasa LIBOR de 0,8125%. Su emisión canjeó unos 8.652 millones de dólares.25

El Camino del Default[editar]

La estabilización económica[editar]

El Ministro Domingo Cavallo fue el responsable del Plan de Convertibilidad por el que se rigió la economía argentina durante casi toda la década del ´90.
En 1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina había logrado mantener una economía estable, tanto en aumento de precios como en el tipo de cambio. A partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de inflación promedió el 25% anual, con un pico menor de 3,8% en 1954, durante el peronismo, y uno mayor, excepcional, del 113% en 1959, durante el gobierno de Frondizi.26 Sin embargo, a partir de 1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60% anual.27 Para los años ´70 el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más equitativa de toda la región, sin embargo, la elevada inflación afectaba fuertemente la competitividad de la economía, que era cada vez más desorganizada e improductiva.
Durante 1989 el gasto público representó el 35,6% del PBI y el déficit fiscal ascendió al 7,6% del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el 3.079%.28
Para lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2.314% en 1990.29
El gasto público bajó de 35,6% del PBI en 1989 a 29,8% en 1990, para continuar reduciéndose en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El déficit fiscal también bajó del 7,6% del PBI en 1989 al 2,3% en 1990, y desde 1991 hasta 1995 se mantuvo cercano al 0%.
Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este último fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una virtual Caja de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder canjear en cualquier momento cada peso por un dólar estadounidense.
El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2.314% en 1990 a 84% en 1991, 17,5% en 1992, 7,4% en 1993, 3,9% en 1994, 1,6% en 1995 y 0% en 1996. A su vez, el nuevo sistema monetario dio lugar a un fuerte aumento de las reservas externas que respaldaron los pasivos monetarios del Banco Central. Las reservas pasaron de 3.808 millones de dólares a fines de 1989 a 17.930 millones a fines de 1994. Entre 1991 y 1994 el producto bruto interno creció al 7,7% anual.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta la década del ´80 existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del Estado de Bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de los ´90 habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque éste no era suficiente como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral. Por eso, la tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18,4% de la población activa desocupada, en mayo de 1995. Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas, a tasas moderadas de interés, que por décadas habían sido inexistentes en Argentina, lo cual permitiría impulsar al sector de la construcción, lo que podría dar lugar a un fuerte aumento del empleo.30
Con respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país durante los años ´80 prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente a los pagos. Así fue que en 1988 se resolvió suspender todo tipo de reintegro, lo que provocó que se acumularan atrasos por unos 6.000 millones de dólares.
En abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera parcial, a razón de 40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó levemente a partir de 1991. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en enero de ese año, la deuda era ya de 61.400 millones de dólares. El restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993, tras la puesta en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al problema de la deuda.31
Con respecto a este hecho vale recordar las palabras de Nicholas Brady y Domingo Cavallo, sobre el desarrollo de la economía nacional y las perspectivas sobre la evolución de la deuda:
“[...] En ninguna otra parte el progreso ha sido tan drástico como en la Argentina, donde el resultado de las reformas económicas ha excedido las previsiones más optimistas. En efecto, los déficit fiscales se convirtieron en excedentes, la inflación cayó de cuatro dígitos a uno, la inversión aumentó y miles de millones de dólares de capital privado llegaron al país [...]. El panorama económico de este país ha sido transformado y un futuro próspero ilumina el horizonte”32 Nicholas Brady, agosto de 1993.
“Dado que se prevé que la deuda pública bruta externa se estabilice en torno a los 46 mil millones de dólares, para comenzar a reducirse hacia 1997, hacia el año 2000 es posible proyectar una relación deuda bruta/PBI del orden del 15,4 por ciento. Hacia fin de siglo, la deuda pública será insignificante”33 Domingo Cavallo, 1993.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87.091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90.471,80 millones.
Ni los 23.948 millones de dólares (11.440,8 millones en efectivo y 12.507,8 millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.34
En 1996 se realizó un estudio especial para desentrañar que era lo que había ocurrido con la deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue realizado por la consultora M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo. Allí se determinó que el incremento contable de la deuda ocurrido entre aquellos años, no era tal y ésto se debía a diversos factores. Por un lado, se explica que el registro contable de poco más de U$S 60.000 millones de deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes públicos, contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda de U$S 96.472 millones en 1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo una caída de U$S 3.765 millones, considerando que para el estudio la deuda real de 1995 era de U$S 92.707 millones. El trabajo también aclaraba que, si se tomaba en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea su poder de compra equivalente), la deuda de U$S 96.472 millones de 1989, equivaldría a U$S 104.461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del endeudamiento real del país habría sido de U$S 11.754 millones.35

El desgaste del modelo[editar]

Torre BankBoston, Buenos Aires.
Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que sólo se habían visto a comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mejicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17.930 millones a fines de 1994 a 12.496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.
La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3% anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de 1996, las reservas ya superaban los 20.000 millones de dólares.
Sin embargo, esta crisis generó un punto de inflexión en el desarrollo de la economía y dejó al descubierto cual era el talón de Aquiles del régimen. La cuestión de la cuenta corriente era de vital importancia para sostener a la Convertibilidad, ya que mientras hubiese superávit o al menos un equilibrio en las cuentas, el sistema se autosustentaría. La fuerte demanda de divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de privatizaciones. Sin embargo, a mediados de la década se inició una nueva fuga de depósitos locales hacia el exterior y tras varios años de fuertes inversiones los conglomerados internacionales comenzaron a girar utilidades y dividendos hacia sus casas matrices. Además, muchas empresas habían aprovechado el contexto internacional favorable para endeudarse, ya fuera emitiendo de obligaciones negociables (ON) con el exterior o a través de préstamos bancarios directos, todos estos factores provocaron una mayor presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción del sector público era endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio Estado, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público.
Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social (por la crisis internacional), así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos "distorsivos", particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad y el empleo.36 Sin embargo, al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993 y 2001 pasó del 6,2% al 6,4% del PBI), mientras que el gasto público social creció muy levemente, del 20,3% en 1993 al 21,8% en el 2001. En contrapartida, los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1,8% al 5,3% del PBI entre 1993 y 2001.37 Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.
Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el gobierno le puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del 18 al 21 por ciento (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2% de PBI.
Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas de interés.38
La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo financiamiento a sus respectivos gobiernos durante la primera mitad de la década del ´90. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por el gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad social de sus empleados.
La situación se mantuvo estable hasta mediados de 1997 cuando se desata una nueva crisis en el sudeste asiático, que por efecto de la globalización pronto se extiende a otras regiones del mundo:39 en agosto de 1998 la crisis estalla en Rusia, con una fuerte devaluación del Rublo, lo que provoca el colapso de la deuda rusa.40 41 42 Poco después la crisis se extiende a Brasil, que en enero de 1999 se ve obligado a devaluar su moneda.43 44 45 46 47 48 49 50
Estos factores repercutieron de manera muy negativa en la economía argentina a partir de 1998. La retracción en los flujos de capitales internacionales generó una restricción crediticia a nivel local, que afectó tanto al sector público como al privado. Por un lado, las provincias debieron soportar un aumento en la tasa de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. De ahí en más la recesión económica se profundizó y la desocupación no paro de crecer.
Por otra parte la depreciación del Real brasileño y de otras monedas a partir de 1995, determinó una clara sobrevaluación del Peso por estar fijado al Dólar.51 52La imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres de aranceles tras la creación del MERCOSUR), golpeó mucho a las empresas agropecuarias y manufactureras.
Para fines de 1999, cuando asumió el gobierno Fernando De la Rúa, estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo.53 El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los siguientes:
- Provocar una "dolarización" forzosa de la economía, para eliminar la incertidumbre sobre el sistema de cambio fijo entre el Peso y el Dólar. Esta opción fue lanzada por el gobierno de Menem en enero de 1999, aunque el proyecto finalmente no prosperó.54 55 56 57 58 59
- Defender la Convertibilidad a rajatabla,60 reduciendo el gasto público,61 reestructurando la deuda y aplicando medidas que favorecieran la competitividad de las empresas argentinas, ya fuera restringiendo las importaciones o eliminando impuestos y cargas sociales. También se podría mejorar la competitividad referenciando el valor del Peso a otras monedas además del dólar (como el Euro o el Real) lo que brindaría un mayor margen de maniobra.
- Devaluar el Peso para poder financiar los déficit fiscales con emisión monetaria e impulsar políticas keynesianas que favorecieran una rápida recuperación de la economía. Si bien esta medida parecía a simple vista la más efectiva, era la más traumática de todas, ya que requería derogar total o parcialmente la Ley de Convertibilidad (lo que afectaría la credibilidad del país), declarar en default casi toda la deuda pública y privada, "pesificar" forzosamente la economía y arriesgarse a provocar una fuerte depreciación de la moneda con un resurgimiento de la inflación.
Fernando De la Rúa optó por el segundo camino. El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional. El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro recesivo. El año 2000 no fue sencillo para el nuevo gobierno, ya que el estallido de la burbuja "punto com" en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de financiación (que llegaban al 14% anual en dólares) y agravó aún más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal. El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les hiciera perder sus ahorros.62

El Blindaje[editar]

El Presidente Fernando de la Rúadebió enfrentar un contexto económico sumamente desfavorable para la economía argentina.
En octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1.038 millones en noviembre.
A comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El "Blindaje" finalmente se aprobó en el mes de diciembre y alcanzó una suma cercana a los 40 mil millones de dólares, sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.
El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.63
Sin embargo, el “Blindaje” solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5.543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese contexto se produce la renuncia del Ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por 2.000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios miembros del Gabinete Nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. El propio ministro López Murphy se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su puesto. En ese contexto, Fernando De la Rúa ofrece el cargo de Ministro de Economía a Domingo Cavallo, considerando que era el único capaz de conducir al país hacia la reactivación económica. Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.

El Megacanje[editar]

Torre del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal. La situación de las deudas provinciales era más compleja de resolver que la de la deuda nacional.
La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16 mil millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3.500 millones de dólares.
Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades, aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque ésta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado "Megacanje" tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.
Domingo Cavallo logró convencer a varios gobernadores justicialistas para que avalaran la iniciativa, muchos de los cuales expresaron su apoyo ante el Presidente De La Rúa. Sin embargo, para aquel entonces el Presidente no contaba con el aval de la Alianza en el Congreso ya que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.
El lanzamiento del Plan de Competitividad y el Megacanje de deuda, tuvieron éxito en revertir la salida de depósitos bancarios e incluso permitieron una significativa recuperación fiscal durante los meses de abril, mayo y junio. Así, a la fuerte salida de depósitos de marzo, siguieron aumentos de depósitos de 184 millones en abril, 828 millones en mayo y 562 millones en junio. El déficit fiscal del sector público, que había sido de 3.018 millones en el primer trimestre del año, descendió a 2.192 millones en el segundo trimestre.
Durante la primera semana de julio, la provincia de Buenos Aires y otras provincias fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los 3.000 millones de dólares y requirieron apoyo del gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminÓ haciendo un préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la licitación de Letras del Tesoro Nacional determinó una tasa de corte del 16% anual para plazos de 180 días.
Ante esta situación, Cavallo lanzó el programa de “déficit cero”, según el cual la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13% que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socio-económica que vivía el país. A pesar de estos anuncios, volvieron a aparecer las dudas sobre la capacidad de la Argentina para afrontar las amortizaciones de capital de la deuda provincial, así como de la parte aún no diferida de la deuda nacional. Estas dudas provocaron una nueva salida de depósitos bancarios que ascendió a 5.268 millones de pesos durante julio y a 2.091 millones de pesos durante agosto.
La nueva crisis de confianza desatada en julio requirió una nueva negociación con el FMI para movilizar apoyos externos que permitieran frenar la salida de reservas del Banco Central y del sistema financiero. Esta negociación debía incluir no sólo la Ley de Déficit Cero sino también una reestructuración completa de la deuda nacional y provincial que permitiese bajar la carga de intereses que estaba pagando el país en el 2001: se debía bajar de l4.000 millones de dólares (11.000 la Nación y 3.000 las provincias) a no más de 7.000 millones de dólares (5.500 la Nación y 1.500 las provincias). Estas negociaciones fueron complejas y concluyeron con la aprobación de un nuevo préstamo de 8.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones fueron desembolsados el 10 de septiembre para reforzar la liquidez del Banco Central y del Sistema Financiero, y 3.000 millones quedaron para ser desembolsados entre noviembre de 2001 y marzo de 2002 como apoyo a la reestructuración de la deuda. Además continuaban en vigencia los desembolsos pendientes del “Blindaje”.
El nuevo acuerdo con el FMI consiguió frenar la salida de depósitos durante septiembre y octubre, pero el lanzamiento de la reestructuración de la deuda debió demorarse hasta el 1º de noviembre debido a las numerosas voces que proponían el Default durante la campaña electoral que culminó el 14 de octubre. Para avanzar con la reestructuración de la deuda era necesario contar con la autorización para utilizar los impuestos, en particular el Fondo de Crédito Público, como garantía de pago. Luego de la elección de octubre, el Presidente Fernando De La Rúa consideró que se daban las condiciones de necesidad y urgencia para legislar sobre el programa de reestructuración de Deuda Pública Nacional y Provincial utilizando los mecanismos que en esa circunstancia la Constitución Nacional otorga al Ejecutivo. Así, el 1º de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1387, que permitió llevar delante de inmediato el canje de la deuda pública nacional y provincial por préstamos garantizados por impuestos federales. Ésta iba a ser la Fase 1 de un canje integral de la Deuda Pública Nacional y Provincial que quedaría completado una vez que, con acuerdo del FMI y demás organismos multilaterales de crédito, se pudiera llevar a cabo la Fase 2, para canjear todos los bonos en manos de tenedores externos.
La Fase 1 de la reestructuración integral de la deuda se llevó a cabo entre el 1º de noviembre y el 15 de diciembre y quedó concluida ese día por un monto de 55.000 millones de dólares, a una tasa de interés no superior al 7% anual y con plazos 3 años más largos que los originalmente pactados. Esta exitosa operación significó para la Nación y las provincias en su conjunto una reducción de mas de 4.000 millones de dólares de intereses anuales (2 mil millones la Nación y 2 mil millones las provincias) y un corrimiento de todas las cuotas de amortización para después del año 2005.
Hacia mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los bancos comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus acreencias por el préstamo consolidado.
La deuda pública nacional, que ascendía a 118 mil millones de dólares, constaba de tres componentes: a) la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 30 mil millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de riesgo elevada, y podía ser refinanciada en forma normal; b) La deuda con acreedores no oficiales que había sido transformada en un préstamo garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a plazos 3 años mas largos que los originalmente planeados. Se habían presentado voluntariamente a este canje acreedores por 39 mil millones de dólares, entre los cuales estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de bonos, residentes en Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley argentina y la garantía ofrecida por el gobierno Argentino; c) Los bonos en manos de tenedores, preponderantemente del exterior, que no habían participado en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 40 mil millones de dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 % anual.
La transformación de 39 mil millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo garantizado suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto nacional, de otros 2 mil millones de dólares, es decir una reducción absoluta, muy parecida a la que obtenían las provincias por su deuda.[cita requerida]
Según testimonio del entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, el 15 de enero de 2002 se iba a lanzar una propuesta de canje para los bonos aún no transformados en préstamo garantizado, que en la práctica significaría una reducción a la mitad de su factura de intereses. Es decir que se esperaba conseguir otra reducción adicional de 2 mil millones de dólares en el costo anual de intereses para el presupuesto nacional. Para esta oferta ya se había designado un comité de asesores financieros que habían aceptado integrar: Jacob Frenkel de Merryl Linch, Bill Rhodes de Citigroup y Joe Ackerman del Deutsch Bank. Por el megacanje fueron procesados representantes del Estado Nacional, con antigüedad en el desempeño de puestos laborales en dependencias de la Administración Pública en carácter de empleados y, también, en el ejercicio de la función pública al momento en que ocurrió el sustrato fáctico en cuestión.64 el juez Ramos procesó al actual diputado por el PRO y expresidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger; al ex ministro de Economía Domingo Cavallo; y al estadounidense David Mulford, pero ex funcionario permanece prófugo.65
En definitiva, la deuda pública de la Nación y de las provincias seguiría siendo de 134 mil millones de dólares, pero con un costo anual de intereses inferior al de 2001 en 6 mil millones de dólares. Ello haría posible alcanzar la meta del déficit cero en todas las jurisdicciones desde 2002.[cita requerida]
Con déficit cero, este nivel de deuda se mantendría constante hasta 2005. A partir de allí la Nación y las provincias deberían generar superávit fiscal, para afrontar las amortizaciones del capital adeudado o acceder nuevamente al mercado voluntario de crédito demandando montos equivalentes a esas amortizaciones.[cita requerida]
Ese mismo año el Congreso aprobó la Ley de "Déficit Cero", que preveía reducciones de gastos primarios por parte de las provincias y la Nación, equivalente a 6 mil millones de dólares anuales. Sin embargo existían dudas sobre el éxito del plan, derivadas de la caída de la recaudación impositiva que se había producido durante el cuarto trimestre de 2001. Como financiamiento puente para un eventual déficit transitorio de las provincias durante los primeros meses de 2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas provinciales (LECOPs), las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que serían rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y normalizada la recaudación impositiva.66

El Corralito[editar]

Manifestación contra el "corralito" enBuenos Aires2002.
Cuando se lanzó la fase 1 de la reestructuración de la deuda, los bancos locales comenzaron a señalar que la falta de liquidez de los préstamos garantizados podría crearles problemas de caja. La prensa comenzó a señalar a los bancos que más habían prestado a las provincias como los que podrían encontrar dificultades y esto provocó una nueva salida de depósitos del Sistema Bancario. Mientras que en septiembre y octubre el nivel de depósitos se había mantenido estable, durante el mes de noviembre se produjo una salida de 2.917 millones de dólares, concentrada básicamente en la última semana del mes, que es cuando arreciaron los rumores y los bancos debían resolver si se presentaban o no a la fase 1 del canje.
Para frenar esta nueva salida de depósitos no existía otra alternativa que concluir exitosamente la reestructuración integral de la deuda pública nacional y provincial, en el más breve plazo posible. En este contexto, Domingo Cavallo inició una nueva negociación con el FMI para lograr los desembolsos pendientes del “Blindaje” y los 3.000 millones de dólares que habían sido aprobados en agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la deuda. La única exigencia del FMI era la presentación ante el Senado de la Nación de un proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos a discutir durante el año 2002, y la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el año siguiente. En una reunión de gobernadores convocada por el Senador Ramón Puerta, se había logrado un acuerdo sobre el proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos al que se daría estado parlamentario antes de fin de año.
La situación cada vez empeoraba más y en los últimos días del mes de noviembre se produce un agotamiento de la liquidez del sistema financiero, por lo que el 1º de diciembre de 2001 se decide establecer controles de cambios y restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos. La medida fue oficialmente denominada como la "Bancarización" de la economía (ya que pronto generó un boom en las transferencias bancarias y en la utilización de tarjetas de débito), aunque popularmente se la conoció como el "Corralito" ante la imposibilidad de poder retirar dinero en efectivo de manera normal. Según el compromiso del ministro Cavallo, las restricciones se iban a levantar el 1º de marzo de 2002, fecha para la que se esperaba tener cerrada la segunda etapa de la reestructuración de la deuda y conseguida la reducción anual de intereses de 6 mil millones de dólares. Mientras tanto los depositantes conservarían sus depósitos en la moneda que ellos quisieran y podían realizar sus pagos en Argentina utilizando cheques, tarjetas de débito o transferencias bancarias, pero tendrían limitaciones para transformarlos en pesos o dólares billetes y para hacer pagos al exterior, los cuales debían ser autorizados por el Banco Central.
Los bancos que luego de levantarse las restricciones tuvieran dificultades para atender el retiro de depósitos por falta de liquidez, deberían reestructurar sus obligaciones según el procedimiento contemplado en el artículo 35 bis de la Ley de entidades financieras.
Simultáneamente con el levantamiento de estos controles, se pensaba dejar flotar el Peso Argentino dentro de una banda definida por el valor del Dólar y el valor del Euro, con lo que mientras el Euro fuera más débil que el Dólar, el Peso podría devaluarse hasta alcanzar el valor del Euro. Si el Euro pasara a valer más que el Dólar, como efectivamente ocurrió en mayo de 2002, el Peso volvería a quedar pegado al Dólar, pero a un dólar más débil, y, por tanto, más favorable a las exportaciones argentinas. La inflación por su parte se habría mantenido al nivel del 2 o 3 % anual, como había ocurrido durante los años normales de la convertibilidad y la recuperación de la normalidad financiera habría revertido la caída de la recaudación de IVA y Ganancias.
Además, para comienzos del 2002 se contemplaba que el Banco Central dispondría de reservas adicionales por más de 4 mil millones de dólares, como margen de maniobra, ya que todo el proceso sería acompañado por el FMI, organismo que se había comprometido a desembolsar 3 mil millones de dólares cuando se aprobó el aumento de la asistencia en agosto de 2001 y estaba pendiente el desembolso de la cuota del blindaje correspondiente al cuarto trimestre de 2001, por 1.260 millones de dólares.67
En el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo para el año 2002, se había incluido una partida de 5.500 millones de dólares para intereses (exactamente la mitad de lo presupuestado para el 2001) en total acuerdo con los resultados que se esperaban obtener del programa integral de reestructuración de deuda. Con la implementación de la Fase 2 y el canje de los 40.000 millones de dólares en bonos que no habían entrado en la Fase 1, esa sería la cifra de intereses.
El 19 de diciembre debía constituirse la nueva Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para iniciar la discusión en presencia del Secretario de Hacienda, Dr. Jorge Baldrich el día 20. Si se lograba aprobar el presupuesto durante la segunda semana de enero, el FMI y los otros organismos internacionales de crédito darían su apoyo para la Fase 2 de la reestructuración que tenia fecha de lanzamiento para el 15 de enero de 2002 e iba a ser completada antes del 15 de febrero del mismo año.
Según el propio Ministro Domingo Cavallo, el país estaba a dos meses de reasegurar el establecimiento completo del equilibrio fiscal y la restauración de la confianza financiera mediante una operación que iba a reducir a la mitad la carga de la Deuda Pública Nacional y Provincial y limpiaría de vencimientos de capital los próximos 3 años.

La crisis institucional[editar]

20 de diciembre de 2001. Desmanes y Saqueos en todo el país, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
A medida que se agravaba la crisis, surgieron muchas voces promoviendo la cesación del pago de la deuda y el abandono de la convertibilidad. Para las empresas y los gobiernos provinciales fuertemente endeudados en dólares el problema del país sólo se resolvería con una "licuación" de los pasivos a través de una pesificación de la economía y una devaluación de la moneda. La ausencia de apoyo público del FMI al programa de reestructuración ordenada de la deuda pública anunciada por el Gobierno el 1º de noviembre, sumado a comentarios informales sobre que el programa de reestructuración de la deuda no conseguía una quita suficiente, hacían suponer que el organismo ya especulaba con que el país terminaría declarando, tarde o temprano, un default generalizado.
Para marzo de 2001, ya era evidente que el presidente De la Rúa no consentiría la cesación de los pagos del país y la destrucción del régimen de convertibilidad monetaria. El Presidente consideraba que se debía avanzar en la dirección del ajuste fiscal de la Nación y las provincias como lo había propuesto Ricardo López Murphy y lo había intentado previamente José Luis Machinea, aunque adoptando medidas arancelarias, tributarias y de ampliación de la convertibilidad que permitieran recomponer la competitividad de la economía. Evitar la cesación de los pagos y mantener el régimen de convertibilidad, eran las políticas que De la Rúa había defendido en su campaña electoral, en contraposición con la postura más confusa que sobre esos temas había tenido el Dr. Eduardo Duhalde.
En el mes de mayo de 2001, antes de lanzarse el megacanje, Cavallo había logrado convencer a los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar una Ley de Crédito Público que permitiera la afectación de impuestos como garantía de la deuda, con lo que el megacanje podría haber incluido a todas las deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de todos los gobernadores justicialistas, el Gobernador De La Sota (Provincia de Córdoba) llamó por teléfono al Presidente De La Rúa para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley de Crédito Público, éste le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no contaba con el apoyo del Partido Radical.
Poco después el Congreso Nacional aprobó la Ley de Déficit Cero, sin embargo, el número y contenido de los discursos opositores creo tal imagen que el Director Gerente del FMI decidió declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3.000 millones de dólares pactados para la reestructuración de la deuda, el país debería dar muestras de suficiente “unidad política”.68
Las restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y que fueron popularmente denominadas como el "corralito", afectaron a mucha gente, especialmente a los sectores bajos y a aquéllos que operaban en la economía informal que siempre habían utilizado dinero en efectivo. El gobierno del presidente De La Rúa había perdido el apoyo tanto del Partido Radical como del pueblo.
El día 14 de diciembre Cavallo logró cancelar el vencimiento de Letras del Tesoro (Letes) por casi US$ 770 millones. Para cancelar esta obligación el país realizó un aporte en efectivo por 409,7 millones, mientras que los restantes US$ 360 millones se financiaron a través de la emisión de nuevos títulos, que fue absorbido, en forma compulsiva, por las propias AFJP.69 Para evitar, a toda costa, el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el FMI una postergación de pago de otros US$ 900 millones adicionales que debía realizar el país en los próximos días. Sin embargo, esta cancelación del 14 de diciembre fue el último pago de deuda que realizó la Argentina.70 Los responsables del Megacanje fueron procesados por la justicia argentina por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que, según el juez, los ex funcionarios entre ellos Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger, Secretario de Finanzas en ese momento, actual diputado del PRO, se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en este caso, los bancos. También se investigó el hecho de que se habría pactado con los bancos el precio de corte que iban a tener los bonos71
El día 19 de diciembre debía conformarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el tratamiento del Presupuesto Nacional para el año 2002. Sin embargo, esa fecha amaneció con saqueos y disturbios en todo el país, principalmente en el conurbano bonaerense, donde la inacción policial fue evidente. A dicha comisión se presentaron los legisladores justicialistas, pero los radicales se ausentaron todos, boicoteando el tratamiento del Presupuesto.
Esa mañana un grupo de dirigentes de la Unión Industrial Argentina, entidad liderada por Ignacio de Mendiguren, habría convencido al presidente de la UCR y gobernador del Chaco, Ángel Rozas, sobre la conveniencia de abandonar la convertibilidad y pesificar la economía.
Por la tarde, dirigentes de la UCR, entre ellos el Senador y ex Presidente Raúl Alfonsín, se reunieron con Fernando De La Rúa, para plantearle la inmediata necesidad de que renunciara todo el Gabinete. Domingo Cavallo y todos los ministros del Gobierno debieron abandonar sus cargos ese mismo día.
El 20 de diciembre, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del presidente radical, Fernando De la Rúa. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo. Las centrales obreras, por su parte, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado.
Aferrado al escaso sector radical que aún le respondía De la Rúa intentó convocar al justicialismo, para crear un gobierno de unidad nacional. El rechazo del PJ decidió al presidente a presentar su renuncia al parlamento a las 19.45 horas de aquel 20 de diciembre de 2001. Apenas en la mitad de su mandato constitucional, Fernando De la Rúa debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero.72
Con la crisis de diciembre de 2001, Argentina, el 23 de diciembre del mismo año entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa que ascendía a 144.000 millones de dólares.1 Este default. Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario InternacionalBanco MundialBanco Interamericano de Desarrollo y otros menores) en lo que se llamó elcanje de la deuda argentina. A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 178.000 millones de dólares. Sin embargo, quedaban aún en default 81.800 millones de dólares en títulos en manos de acreedores privados.
Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270.000 millones de dólares, la deuda había descendido a 141.803 millones. En 2013 aún tiene entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de bonos en default.73 Reduciendose el peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI.74 75 En el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2159 millones de dólares, bajando hasta U$S 139.137 millones.76 77

Default y devaluación[editar]

Eduardo Duhalde como Presidente de la Nación.
La Asamblea legislativa convocada por el Senador Ramón Puerta (en ejercicio de la presidencia nacional) eligió como Presidente de la Nación al entonces Gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, para un período transitorio de 90 días, tras el cual se convocaría a elecciones presidenciales.
Rodríguez Saá asumió la Presidencia el domingo 23 de diciembre. Al día siguiente la Argentina debía afrontar dos vencimientos de deuda: uno de US$ 13 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otro por US$ 4,3 millones en Eurobonos.78
Luego de jurar, Rodríguez Saá dio un discurso entusiasta: "Vamos a tomar el toro por las astas (...) en primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa", tras lo cual estalló una ovación entre los que se encontraban dentro del Congreso. Sin embargo, esa misma noche el ya Presidente Rodríguez Saá aclaró: "Esto no significa el repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno, que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto", dando a entender que se buscaría renegociar el pago de esas acreencias.79
La polémica decisión despertó opiniones encontradas. Manuel Solanet, economista de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL), comentó al respecto:
"He quedado mal impresionado por el discurso del nuevo presidente. Me parece lamentable que la declaración de default se muestre como un acto positivo. Lamentablemente, tengo una opinión general de desaliento."80
Mientras tanto, Martín Redrado, por entonces economista de la Fundación Capital y que poco después llegaría a ser Presidente del Banco Central (2004-2010), se mostró de acuerdo con la suspensión de pagos de la deuda. Su opinión en aquel momento era la siguiente:
"es una moratoria y no un default (cesación de pagos). Hay que asumir la realidad. La Argentina no podía pagar la deuda" .81
Más allá de los vencimientos del 24 de diciembre, el país debía afrontar el día 28 otro pago por US$ 504,2 millones, en concepto de Letes. Además de compromisos que vencían en enero de 2002, por un total de US$ 553 millones, de los cuales US$ 136 correspondían a pagos de capital y US$ 417 a intereses de la deuda.
La deuda pública ascendía entonces a US$ 132.143 millones y los títulos públicos representaban el 72,2 por ciento del total. Al momento de declararse el default, los principales acreedores del país eran argentinos tenedores de bonos, que los habían adquirido principalmente a través de los fondos de jubilación y pensión que administraban las AFJP.82
Estos papeles estaban repartidos por gran parte del mundo, en posesión de pequeños, medianos y grandes ahorristas privados. La mayor parte de los títulos estaban emitidos en dólares (72%) y euros (18%), aunque también había papeles en pesos argentinos, libras esterlinas, francos suizos, yenes japoneses y en monedas más exóticas como las coronas danesas y suecas, el dólar canadiense y el dinar kuwaití.83
La segunda medida relevante en términos económicos realizada por Rodríguez Saá, y la que determinó su pronta caída, fue la de anunciar que no se devaluaría el Peso, sino que entraría en circulación una nueva moneda no convertible, llamada "Argentino", con la cual se financiaría planes de vivienda, se otorgarían más de 100.000 subsidios y se utilizaría para otorgar un aumento a jubilados y estatales. Con su discurso en favor del empleo y la expansión económica, logró el respaldo de los jefes sindicales, lo cual permitió re-unificar a la CGT. Sin embargo no logró convencer a la UIA (Unión Industrial Argentina), al Grupo Clarín,84 ni a un importante sector político (encabezado por Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Carlos Ruckauf y José Manuel De la Sota),85 disconformes con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda en forma inmediata, sino de manera gradual. Según el propio Rodríguez Saá, la falta de apoyo se evidenció a partir de que anunció a la UIA que no tenía pensado devaluar. "Ahí, todos los gobernadores dejan de apoyarme", recordaría tiempo después.86 El ya ex Ministro de Economía Domingo Cavallo declaró:
" ...toda la crónica periodística y las opiniones emitidas durante esos días por el periodista Marcelo Bonelli, que desde mucho tiempo atrás reflejaba el pensamiento de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina, me terminaron de convencer de que lo que estaba ocurriendo era un quiebre institucional destinado a subvertir toda la organización económica del País, que no se limitaba a la cesación de pagos anunciada por el Dr. Rodríguez Saa.87 "
Ante esta situación, Rodríguez Saá convocó a una reunión de gobernadores en la residencia presidencial de Chapadmalal, donde buscó iniciar un intercambio de opiniones para encontrar una salida a la difícil situación que atravesaba el país y conformar, además, un gabinete consensuado con los mandatarios provinciales.
Sin embargo, faltaron a la cita el cordobés José Manuel de la Sota, el santafesino Carlos Reuntemann, el santacruceño Néstor Kirchner, el fueguino Carlos Manfredotti y el pampeano Rubén Marín, entre otros. Según Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, había sido el conspirador para que la reunión en Chapadmalal fracasara.88
Sin el apoyo partidario y asediado por protestas, que incluyeron actos de violencia en el Congreso, a sólo una semana de asumir el cargo, presentó su renuncia el 30 de diciembre de 2001. La situación era tal que el propio Ramón Puerta (Presidente del Senado), renunció a su cargo antes de que Rodríguez Saá hubiera hecho pública su renuncia. Por lo tanto, la sucesión recayó sobre el Presidente de la Cámara de Diputados, el "duhaldista" Eduardo Camaño. Éste convocó a la Asamblea legislativa, y gestionó los acuerdos necesarios que llevaron a la presidencia a Eduardo Duhalde, quién asumió el 2 de enero de 2002, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003 (hasta completar el mandato para el que había sido elegido De la Rúa).
La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad, que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.89 Según palabras del propio Duhalde:
"Argentina está fundida. La propia esencia de este modelo terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos.90 "
Así, el 6 de enero de 2002, se derogó los aspectos esenciales de la Ley de Convertibilidad N° 23.928 eliminando las operaciones de conversión monetaria 1 a 1 y la exigencia de contar con reservas por el 100% de la base monetaria. También se suspendió la Ley N° 25.466 de intangibilidad de los depósitos y se delegó en el Poder Ejecutivo el establecimiento de la paridad del peso y la reglamentación de regímenes cambiarios.
En su discurso inaugural Duhalde había prometido: "van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) quien depositó pesos, recibirá pesos, y quien depositó dólares, recibirá dólares".91 Sin embargo, por Decreto 214/2002 de necesidad y urgencia del 3 de febrero de 2002 se “pesificaron” forzosamente créditos y deudas ($1 a U$S 1), los depósitos bancarios ($1,40 a U$S 1) y se dispuso la estatización de parte de la deuda privada de los bancos con los particulares, al compensarles las diferencia entre $1 y $1,40 con una deuda a cargo del Estado.92
Con respecto a la deuda pública, Eduardo Duhalde mantuvo la decisión de su predecesor Adolfo Rodríguez Saá de suspender transitoriamente los pagos de intereses y capital. Solo se pagarían 3.500 millones de intereses de la deuda en manos de acreedores locales, en línea con lo que se había acordado en el último canje de bonos, que incluía un período de gracia de 2 años. En cambio, a los acreedores externos se les ofrecería una renegociación en condiciones más favorables para la Argentina, con el compromiso de empezar a pagar más adelante, una vez que la economía empezara a crecer. Poco después, por Decreto 471/2002 de necesidad y urgencia del 13 de marzo de 2002 también se “pesificó” la deuda pública nacional, provincial y municipal regida por ley argentina a $1,40 por cada U$S 1.93
Mientras tanto, el nuevo Gobierno buscó infructuosamente llegar a un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir ayuda económica y respaldo político para renegociar la deuda externa. El crecimiento de la deuda externa fue debido a la "pesificación asimétrica". Eduardo Duhalde anunció la pesificación de los depósitos bancarios en dólares a un valor de 1,40 por cada dólar, en cambio, los préstamos y créditos otorgados tuvieron una tasa de cambio de 1 a 1. Ello fue lo que aumentó la deuda externa en unos 47.000 millones de dólares.1

Restructuración de la deuda y canjes[editar]

Primer canje[editar]

Néstor Kirchner y Roberto Lavagna
El 22 de septiembre de 2003, el gobierno argentino, dirigido ya por el Dr. Néstor Kirchner, propuso una quita promedio del 75% del valor de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94.302 millones de dólares. Según la propuesta presentada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, los acreedores privados podrían escoger entre tres bonos: un Discount -con una reducción del valor nominal-, bonos Par -con mayores plazos de vencimiento y sin reducción o con una pequeña reducción de su valor de capital-, y bonos C -que requerirían un aporte de fondos-. Los nuevos títulos se podrían consolidar en dólares, euros, yenes o pesos indexados.
El plan de reestructuración no incluía a la deuda emitida después del default, entre ella los distintos tipos de BODEN. Estos bonos habían sido entregados a jubilados, trabajadores estatales y a ahorristas que habían aceptado esos bonos a cambio de los depósitos que retenidos por el "corralito" bancario.94 Sin embargo, esta propuesta inicial fue rechazada por los bonistas locales.95
El 1 de junio de 2004 el gobierno anuncia la "propuesta de Buenos Aires" para reestructurar los pagos de la deuda. El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default96 96 A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos:
  • El bono Par, que no implicaba quita del capital original adeudado, pagaría un interés inicial del 1,33% que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su emisión, y tendría un plazo de 33 años (vencimiento año 2038).
  • El bono Cuasi Par —que incluía una reducción del 30,1% del capital— pagaría un interés del 3,31% más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidory tendría un plazo de 30 años.
  • El bono Descuento —que implicaría una quita del 66,3%— pagaría el mayor interés, 8,28%, y tendría un plazo de 28 años (vencimiento año 2033).
Los bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto. El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó el 25 de febrero de 2005; el nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 mil millones de dólares (15 mil millones en títulos Par, 11,9 mil millones en títulos Discount, y 24,3 mil millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par); además, como consecuencia de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37%.
Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38,4% del total. Después se ubicaban los italianos con el 15,6%, los suizos con el 10,3% y los estadounidenses, con el 9,1%. Por el monto y la cantidad de títulos involucrados (152 bonos distintos emitidos originalmente en dólareseurosyenesfrancos suizoslibras esterlinas y pesos argentinos), se consideraba que esta era la operación más importante de la historia financiera mundial.
El 9 de febrero de 2005, el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley cerrojo" prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.97

Cancelación de deuda con el FMI y con España[editar]

El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares,98 un pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2009.99 Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al Gobierno: estabilidad cambiaria ($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc. Las reservas del BCRA finalizaron ese año con un aumento de 4.000 millones de dólares. Es decir, de u$s 28.078 millones las reservas del Banco Central descendieron a u$s 18.580 millones y finalizaron el año con u$s 32.037 millones.100
El 31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron un acuerdo de reestructuración de la deuda, asociada al préstamo que España realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana. La deuda ascendía a 982,5 millones de dólares y serían pagados en un plazo de 6 años y una tasa LIBORde + 140 puntos básicos.101

Reapertura del Canje en 2010[editar]

En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations, tras lo cual informó que en conjunto con tres bancos se estudiaba la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían ingresado en el canje de 2005.102
El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de dólares103 El entonces ministro de economía, Amado Boudou expresó "Con nuevas medidas que se irán tomando en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los mercados internacionales de crédito hacia fin de año".104
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES, luego Ministro de Economía y actualmente vicepresidente de la Nación.
En octubre de 2009, el ministro Amado Boudou, anunció la reapertura del canje de 20.000 millones de dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005.105El 15 de abril de 2010 el ministro de economía Amado Boudou lanzó el nuevo canje de la deuda. Con una quita del 66,3% a los inversores institucionales y para los restantes la quita rondaba el 50%. La oferta final indicaba que Argentina terminaría pagando 10.500 millones de dólares en lugar de los 20.000 millones de dólares que se adeudaban. La oferta se distribuyó del siguiente modo:106 Para ambos tipos de inversores habría un cupón PBI, atado al crecimiento de la economía.106 El nivel de adhesión al canje se ubico por encima del 97 por ciento de los acreedores.107 108
  • Inversores institucionales: recibieron un bono discount con una rebaja del 66,3% en la deuda original y además, un bono Global, por los intereses a la fecha con una tasa de interés del 8,75%. La totalidad de la suma sería pagada en 2017.
  • Inversores individuales: recibieron un bono par sin ninguna quita.106
A mediados de junio del 2010 , la presidenta anunciaba un plan de desendeudamiento para las provincias deTucumánBuenos Aires y Chaco.109 110 El año finalizó con una reducción del peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI.111

Pagos Boden 2012[editar]

El 3 de agosto de 2012, el Gobierno Nacional pagó de los 2.197 millones de dólares correspondientes la última cuota de intereses del BODEN 2012 que había sido emitido en el año 2002 para compensar a los ahorristas por los depósitos confiscados durante el corralito financiero. Con este pago, la deuda en moneda extranjera, quedaba reducida al 8,4% de las obligaciones. Durante un acto realizado el día anterior en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Presidenta Cristina Fernández celebró el hecho como el punto final del "corralito" Con este pago, el peso de la deuda pública sobre la economía se reducía al 41,8 por ciento del PBI, cuando en 2002 había llegado al 166 por ciento.112 113

Fondo del Bicentenario[editar]

Martín Redrado fue el Presidente del BCRA (2004-2010) durante casi toda la gestión de Nestór Kirchner y la primera presidencia de Cristina Fernández.
Para fines de diciembre de 2009, mediante el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 la Presidenta creó el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento" disponiendo del uso de 6.569 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para el pago de la deuda en el año 2010, para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa y reducir los intereses del financiamiento externo. Su ideologo había sido el Ministro de Economía, Amado Boudou, cuya figura venía en ascenso desde la estatización de los fondos previsionales en el año 2008 siendo director de la ANSES, decisión que había determinado el fin de las AFJP en el país. [cita requerida]
Partidos de la oposición intentaron frenar el decreto 114 mientras que la provincia de San Luis demandó al Estado ante la Corte Suprema y pidió que se impugne el decreto.115
El Presidente del Banco CentralMartín Redrado, se mostró reacio a liberar los fondos, e intento demorar su aplicación. El 7 de enero de 2010, la presidenta Fernández de Kirchner firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 18/2010, para destituir a Redrado, alegando "incumplimiento de los deberes de funcionarios público" y de "no tener reparo en omitir, rehusar o retardar" la apertura de la cuenta para el Fondo del Bicentenario.116 El Gobierno nombró a Mario Blejer, una figura muy respetada tanto en el ámbito político como en el círculo financiero internacional, en reemplazo de Martín Redrado.
En 2007 según el Poder Ejecutivo existían irregularidades dentro del Instituto Nacional de Estadística y Censos, mientras que funcionarios del INDEC acusaban al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de querer interferir y de querer conocer la lista de los comercios consultados para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Poder Ejecutivo decretó su intervención, el IPC de encuestadoras privadas difiere respecto al del INDEC.117


El 8 de enero, Redrado fue sucedido por Miguel Ángel Pesce, vicepresidente del BCRA.118 Sin embargo, ese mismo día, la Juez María José Sarmiento, por medio de una medida cautelar, suspendió los dos DNU (el que creaba el Fondo del Bicentenario y el que destituía al entonces Presidente del BCRA), por lo que Redrado fue restituido al frente de la entidad, insistiendo en su postura.119 120 Finalmente Redrado presentó la renuncia el 29 de enero.121 Miguel Ángel Pesce pasó a ocupar nuevamente la presidencia del Banco Central, hasta el 3 de febrero de 2010, cuando fue sucedido por la presidenta del Banco NaciónMercedes Marcó del Pont.
En los primeros días de marzo de 2010 se firmó el decreto 298, que establecia que el Banco Central debería transferir 4.382 millones de dólares al Tesoro de sus reservas de libre disponibilidad. Dicho Fondo es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.122
A principios de agosto de 2007 la República Bolivariana de Venezuela, compró 4.572 millones de dólares en bonos argentinos a una tasa del 10.6% de los cuales se había desprendido de la mitad para la fecha. El movimiento se realizó en justificación de la creación de una planta regasificadora, que permitiría el envío de gas licuado desde Venezuela.123 Finalmente, la operación se concretó por 400 millones de dólares.124

Una década después del default[editar]

2011[editar]

El 23 de diciembre de 2011, diez años después del cese del pago de la deuda, la misma ascendía cerca de 132.502 millones de dólares según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), siendo la más baja en 15 años, y 4,3 puntos porcentuales menos que la deuda del 2012.125 Como datos positivos se encuentran la reducción del porcentaje que ésta representaba en el Producto Bruto Interno (PBI) del 54% al 32.2%126 y la multiplicación de las reservas argentinas. Pese a ello, y al superávit de 2011 de 3.605 millones de dólares, se debían 8.721 millones de dólares en concepto de intereses, lo que dejaba al país con un déficit de 5.116 millones de dólares.1
En 2011 el 52,2% de la deuda se encontraba en manos de entidades nacionales como el BCRA, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Banco de la Nación Argentina; mientras el 10,4% pertenecía a organismos internacionales como el Banco Mundial, el 3,4% al Club de París y el 33,4% restante al sector privado.1

2012[editar]

Clasificación de la deuda soberana de los distintos países del mundo según la calificadora de riesgo Standard & Poor's (agosto de 2011).
Ese año la deuda estatal con acreedores del sector privado se ubicó en un 13,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ese valor representa una baja de 0,7 punto porcentual con respecto a su peso en 2011, lo que equivale a 1369 millones de dólares. Una porción más pequeña, el 9,6 por ciento del PIB, representaron los pasivos que retiene el sector privado nominados en dólares127 La deuda pública que está en manos de acreedores del sector privado y de organismos multilaterales de crédito equivale al 18,8 por ciento del PIB. El resto es deuda intra sector público128
Según datos del FMI, la Argentina experimento en la última década una reducción del 73 por ciento de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno (PBI). Argentina resultó ser el país con mayor nivel desendeudamiento del mundo. Se destaca también que de acuerdo al ritmo del crecimiento del producto bruto de la Argentina, en cinco años, la relación deuda/PBI será aún menor y bajará al 40 por ciento.129 130 131 La Argentina contaba a fin de 2011 con u$s 251 mil millones en activos externos, de los cuales u$s 46 mil millones eran reservas internacionales Tiene una posición acreedora neta de u$s 52 mil millones (+11%/PBI).132
El 26 de agosto de 2013 la presidenta Cristina Férnandez de Kirchner anunció el envio al congreso un proyecto de ley para concretar una nueva reapertura del canje de bonos de la deuda.133
En octubre el Banco Central se negó al Provincia del Chaco 263.000 dólares para el pago de los "Bonos de Saneamiento Garantizado" con vencimiento en 2015 y 2023. Jorge Capitanich entregó a la Caja de Valores S.A. la suma equivalente en pesos. Desde el Banco Central argumentaron que se trataba de títulos para tenedores locales, emitidos bajo jurisdicción local, por lo que resultaba innecesario entregar dólares estadounidenses.134

Juicio a los holdouts[editar]

En 2007 comenzó el juicio de los fondos NML Capital Ltd. y el EM Ltd contra el país. El 11 de enero de ese año, el juez federal de Nueva York Thomas Griesa decidió incautar US$ 1.834.000 de una cuenta que el Banco Central de Argentina opera en la Reserva Federal de esa ciudad.135 El 15 de enero ambas partes llegaron a un acuerdo, por lo que el Juez Griesa decidió levantar el embargo136 137
El 23 de febrero de 2012, Thomas Griesa dictaminó que Argentina no podía discriminar a los tenedores de bonos que no habían aceptado ingresar en los canjes de 2005 y 2010 (holdouts), ya que se estaba violando la provisión de "pari passu" ("tratamiento igualitario"). Ordenaba abonar la deuda reclamada por los fondos buitres por 1.330 millones de dólares.138 El país apeló el fallo planteando que si la fórmula presentada por el magistrado hubiera respetado los parámetros del canje del año 2010, se habría arribado a una propuesta consistente con la legislación argentina, que podría haber sido debatida en el Congreso. Los argumentos expuestos se basaban en la “inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje tuvieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”. El país contó con el apoyo de la Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país).139 140 que argumentaron que si se embargaban esos recursos se afectaría a inversores privados y no al país. A estos dos agentes, se sumaron las presentaciones del Bank of New York y de una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes y que trataban de no quedar como "rehenes" de los holdouts. También la Reserva Federal pidió a Griesa que no se afectaran los pagos a bonistas: "La aplicación expansiva de los mandatos reclamados por el demandante es demasiado amplia y podría tener consecuencias operativas que impiden el buen y eficaz funcionamiento del sistema de pagos".
El 26 de octubre, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la decisión de Griesa y rechazó la apelación.141 142 Ordeno además que el juez dictaminara en qué proporción los desembolsos del Gobierno se distribuirán demandantes y tenedores de bonos re-estructurados.143 El fallo provocó que las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor's (S&P) bajaran la calificación de la deuda de Argentina144 145 146 <147 148 149 En 2013 la perspectiva de la deuda fue modificada, pasando de negativa (underweight) a neutral (marketweight).150 151 152 Finalmente el 28 de noviembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, decidió suspender la resolución de Griesa hasta el año siguiente.153
El 25 de enero de 2013 los fondos buitres presentaron ante la Cámara de Apelaciones los argumentos para sostener el fallo de primera instancia. El Gobierno argentino insistió en que el fallo constituía un acto discriminatorio para los fondos que habían aceptado el canje. La cámara volvió a convocar a las partes para el 27 de febrero (y dio el visto bueno al gobierno de estadounidense para argumentar que sean 13 los jueces de ese cuerpo los que traten el caso y no los 3 que están asignados). A la audiencia asistieron el vicepresidente de la nación Amado Boudou y el ministro de economía Hernán Lorenzino.154 El 29 de marzo el país presentó ante dicha Camara dos alternativas para pagarle a los demandantes. La oferta implicaba términos equiparables a los de los tenedores de bonos que se adhirieron al canje de 2010. Además ofreció pagos por intereses atrasados y un cupón del PBI.155 156
El 24 de junio Argentina apeló el dictamen de Griesa ante la Cámara de Apelaciones, antes de conocerse el fallo definitivo que deberá determinar si avala o no la propuesta de Thomas Griesa.157 Ese mes en un escrito denominado "amicus curiae", el gobierno de EEUU sostuvo que la interpretación de Griesa de una cláusula del contrato "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana".158 159
El 26 de julio, Francia presentó un documento `amigo´ del tribunal en apoyo a la petición argentina ante la Corte Suprema estadounidense. EE.UU. informó que opinará en el juicio cuando se lo pida la Corte Suprema.160 161 162 163 Ese mismo mes Argentina ganó en Francia un juicio contra el fondo buitre NML, la Corte Suprema de Francia rechazó las tres apelaciones de NML contra las decisiones de las Cortes de Apelación de Paris y Versalles que habían ordenado el levantamiento de los embargos sobre impuestos adeudados.164 165
En julio, Exchange Bondholder Group (EGB), Fintech y Euro Bondholders, que representan los intereses del 93% de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y la Caja de Valores presentaron sendos amicus curiae ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con argumentos respecto a la necesidad de que el máximo tribunal revierta la orden de las cortes inferiores.166
El 23 de agosto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó la fórmula de pago propuesta por Argentina el 29 de marzo de 2013. Sin embargo, le otorga "stay" que impedirá que se ejecute la pena hasta que el caso se defina en la Corte Suprema de Justicia estadounidense. De está forma, el fallo evita que la Argentina caiga en un default técnico.167
En agosto de 2013 la presidenta Cristina Kirchner anunció por cadena nacional la reapertura del canje de deuda y la posibilidad de cambiar la jurisdicción de los bonos de ley extranjera por títulos idénticos de ley nacional. Sin embargo, en principio, no se avanzó demasiado sobre el cambio de jurisdicción.168 Se envió al congreso un proyecto para la reapertura del canje de deuda, suspendiendo la vigencia de la denominada Ley Cerrojo.169
La iniciativa apuntó a “llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos” que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. El artículo segundo del proyecto establece que los “términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10”, en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.170 171 172 El cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional.173
El radicalismo apoyó el proyecto de ley para reabrir el canje de deuda y prometió apoyar si se cambia el lugar de pago.174
El 6 de septiembre de 2013 el Gobierno argentino apeló ante la Corte de Nueva York y advirtió que ésta podría cometer un grave error; aclaró que no desafía a la Justicia. El escrito firmado por los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman sostiene que, de no revisarse esa decisión, se dejarán "sin efecto" los dos canjes de deuda ya acordados por el Gobierno, lo que constituiría un "grave error" que "excede" las atribuciones de la Cámara y que producirá un profundo impacto en el mercado mundial de reestructuración de deuda.175
Pidió que la Cámara revea su postura o que la causa sea analizada por el tribunal completo, integrado por 13 camaristas, y no por un tribunal compuesto por 3 (procedimiento conocido como en banc).176

Acuerdo con Club de Paris en 2014[editar]

En enero de 2011 el monto adeudado con el Club de París rondaba los 9.000 millones de dólares. Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, junto con Amado Boudou encabezaban la comitiva que pretendía negociar la deuda a un plazo de cinco o seis años, pero no se logro cerrar las negociaciones.177 178 179
El 29 de mayo de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por intermedio de la comitiva enviada a París encabezada por el ministro de economía Axel Kicillof consiguen un histórico acuerdo para saldar la deuda con el Club de París en un plazo de 5 años.
Argentina y el Club de París alcanzaron un acuerdo para regularizar la deuda en default arrastrada con esos países.En una prolongada reunión en la capital de Francia que se extendió durante más de diecisiete horas, los miembros del foro de acreedores y el equipo económico se pusieron de acuerdo en el mecanismo de pago. La deuda se cancelará a lo largo de los próximos cinco años y contempla un desembolso inicial en efectivo por 1150 millones de dólares: un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares se realizará en julio de 2014 y los restantes 500 millones de dólares se entregarán en mayo de 2015. Como solicitó Argentina, el FMI no participará de la operatoria. El acuerdo estableció un pago mínimo de 3% que deberá afrontar Argentina por año y fijó un criterio de pagos adicionales en caso de incremento de las inversiones provenientes de los países miembros del Club. Si durante el plazo de cinco años, las inversiones adicionales fueran insuficientes para cubrir la deuda total, el país puede posponer los vencimientos hasta dos años.