Expertos en el área jubilatoria afirman que la ley le sirve al gobierno para cubrirse ante una ola de juicios. Y que el gasto se puede compensar fácil
Suena extraño en medio de la polémica por la reforma jubilatoria, pero hay expertos en la materia que sostienen que, en realidad, la oposición le hizo un favor al gobierno, porque lo salva del riesgo de perder una ola de juicios por parte de jubilados. Y, para completar, opina que el costo fiscal de la reforma es más fácil de arreglar de lo que generalmente se supone.
Hasta ahora, el gobierno solo ha reafirmado su consigna de que "el superávit fiscal es innegociable", pero sin dar muchas pistas respecto de cómo podría defender ese objetivo en caso de que vuelva a sufrir un revés en el Congreso.
Después de todo, la aprobación por más de dos tercios en ambas cámaras hace pensar que un rechazo al veto del presidente no es algo que esté totalmente descartado, aun con el intento de Mauricio Macri por disciplinar a su tropa en el Senado.
Javier Milei, por otra parte, fue enfático en el sentido de que no incurrirá en las dos recetas clásicas a la que apeló la política argentina ante cada desfasaje del gasto jubilatorio: el incremento de la presión impositiva y la asistencia monetaria sin respaldo.
La situación complicada que enfrenta Javier Milei si rechazan el veto a la ley jubilatoria
De manera que, en caso de que su veto fuera rechazado y que la ley quede firme, el presidente se enfrenta a una situación por demás complicada: un repentino agujero fiscal de 1,2% del PBI, que no podrá ser compensado ni con más impuestos ni con emisión inflacionaria.
Para colmo, simultáneamente desaparecerá o mermarán su intensidad algunos de los rubros que hicieron mayor aporte a las arcas fiscales este año, como el Impuesto PAIS y las retenciones a la exportación. Es cierto que se empezará a recibir pesos del restaurado impuesto a las Ganancias para los asalariados mejor pagos, pero ese aporte podría resultar insuficiente.
En los cálculos originales de Luis Caputo, el regreso de Ganancias permitirá un incremento de 0,4% del PBI, lo cual ayudaría a disimular la pérdida del Impuesto PAIS, que últimamente aporta un 7% del total de la recaudación tributaria.
Ya había muchos economistas que planteaban dudas respecto de esas cuentas y, por lo tanto, de la sostenibilidad del equilibrio fiscal. Y ahora, con la reforma jubilatoria, todas las dudas crecieron exponencialmente. Para el gobierno, que busca una baja en el índice de riesgo país para abaratar el costo financiero de la deuda, resulta fundamental que se mantenga la credibilidad en su superávit fiscal.
Por más que haya analistas que hayan tildado de exageradas las proyecciones de Milei -equiparó a la reforma jubilatoria con un incremento de la deuda por u$s370.000 millones, equivalente a 62% del PBI-, lo cierto es que hay consenso sobre el riesgo de las cuentas fiscales.
No vetar la ley jubilatoria y achicar el bono: ¿la solución del Gobierno al alcance de la mano?
Y fue en ese contexto de controversia que algunos expertos en el tema tributario sacaron a relucir un tema hasta ahora considerado de segundo orden, pero que podría implicar una solución para Luis Caputo en caso de necesidad extrema.
Se trata de compensar, por la vía del bono extra que cobran los jubilados de la franja inferior, el incremento automático de casi 9% que se produciría si quedara firme la ley votada por la oposición.
Actualmente, ese bono es de $70.000, para una jubilación mínima en torno de los $225.000. Y los economistas que aconsejan a Milei no vetar la ley sostienen que, si hiciera ajustes a la forma en que se aplica el bono, podría -de forma legal- solventar el aumento de la jubilación mínima.
De acuerdo con lo que se votó en el Congreso, el haber mínimo no podrá ser inferior a la canasta básica que mide el INDEC para un individuo, multiplicada por 1,09%. Hoy esa canasta es de $291.472. Y bajo el nuevo criterio, esto llevaría la jubilación mínima a $317.704.
A primera vista, es un salto importante, pero los números se relativizan cuando se toma en consideración el efecto del bono. En estudios técnicos sobre la materia -en particular los de Fundación Mediterránea y la Fundación Idesa-, se explica que hoy un 14% del gasto jubilatorio se canaliza por la vía del bono.
Hablando en plata, significa que del total de gasto previsional, lo que se procesa como el pago normal equivale a un 4,5% del PBI mientras que el bono extraordinario equivale a un 0,7% del PBI. Pero, por efecto de la nueva ley, lo que se gasta solo por el sistema tradicional subiría al 4,9% del PBI.
En consecuencia, lo que argumenta un informe de la Mediterránea es que alcanzaría con recortar a la mitad el gasto del bono, para que en el global siga todo igual y no se produzca el temido estallido fiscal.
Quien más defiende esta tesitura es Osvaldo Giordano, el economista que ocupó la dirección de la Anses en el arranque de la gestión Milei, y que hoy preside el Ieral, el instituto de investigación económica de la Mediterránea.
"Si se instrumenta bien, la ley aprobada es una oportunidad para darle sostenibilidad al superávit fiscal. El aumento de costos se puede compensar focalizando mejor el bono y se gana en seguridad jurídica", sostuvo Giordano, al polemizar en las redes con funcionarios mileístas.
Giordano había sorprendido al ámbito político cuando, en plena discusión parlamentaria sobre la reforma jubilatoria, había defendido el proyecto, con el argumento de que no solamente no pondría en riesgo el superávit fiscal, sino que le daría mayor sostenibilidad.
Argumenta que el costo fiscal del sistema, que hoy está por encima del promedio histórico, vuelva al nivel que tenía antes de la masiva incorporación de nuevos jubilados que se beneficiaron de las moratorias.
Qué debe hacer Luis Caputo con el bono
El método propuesto para aligerar la carga fiscal es simple: revisar el esquema de pago con bonos, de tal forma que no lo cobren la totalidad de los jubilados de bajos ingresos, sino solamente aquellos que realmente lo necesiten, por no tener otro ingreso alternativo.
"Esto se podría lograr a través de un decreto simple que fije reglas focalizando mejor este complemento, ya sea definiendo de manera más restrictiva quienes tienen derecho a recibirlo y/o definiendo un monto menor, ya que los haberes aumentan como consecuencia de las disposiciones previstas en el proyecto", plantea el estudio de la Mediterránea.
Sobre ese punto también argumenta Jorge Colina, economista jefe de Idesa, quien critica el hecho de que el bono sea actualmente entregado, de manera indiscriminada, a un grupo heterogéneo de jubilados, contributivos y no contributivos.
"Hay muchos jubilados y pensionados que reciben el bono teniendo otras fuentes de ingresos, sean previsionales, laborales, familiares o provenientes de rentas de activos. Estos jubilados y pensionados no viven solo de la jubilación o pensión mínima. Esto da la oportunidad de ahorrar recursos aumentando la equidad. Para esto, hay que focalizar el bono en aquellos beneficiarios adultos mayores que tienen como única fuente de ingreso el haber previsional y dejar de pagarlo a los beneficiarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad", plantea Colina.
Claro que esta propuesta implicaría el cruzamiento de datos, de manera que la ANSES pudiera saber exactamente quiénes son los jubilados que cuentan con otro ingreso; y ese es precisamente el punto que ha levantado dudas respecto de la viabilidad de "refocalizar" los bonos.
En cambio, más viable desde el punto de vista práctico -aunque no político- sería la "licuación" lisa y llana del bono, por la vía de que aumente menos que la inflación, hasta que su peso relativo dentro del gasto jubilatorio alcance un nivel marginal.
En cualquier caso, lo que estos economistas están marcando es que, gracias a la existencia del bono, que tiene costo fiscal, pero que no está creado por ley sino que obedece a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, hay un elemento que podría hacer de contrapeso en el nuevo régimen jubilatorio.
La defensa ante la ola de juicios
Pero la defensa de los economistas a la nueva ley no se limita a la cuestión fiscal, sino sobre todo a la legal: apuntan que, gracias al proyecto que votó la oposición, el Estado quedaría a salvo de perder una verdadera ola de juicios por las jubilaciones.
Desde hace tiempo que los expertos vienen advirtiendo sobre la litigiosidad, que llegó al extremo de unos 90.000 juicios previsionales con sentencia firme -que el Estado no está pagando- y que podría agravarse.
Colina fue uno de quienes advirtió con mayor énfasis este problema, y recuerda los antecedentes de fallos judiciales en el sentido de que no es aceptable una pérdida mayor al 15% de las jubilaciones por el efecto de la inflación.
Como en el arranque de la gestión Milei se produjo una pérdida real de las jubilaciones -que se agrega a la caída de 35% producida entre 2017 y 2023-, el economista sostiene que el Estado corre un serio riesgo de recibir una ola de fallos condenatorios. Cada juicio perdido supone no solamente la indemnización del jubilado, sino además el pago de retroactivos, intereses y honorarios de abogados. Hay una vasta colección de antecedentes al respecto.
"En definitiva, lo que hoy es un ahorro fiscal, en el fondo es una deuda, significa que más adelante va a haber que pagar. Es una futura deuda previsional, que es tan exigible, o más incluso, que un título público que cotice en Nueva York", advertía Colina cuando se implementó la reforma de Toto Caputo el verano pasado.
Sin embargo, sostiene que, con la nueva ley, quedaría cumplido el precepto de la actualización por inflación -y habría una mayor solidez jurídica que la que garantiza un DNU-, con lo cual disminuirían las chances de que el Estado pueda perder en los tribunales.
iprofesional
Entradas
