La Asamblea Legislativa dejó mucha tela para cortar, desde definiciones económicas, cuestionamientos al funcionamiento judicial, mensajes a la interna oficialista y acusaciones cruzadas de alto voltaje con la oposición. Pero también el mensaje que ofreció Alberto Fernández en el recinto de la Cámara de Diputados permite empezar a armar el rompecabezas de lo que podría ser una agenda parlamentaria en el primer semestre del año, es decir, los proyectos que podrían entrar en la discusión del Congreso nacional.
En primer lugar hay que señalar que el jefe de Estado, tal vez aprendiendo la lección del año pasado y a sabiendas que tenía como interlocutor un Congreso que no le responde, esta vez no abundó en pedidos de leyes. Su discurso navegó más bien por otros andariveles, pese a lo cual se permitió algunos reclamos. En este sentido, se limitó a exigirle a la oposición que permita la votación en Diputados de los proyectos para la creación de ocho nuevas universidades, la ley de promoción de la agroindustria, y por otro lado la ley de Alcohol Cero que está trabada en el Senado por el lobby de gobernadores oficialistas y opositores.
El único anuncio de Fernández de un proyecto nuevo fue "la Ley de Expansión de la Inversión Educativa, que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de diez años, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto para el año 2032".
Por fuera de esas instrucciones oficiales, hay solo incertezas y se trata de descifrar el acertijo a partir de las pistas que se fueron dando en la última parte del año pasado y el periodo de sesiones extraordinarias.
La ley que sale de memoria y más rápido debería resolverse es la Ley Lucio para la prevención y detección temprana de la violencia contra las infancias y adolescencias. Tiene media sanción de Diputados desde el 9 de noviembre del año pasado y estaba previsto que durante las sesiones extraordinarias el Senado completara el trámite, pero la cámara presidida por la vicepresidenta Cristina Kirchner no pudo reunirse ni una sola vez en todo el verano a raíz de las grietas en el bloque oficialista. El interbloque del Frente de Todos se partió la semana pasada por la escisión de un grupo de seis legisladores que armaron rancho aparte, y no fue posible reacomodar la dinámica legislativa necesaria para convocar al recinto con éxito.
La iniciativa, que establece una capacitación obligatoria para funcionarios de los tres poderes del Estado, docentes y médicos que tengan contacto con niños y adolescentes está inspirada en el caso de Lucio Dupuy, el chico de cinco años brutalmente violado y asesinado por su madre y la pareja de ésta en La Pampa.
En el temario de sesiones extraordinarias aparecieron varios proyectos impulsados por el ministerio de Economía, como por ejemplo la ley de exteriorización del ahorro argentino, más conocida como "ley de blanqueo", va de la mano del programa de intercambio de información financiera con Estados Unidos firmado con ese país en diciembre y puesto en marcha en enero. Se trata de una típica ley de blanqueo de capitales con pago de alícuotas diferenciadas de acuerdo a los montos y tipos de bienes.
Otra iniciativa que el Palacio de Hacienda impulsa y sigue de cerca es la ley que crea el régimen de monotributo tecnológico o "monotech", que le va a permitir cobrar en dólares a las personas que exportan servicios con un tope de hasta 30.000 dólares anuales, sin necesidad de liquidar esas ganancias en el Mercado Único de Cambios. Es una ayuda significativa para el creciente mercado de la Economía del Conocimiento, que está compuesta principalmente por profesionales independientes con saberes calificados que usualmente operan en la informalidad para no tener que vender los dólares al precio oficial.
También quedó en el tintero el proyecto de Reforma del Sistema Estadístico Nacional que había anunciado recientemente el Poder Ejecutivo que iba a enviar al Congreso. Los objetivos son dotar de mayor independencia al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y darle estatus de ente autárquico, reforzando su autonomía funcional; fortalecer la calidad de la información estadística adaptando la producción estadística a las nuevas prácticas internacionales y elevar la coordinación del Sistema Estadístico Nacional.
Con estos ejes núcleo, el proyecto propone que el cargo de director general del INDEC tenga un mandato de 5 años, una duración que excede la de los mandatos presidenciales, y sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
Tampoco hay que descontar que se trate en el comienzo del año el proyecto de persecución y represión del lavado de activos y financiación del terrorismo, o algún proyecto vinculado a la promoción de inversiones en el sector energético.
En el temario de extraordinarias habían otras iniciativas que podrían reflotarse como el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, la ley de Sangre Humana, la ley de acompañamiento de personas con diagnóstico de síndrome de Down, la ley que crea el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, la creación del parque nacional Laguna El Palmar en Chacho (que tiene dictamen en Diputados), el Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales,
La agenda judicial del Gobierno (la ampliación de la Corte Suprema, la reforma del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y la designación de Daniel Rafecas como procurador general) son iniciativas que cada tanto vuelven a retumbar en los pasillos del Congreso, pero la realidad es que nacieron muertas porque no están las votos.
Y hay otras cuentas pendientes que no aparecieron en el temario extraordinarias pero que están en el centro de las preocupaciones de la gente como la ley de Alquileres y la renegociación de los créditos UVA, que afecta a miles de personas que ingresaron en el Gobierno de Macri y ahora tienen que pagar intereses que crecieron como bola de nieve.
La Ley de Alquileres había objeto de un intenso debate durante buena parte del año pasado, y si bien hubo momentos de estancamiento de las discusiones, se logró llegar a la firma de dos dictámenes en las comisiones de Legislación General y Presupuesto. El problema es que la paridad de fuerzas entre los dictámenes, por un lado el del Frente de Todos y del otro el dictamen de Juntos por el Cambio junto al interbloque Federal, neutraliza la posibilidad de que el proyecto llegue al recinto, porque ninguno de los dos quiere correr riesgos y exponerse a una posible derrota.
En el camino también había quedado extraviada la Ley de Humedales, que son los ambientes de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres, con presencia temporaria o permanente de agua superficial o de baja profundidad, como por ejemplo pantanos, ciénagas, salinas, mallines, esteros y bañados. Son fundamentales como reservorios de agua dulce, ocupan 600.000 km cuadrados del país, lo cual equivale entre el 21 y el 23% del territorio nacionales.
En este debate también se firmaron dos dictámenes pero el tratamiento quedó truncado por el lobby de corporaciones de agroalimentos, mineras y de gobernadores consustanciados con intereses económicos que sostienen que una ley de estas características encarecería el costo de las inversiones porque exige estudios de impacto ambiental que cuestan plata.
En el Frente de Todos -que es el bloque que más empuje le había dado al debate- no hay unanimidad, y por eso se estancó la iniciativa, sumado a que en Juntos por el Cambio -que firmaron un dictamen más moderado con una redacción que establece una ecuación más equilibrada entre explotación y conservación- tampoco había una línea clara.
Un proyecto que estuvo sobre la palestra el año pasado pero nunca logró encontrar pista de despegue es el de "Compre Argentino". La iniciativa que apunta a darle márgenes de preferencia a las empresas nacionales en las compras públicas del Estado hasta determinado tope. El problema es que para Juntos por el Cambio esos topes nuevos que se consignaron son demasiado altos y por lo tanto habilitarían sobreprecios. Por eso le llaman el programa "Compre Caro". En definitiva, no hay acuerdo y el oficialismo no tiene los votos para sacar el tema adelante sin la ayuda de un sector de la oposición.
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