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ANSES incorpora el lenguaje inclusivo en su documentación oficial. Según la resolución de la entidad que conduce Fernanda Raverta, se debe a la "necesidad de introducir en el ámbito de la institución un sistema lingüístico inclusivo" que actúe "como un instrumento de cambio para erradicar la desigualdad".
A través de la Resolución 418/2020 publicada en el 'Boletín Oficial', la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, a partir de ahora, incorporará la utilización del lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación del organismo estatal.
En la resolución oficial del organismo que conduce Fernanda Raverta se señala "la necesidad de introducir en el ámbito de la institución un sistema lingüístico inclusivo". Según dijo, esto actúa "como un instrumento de cambio para erradicar la desigualdad, la discriminación o la invisibilización tácita de las personas en razón del género".
En la misma línea, el organismo resaltó la importancia de usar "términos y conceptos que, sin transgredir ni la gramática ni la economía del lenguaje, incorporen a las trabajadoras y trabajadores que integran el organismo en la más amplia expresión identitaria y de la diversidad sexual".
De esta manera, ANSES se suma al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y al Banco Central, que ya utilizan este lenguaje en sus disposiciones, circulares y normativas internas.
"Su instauración gravitará positivamente en el abordaje de la perspectiva de género de manera conjunta con los objetivos atinentes a la Seguridad Social", destacó el documento.
Con este objetivo se le encargó a la Dirección General de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, la confección de un Manual de Estilo para la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista, "que contenga las normas necesarias para la redacción de la documentación".
Resolución 418/2020
Ciudad de Buenos Aires, 24/11/2020
VISTO el expediente N° EX-2020-71351029-ANSES-SEA#ANSES del Registro de esta Administración Nacional de la Seguridad Social, las Leyes 26.485, 26.743 y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente la República Argentina aprobó y ratificó en sede internacional, diversos Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos, orientados a la eliminación de toda forma de discriminación entre las personas, los que con las modificaciones introducidas en la reforma operada en el año 1994, adquieren rango constitución luego de su inclusión en el art.75 Inciso 22 de nuestra Carta Magna.
Que el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, establece como principio general que todos los habitantes son iguales ante la ley, y que la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni nacimiento.
Que el plexo normativo de Derecho Público Internacional, al igual que los principios, derechos y garantías previstas en la parte dogmática de nuestra Constitución Nacional, goza de plena operatividad.
Que por imperio de los artículos 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la República Argentina se encuentra comprometida a respetar y garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, los derechos que en ellos se enuncian, sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Qué asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su Observación General Nro. 18, precisó que el término “discriminación”, tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse como referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.
Que, en similar sentido, mediante Observación General N° 20 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, indicó que “Los Estados partes (del PIDESC) deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto (…)”
Que el Comité de Naciones Unidas que monitorea la cumplimentación de la preceptiva emanada de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados Partes la erradicación de la discriminación contra las mujeres, y específicamente en el artículo 15, establece que todo contrato o instrumento que limite la capacidad jurídica de la mujer “se considerará nulo”, instando a su vez a los Estados a modificar el papel tradicional asignado a hombres y mujeres en la sociedad y en la familia.
Que la Resolución 14.1 de la Conferencia General de la UNESCO (1987) y la Resolución 109 de la Conferencia General de la UNESCO (1989), recomiendan promover la utilización de lenguaje no sexista por los Estados miembros y en su apartado 1) aconsejan evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo, exceptuando que se trate de medidas positivas a favor de la mujer.
Que consecuentemente con su preceptiva, fue sancionada la Ley. 26.485, denominada “de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones interpersonales”.
Que el artículo 2 inciso a) de la mencionada ley, promueve y garantiza la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida.
Que el artículo 7° inciso h) de la citada ley dispone que los tres poderes del Estado adoptarán las medidas necesarias y ratificarán, en cada una de sus actuaciones, el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones, debiendo garantizar la implementación de todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Que el artículo 1° de la Ley 26.743, expresa que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad (cfr. incisos b y c).
Que la igualdad de género requiere un proceso de aculturación modificatoria de los usos, costumbres y prácticas socialmente aprendidas, lo que debe encararse a partir de un cambio medular en las concepciones lingüísticas.
Que la efectiva igualdad de trato de los diferentes colectivos sociales, requiere del desarrollo de políticas de cuño interinstitucional, que sean implementadas mediante acciones positivas que redunden en la adopción de criterios de abordaje unificados e idóneos, tendientes a robustecer la perspectiva de género, removiendo los patrones socioculturales que fomentan desigualdades en las relaciones interpersonales.
Que, por tanto, resulta trascendental elaborar estrategias que involucren a todos los agregados humanos en sus diversas facetas, consistentes en acciones positivas orientadas a la eliminación en sus relaciones intersubjetivas de las diferencias latentes entre géneros, las cuales se hallan internalizadas en el proceso de socialización primario de las personas.
Que la importancia sustancial del lenguaje deviene incontrovertible, dado que a través de su utilización se interpreta, reproduce, crea y transforma la realidad, en tanto no se circunscribe a la diferenciación entre personas, sino que se hace extensivo a otros grupos sociales de diferentes características o condiciones étnicas, sexuales, socioeconómicas, que a partir de una concepción sexista y excluyente de lo masculino y lo femenino, son invisibilizados como tales.
Que los seres humanos habitamos en el lenguaje, el cual nos permite expresar lo que pensamos, sentimos y percibimos. El lenguaje da existencia y visibiliza lo nombrado, consiste en un sistema de signos que utilizan las personas para comunicarse y relacionarse, crea sentido y genera percepciones, y con ello valoraciones positivas o negativas sobre lo que se está nombrando. Es también un sistema de poder que señala desigualdades.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, resulta necesario introducir en el ámbito de esta institución, un sistema lingüístico inclusivo, como instrumento de cambio para erradicar la desigualdad, la discriminación o la invisibilización tácita de las personas en razón del género, mediante el uso de términos y conceptos que sin transgredir ni la gramática ni la economía del lenguaje, incorporen a las trabajadoras y trabajadores que integran el Organismo en la más amplia expresión identitaria y de la diversidad sexual.
Que su instauración gravitará positivamente en el abordaje de la perspectiva de género de manera conjunta con los objetivos atinentes a la Seguridad Social.
Que resulta necesario revisar la comunicación al interior y exterior del Organismo y para ello deberá: a) Eliminarse el lenguaje que se centra en los varones (androcéntrico) incorporado en los textos y hacer perceptible y transparente la labor de todas las identidades de género respetando su competencia o éxitos, en al ámbito laboral, social y político; b) Romperse con los estereotipos, respecto de la comunicación iconográfica y generarse una representación gráfica diversa y plural de los géneros, eliminando a los varones como únicos sujetos de acción y a las otras identidades como personas pasivas; c) Procurarse que la comunicación no sea excluyente y promueva enfoques integradores de todas las diversidades, debiendo primar un enfoque interseccional que contemple a toda la diversidad en términos generales, sin discriminar por raza, clase, orientación sexoafectiva, procedencia, etc.
Que, en tal entendimiento, toda expresión verbal, escrita, o por medio de imágenes reveladoras de la diversidad de identidades, roles, profesionales y estilos de vida, cualquiera fuere el medio o soporte en las que se las instrumente, almacene o fije, deberá emitirse mediante un lenguaje inclusivo y no sexista, evitando la perspectiva androcéntrica que suele aplicarse a la pluralidad de situaciones y actividades en las que participan las trabajadoras y trabajadores.
Que asimismo deberá procederse a la inmediata adecuación de toda la normativa sustantiva, procedimental, programática, operativa, y comunicacional que se dicte en el futuro, a los estándares del lenguaje inclusivo, previstos en el Manual de Estilo que ha de elaborarse al efecto.
Que para la implementación de la adecuación promovida, se dará intervención a las distintas áreas que tengan competencia y la coordinación de las labores colaborativas estará a cargo de la Dirección General de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género o la que en el futuro la reemplace, la cual actuará como garante del enfoque que se aplique en el compendio lingüístico.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 2741/91, y el Decreto N° 429/20.
Por ello,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dispónganse la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
ARTICULO 2°.- Entíendase por lenguaje inclusivo y no sexista aquel que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros.
ARTICULO 3°.- Encomiéndase a la Dirección General de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, la confección de un Manual de Estilo para la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista, que contenga las normas necesarias para la redacción de la documentación descripta en el ARTÍCULO 1° de la presente Resolución, así como también orientaciones para su empleo y estrategias de aplicación.
ARTICULO 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, a realizar las capacitaciones pertinentes, evacuar consultas, y a desarrollar cualquier otra acción que considere necesaria para la correcta implementación de lo dispuesto por la presente.
ARTICULO 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Maria Fernanda Raverta
e. 25/11/2020 N° 58509/20 v. 25/11/2020
Fecha de publicación 25/11/2020
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