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El Fondo exige, como en todo acuerdo del tipo Facilidades Extendidas, inspecciones de cumplimientos de metas trimestrales; según el dictado del artículo IV del estatuto del organismo que dirige Kristalina Georgieva.
El Gobierno deberá resolver un problema. El Fondo Monetario Internacional (FMI) exige, como en todo acuerdo del tipo Facilidades Extendidas, inspecciones de cumplimientos de metas trimestrales; según el dictado del artículo IV del estatuto del organismo que dirige Kristalina Georgieva. En términos políticos locales, si se firmara el acuerdo con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández, y los que lo sucedan, deberían aceptar misiones de los enviados particulares del organismo que tengan la responsabilidad de manejar el caso argentino cada tres meses. En cada misión, los enviados de Washington deberían fiscalizar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En ese punto podría haber simplemente un correctivo, una recomendación de modificación de políticas o un cuestionamiento mayor. Y si el país persiste en su incumplimiento, desde Washington se debería negociar un perdón (waiver) o varios puntos intermedios hasta la caída del acuerdo.
Cada misión trimestral que visite Buenos Aires, se reuniría además con los principales funcionarios económicos del país; que deberían desplegar los números locales y explicarle detenidamente a los enviados de Washington como marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI, tienen el poder de consultar y repreguntar; y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se le muestren. Y de regreso en Washington, pueden criticar y hasta recomendar cambios de políticas. En otras palabras, los representantes del FMI que tengan la firma autorizada en las misiones del Fondo, podrán tomar examen a los funcionarios locales. Algo que evidentemente sería muy difícil de aceptar de parte del ala política más radical del Gobierno. De hecho, recuerdan dentro del kirchnerismo, este tipo de misiones fue lo que determinó que el Stand By firmado en el 2003 termine siendo cancelado y liquidado en febrero de 2005. La decisión la tomó Néstor Kirchner luego de las quejas de varios de sus funcionarios por los datos molestos que a veces pedían los visitantes de Washington.
La intención de los negociadores locales es que el requerimiento de las misiones trimestrales se modifique, y que se extiendan a un ritmo semestral. O anual. El argumento es que como se trata de un Facilidades Extendidas inédito, también las fiscalizaciones deberían ser inéditas y con mayor espacio de tiempo. Además, y como mejor opción, se pedirá que las inspecciones se suspendan durante el tiempo de gracia que tendría el país para pagar las primeras cuotas, lo que, en los términos que está negociando el ministro de Economía Martín Guzmán, comenzarían a liquidarse tres años después de firmado el tratado. Si como suponen en Buenos Aires, la firma sería para marzo o abril de 2021, la primer inspección de las misiones impuestas por el artículo IV, debería concretarse en 2024. Obviamente habría otra gestión.
Las diferencias del tipo Facilidades Extendidas con el Stand By son simples. Este autoriza, como máximo, un plan de repago de no más de 3 años; mientras el facilidades extendidas avala hasta 10 años. En este punto, Argentina reclama que además haya un período de gracia de hasta 3 años, que se contabilizarían dentro de los 10 años, con lo que el país pagaría durante 7 ejercicio; si el acuerdo se aprueba en el primer semestre de 2021, en 2025 Argentina pagaría la primera cuota. En este punto es donde ingresa además la discusión sobre la tasa. El principal problema para el país en cuanto a la aplicación de un acuerdo y otro es que un stand by no exige grandes compromisos previos, sino el cumplimiento de metas fiscales, cambiarias e inflacionarias para lograr los desembolsos. El Facilidades Extendidas, como en teoría implica que todo el dinero de un préstamo se otorgue de una vez, sí amerita la exigencia de medidas macroeconómicas específicas. De allí los compromisos que Guzmán está absorbiendo en estas semanas: reforma previsional, metas fiscales, de crecimiento, impositivas y cambiarias.
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