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Una discusión reglamentaria obstruyó la firma del despacho. No obstante, tras un cuarto intermedio, la Comisión de Justicia alcanzó consenso en la redacción de la iniciativa que se someterá a votación en el recinto este viernes.
Un discusión reglamentaria en la Comisión de Justicia de Diputados, presidida por Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), impidió el dictamen de un proyecto que declara la emergencia para los procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de marzo de 2021, en el marco de la crisis desatada por la pandemia.
Ante el planteo de Juntos por el Cambio de que correspondía tratar la iniciativa en Legislación General, y con el pedido de una serie de modificaciones para avalar la propuesta y aportar los votos para los dos tercios, el oficialismo aceptó los cambios. También habían sugerido incorporaciones los diputados Graciela Camaño (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
Tras un cuarto intermedio, en el que se abrió un proceso de diálogo entre el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bloques, la comisión arribó a una redacción consensuada que se pondrá a consideración en el recinto.
Al comienzo de la reunión, la diputada Silvia Lospennato (Pro) sostuvo que el tema “tiene una competencia definida, que es la Comisión de Legislación General”, donde se trata lo referido a materia civil y comercial. Tras leer las competencias de cada comisión, la macrista enfatizó que “el reglamento no permite la exclusión de la Comisión de Legislación General”.
Y recordó que otros proyectos “presentados por compañeros de mi bloque”, como por ejemplo Ezequiel Fernández Langan, fueron girados por la Presidencia de la Cámara a Legislación General. Por lo tanto, pidió que se convoque a un plenario y “respetemos el reglamento”.
A continuación, Graciela Camaño (Consenso Federal) alertó: “Sabemos todos que tenemos un problema muy serio. El día lunes se termina de abrir, de alguna manera, la justicia comercial y todos sabemos que vamos a tener un problema, vamos a tener muchas presentaciones de quiebras, de cheques rechazados”.
La diputada remarcó que este es un tema “que venimos charlando entre todas las fuerzas” y afirmó que “jamás” se “prestaría a vulnerar el reglamento”, pero “la realidad es que estamos en un problema serio”. “Creo que podemos salvar la cuestión reglamentaria y dar una señal muy clara de que queremos suspender los plazos”, agregó.
Por su parte, el legislador Juan Manuel López (Coalición Cívica) pidió convocar a un plenario para la semana que viene ya que, aunque se trate esta tarde en sesión, el proyecto “no va a ser ley, el Senado no va a sesionar mañana ni el domingo”. “Es un tema muy técnico, requiere estudio”, señaló y ratificó su postura de evitar que se le brinde “ningún beneficio a ninguna empresa que esté con procesos penales”, como OIL Combustibles de Cristóbal López.
Intervino entonces nuevamente Lospennato para solicitar que, “atendiendo la situación de emergencia”, se pueda “llegar a un acuerdo virtuoso” sin “violentar nuestra regla básica de convivencia”.
Tailhade justificó el giro a la Comisión de Justicia al decir que “es cierto y comparto que el ámbito natural de modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras es la Comisión de Legislación General”, pero argumentó que “todos los otros proyectos plantean reformas de fondo a la ley”, mientras que esta iniciativa en particular “aspira a ser una respuesta a una coyuntura muy compleja”.
“Pero es una respuesta sistemática desde el punto de vista del sistema de administración de justicia, más allá de que es la política la que está dando este paso”, añadió.
El autor del proyecto en cuestión, Carlos Selva (Frente de Todos) resaltó que la intención era aprobar este tema junto al proyecto de moratoria y manifestó que “claramente el mensaje tiene que estar dado a la sociedad”.
Desde JxC, el diputado Pablo Tonelli (Pro) fue el encargado de proponer los cambios y, sobre todo, habló de una “modificación sustancial” que tiene que ver con “la necesidad de que queden claramente excluidos los procesos en los cuales la quiebra ya está decretada y esa quiebra ha quedado firme”.
En el mismo sentido, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “el espíritu de la ley siempre fue salvar a los vivos” y “lo que nunca estuvo en discusión fue salvar o discutir mejoras en los procedimientos de las empresas fallidas o quebradas, ni tampoco de los acreedores”.
Tras retomar la reunión, Tailhade leyó el proyecto y aclaró: “En función del acuerdo político vamos con un texto unificado (a la sesión) para con los dos tercios incorporar su tratamiento al orden del día”.
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