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Argentina rechazará de plano el aumento de los intereses del cupón 2030. Hay satisfacción por la aceptación de las cláusulas de reasignación. Dudas por la interpretación de la antibuitre.
Los acreedores con deuda emitida bajo legislación internacional sorprendieron ayer al Gobierno argentino con un contraataque inesperado, y pusieron a Alberto Fernández ante una situación difícil. Luego del comunicado conjunto emitido ayer por la tarde en el after market, firmado por los tres grupos formales que representan a los tenedores de títulos públicos sentados en la mesa de negociación, el Presidente deberá decidir si toma en cuenta la presentación y reabre las negociaciones, o si se mantiene en su posición de sostener hasta el final su propuesta oficializada el 3 de julio. Los acreedores saben que hay tiempo hasta el 4 de agosto, y que la respuesta formal que se recibirá en las próximas horas será negativa. Pero, profesionales al máximo, los representantes de los negociadores de Wall Street saben que en este tipo de partidas hay que esperar hasta el último aliento para conocer la verdad. Los tiempos hacia delante que se piensan en Nueva York son de rounds de estudio hasta cerca del final del cronograma que termina en agosto, pero sabiendo que siempre habrá tiempo extra para un acuerdo final. Siempre, claro, que desde la Argentina se acepte negociar sobre la base de la propuesta conocida ayer. O un mix entre las partes. Para esto habría que esperar un cambio de actitud de Alberto Fernández, lo que por ahora es negado desde Olivos. Y luego desde el Palacio de Hacienda.
Hay algo que ya se sabe tanto desde Buenos Aires como desde las sedes operativas de los acreedores, luego de haberse conocido el comunicado de ayer. Primero: la oferta de Martín Guzmán vigente ante la Security and Exchange Commission (SEC) no será aceptada. Segundo, el haberse firmado un comunicado conjunto entre el grupo Ad Hoc y el Exchange Bondholders era esperado. Sólo confirma lo que se sospechaba desde el inicio de la nueva ronda de discusiones: que la alianza entre los abogados Dennis Hraritzkty, que representa a los bonistas con deuda emitida en los canjes de 2005 y 2010; y Jenifer O’Neil, que habla en nombre de los poderosos de BlackRock, Fidelity, Ashmore y Authonomy, no pudo ser rota, y que permanecerá irreductible hasta el final. Lo que sí sorprendió es que parte del Comité de Acreedores haya roto con el grupo de acreedores friendly liderados por Fintech de David Martínez (que sigue apoyando la oferta de Guzmán); y que haya habido una mudanza de este grupo hacia las filas de los fondos de inversión más conflictivos. Desde los privados hablan ahora que la alianza de los tres grupos representan a casi el 40% de los tenedores de deuda a negociar y que, en consecuencia, sería utópico pensar en una negociación exitosa sin aceptar discutir la propuesta presentada ayer. Desde el Palacio de Hacienda se hacen otros números, y se habla que en realidad los tres grupos actualmente acumulan no más del 30%; y que hay muchas posibilidades de superar, aunque sea escuetamente, el 50% de aceptación para comienzos de agosto. Estas bandas se medirán en las próximas dos semanas. Y quien crea que tenga razón será el que de el primer paso.
Mientras tanto, y sobre el análisis formal de la propuesta presentada ayer por los tres grupos, se sabe desde Argentina y en las oficinas del banco negociador Lazard y los intermediarios Bank of America y HSBC que hay propuestas de los acreedores inaceptables, otras discutibles, y unas sorpresivamente agradables. Entre las primeras está el incremento impactante de la tasa de interés del cupón anabólico 2030, preparado como premio para los que acepten primero la oferta oficial y que según la idea de Guzmán pagaría una tasa de interés del 1% reconociendo intereses no devengados hasta el 30 de septiembre de este año. Los bonistas elevan ese premio a una tasa de 5%, lo que para Olivos y el Palacio de Hacienda fue considerado ayer por la tarde como una falta de respeto. Y como tal, innegociable. También generaron rechazos las alteraciones en los plazos de la propuesta de Guzmán, una suba general en los intereses del mix de bonos y el reconocimiento total del capital sin que haya quita. Si bien no produjo la misma indignación del cupón 2030, se habló en Buenos Aires que se trata de cambios políticamente inaceptables. Especialmente el hecho de que no haya aunque sea un mínimo de quita de capital.
Generó una mueca de reconocimiento en el Gobierno argentino que finalmente Ad Hoc acepte que se les apliquen las “cláusulas antibuitre”, para el caso en que el país vuelva a incurrir en un default. En la propuesta presentada ayer por los privados, finalmente los bonitas con papeles emitidos desde 2016 a 2018 aceptan que se les apliquen las restricciones vinculadas a las mayorías de 35% para iniciar juicios ante los tribunales de Nueva York. Además de tener que esperar a que termine la vida útil de los títulos para poder iniciar esas causas. Para Guzmán y sus negociadores, este reconocimiento es un éxito casi personal. Sin embargo, lo que genera dudas en la Argentina es que para aceptar estas cláusulas, los acreedores reclamen a cambio modificaciones en otros capítulos importantes como la RUFO y las alternativas de aceleraciones judiciales. Los negociadores locales aseguran que habrá que esperar al momento de reactivar las discusiones (si es que ese momento se da) para dejar planteado que la aplicación de las cláusulas de 2016 son inamovibles, y sin condiciones.
Lo que más satisfacción generó desde las huestes del Palacio de Hacienda es que la gran creación de Martín Guzmán diseñada en las academias de la Universidad de Columbia, y que hacen su debut en las primera ligas de las negociaciones de deuda soberana con el caso argentino, finalmente serían aceptadas por BlackRock y el resto de los fondos militantes. Aunque con condiciones; el Ad Hoc avalaría la aplicación de las “cláusulas de reasignación” con la que el ministro de Economía quiere formar masa crítica de mayorías para las emisiones de bonos, al ritmo de la aceptación de la oferta. La propuesta conjunta emitida ayer habla de la posibilidad de ejecutar las cláusulas de reasignación, pero dejando afuera a los deudores calificados. Esto es, ellos mismos. ¿Por qué, entonces, sería útil la existencia de las cláusulas, pero siempre que no se incluya a los grandes fondos de inversión y los tenedores de deuda individuales más importantes? La reflexión es simple: su hay un acuerdo final con BlackRock y sus aliados, la mayoría de los acreedores estaría dentro de un acuerdo, quedando fuera la mayor parte de los individuales, que en total sumarían unos u$s25.000 millones en títulos públicos. Guzmán podría, una vez cerrado el canje con el Ad Hoc y Exchange Bondholders, comenzar a aplicar su Excel de reasignaciones, pero en lugar de tener a los grandes fondos en la mira sus víctimas serían los tenedores particulares. Si bien sería un cambio de objetivo, sería un buen debut para la aplicación de las cláusulas. Un “win win”, al menos según la visión de los acreedores.
Hay algo que ya se sabe tanto desde Buenos Aires como desde las sedes operativas de los acreedores, luego de haberse conocido el comunicado de ayer. Primero: la oferta de Martín Guzmán vigente ante la Security and Exchange Commission (SEC) no será aceptada. Segundo, el haberse firmado un comunicado conjunto entre el grupo Ad Hoc y el Exchange Bondholders era esperado. Sólo confirma lo que se sospechaba desde el inicio de la nueva ronda de discusiones: que la alianza entre los abogados Dennis Hraritzkty, que representa a los bonistas con deuda emitida en los canjes de 2005 y 2010; y Jenifer O’Neil, que habla en nombre de los poderosos de BlackRock, Fidelity, Ashmore y Authonomy, no pudo ser rota, y que permanecerá irreductible hasta el final. Lo que sí sorprendió es que parte del Comité de Acreedores haya roto con el grupo de acreedores friendly liderados por Fintech de David Martínez (que sigue apoyando la oferta de Guzmán); y que haya habido una mudanza de este grupo hacia las filas de los fondos de inversión más conflictivos. Desde los privados hablan ahora que la alianza de los tres grupos representan a casi el 40% de los tenedores de deuda a negociar y que, en consecuencia, sería utópico pensar en una negociación exitosa sin aceptar discutir la propuesta presentada ayer. Desde el Palacio de Hacienda se hacen otros números, y se habla que en realidad los tres grupos actualmente acumulan no más del 30%; y que hay muchas posibilidades de superar, aunque sea escuetamente, el 50% de aceptación para comienzos de agosto. Estas bandas se medirán en las próximas dos semanas. Y quien crea que tenga razón será el que de el primer paso.
Mientras tanto, y sobre el análisis formal de la propuesta presentada ayer por los tres grupos, se sabe desde Argentina y en las oficinas del banco negociador Lazard y los intermediarios Bank of America y HSBC que hay propuestas de los acreedores inaceptables, otras discutibles, y unas sorpresivamente agradables. Entre las primeras está el incremento impactante de la tasa de interés del cupón anabólico 2030, preparado como premio para los que acepten primero la oferta oficial y que según la idea de Guzmán pagaría una tasa de interés del 1% reconociendo intereses no devengados hasta el 30 de septiembre de este año. Los bonistas elevan ese premio a una tasa de 5%, lo que para Olivos y el Palacio de Hacienda fue considerado ayer por la tarde como una falta de respeto. Y como tal, innegociable. También generaron rechazos las alteraciones en los plazos de la propuesta de Guzmán, una suba general en los intereses del mix de bonos y el reconocimiento total del capital sin que haya quita. Si bien no produjo la misma indignación del cupón 2030, se habló en Buenos Aires que se trata de cambios políticamente inaceptables. Especialmente el hecho de que no haya aunque sea un mínimo de quita de capital.
Generó una mueca de reconocimiento en el Gobierno argentino que finalmente Ad Hoc acepte que se les apliquen las “cláusulas antibuitre”, para el caso en que el país vuelva a incurrir en un default. En la propuesta presentada ayer por los privados, finalmente los bonitas con papeles emitidos desde 2016 a 2018 aceptan que se les apliquen las restricciones vinculadas a las mayorías de 35% para iniciar juicios ante los tribunales de Nueva York. Además de tener que esperar a que termine la vida útil de los títulos para poder iniciar esas causas. Para Guzmán y sus negociadores, este reconocimiento es un éxito casi personal. Sin embargo, lo que genera dudas en la Argentina es que para aceptar estas cláusulas, los acreedores reclamen a cambio modificaciones en otros capítulos importantes como la RUFO y las alternativas de aceleraciones judiciales. Los negociadores locales aseguran que habrá que esperar al momento de reactivar las discusiones (si es que ese momento se da) para dejar planteado que la aplicación de las cláusulas de 2016 son inamovibles, y sin condiciones.
Lo que más satisfacción generó desde las huestes del Palacio de Hacienda es que la gran creación de Martín Guzmán diseñada en las academias de la Universidad de Columbia, y que hacen su debut en las primera ligas de las negociaciones de deuda soberana con el caso argentino, finalmente serían aceptadas por BlackRock y el resto de los fondos militantes. Aunque con condiciones; el Ad Hoc avalaría la aplicación de las “cláusulas de reasignación” con la que el ministro de Economía quiere formar masa crítica de mayorías para las emisiones de bonos, al ritmo de la aceptación de la oferta. La propuesta conjunta emitida ayer habla de la posibilidad de ejecutar las cláusulas de reasignación, pero dejando afuera a los deudores calificados. Esto es, ellos mismos. ¿Por qué, entonces, sería útil la existencia de las cláusulas, pero siempre que no se incluya a los grandes fondos de inversión y los tenedores de deuda individuales más importantes? La reflexión es simple: su hay un acuerdo final con BlackRock y sus aliados, la mayoría de los acreedores estaría dentro de un acuerdo, quedando fuera la mayor parte de los individuales, que en total sumarían unos u$s25.000 millones en títulos públicos. Guzmán podría, una vez cerrado el canje con el Ad Hoc y Exchange Bondholders, comenzar a aplicar su Excel de reasignaciones, pero en lugar de tener a los grandes fondos en la mira sus víctimas serían los tenedores particulares. Si bien sería un cambio de objetivo, sería un buen debut para la aplicación de las cláusulas. Un “win win”, al menos según la visión de los acreedores.
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