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Se viene un techo legislativo a la dolarización inmobiliaria

En la lista de leyes que tratará el Congreso figura primera la de alquileres, ya en pleno relevo presidencial. Detrás aparece otra prioridad vinculada a la vivienda: el ajuste en función de los ingresos de los deudores de las cuotas de hipotecas con cláusula UVA. Podría justificarse esta prioridad en que la inflación y la devaluación tornaron inaccesible tanto comprar una vivienda financiada a largo plazo o alquilarla, debido a que los contratos se encarecieron por encima de la capacidad adquisitiva de los salarios. El precio del metro cuadrado, al seguir rigiéndose por el dólar, se ha vuelto resistente a la depreciación de la moneda, lo que hace que las cuotas de las hipotecas con cláusula UVA sean vez más onerosas pero aún así el saldo de la deuda crezca. Además, los potenciales compradores, plata en mano, se niegan a convalidar los actuales niveles de cotización, por considerarlos inflados, y los tiran abajo con ofertas de quita del 25% para concretar la transacción. Ergo, el mercado está parado, mientras algunos propietarios, en consecuencia, optaron por reemplazar transitoriamente el cartel de venta por el de alquiler. Aspiran, eso sí, a percibir una renta que deje un plus después de enjugar los costos tributarios. Así se llega al otro nudo: valor inicial elevado, indexación por IPC anticipada, 2 años de contrato y endurecimiento de requisitos, marchan a contramano de la realidad del inquilino, cuyo salario viene más que golpeado, el empleo tambalea y sabe que sus ingresos futuros irán por detrás del índice de precios. El cráter que se abrió entre la valuación de las propiedades dolarizada y el poder adquisitivo pesificado de los eventuales deudores o inquilinos no parece tener otro puente para cubrirla que el de una baja en la tasación inicial inmobiliaria.


La quita de capital que se cierne sobre los tenedores de bonos de deuda emitidos por el Estado (un recurrente impuesto forzoso a las crisis que la clase política acostumbra a cobrar en Argentina) es sólo el principio de un reajuste patrimonial mucho más amplio que se está gestando en la economía nacional.
Se trata de una fáctica desdolarización que se irá consumando a medida que se concrete la incipiente devaluación inmobiliaria (tanto en compraventa como alquiler), en las rentas de la especulación financiera y, en definitiva, en el nivel de los ingresos de la población en términos internacionales.     
De lo poco que se sabe que hará el gobierno entrante de Alberto Fernández cuando asuma dentro de un mes, comenzó a delinearse un marco de convocatoria a una tregua social, que avalan las corporaciones sindical y empresaria, e implicaría, en  teoría, desenganchar la rueda de la indexación de la carrera entre precios y salarios, que no se confirmó aún si se extenderá a tarifas y al sistema previsional.  
El poder adquisitivo de las remuneraciones activas y pasivas, medido en dólares, ya emprendió la retirada. El mínimo interprofesional que calcula datosmacro del sitio español expansion.com retrocedió entre enero y setiembre -10,6%, contra 47,7% que avanzó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo lapso.
No sólo descendió varios pisos en América Latina, sino que las viviendas, los automotores, no acompañaron el desinfle sino todo lo contrario: se han venido resistiendo a la baja a pesar del estancamiento en que prácticamente ambos se sumieron.  
Afrontar el alquiler de una propiedad con un sueldo que a fin del año pasado equivalía a US$356 y en setiembre bajó a US$269,43 es evidente que se hace cuesta arriba para los alrededor de 8 millones de inquilinos que hay en nuestro país, ya que el valor locativo a duras penas se acomodó a ese nuevo escalón en algunas localidades urbanas.
Buena parte de los propietarios que reforzaron la oferta de los departamentos en alquiler cambiaron el cartel de venta que le habían colocado, en general, con más de 10% de sobreprecio desencantados, en su gran mayoría, de rechazar propuestas -25% inferiores a lo que pedían.
Parálisis inmobiliaria
A la fecha, la compraventa de inmuebles en el país se encuentra prácticamente paralizada, sin crédito hipotecario para que puedan acceder los necesitados de vivienda (como sucedió con los UVA).
Revolotean inversores plata en mano, persuadidos de que los actuales valores están inflados del 25% para arriba. Enfrente, los dueños que se resisten a aceptarlo, no pocos de los cuales, bajo el argumento de que no regalarán su casa, prefieren antes recalar transitoriamente en los alquileres.
El proyecto de ley de alquileres que tratará la Cámara de Diputados en cuanto se normalice su funcionamiento contempla encuadra este tira y afloje, ya que alarga un año el plazo de los contratos, que era de 2, modifica la fórmula de actualización de los montos, flexibiliza requisitos de garantías que filtran a una parte importante de los que buscan alquilar, y torna más ejecutiva la resolución extrajudicial de conflictos, de 30 a 60 días. 
El problema de fondo, visto del lado de la demanda, tiene que ver con el nivel de esfuerzo que significa para cada familia vivir bajo techo, para el cual se cruzan los datos de los sueldos y los costos del alquiler según las ciudades de residencia. 
La asimetría es flagrante en Buenos Aires entre lo que se tasa para vender y para alquilar, según relevó RIAL Di Tella – Navent y reproduce un artículo publicado en el sitio zonaprop, que firma Lucía Benavente: se trata de la ciudad que tiene el metro cuadrado más caro de América Latina, con un valor de US$3.125. Al mismo tiempo se halla en el puesto 51 respecto de su valor locativo en este ranking de 55 países, con un departamento de 2 dormitorios que promedia 397 US$/mes.
Si se tiene en cuenta que, a agosto de 2019, el sueldo medio del sector privado que registra la cartera laboral ascendía a unos US$590, el costo de la vivienda se estaría llevando casi el 80% de un ingreso, lo cual requeriría de otros miembros de la familia u otro trabajo o changas para reforzarlo.
O caso contrario, cabría encomendarse a una mejora en la situación salarial, que a esta altura suena a utopía, o lo que sería más factible, a un reacomodamiento hacia la baja de las valuaciones inmobiliarias. 
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un inmueble estándar cuesta más en dólares en la Argentina que en España y USA, cuando en esos 2 países el poder adquisitivo es más del doble y hay acceso a créditos hipotecarios a 30 años al 2% y 4% anual respectivamente. 
En todo caso, como el alejamiento de acceder al techo propio no deja otra opción que alquilar, los precios seguirán siendo resistentes a ceder. Ya actualmente el 28,3% del gasto de los hogares inquilinos se utiliza para consumos relacionados con la vivienda, casi un 13,8% más que la media nacional, según datos del INdEC. 
Contextualizando con lo que ocurre afuera del país, la tasa de esfuerzo para pagar el alquiler en Buenos Aires no estará en el 76,8% (porción del sueldo que se lleva) de un Hong Kong, ni en el 60% de México y Shanghai, como tampoco del 56,8% y 55,5% de Sao Paulo y Río de Janeiro. Sin embargo, se ubica en 37,7%, a mitad de camino en Latinoamérica, de acuerdo con un informe comparativo de precios a nivel mundial llamado “Mapeando los precios del mundo 2019 que realizó el Deutsche Bank.
Del otro lado, Chicago reúne una envidiable relación entre sueldos altos y alquileres proporcionalmente accesibles: con un 18,8% de lo que gana una pareja destinado al nido, luego viene Zurich y San Francisco.
La curva que vayan cruzando de ahora en más los sobrevaluados inmuebles argentinos, en su versión patrimonial y locativa, con los devaluados salarios dependerá del ritmo en que derramen los dólares del colchón a la actividad. 
El retroceso en más de $10 del dólar 'blue' en apenas unos días mostró que, tras la reacción en cadena de compras impulsivas minoristas de billetes ante la incertidumbre electoral, no ha sido que renazca la calma, sino que muchos de los que se jugaron enteros en moneda dura ahora tienen que ir vendiendo en cuentagotas para cubrir los gastos del mes.
También estuvieron a la orden del día los tarjetazos para aprovechar ofertas de planes de cuotas en pesos sin interés, lo cual se reflejó en un alza de $42.000 millones en el saldo promedio mensual de setiembre y octubre. 
Y hasta hubo un levísimo repunte en los préstamos personales bancarios, que aun así como acumulan 6 meses consecutivos de retroceso no sirven como indicadores de recuperación alguna.
De este modo, podría inferirse que las escalas ciudadanas que escapan a la calificación de pobreza y a la angustia de llegar a fin de mes (la mitad de la pirámide socioeconómica aproximadamente) se pertrecharon en la transición para afrontar lo que venga: se endeudaron todo lo que pudieron en pesos y descosieron el cotín del colchón para apelmazar la mayor cantidad posible de dólares.  
La gran incógnita está en el paso a paso del retorno al circuito del consumo de ese enorme atesoramiento, que tácitamente esconde la decisión de no renovar el auto que adoptaron después que los precios saltaran al doble el año pasado y en el actual se mantuvieran a valor dólar, a costa de cerrar 2019 en un poco más de 400 mil unidades. 


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