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El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores(ADDUC), Osvaldo Bassano, dialogó con Guillermo Favale por Radio 10, respecto del tarifazo en los servicios públicos.
Bassano ironiza respecto de las medidas y se pregunta si, así como se cuestionó el título de abogada de Cristina Kirchner, alguno de los economistas del gobierno, lo son realmente. Y esto porque sostiene que "no tienen noción del desastre que están provocando con el aumento de las tarifas" e indica que en fallos judiciales por amparos ante los tarifazos, se sotiene que hay una diferencia entre las caja de las empresas y la prestación de servicios.
Agrega que "si ud le saca las retenciones al campo, no tiene ingresos, de algún lado tiene que tener dinero; por lo tanto, sacando las subvenciones de alguna manera quiere cubrir la caja, pero dejan un tendal tan descomunal que llegan al absurdo de estipular que aquella persona que tenga un auto de 15 años no se puede acoger a la tarifa social".
Luego se refiere al sevicio del agua, que es vital y no puede dejar de prestarse el servicio, que es un tema sanitario.
Y señala que "nos encontramos con estos dislates de gente que no tiene la más pálida idea de cómo es gobernar un país y lo único que les interesa es la caja de la empresa". Entonces en una cuenta rápida, para una casa con una familia tipo calcula un gasto de servicios de alrededor de 2500 o 3000 pesos mensuales que es imposible para cualquier ingreso medio.
Respecto de las acciones judiciales, remarca que todas las asociaciones de consumidores se están presentando a la justicia porque las tarifas no se condicen con las prestaciones y porque son imposibles de pagar.
Bassano comenta que hay dos formas de ver el tema de las tarifas en servicios públicos; o tenemos el principio elemental de derecho público, que el servicio público hay que mantenerlo a cualquier costo, o pensamos que la única forma es generando una ganancia a las empresas.
Finalmente sostiene la necesidad de una audiencia pública, que el estado no puede retirarse de la prestación ya que es un servicio público aunque esté concesionado y que en el caso del agua no hay otra alternativa que subvencionarla.
"Nos están sacando los servicios aumentando los servicios pero están sacando impuestos a aquellos que tienen más ingresos" y que no puede ser que la gente con su patrimonio sostenga la transferencia brutal de ingresos a favor del bolsillo del 1% que más tiene.
Bassano ironiza respecto de las medidas y se pregunta si, así como se cuestionó el título de abogada de Cristina Kirchner, alguno de los economistas del gobierno, lo son realmente. Y esto porque sostiene que "no tienen noción del desastre que están provocando con el aumento de las tarifas" e indica que en fallos judiciales por amparos ante los tarifazos, se sotiene que hay una diferencia entre las caja de las empresas y la prestación de servicios.
Agrega que "si ud le saca las retenciones al campo, no tiene ingresos, de algún lado tiene que tener dinero; por lo tanto, sacando las subvenciones de alguna manera quiere cubrir la caja, pero dejan un tendal tan descomunal que llegan al absurdo de estipular que aquella persona que tenga un auto de 15 años no se puede acoger a la tarifa social".
Luego se refiere al sevicio del agua, que es vital y no puede dejar de prestarse el servicio, que es un tema sanitario.
Y señala que "nos encontramos con estos dislates de gente que no tiene la más pálida idea de cómo es gobernar un país y lo único que les interesa es la caja de la empresa". Entonces en una cuenta rápida, para una casa con una familia tipo calcula un gasto de servicios de alrededor de 2500 o 3000 pesos mensuales que es imposible para cualquier ingreso medio.
Respecto de las acciones judiciales, remarca que todas las asociaciones de consumidores se están presentando a la justicia porque las tarifas no se condicen con las prestaciones y porque son imposibles de pagar.
Bassano comenta que hay dos formas de ver el tema de las tarifas en servicios públicos; o tenemos el principio elemental de derecho público, que el servicio público hay que mantenerlo a cualquier costo, o pensamos que la única forma es generando una ganancia a las empresas.
Finalmente sostiene la necesidad de una audiencia pública, que el estado no puede retirarse de la prestación ya que es un servicio público aunque esté concesionado y que en el caso del agua no hay otra alternativa que subvencionarla.
"Nos están sacando los servicios aumentando los servicios pero están sacando impuestos a aquellos que tienen más ingresos" y que no puede ser que la gente con su patrimonio sostenga la transferencia brutal de ingresos a favor del bolsillo del 1% que más tiene.
