El presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), Raúl Cereseto, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre las pérdidas millonarias que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) genera a las naciones en desarrollo.
Un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) determinó que Argentina ocupa el tercer puesto entre los países más perjudicados por la pesca ilegal a nivel mundial y es el mayor damnificado en Latinoamérica. Al respecto, su presidente Raúl Cereseto indicó: “Toda la flota extranjera, mucha de la cual es China, se estaciona sobre el alambrado virtual en la milla 200 que tiene a Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, África”.
“Estudios han contabilizado 460 buques pesqueros frente al Atlántico argentino, que todos tienen radares, pueden ver qué tan cerca está el buque de Prefectura Naval, que apagan su monitoreo satelital y se meten ilegalmente a pescar”, agregó.
En cuanto a la responsabilidad del gobierno argentino, aclaró: “La Prefectura Naval hace lo que puede con los recursos que tiene. Acá lo que tenemos que ver es cuánto valor le asigna la política a la actividad pesquera”.
“Hay un registro que dice que la Prefectura capturó ochenta buques extranjeros en los últimos treinta años. El tema hay que abordarlo desde varios frentes: con una multa importante; con la reforma del Código Penal que tipifique el hecho como un delito y que las personas involucradas tengan responsabilidades penales; estableciendo áreas protegidas”, amplió.
A su vez, se refirió a las especificidades de la pesca marítima: “La flota argentina y la extranjera pescan la misma especie y la venden al mismo mercado, pero en una competencia absolutamente desleal; afuera no se controla nada. Las tres principales especies que produce el país son langostino, merluza y calamar”.
“Tenemos un nivel de exportación que puede llegar a alcanzar a 2.000 millones de dólares y que compite con la carne. En consumo interno estamos a años luz de tener un buen consumo de pescado, no hay una política en este sentido, más allá de acciones puntuales del gobierno”, añadió. Asimismo, evaluó: “Hay que articular los esfuerzos de los privados y públicos, con políticas que promuevan el consumo y que contengan precios sociales, es decir que se comercialicen a bajo costo”.
En esta línea, continuó: “Hay mucho por trabajar en la cadena de comercialización, en las tarifas diferenciales y en la enseñanza de cocinar pescado. Es la sumatoria de las 3.500 toneladas que sacan frente a la costa argentina más la pérdida de competitividad de la propia flota nacional porque los extranjeros no pagan impuestos”.
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