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La gremial reclama un tipo de cambio preferencial, con el argumento de que las Pymes se vuelcan al mercado interno por pérdida de rentabilidad exportadora
Era inevitable: ahora todos quieren "su" dólar sectorial. Además del tipo de cambio alto que se viene reconociendo desde el invierno pasado a los productores sojeros y se hizo extensivo a muchas economías sectoriales vinculadas al agro, se agregó el pedido de un dólar especial para la industria Pyme.
Ya lo había advertido el "ministeriable" Emmanuel Álvarez Agis: "El dólar soja es como darle una tablet a un nene, una vez que se lo das después te la va a pedir todo el tiempo". Otros de sus colegas recurrieron a metáforas menos simpáticas y comparaban al dólar soja con la adicción a una droga que, cuando se la abandona, genera un síndrome de abstinencia.
Lo cierto es que cada día que pasa se va consolidando en el mercado la percepción de que el régimen cambiario preferencial provocará una seguidilla de reclamos de tal forma que el dólar oficial terminará siendo la excepción y no la norma.
El pedido, que en realidad ya se había insinuado el año pasado durante el debate sobre la creciente escasez de divisas, aprovechó el "timing" del nuevo esquema de incentivo exportador para reflotar una vieja aspiración de la agremiación Industriales Pymes Argentinos (IPA). Pide un dólar especial para las industrias exportadoras.
O, mejor dicho, plantea su aspiración de que se dé vuelta el "spread" entre la punta compradora y la vendedora del tipo de cambio oficial. Es decir, que el Banco Central le reconozca un dólar más alto a la Pyme exportadora pero que se mantenga un tipo de cambio bajo a la hora de venderle las divisas a las Pymes que necesitan comprar insumos en el exterior.
El argumento planteado por Daniel Rosato, presidente de la entidad industrial, es que el dólar oficial a $210 quedó tan bajo que a las empresas argentinas ya no les resulta redituable la exportación y prefieren focalizarse en el mercado local.
La advertencia de una recesión industrial
La consecuencia de esa situación, destacan los industriales, será negativa para la economía en su conjunto, porque no es inocua la sustitución del mercado exportador por el doméstico. Ante la pérdida salarial que está provocando la inflación, se empezará a producir una competencia interna por precio que achicará los márgenes de ganancias. El peligro, advierte Rosato, es que el proceso actual derive en pérdidas de puesto de empleo, un mayor grado de informalidad en la industria y hasta el cierre de plantas productivas en los sectores más comprometidos.
Lo cierto es que los indicadores oficiales parecen darle la razón. El índice de producción industrial manufacturero que mide el Indec registró en su última medición de febrero una caída interanual de 1,4%, mientras que en la comparación contra el mes previo muestra una baja de 1,3%.
Y los dirigentes industriales ponen en el centro de los problemas la escasez de divisas para la compra de insumos. Entre los economistas está ampliamente aceptada la regla del "tres a uno", por la cual para que el PBI crezca un punto es necesario que las importaciones crezcan tres puntos.
Este año, lejos de que ocurra esa fórmula, se dará la variación negativa. Una estimación de Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, indica que las autorizaciones de importación -sin considerar el rubro de energía- para los próximos siete meses oscilará entre u$s3.000 y u$s3.500 millones mensuales, lo cual implica un desplome del 40% respecto del nivel registrado el año pasado.
No es de extrañar, por lo tanto, que después de un 2022 en el que el PBI registró una variación positiva de 5,2% a una recesión que se ubicará en 2,7%, según proyectan los economistas que participan en la encuesta REM del Banco Central.
Los costos ocultos del dólar sectorial
A primera vista, no parece fácil que el reclamo de la gremial industrial pyme tenga eco de parte del Gobierno. Después de todo, ya bastantes críticas ha recibido por la nueva edición del "dólar soja", que está mostrando dificultades en su arranque por las desavenencias entre los productores sojeros y la industria aceitera.
Para colmo, mientras sigue en duda si se podrá cumplir el objetivo oficial de que se liquiden unos u$s5.000 millones en el próximo mes y medio, lo que sí se cumplirán son los llamados "efectos secundarios", como la distorsión en el mercado de alquileres de tierras y, sobre todo, la expansión monetaria derivada de la diferencia entre el tipo de cambio comprador y el vendedor.
En otras palabras, por cada dólar que se exporte bajo el régimen del "dólar agro", habrá una diferencia de $90 que terminará siendo convalidada por el Banco Central. El cálculo de la Mediterránea es que en la primera edición, en septiembre pasado, esa inyección de liquidez fue equivalente al 28% de la base monetaria, mientras que en diciembre, cuando se implementó el "dólar soja 2", la expansión fue equivalente al 10% de la base monetaria.
En esta ocasión la expectativa es que se pueda replicar una situación similar a la de diciembre, con el agravante, claro, de que en aquel momento la inflación corría a una velocidad crucero de 5% mensual y ahora lo hace a un 7%.
Con ese contexto, no parece que el equipo económico del Gobierno esté en las mejores condiciones como para considerar una medida de recibo la instauración de un nuevo tipo de cambio preferencial para las Pymes. Sin embargo, el lobby industrial plantea sus argumentos con el objetivo de obtener algún tipo de trato preferencial. Después de todo, la argumentación del Gobierno para estas medidas de política cambiaria reside, justamente, en la necesidad de contar con divisas con las cuales sostener el ritmo de la actividad industrial.
Olfateando el timing político
"El pago de las exportaciones al dólar oficial se volvió insostenible, debido a que muchas empresas tienen que importar para producir con costos muy altos, tanto por el financiamiento necesario para pagar las compras en el mundo, como también cuando surge la urgencia de tener que pagar apelando a dólares financieros", planteó Daniel Rosato.
Y su declaración pone el dedo en la llaga, dado que uno de los temas en debate interno en la coalición gubernamental es la de llevar al mínimo posible el suministro de divisas para las empresas argentinas que cuentan con deudas dolarizadas a saldar en el exterior. En ese sentido, un viejo anhelo del kirchnerismo es que el BCRA prescinda por completo de esa financiación y que las compañías apelen al crédito externo, asumiendo el costo del mercado.
Sobre ese punto, una encuesta difundida a comienzos de año por la Cámara Argentina de Comercio entre 200 empresas Pymes, el tema de la financiación era señalado como una de las principales dificultades operativas: un 61% habían declarado problemas para obtener el financiamiento a 90 días que exigía el nuevo sistema, lo cual había llevado a una caída generalizada en los niveles de stock.
El argumento de las industrias Pymes es que la falta de una solución a su problema, lejos de tener un impacto sectorial, terminará por expandir su consecuencia negativa al resto de la economía.
"Si bien es cierto que las exportaciones industriales no significan el mismo monto que aporta el campo a las reservas del Banco Central, las últimas noticias de una balanza comercial deficitaria, por la caída de las ventas de las Pymes, debe ser más que un llamado de atención para el Gobierno, debido a que habrá cada vez menos fábricas destinadas a vender sus productos en otras partes del mundo", sostuvo Rosato.
El argumento de los industriales Pymes es que su pedido de un dólar sectorial no necesariamente implicará un costo, porque el reconocimiento de más pesos para el sector se verá compensado con una mayor generación de divisas por exportación y, además, por la creación de puestos de empleo, un argumento que al Gobierno no le resulta indiferente en pleno año electoral.
En una concesión al léxico peronista, el comunicado de la agremiación IPA recordó que, junto a los sindicatos y gobernaciones provinciales, se encuentra en la primera fila para "desarrollar el modelo industrial con sustitución de importaciones". Pero, sobre todo, hizo un recordatorio sobre la necesidad de diferenciar a los empresarios pequeños de aquellos que tienen espaldas financieras.
"Dependemos de medidas urgentes para sostener la actividad, porque nuestras fábricas dependen del día a día. A diferencia de las grandes empresas, la rentabilidad de las Pymes no permite tener una espalda financiera que pueda soportar una crisis de largo plazo", remarcó el comunicado.
A juzgar por los antecedentes de otros pedidos de índole similar, el pedido de un dólar Pyme no parece encontrarse entre las prioridades de Massa y su equipo. Sin embargo, el clima político es propenso para la nueva temporada de reclamos. Y en un momento de proliferación de dólares sectoriales, los industriales Pyme no quieren quedarse al fondo de la lista.
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