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Tras los altos niveles de pobreza ¿Para qué enseñar a pescar si pueden seguir regalando pescados? El Gobierno analiza un Ingreso Universal Básico

 

No darle el pescado regalado a la gente sería casi suicida para las intenciones populistas de un Gobierno nacional agotado. (Dibujo: NOVA)

Hay un conocido proverbio chino que dice: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Parece que el Gobierno entiende que esta solución, de darle dignidad al pueblo no funciona, darles derechos sigue confundiéndose, a propósito, con dádivas, por eso, ante los terribles números de la pobreza registrados en este mes, lejos de buscar alguna solución “productiva”, la gran idea es seguir sacando a los trabajadores para darles a los que no trabajan, más ingreso, más populismo.

Según los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) los niveles de pobreza alcanzaron el 36,5 por ciento en Argentina. Mientras que por debajo de la línea de pobreza hay 2.684.779 hogares, que incluyen a 10.643.749 personas.

En este contexto, la propuesta de formular un ingreso básico y universal (IBU) en Argentina estuvo presente en varias discusiones del debate público y político para dar respuesta a una problemática estructural (la pobreza) en un contexto de emergencia social, según lo expresado por CIPPEC.

El actual sistema de protección social fue diseñado en función de la participación laboral. El principal instrumento de estas políticas ha sido siempre el sistema previsional (asegura ingresos a personas mayores que participaron del mercado laboral formal), además de otras prestaciones, como las asignaciones familiares o el seguro de desempleo.

Con los cambios en el mercado de trabajo, buena parte de la población quedó desprotegida y excluida, explica el informe. “En las últimas décadas, se avanzó en ampliar políticas de protección social a trabajadores/as no registrados/as y sus familias mediante políticas como, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y políticas de empleo orientadas a trabajadores/as en situación de pobreza”.

Este esquema cubre a casi toda la población, en términos de familias con niñas/os, aunque con grandes inequidades.

“Para llegar a ciertas resoluciones, deberíamos empezar por plantear algunas preguntas relevantes: ¿Estamos de acuerdo en que necesitamos resolver el problema de la pobreza? ¿Coincidimos en que tenemos que encontrar nuevos mecanismos de protección? ¿Estamos en condiciones de admitir que el pleno empleo formal es un objetivo, pero la probabilidad de alcanzarlo en el corto o mediano plazo es muy baja? ¿Quién se anima a argumentar que hay algo más prioritario que esto?”, plantean Gala Díaz Langou -directora ejecutiva de CIPPEC-, Joaquín Baliña Carola della Paolera, autores del documento “La discusión sobre el salario básico universal: ¿de qué elefante estamos hablando?”.

Qué se debate sobre el IBU

Primera consideración: “Ingreso básico” y “salario básico” no significan lo mismo. La noción de salario supone la existencia de una relación de trabajo, en la cual una parte obtiene un ingreso a cambio de realizar una tarea, mientras que la definición de ingreso básico no supone ninguna contraprestación.

Teniendo en cuenta los programas existentes, se debería considerar si existen déficits de cobertura y, de ser así, evaluar si es más conveniente ampliar/mejorar los programas ya existentes o generar uno nuevo (considerando el costo que supone y cómo financiarlo). Esto implica responder la pregunta: ¿Cómo dialoga el ingreso o el salario básico con el sistema de protección social que ya tenemos?

Si se plantean nuevos programas de amplio alcance, se debe considerar la inversión que suponen y cómo financiarla.

El IBU en números

CIPPEC hace un estimativo basado en datos del INDEC de 2021 (con una población estimada en 46,5 millones de personas) señala:

Cubrir a toda la población con un ingreso básico universal (equivalente a la canasta básica de alimentos de 10.667 pesos a esa fecha) costaría 13 por ciento del PBI –aproximadamente-: el equivalente a casi la mitad de todo el gasto del gobierno nacional por cualquier concepto.

Si se destinara a la población en edad laboral activa que no recibe otras prestaciones ni tiene empleo formal, cerca de 12,5 millones lo recibirían. Este costo estaría en torno al 3,5 por ciento del PBI: alrededor de lo que gastan todos los municipios del país por cualquier concepto.

Si el número se redujera al de destinatarios y destinatarias que recibieron el IFE en 2020 (9,1 millones), el costo alcanzaría el 2,5 por ciento del PBI: el gasto del gobierno nacional en Salud (incluyendo al PAMI) y Educación.



agencianova