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Por Gabriel Morini
El proyecto presentado por senadores de la bancada kirchnerista sería totalmente intrascendente si se lo escinde de la foto con la que Cristina de Kirchner escenificó la presentación de la iniciativa en su retorno a la centralidad política, dentro de la interna del Frente de Todos. La convocatoria del embajador de los Estados Unidos Marc Stanley al despacho de la vicepresidenta excede el motivo de plasmar una mera gestualidad de “apoyo” al proyecto, a secas. La clave detrás del tópico que abordó la expresidenta encuentra su origen en la FATCA –la legislación que loa Estados Unidos aprobó en 2010 y exige a entidades financieras extranjeras de todo el globo que informen los detalles bancarios de cuentas de clientes que sean ciudadanos estadounidenses-. Ese acuerdo denominado Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) es, hoy, unidireccional. La información sólo va desde Argentina hacia el Norte. No vuelve.
Recíproco
Las dos palabras centrales de esa gestión del lunes que se le reclamaron a la Casa Blanca son “reciprocidad” en el flujo de información y “masividad” para que se corran automáticamente los datos anuales que permitan detectar personas físicas o jurídicas argentinas que hayan constituido activos como titulares o beneficiarios finales y no, eventualmente, tener que reclamar caso por caso. Sería el último gran intercambio de información que le queda pendiente a la Argentina, que también adeuda uno con Paraguay pero de mucha menor escala. Según resolución del IRS –Internal Revenue Service, el organismo recaudador de los Estados Unidos- esa información que podría recopilar para intercambio es a nivel federal, lo que incluiría la actividad de los “trust” centrada en Delaware, Dakota del Sur, Alaska, Florida o Nevada, de acuerdo a la tabla de opacidad financiera que recopila una ONG como Tax Justice Network.
En los fundamentos del proyecto se incluyó un llamativo recuento de todas las acciones llevadas a cabo por las administraciones kirchneristas para implementar acuerdos de transparencia fiscal y tácitamente quedó plasmado que no ha habido mayor acción en los últimos años. Por eso, sin este contexto, parecería redundante que se “inste” a la AFIP a hacer, básicamente, su trabajo que es recaudar. Para la historia quedará que cuando se estaban por acercar posiciones para lograr esa reciprocidad con los Estados Unidos ocurrió el extraño episodio de la requisa a un avión militar de ese país, el 10 de febrero de 2011. Se incautó material bélico y de comunicaciones en un inédito operativo encabezado por el entonces canciller Héctor Timerman. La negociación (y la relación) bilateral explotó por el aire.
Errores
Más allá de la discusión estéril entre aplaudidores y objetores de la iniciativa oficial, el proyecto debe ser tamizado técnicamente y solo a la luz de lograr un acuerdo de estas características que vuelva operativo el FATCA para la Argentina. En cualquier otra instancia, las fuentes de información que pueden nutrir las pesquisas flaquean, el temor de los evasores a ser descubiertos se aplaca, y los resultados de un eventual blanqueo se quedan sin mayores instrumentos. Queda por ver si la figura del “colaborador” aporta una vía colateral de suministro de información viable. Olvídense de los contadores. Es una zona gris en la que se corre el riesgo de infligir otras leyes o ir contra jurisprudencia pacífica. Queda de lado la claudicación ante una figura que al kirchnerismo le trajo todo tipo de sinsabores en materia penal.
Sobresale que no se trataría de un nuevo impuesto, sino de un nuevo blanqueo de capitales sazonado con el fondo especializado para pagar la deuda con el FMI, en un hilo que conceptualmente no tiene fisuras. Pero al ser un instrumento de este tipo –sin poner en tela de juicio la jugada política que reagrupa al disperso tablero oficialista, ofrece un relato asequible contra un enemigo ideal y perverso, y espabila a los organismos investigativos financieros a entusiasmarse con la búsqueda- ofrece algunos flancos que podrían ser discutidos a la luz de las premisas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Un ejemplo podría ser que no establece una fecha de corte, más allá de los plazos de 6 meses de gracia para una suerte de “autodeclaración” para pagar una alícuota menor. O la ausencia de mecanismos de trazabilidad para la porción de activos que sean hallados y no terminen afectado al fondo para el FMI. Llanamente, o se repatrían los fondos o se depositan. No lo dice el proyecto. También hace algún “ruido” la reforma indirecta de la Ley de Entidades Financieras haciendo una suerte de levantamiento de secreto fiscal y bancario sin necesidad de una orden judicial, lo que podría sustraer a los tribunales de una facultad que se aplicaba en el marco de investigaciones que podrían, ahora, no llegar a judicializarse.
En otras épocas, y ante estos obstáculos, la creatividad recaudatoria de los países iba a la pesca de arrepentidos, hackers o filtradores de bases de datos que permitieran dar con evasores con mayor precisión.
Alarma
El dato que hilvana el movimiento político de Cristina de Kirchner se apoya en una cifra alarmante: el monto de activos en dólares declarados por argentinos en el exterior tocó su máximo luego del blanqueo impulsado por Cambiemos y no hizo otra cosa que reducirse en los últimos años en hasta u$s 15 mil millones. Es un universo de contribuyentes de 110 mil personas, aproximadamente, según el impuesto a Bienes Personales. Refleja una pérdida de más del 10% de la base imponible que hizo que se desacoplara la recaudación si se la compara con el alza general, en términos porcentuales. Eso se explica por la pérdida de residencia fiscal de contribuyentes que entre 2020 y 2021 superó el 50% de los que habían mudado su residencia para el pago de tributos durante la gestión Macri. El cálculo estimado sobre los dólares fuera del sistema –colchón o fuera del país- podría alcanzar una cifra cercana a los u$s 290.000 millones. Los tributos que el fisco no recaudó pueden, con estimaciones, ser cercanos al 50% del PBI de la Argentina. Un escándalo.
Colaboración
Desde la adhesión de la Argentina a la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (OCDE-CE) el 3 de noviembre de 2011, los esquemas de colaboración son con más de 140 jurisdicciones, mientras que el Common Reporting Standard (CRS) importa un intercambio automático sobre alrededor de 115 jurisdicciones. El país también cuenta con convenios de doble imposición con 21 países, a la vez que los acuerdos bilaterales de intercambio de información impositiva llegan a 26 países. La AFIP se nutre de información proveniente de más de 100 jurisdicciones y le provee datos a otras 77.
Parte de la reunión con Stanley –más allá de los “chocolates patagónicos”- se apoya en la base de que la Argentina y Estados Unidos firmaron el 23 de diciembre de 2016 el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria que permitiría avanzar en una negociación que quedó pausada desde hace casi 6 años. La firma de una FATCA recíproca parece ser la única vía para el éxito de una medida de estas características y que no naufrague en el posibilismo. Estados Unidos no suele regalar lo que puede intercambiar.
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