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El dato de inflación confirmó un inicio complicado para el gobierno y para la estabilidad de la economía local. El 3,9% mensual del primer mes del año y una inflación anual que se mantuvo levemente por debajo del 51%.
En primer lugar, la inflación núcleo presentó un incremento del 3,3% y cumple 16 meses por encima del 3%, pese a los esfuerzos por sostener un tipo de cambio atrasado respecto de la inflación. A su vez, la suba de los regulados alcanzó 2,8% y el líder fue el segmento de precios estacionales, que alcanzó un avance del 9%.
En particular, el dato de alimentos sigue siendo el más desconcertante para el gobierno. La suba del mes de enero se ubicó en torno al 5%, que, de repetirse a lo largo del año, significaría una inflación cercana al 80%. Las subas más significativas estuvieron relacionadas a aumentos de productos estacionales, como la categoría de “Verduras, tubérculos y legumbres” cuyo aumento fue del 30,8%, mientras que el de las frutas estuvo por encima del 8%.
Frente a esto, el gobierno tomó medidas en los últimos meses que distan de ser efectivas. En términos macroeconómicos, atraso tarifario y una tasa de devaluación que desaceleró durante todo el segundo semestre de 2021 y que ahora empezó a tomar mayor velocidad. Este escenario genera ciertas complicaciones. Sucede que para marzo se espera que se concrete un aumento tarifario de en torno al 20% para todos los usuarios y de algo similar al 100% para algunos usuarios de AMBA según el diagrama diseñado por la secretaría de energía, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, el reciente aumento de la tasa de devaluación que se espera continue en línea con la decisión de suba de tasas por parte del BCRA que hoy alcanzan 41,5%.
En el plano microeconómico, se llevó adelante la ampliación del programa de Precios Cuidados, acuerdo de precios con supermercados y la última propuesta: la creación de una empresa pública de alimentos. Según las palabras de Rafael Klekzer, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, la presencia de la nueva empresa “permitirá impulsar el rol activo del Estado, en cuanto a la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos, en un mercado que hoy está fuertemente concentrado y en manos de grandes corporaciones”.
Lo cierto es que esta nueva iniciativa no dará resultado y se sumará a la lista de medidas que no aciertan en dar con el objetivo de reducir la inflación. No es una cuestión de la influencia de las empresas estatales sino de cual es su fin y, sobre todo, su funcionamiento. Las empresas estatales existen en todo el mundo: el promedio de cantidad de empresas con participación pública en los estados miembros de la OCDE es de 39 por cada país. En la Argentina ese número es de 52 (con más de 50% de participación) y sube a más de 100 si se incluyen las empresas en las que el Estado tiene una participación minoritaria.
Cuando se analiza por sectores, la incidencia de empresas productoras de alimentos es 0 y la mayor parte se concentra en el segmento financiero, la electricidad, gas y agua y en menor medida, el transporte. Incluso, cuando se lo mide por nivel generado de empleo, la ponderación del sector financiero cae al 8% y las otras dos toman mayor relevancia.
Es de esperar que esta decisión, en caso de concretarse, tenga un impacto nulo sobre la inflación e incluso incremente el principal problema de las empresas públicas argentinas que radica en su nivel de déficit operativo, que mes a mes se encuentra en ascenso y se financia principalmente mediante emisión monetaria, agravando el problema inflacionario. En el año 2021, el déficit de las empresas públicas alcanzó US$ 3.825 millones, más que duplicando el de 2019, en US$ 1.746 millones.
invecq
