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Aysa, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino encabezan la lista. El déficit de las empresas públicas consume cerca de un 0,7% del PBI.
Entre los subsidios económicos y los gastos para mantener las empresas públicas, el Estado destina más de US$ 16.000 millones anuales (o 1,6 billones de pesos, al tipo de cambio oficial). Aysa, Aerolíneas Argentinas y Correo se destacan ente las compañías que requieren más asistencia estatal para mantener a flote su operatoria. Si bien generan ingresos por sus actividades, los mismos no alcanzan para cubrir su presupuesto.
Los economistas Martín Polo y Nicolás Gadano pusieron la lupa en estas erogaciones. Polo estima que las empresas públicas requieren una asistencia anual aproximada en US$ 3.600 millones (más de $ 360.000 millones) para solventar sus pérdidas.
Según Polo, el déficit de las empresas públicas consume cerca de un 0,7% del PBI. En 2020, su cálculo es que las compañías del Estado consumieron el equivalente al 0,52% del PBI.
“Mi estimación es de déficit operativo en base caja. Después el Gobierno suele meter otros números, hace artilugios contables. Pero el dato oficial es el de la caja, quizás después el Gobierno usa otras justificaciones”, analiza Polo.
El presupuesto para las empresas públicas de este año era de $ 460.923 millones. Pero, tras ampliaciones y gastos que se suelen asignar a fin de año, las erogaciones se ubicarán más cerca de $ 700.000 millones. Puede haber más reasignación de partidas en diciembre, advierten los especialistas.
Aysa requería una asistencia anual de $ 95.000 millones en documentos existentes. Pero, durante la semana, recibió una asistencia adicional de $ 60.000 millones. En ese caso, el Estado subsidia $ 155.000 millones de su gasto.
La empresa presidida por Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa) proyectaba ingresos por $ 48.800 millones, mientras que sus gastos corrientes -es decir, solo para la prestación del servicio de agua y cloacas- alcanzaban los $ 69.600 millones, lo que arrojaba una pérdida de $ 20.700 millones. Eso era en documentos ya existentes sobre sus gastos.
La empresa estatal (fue privada, pero el accionista francés se fue del país tras la crisis de 2001-2002) suponía gastos de capital por $ 117.200 millones para este ejercicio de 2021. Entre las transferencias corrientes del Tesoro Nacional y transferencias de capital de otro origen, Aysa iba a recibir $ 94.471 millones. Pero la ampliación de la última semana puede redefinir esos números.
La asistencia a Aysa en la gestión anterior cayó un 27%. Pero fue por incrementos en las tarifas por el servicio de aguas y cloacas. Mejoraron las cuentas públicas, pero la medida hizo mella en la popularidad de la administración de Mauricio Macri.
Aerolíneas Argentinas perdió US$ 700 millones en 2020 y este año tendrá un rojo cercano a los US$ 600 millones (o $ 60.000 millones al tipo de cambio oficial). “Va a ser una pérdida parecida, un poco más alta pero parecida, a la de 2019. Estamos en 11.400 empleados, porque se van yendo por jubilación y no los vamos reemplazando, hay un decrecimiento vegetativo. Como no tenemos operación, no surge la necesidad de reemplazarlos”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas, a Clarín en su edición del 4 de octubre.
“En 2019, el ingreso fue de US$ 1.700 millones, en 2020 bajó a US$ 500 millones y en 2021 va a ser de US$ 600 millones. De modo que se está perdiendo lo mismo, pero con un tercio de la facturación de dos años atrás. Bajan los ingresos y también bajan los gastos, ya que no se estaba operando (volando)”, según Ceriani.
Correo Argentino tenía un presupuesto de $ 6.300 millones para este año. Luego, recibió $ 3.440 millones adicionales y en total “llega a $ 28.592 millones de déficit, que es cuatro veces y media el monto presupuestado”, según Nicolás Gadano, que viene observando los números de las empresas públicas.
IEASA, la ex Enarsa, dispone de $ 150.000 millones entre gastos corrientes y obras. Se encarga de las importaciones de gas desde Bolivia y compra GNL en barcos. Hasta ahora, no había ejecutado todo el crédito. Todo indica que el próximo invierno pagará más caro por el gas importado -que está en alza en todo el mundo-.
La empresa estatal solía encabezar el ránking de las mayores consumidoras de subsidios durante muchos años. Pero ese podio lo perdió a manos de Cammesa.
Cammesa es la mayorista del sistema eléctrico. Les cobra a las distribuidoras mucho menos que los costos de la generación eléctrica. De esa forma, mantiene las tarifas congeladas, o con subas leves, a expensas del Tesoro nacional. Este año ya recibió más de $ 700.000 millones.
Solo el 20% de Cammesa es propiedad del Estado. El resto es de otros actores del sistema eléctrico. Pero como la decisión de no trasladar los costos a tarifas es del Poder Ejecutivo nacional, el Tesoro suministra liquidez a Cammesa.
El sector eléctrico es el principal motor de los subsidios. Pero los asignados a Cammesa e IEASA no van dentro de lo correspondiente a empresas públicas, sino que está sindicado en el presupuesto como subsidios “económicos”, otra categoría.
En la última ampliación presupuestaria, hubo otros beneficiarios. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) obtuvo $ 4.600 millones. Ya tenía asignados $ 6.400 millones. La extracción de carbón en Santa Cruz terminará costando más de $ 11.000 millones.
Radio y Televisión Argentina (RTA) recibió $ 2.860 millones, que se suman a los $ 4.891 millones que poseía hasta septiembre. Los medios del Estado necesitaron asistencia por $ 7.751 millones.
La Casa de la Moneda obtuvo $ 1.000 millones. Ya contaba con $ 3.126 millones en sus cajas.
Es una obviedad, pero hay que recalcarlo: ninguna de estas empresas se puede sostener con sus propios ingresos.
La reversión de una tendencia
Las transferencias del Tesoro a empresas públicas ocupaban un 0,2% del PBI en 2007. Desde que Cristina Fernández de Kirchner llegó a la presidencia, esas asignaciones tocaron un récord: en 2014, eran un 2,4% del total de la economía.
La administración anterior, de Mauricio Macri, se dedicó a disminuir esos números. Gustavo Lopetegui fue el encargado de esa tarea, baja la órbita de jefatura de Gabinete. En 2015, los subsidios a empresas públicas representaban un 1,5% del PBI. En 2019, habían bajado a 0,7%, más de la mitad.
Las cifras de 2020 y 2021 no están claras. Martín Polo estima que fueron 0,52% del PBI en 2020 y 0,7% en 2021, pero sabe que sus cálculos difieren de la forma en que los hace el Poder Ejecutivo.
La administración anterior definió un programa para las empresas públicas para que sean menos deficitarias, más productivas y más transparentes. Allí se buscó el aumento de ingresos, que generó reducción de transferencias (por ejemplo, en el caso de Aysa). También se apuntó a que los directores presentarán declaraciones juradas, y que pudieran demostrar antecedentes en las industrias en las que se desenvolvían.
La actual gestión no definió ningún rumbo específico para las más de 30 empresas que están bajo su egido. O, al menos, no hay documentos públicos al respecto. Todo indica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también podría mirar allí entre los espacios para realizar mejoras en el gasto público.
Martín Bidegaray
