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La semana cierra con una noticia algo polémica en medio de un proceso muy aceptable de roll-over de la deuda en moneda local por parte del Tesoro de la Nación. El Banco Central emitió la comunicación “A 7290” por la cual permite a los bancos integrar encajes con títulos públicos nacionales en pesos que no estén vinculados al dólar estadounidense –incluidos los ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)– y plazo de entre 180 y 450 días.
Si bien la determinación de la acción del BCRA rompe con la lógica de la regla prudencial establecida luego de la última crisis financiera del año 2001, con la cual se limita la tenencia de títulos públicos por parte de los bancos privados en su cartera de activos, no es la primera vez que sucede. A pesar de que ambas son de carácter “voluntario”, en el año 2018 ya había surgido la posibilidad integrar encajes a través del bono BONTE 2022 (TY22p), los cuales quedan excluidos de las normas que limitan el financiamiento del Sector Público No Financiero, es decir que no se tienen en cuenta para la responsabilidad patrimonial computable.
Aunque no es claro de qué manera reaccionarán los bancos ante esta medida, la última experiencia a través del BONTE 2022 llevó a que los bancos aumentaran la participación de encajes a través de títulos públicos. Es cierto también, que la elección en aquel momento era tasa 0% vs un activo con rendimiento levemente superior al 20% de TIR, mientras que ahora esa decisión se vuelca a instrumentos que rinden por encima del 41%, vs una LELIQ que gira en torno al 38% (sin tener en cuenta el pago de IIBB, por lo cual esta diferencia se ampliaría hasta 6 puntos). Por otro lado, es preciso destacar que tanto la duration del instrumento como el cambio de emisor, son dos factores que podrían condicionar el alcance de la medida.
Un punto adicional para su fomento es que el BCRA anunció que anexado a esto permitirá realizar una operatoria de liquidez inmediata, que le permitirá a las entidades desprenderse de los bonos a partir del quinto día del que fueran adquiridos a un precio que se calculará en base a la TNA del mercado secundario del título, sumado a un spread de 200 puntos básicos.
¿Qué alcance puede tener?
Como se desprende del gráfico anterior, el porcentaje de Leliq integrado es de 10,3% y ronda los $ 743.000 millones, lo que deja un total de $ 1,2 billones que al momento no se encuentran encajadas. La medida opera sobre este primer punto, lo que ofrecería un potencial de traspaso de más de $ 740.000 millones que podrían volcarse a adquirir nuevos títulos en moneda local, sean o no ajustables por inflación.
La medida tiene un objetivo característico de necesidad fiscal frente a las exigencias financieras que el Tesoro enfrenta en los próximos meses. El bimestre julio – agosto, concentra la mayor cantidad de vencimientos del año, con un total que supera los $ 900.000 millones. Para cumplir con las expectativas que tenía en el presupuesto, el roll-over debe ser aún superior al conseguido en mayo (115%) y más aún que el acumulado del año (117%). Si bien los resultados son hasta el momento positivos, un deterioro de las cuentas fiscales a partir de las nuevas restricciones, sumado a un caudal elevado de vencimientos, ponen más presión hacia la necesidad de aumentar incentivos para la renovación de deuda.
Hoy los tenedores de Leliq no son exclusivamente los bancos privados, poco menos del 40% se concentra en manos de entidades públicas, que posiblemente sean los que agilicen la transición hacia esos instrumentos. Resta ver cuál será la reacción de los bancos privados. De esta manera, sin señales de consolidación fiscal, la medida posibilitará que el BCRA utilice esta vía “indirecta” para financiar al fisco, más allá de los adelantos transitorios y el giro de utilidades.
Si bien el volumen parece aún manejable y como señalamos, de carácter voluntario, la exposición de los bancos a las necesidades del Tesoro compromete la salud del sistema financiero, como ya aprendimos 20 años atrás.
INVECQ
