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El plan: "captar rentas" para un masivo traspaso de ingresos desde los sectores "privilegiados" a los problemáticos. Pero sin perder el foco inflacionario
Cada uno le pondrá el nombre que más le guste o se ajuste a su visión ideológica: subsidios cruzados, reparto, transferencia de recursos, redistribución de la riqueza, captación de rentas ajenas, justicia social y un etcétera infinito. Pero el plan económico del Gobierno está basado en ese único concepto, y ya está acelerando a toda velocidad, con la mirada puesta en las elecciones legislativas.
Sin embargo, esta vez hay algunos condimentos que hace que el típico reparto se haga en sintonía con algunas medidas "ortodoxas". El reparto debe hacerse sin interferir la meta de achicar el déficit fiscal, sin exacerbar la emisión monetaria y sin permitir que haya un desborde nominal de salarios.
Será tal vez por la lupa del Fondo Monetario Internacional o por convencimiento propio –como dio a entender Martín Guzmán al hablar sobre el peligro de la emisión monetaria-, pero lo cierto es que el plan supone una novedosa forma de populismo con responsabilidad fiscal y monetaria, un experimento nuevo para la Argentina, sobre el que los expertos no terminan de ponerse de acuerdo sobre si dará resultado o terminará en una crisis inflacionaria.
Por lo pronto, en el Gobierno reina cierto optimismo. Con el nuevo "aporte extraordinario" que pagarán las grandes fortunas –y cuyo pago fue adelantado para marzo-, se espera que haya simultáneamente un alivio fiscal y cambiario. La estimación oficial es que ingresarían en esa primera etapa unos $420.000 millones –para tener una referencia de lo que eso implica, equivale al 55% de la recaudación de AFIP de enero-, lo cual ayuda a que se pueda financiar la política de subsidios.
Es cierto que es un impuesto bajo fuerte riesgo de judicialización, pero aun así, los expertos estiman que al menos se logrará que la mitad del monto total. Este ingreso extraordinario liberaría al Tesoro de tener que pedir asistencia al Banco Central, lo cual sacaría presión inflacionaria.
Pero, hay otro efecto. Como afirma el tributarista César Litvin, el que pague la cuota mínima de ese impuesto tendrá que pagar $4 millones, y como nadie tiene ese efectivo en la mano, es probable que deba vender algún activo para poder pagar. Probablemente, dólares. Por cada punto de recaudación del impuesto, es probable que, además, se venda al mercado unos 20 millones de dólares.
Todo con un "timing" perfecto para ayudar al Banco Central a transitar el verano antes de que empiece el ingreso de los "sojadólares".
La nueva consigna: ayuda, pero sin recorte fiscal
El concepto central es claro: para el Gobierno, el motor de la recuperación económica tiene que ser el consumo. No le consuela el hecho de que haya previsiones de crecimiento de hasta 8% del PBI si eso no va a verse reflejado en una mejora en el sector de menores ingresos.
Pero también está claro que el Estado no puede seguir pagando el IFE a nueve millones de personas, como ocurrió en 2020. Se estima que la asistencia de emergencia durante la pandemia implicó no menos de dos puntos del déficit fiscal.
De manera que la asistencia social no sólo quedará reducida a las asignaciones por hijo y los planes de alimentación o –en el caso de empresas- a los renovados planes Repro-, sino que además deberán buscar nuevas fuentes de financiación.
Eso explica la sucesión de medidas de los últimos días, que van todas en la misma dirección: que los sectores que crecieron hagan una transferencia de recursos hacia los que están en problemas.
Se está lejos todavía de ese objetivo. La última encuesta de CAME –representativa del universo pyme- marcó un bajón de 5,8% contra enero del año pasado, que ya de por sí era un momento flojo. Y en alimentos, basta con mencionar que el consumo de carne vacuna, con 50 kilos anuales per capita, está en uno de sus mínimos históricos.
Salario no, tarifa pisada sí
El problema del Gobierno es que llegó al convencimiento de que la mejora del poder adquisitivo –y el impulso al consumo- es difícil de hacerse mediante una mera suba nominal de salarios. Las experiencias del pasado llevan al temor de la clásica "espiral inflacionaria".
Es por eso que el Presidente elogió –y, de alguna manera, puso como modelo, al acuerdo salarial de los bancarios, un gremio poderoso que, pese a su alta capacidad de negociación, aceptó firmar una paritaria en línea con la proyección oficial del 29% y cláusulas de revisión.
La consigna es no excederse en los reclamos, y el propio Alberto advirtió que quien pensara en recuperar en un solo año una pérdida de 20% del poder adquisitivo está en problemas.
Más bien, la fórmula que el Gobierno está pensando es la de las mejoras indirectas, a través de subsidios y de alivios selectivos de impuestos.
Pero esto no es tan fácil de hacer como en otros tiempos. En lo que respecta a las tarifas, hay dos impedimentos: uno es de tipo fiscal y el otro está dado por la propia fragilidad de los servicios.
Lo sabe bien Guzmán, que prometió que este año los subsidios no pasarán del 1,7% del PBI, en contra de la opinión de los economistas, que a la luz de las últimas medidas políticas están proyectando subsidios energéticos por 3% del PBI.
Es cierto que todavía son números hasta modestos si se los compara con el peor momento de Cristina Kirchner, cuando los subsidios llegaron a representar un impactante 5% de la economía nacional. Pero claro, en aquel momento no estaba el FMI mirando con lupa las cuentas, ni había una opinión pública hipersensibilizada por una pandemia.
Hoy la población se mostraría mucho menos tolerante a un colapso energético. Y los expertos en el tema están advirtiendo que esa situación no está tan lejos como parecía. Por caso, Jorge Lapeña, ex secretario de energía y director del Instituto Mosconi, que escribió: "La capacidad instalada genera la sensación de holgura; pero no es así. En esos días de enero con altas temperaturas hubo cortes de suministro en el AMBA que dejaron sin luz a una cantidad de usuarios de Edenor y Edesur comprendida entre el 5% y el 7% del total su clientela. Eso pone en evidencia serios problemas de calidad en las redes de distribución en la zona más densamente poblada de Argentina imputables a los crónicos congelamientos tarifarios".
Y aporta números contundentes: los subsidios energéticos crecieron un 92,8% en 2020, en el marco de la pandemia. Fue así que Cammesa recibió $293.000 millones para pagar los combustibles para las centrales y cubrir los impagos de las distribuidoras eléctricas. En definitiva, una suba de 145% para tapar agujeros de empresas con problemas de caja.
¿Qué tan grave es la situación? El sistema generador trabaja a pérdida, porque lo que pagan los clientes apenas permiten recuperar el 48% de su costo.
Traducido al lenguaje político, esto implica que Guzmán deberá llegar a un esquema en el cual se haga una distinción fina entre aquellos sectores que efectivamente hayan mantenido su nivel adquisitivo y puedan recibir una mejora nominal en el marco de las paritarias -esos serían los que podrían acompañar una suba tarifaria- y aquellos que, por estar en el segmento informal o en los sectores más golpeados por la pandemia, no tolerarían el ajuste.
Será una parte fundamental de la política de subsidios cruzados entre sectores de la población, que está en plena fase de diseño.
La receta del subsidio intrasectorial
Uno de los ejemplos de subsidios cruzados que el Gobierno considera exitoso es el logrado en el sector del aceite, y que espera extenderlo a toda el área productora de alimentos.
Para el Gobierno, es una de las formas de cumplir con el sueño del "desacople" de precios locales con los internacionales. "Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos", dijo en una entrevista Alberto Fernández, que en la reunión con los principales dirigentes agropecuarios pedirá que ese acuerdo sea tomado como modelo. Según la argumentación oficial, ese fideicomiso –formado por un volumen equivalente al 75% del consumo interno- garantiza precios estables sin riesgo de desabastecimiento.
La duda es si ese modelo será extrapolable a otros sectores que aparecen más problemáticos, como el trigo, el maíz, y la carne. En principio, en el campo se percibe escepticismo. Y los economistas suelen recordar los magros resultados de experiencias pasadas.
Lo cierto es que, más allá de las recomendaciones que hagan los economistas, el Gobierno parece convencido de que el camino de los subsidios intersectoriales es una vía que hay que recorrer.
De momento, ha dado muestras de sensibilidad al argumento de los altos costos logísticos y de transporte para varios sectores, en particular los productores alejados de los puertos.
Es uno de los grandes conflictos del verano. Una organización de choferes que son dueños de sus propios camiones -TUDA, que representa a unos 2.000 transportistas-: mediante cortes en la ruta entre Rosario y Buenos Aires expresaron su enojo por el incremento en los costos operativos que ellos no pueden trasladar al flete. Se quejaban, por caso, que en pocos meses hubo tres aumentos del gasoil, además de un encarecimiento de 30% en los seguros, de 45% en las patentes, de 55% en los peajes, mientras los fletes están congelados.
Y, sobre todo, dejaban en claro la sensación de injusticia entre los sectores cuyo precio está regulado y los que están libres: dicen que mientras ellos no pueden trasladar sus mayores costos logísticos, hay proveedores de insumos, como los neumáticos, que más que duplicó su precio.
La reacción del Gobierno fue ambigua: por un lado, declaró ilegal el paro, pero luego los directivos fueron recibidos por Sergio Massa, que se puso al frente del operativo de organizar subsidios cruzados en la economía –como se evidenció en su proyecto sobre el impuesto a las Ganancias-.
Ganancias, una transferencia con costos ocultos
El de Ganancias sea tal vez el ejemplo más acabado de esta nueva filosofía de "populismo fiscalmente responsable". Porque Massa se ocupó de aclarar de inmediato que el alivio para 1,2 millón de asalariados no supondría un peligro para el compromiso de achicar el déficit fiscal.
Porque aunque celebró la actividad que ganará la economía por los $40.000 millones que se volcarán al consumo –una porción de lo cual volverá a las arcas públicas en forma de IVA- es consciente de que Ganancias, que explica explica el 22% de los ingresos de la AFIP, no puede ponerse en riesgo.
En otras palabras, alguien tiene que pagar el costo de las buenas noticias. Fue ahí cuando se puso en práctica el principio del traslado de rentas. Pagarán las empresas que tenían previsto un esquema de rebaja en el peso del impuesto. Para mejor, eso sumará $70.000 millones a las arcas públicas, según el cálculo oficial.
"Se mantiene la suspensión de la rebaja a las grandes empresas y ese ingreso fiscal, en lugar de apropiárselo el Estado se utiliza para beneficio de trabajadores y jubilados", explicó el propio Massa.
Y así expresado parecía la fórmula perfecta. Salvo por un detalle: las empresas afectadas no actuarán de forma neutra: según ya están advirtiendo los economistas, las compañías afectadas dejarán de invertir o, peor aun, quizás tiendan a trasladar los costos a precios. Por no mencionar uno de los defectos clásicos que, según los empresarios argentinos, ahuyentan inversiones: otro cambio en las reglas de juego.
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