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Es imperioso volver a las aulas

 Belén pasó a segundo grado, pero no pudo asistir a la mayoría de sus clases virtuales porque sus padres trabajan y no pudieron seguirle el ritmo a la escuela. Pedro venía con problemas de comportamiento desde sala de 5 y la escuela había pensado hacerle un acompañamiento especial para el 2020, pero entre tanto cambio ninguna autoridad se comunicó con la familia para ver cómo estaba. Julieta pasó a séptimo grado, pero sólo pudo estudiar los sábados desde la casa de la abuela que tiene internet. Jimena arrancó a ir a la psicopedagoga porque tiene miedo de salir de la casa y Marcelo está con serios problemas de sobrepeso por el sedentarismo.

Estas son algunas historias de miles de chicos a lo largo de todo el país. Y no es mala voluntad de los docentes y directivos que han hecho lo imposible para que sus alumnos pudieran seguir aprendiendo. Así surge de la “Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica” realizada por el Ministerio de Educación de la Nación, que relevó que el 79% de las escuelas públicas y privadas del país declaró que pudo organizar el intercambio con sus estudiantes en menos de dos semanas de suspendidas las clases presenciales. Además, el 89% de los consultados dijo que le dio prioridad al vínculo y a la interacción con los estudiantes.

El pase a la virtualidad no sólo alcanzó a docentes y directivos, sino a toda la comunidad educativa. Las casas tuvieron que ser reacomodadas para tener espacios de estudio, en muchos casos en hogares de dimensiones reducidas. Los padres tuvieron que reinventarse para ayudar a sus hijos a estudiar sin las herramientas pedagógicas mínimas (mientras trabajan, cocinan, limpian, etc.). Los chicos tuvieron que aprender a aprender y a vincularse a través de internet. Por eso no alcanza con que los docentes puedan dar sus contenidos por internet. Muchos chicos no están pudiendo aprender y muchos la están pasando mal.

La vuelta a las aulas debe ser la prioridad. Así lo viene sosteniendo valientemente el jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta y su Ministra de Educación Soledad Acuña junto a muchos otros, buscando formas creativas y las mejores condiciones para que los chicos puedan volver a las aulas.

Los comentarios de algunos gremialistas docentes como Jorge Adaro de ADEMyS, en el sentido de que la vuelta a las aulas es “criminal” merecen un capítulo aparte. Es plausible que el gobierno de la Ciudad haya adoptado una posición de firmeza frente a sindicatos como CTERA que pretenden controlar la educación de nuestros niños y jóvenes, tomándolos como rehenes para satisfacer sus apetencias personales y políticas.

Si desde la ciudad de Buenos Aires no se enarbolaba la necesidad de la presencialidad escolar, el Gobierno Nacional seguía mirando para otro lado, porque no se atreve a enfrentar a los gremios.

El inicio de clases en el aula el 17 de febrero no es caprichoso, sino con el propósito que los niños tengan más días de clases, profundicen el vínculo con sus compañeros y refuercen contenidos educativos, como se viene haciendo en las escuelas de verano de la Ciudad.

Nadie discute que el retorno a la presencialidad debe ser acompañado por el estricto cumplimento de los protocolos sanitarios y el cuidado de la salud de docentes y alumnos.

La vuelta a las aulas se encuentra avalada por estudios “científicos” que dan cuenta de que con los cuidados necesarios es factible su implementación. Recientemente UNICEF, junto con la UNESCO y OMS, elaboraron un documento que resume las conclusiones de veinte estudios publicados hasta el 23 de noviembre de 2020. Todos sugieren que la educación presencial -cuando va acompañada de medidas preventivas y de control- presentó tasas de transmisión secundaria de COVID-19 más bajas en comparación con otros entornos, ya que los estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela. Tampoco el personal escolar parece estar expuesto a mayores riesgos relativos en comparación con la población general.

El mismo organismo manifestó que “en caso de necesidad de confinamiento, UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir…”. En sus fundamentos, informó que “se ha identificado el impacto secundario de esta emergencia en la situación emocional de chicos y chicas, en cambios en los hábitos de sueño y alimentación en los más pequeños, y angustia y depresión en los mayores, cambios que afectan el desarrollo emocional y cognitivo. La escuela, más allá de su función primaria en el aprendizaje, tiene un rol central en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes”… y “la evidencia muestra que son los chicos y chicas más vulnerables quienes sufren las peores consecuencias”.

La implementación de la cuareterna tuvo un sentido inicial de evaluar la potencialidad del virus, concientizar a los ciudadanos de los nuevos riesgos y preparar los sistemas de salud para evitar desbordes. Pero no puede eternizarse hasta que el Estado asegure a todos los ciudadanos que no van a contraer un virus, más allá de que se deben realizar todas las gestiones posibles para conseguir las vacunas (que en el mejor de los casos llegarán a los docentes a mediados de año).

Es lamentable que mientras se han abierto hasta los casinos y las casas de juego, las escuelas permanecen cerradas. “Timba sí, libros no”, pareciera ser el nuevo apotegma del kirchenrismo para tener sumido al pueblo en la ignorancia, condición facilitadora para la entronización de un totalitarismo. Para evitarlo el camino es uno sólo: defender el derecho inalienable a la educación de nuestros chicos y adolescentes.




Jorge Enriquez


Diputado Nacional por CABA