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El dato de inflación de octubre fue más alto de lo esperado por el mercado y la estrategia del gobierno para volver a anclar las expectativas nominales empieza a cambiar notablemente, aunque “too little, too late”.
Mientras que el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) ubicaba el índice de inflación del mes de octubre en torno al 3,2%, el INDEC reveló esta semana que la suba generalizada de los precios de la economía fue de 3,8%, superando este guarismo y ubicándose 1 punto porcentual por encima de la registrada en el mes de septiembre. De esta manera, fue el dato más elevado en lo que va del año.
Si bien la incidencia de los precios estacionales tuvo mucho que ver con el aumento general de precios, tras evidenciar una suba de 9,6%, la inflación núcleo (que no tiene en cuenta los componentes estacionales ni regulados) fue también la más alta del año y alcanzó 3,5%. Dentro de los rubros que más impulso han mostrado a lo largo del año, se encuentra en primer lugar el de prendas de vestir y calzados (48,9% interanual), seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas (43,9% interanual) rubro de gran incidencia dentro del índice y con impacto directo en la canasta básica y, por lo tanto, en los registros de pobreza.
Anualizando estos niveles de inflación, la misma alcanzaría dentro de un año niveles superiores al 56%, siendo solamente superado por el dato observado en mayo 2019. Lo más curioso (o preocupante) de esta dinámica es que por el momento la mayoría de los precios se mantienen congelados desde comienzos de marzo, a excepción de un aumento convalidado para los combustibles de 4,5% en agosto y un 3,5% en octubre. Por el contrario, los servicios de telecomunicaciones, las tarifas, los alquileres, los créditos ajustables por UVA, transporte público, las prepagas, entre tantos otros bienes y servicios, mantienen congelados sus precios y los sectores reclaman cada vez más por convalidar subas de sus productos. Tanto es así que en la última semana el gobierno decidió exceptuar del programa de “Precios Máximos” a un grupo de productos que tienen menor impacto y mayor oferta dentro de la canasta de consumo masivo, aunque los aumentos deberán ser consensuados con el gobierno. Además, el año terminará con un 15% de aumentos en las prepagas, al cual se lo sumará un 10% más en febrero.
La elevada monetización de la economía de los meses asociados a la pandemia a través del IFE, las transferencias a las provincias y el programa ATP, empieza a reflejar la contracara de lo que en aquel momento resultó el sustento de una economía que ingresó en una profunda recesión. Las elevadas brechas cambiarias, hoy contenidas de manera artificial, por la permanente intervención del gobierno con operaciones de títulos públicos son reflejo del futuro que se quiere evitar: la disparada del tipo de cambio y un consecuente salto inflacionario que termine golpeando aún más a la actividad económica y deje más personas por debajo de la línea de pobreza, cuando el efecto buscado era el contrario.
Tanto es así que la única licitación del gobierno que marcó un éxito rotundo fue la ligada a la evolución del dólar mayorista, y, en menor medida, a los bonos que indexan por inflación. El mes pasado el Tesoro Nacional logró recaudar $ 254.671 millones a través de esos instrumentos y el financiamiento neto fue positivo en un aproximado de $ 250.000 millones, lo que representa un ratio de refinanciamiento de vencimientos del 246%, siendo el mayor rollover del año. Sin embargo, cuando se quiso colocar bonos ajustables más tasa, el éxito no fue tal e incluso el financiamiento neto de la última semana resultó negativo en $ 3.000 millones, poniéndole mayor presión a la expectativas futuras sobre la (in)capacidad de financiarse en el mercado y tener que recurrir masivamente a la emisión monetaria.
En esta línea, los plazos fijos continuaron desarmándose a comienzos de noviembre, cuando en octubre ya habían marcado la primera baja del año en términos reales, de manera contraria, los plazos fijos ajustados por inflación comenzaron a ganar atractivo para el público. La velocidad de circulación del dinero vuelve a acelerarse y pone presión sobre una economía muy monetizada y con expectativas desancladas, mal augurio para mantener el valor del peso.
A partir de esto, el ministro de economía quiso dar certezas al mercado deslizando que el déficit objetivo no sería el del presupuesto (4,2%) sino 3,8%, reduciendo las necesidades de financiamiento y por ende el riesgo a tener que recurrir a un incremento del financiamiento monetario. Además, destacó que no habría un “IFE 4”, aunque, para no generar mayores internas dijo que es una carta que el gobierno se guarda. El BCRA por su parte, dispuso esta semana incrementar la tasa mínima garantizada de los plazos fijos, con un rendimiento de 37% TNA a 30 días para imposiciones de personas humanas menores a $1 millón y para el resto de 34%. Además, subió 2 puntos la tasa de pases pasivos a 7 días, quedando en 36,5% TNA, y un punto los pases a 1 día, al 32%.
El giro va en el sentido correcto, aunque consideramos que todavía falta consistencia entre la política monetaria y la política fiscal y sobre todo “dejar de correrla de atrás”. Si el gobierno no logra anticiparse a los hechos y recuperar la confianza del mercado en cuanto a su estrategia de consolidación fiscal y de financiamiento, la idea de frenar un suba del tipo de cambio con más cepo y pequeñas subas de tasa de interés, no resultará.
invecq
