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Esta vez no podemos actuar como el engañador compulsivo que promete hacer lo imposible por mejorar
Para salir de la crisis que resulte de la pandemia no podemos optar por soluciones que abonen al mundo desigual en el que vivimos. Es momento de reconstruir el estado de bienestar que muchos gobiernos han erosionado.
Lo que muchos experimentamos en nuestras visitas a los hospitales —infraestructuras antiguas y derruidas, recursos insuficientes, trabajadores mal pagados— fue expuesto por la COVID-19 en horario estelar: el estado de bienestar, ese modelo de gestión que pretendía promover y proteger la calidad de vida de la población, vive con un respirador.
En las últimas décadas muchos países redujeron los presupuestos sociales y privatizaron servicios, incluidos seguros y prestaciones de salud, una decisión que no puede producir más que un desastre cuando una pandemia llega con las manos llenas de muerte. Pues bien, ahora no resolveremos esta crisis profundizando el desmantelamiento sino rebobinando la película: el estado de bienestar debe volver.
El problema es que, para lograrlo, los Estados necesitan experimentar una transformación tan radical que la sola enunciación la sugiere imposible. Esto es, los ricos deberían pagar una porción mayor de la cuenta, el mundo tendría que crecer más lento, la riqueza debería distribuirse mejor.
Nuestra situación no es para hacer apuestas de riesgo. Diez años después, cuando aun persisten las pérdidas del desastre financiero de 2007-08, el mundo quedó de rodillas con la COVID-19. Esta vez no podemos actuar como el engañador compulsivo que, descubierto el desastre que ha edificado, promete hacer lo imposible por mejorar solo para volver a las tropelías apenas se relajan las circunstancias. No podemos jugar a decir, otra vez, “te juro que cambié”.
De manera que, ahora que la crisis pandémica acabará en crisis económica global, ¿por qué no intentar cambiar una economía que corría como tren sin frenos? No propongo una revolución, apenas una muy necesaria reconstrucción.
Al cabo, al igual que su desmoronamiento, el estado de bienestar fue un invento conservador. Sus orígenes se remontan a las pensiones de vejez y atención médica que instrumentó Otto von Bismarck para frenar el descontento social producido por las crisis de la primera industrialización. Y, en buena medida, comenzó a desarticularlo la revolución conservadora de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de 1980.
El escenario está servido para hacer las cosas bien. Hospitales sin capacidad ni tecnología suficiente; personal sanitario desprotegido, malpagado y sobrepasado. Miles de ciudadanos sin cobertura de salud. Desabastecimiento de insumos. Redes de contención y protección burocratizadas o necróticas.
La reparación debe ser extensa y realista: el estado de bienestar que emerja de las ruinas del coronavirus no será sólido ni multimillonario. Es un tapabocas, el mejor parche que podremos ponernos. Los gastos necesarios para recuperar infraestructuras obligarán a ampliar los déficit públicos, algo solo sostenible si también crecen las recaudaciones. No habrá, como pidió España a la Unión Europea, financiamiento a perpetuidad. Tampoco habrá grandes condonaciones ni suspensión masiva de pagos de deuda. Los impuestos excepcionales a los ricos serán locales, nunca generalizados. Necesitaríamos una política financiera global con poder de policía.
No, poco y nada de esto sucederá, pero no debemos dejar de enunciar reclamos. Hay antecedentes de macrocambios que pueden ayudarnos ahora: después de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión de 1929, ambas crisis tectónicas, se crearon seguros de desempleo y seguridad social. Se establecieron Estados que invirtieron y promovieron, que controlaron y tuvieron potestades sobre el gran capital y provocaron una relativa redistribución del ingreso. Tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias.
Por supuesto, los riesgos de rechazo eran menores. Entonces ni existían mercados globales integrados ni tecnología capaz de mover dinero de un país a otro en fracciones de segundo. Las naciones, en especial aquellas en desarrollo, ahora tienen menor margen de maniobra. Solo en marzo, los países menos favorecidos sufrieron una salida de capitales de más de 83.000 millones de dólares, la más grande desde que hay registros. Y la inversión extranjera será significativamente menor a la experimentada tras la crisis financiera de 2008. América Latina vería una peor película que los demás; no sufrirá como en décadas pasadas, sino más.
Fuente: nytimes
