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Con los últimos anuncios para ayudar a las empresas a pagar salarios y otorgar créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, el Gobierno está volcando al sector privado cerca de $805.000 millones.
El monto surge de sumar las medidas de auxilio que se han venido anunciando a partir del inicio de la cuarentena obligatoria, el 14 de marzo pasado, con el fin de combatir el avance del coronavirus en la Argentina.
A modo de comparación, se trata del 3% del PBI total del país que tiene como objetivo la preservación del trabajo y el mantenimiento de las fuentes laborales, además de fortalecer el entramado productivo.
Una fórmula lanzada desde el sector público para que se pueda atravesar la crisis y para que, una vez superada la etapa de aislamiento obligatorio, se comiencen a aplicar estrategias de recuperación.
Las últimas medidas, explicadas en un decreto que fue publicado durante el fin de semana, supone un gasto del Estado de $105.000 millones adicionales a los $500.000 millones ya volcados para apalancar diversas medidas que buscan beneficiar a sectores vulnerables, empresas pequeñas y medianas y también a grandes grupos con problemas para operar frente a las restricciones impuestas por el cepo sanitario.
Marca de este modo, el poder estatal en el proceso de salida de la cuarentena, con una fuerte injerencia en el sector privado en el marco de una transición ordenada para que no colapse el sistema industrial. Bajo el nombre de "la revalorización de lo público" se argumenta que la crisis puso en evidencia la necesidad de contar con un Estado fuerte frente a un mercado que puede dar respuestas adecuadas a la pandemia a partir de la emergencia sanitaria.
Una verdad a medias si se tiene en cuenta que, precisamente por esas medidas de combate al coronavirus, más de la mitad de la población activa debe permanecer en sus hogares por obligación, con el 90% del comercio está paralizado y casi el 70% de la industria sufre la misma situación.
Es decir, a partir de la elección de "salud antes que economía" hecha por el presidente Alberto Fernández, el poder del Estado es el que garantiza la certidumbre necesaria al sector privado para reactivar la maquinaria productiva.
Junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni, el funcionario fue claro al sostener que los miles de millones de pesos que el Gobierno está volcando al sector privado, tiene como objetivo "dar una fuerte señal para que las empresas se preparen a futuro y puedan abordar la crisis con mejores perspectivas".El propio ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lo admitió durante la conferencia de prensa que se organizó en esta jornada para aclarar ciertos aspectos de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno.
Palabras que también dejan al descubierto una estrategia política del gobernante Frente de Todos para que cada vez más sectores privados dependan, y mucho, de la mano amiga "del Estado".
En especial porque la actividad económica acumulaba ocho trimestres de estancamiento transitando un piso irregular antes de la irrupción del Coronavirus, panademia que cancela el intento de recuperación con medidas de aislamiento que contraen bruscamente la actividad. Un escenario de desequilibrios macro que limitan la capacidad de realizar una política anticíclica y ponen en evidencia la falsa dicotomía entre salud y economía.
Una reciente encuesta de IDEA refleja la cruda realidad que el coronavirus y sus medidas están dejando en el sector privado. La consulta hace referencia a caída de mercados, salida de capitales, aumento del llamado Riesgo País, más probabilidad de default, devaluación de las monedas emergentes, menores reservas, inflación que se acelera, caída de las exportaciones y baja de los precios de los commodities.
También, una reducción de las importaciones, producción complicada, crisis de expectativas, derrumbe de la confianza empresarial, de la inversión y del consumidor, con una recesión que se profundiza, menor empleo, empeoramiento de los indicadores sociales, reducción del consumo, aumento del gasto, fuerte deterioro de la recaudación y ampliación del déficit fiscal.
Un panorama que tiene mucho que ver con las medidas tomadas por el Gobierno desde el comienzo de la expansión del virus, de tono fuertemente restrictivas con aval científico, suspendiendo las clases, cerrando las fronteras, decretando la cuarentena obligatoria.
Es decir, una economía que, con todos estos cerrojos, parece estar marcada a partir de ahora por el éxito del plan controlado exclusivamente por el Estado como garante para que el sector privado no quiebre. Se trata de una forma de construcción de poder que especialmente es fomentada desde los círculos de pensamiento kirchneristas como La Cámpora y el Frente para la Victoria, y que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como sus principales impulsores.
Ocurre que, más allá del formato de administración de cuarentena que se vaya a aplicar a partir del próximo 27 de abril para flexibilizar los sectores que puedan volver a funcionar, el tejido productivo nacional quedará dañado por mucho tiempo. Sin posibilidad de reactivar de manera inmediata sus máquinas y con necesidades de fuerte financiamiento para seguir pagando salarios, servicios, impuestos y para recomponer su capital de trabajo.Agregando a las medidas de auxilio proyectos para profundizar la presión fiscal sobre un sector del empresariado a partir de iniciativas progresistas como la de gravar las fortunas para, supuestamente volcar lo recaudado a sostener a los más necesitados. Es decir, sumar nuevos impuestos en lugar de, como se viene reclamando desde la industria, el comercio y los servicios, se alivie la carga tributaria aunque sea por un tiempo para permitir una reactivación más acelerada de la economía.
Un financiamiento que la banca privada no ha volcado en la medida de las necesidades privadas, tal como se refleja en las trabas y demoras que sufren las empresas para acceder al crédito con tasa al 24% lanzado por el Gobierno.
Si bien a partir de estos días se verá parte de esa línea ya acreditada en las cuentas empresarias, lo cierto es que su operatividad fue frenada por la banca privada, generando el enojo oficial y forzando al Gobierno, precisamente a tomar más medidas estatistas de ayuda.
Es más, de los $150.000 millones en créditos a esta tasa que ya están adjudicados, la mayoría fueron canalizado por los bancos oficiales para que las pymes puedan hacer frente al pago de salarios.
El dinero será desembolsado en los próximos días y servirá para los sueldos de marzo, ya que los bancos demoraron bastante en liberar los créditos mientras le ofrecían a las mismas empresas otras líneas con tasas mayores.
Tampoco los gobernadores podrán garantizar el regreso de las economías regionales, ya que deben pedir autorización a la Nación para liberar de trabas sanitarias a los sectores más productivos de cada región.
Una decisión que está en poder del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que de ser positiva depende del aval financiero del propio Estado, teniendo en cuenta que "la caja" está centralizada en la Nación a partir del reparto del paquete monetario de ayuda a la cuarentena administrada en la que está empezando a transitar la economía.
Estos guarismos significarían un rojo de entre $700.000 millones y 1 billón de pesos, valores del déficit provincial similares a los de la crisis de 2001 que en aquel momento se atendieron con la aparición de las cuasimonedas.En este sentido, la encuesta de IDEA deja en claro que el déficit fiscal de las provincias en su conjunto podría cerrar el año entre el 15% y el 22% del total de sus ingresos.
La encuesta también sostiene que el coronavirus obliga a abandonar el objetivo de lateralizar el déficit del 2019 porque las cuentas públicas nacionales mostrarían un deterioro fiscal muy fuerte, con un déficit primario/PBI de entre 3,4% y 5% dependiendo del escenario. A su vez el déficit financiero podría ser entre el 6,2% y el 8,1% del PBI y habría necesidades de financiamiento totales de entre $1,8 y $2 billones.
Un paquete de necesidades que se respalda en una mayor emisión de dinero por parte del Banco Central para apalancar esta millonaria ayuda que el Estado traslada al sector privado. Un fuerte aumento de la emisión monetaria que busca también atender el deterioro fiscal y que pone presión sobre el tipo de cambio que va en aumento, con un dólar en casi $114 y una brecha cambiaria del 69%.
Sin embargo, el ala política del Gobierno viene sugiriendo una mayor expansión de la emisión para meterle dinero a la gente, mediante el programa que sea. De lo contrario habrá una crisis social con un final tan incierto como el de la cuarentena que se supone finaliza el próximo 27 de abril.
Una propuesta que parece sumar adherentes entre los funcionarios si se tiene en cuenta que tan sólo en marzo pasado, el Central emitió casi $720.000 millones en marzo, un tercio de la base monetaria, para paliar el impacto económico del coronavirus.
Es decir, para apuntalar las medidas de auxilio al sector privado a partir del desarme de las Leliq para incentivar préstamos a empresas de todos los sectores que ayuden a pagar salarios en medio de un derrumbe económico por el combate contra la pandemia del Covid-19.
Señales que también se extiende en las negociaciones para evitar masivos despidos y para minimizar las suspensiones a aquellas empresas y sectores que no tengan por ahora otra forma de sobrevivir a la cuarentena.
"Estamos evitando que se corten los contratos de trabajo y se mantengan las actividades productivas" dijo en la misma conferencia el ministro Moroni, avalando la postura de su colega de Desarrollo Productivo.
Esta política de contención y de dependencia estatal por parte del sector privado será todavía más visible en actividades que seguirán dañadas luego del levantamiento del aislamiento social obligatorio como pueden ser las de hotelería, gastronomía, cultura y salud.
Les costará recuperarse mucho más porque serán de las últimas actividades que volverán a la normalidad. Por lo tanto, el Gobierno focalizará su poder a partir de medidas específicas o que mayoritariamente sean dirigidas hacia esas actividades. Un caso es el de la reducción de las contribuciones patronales que forma parte del último paquete anunciado este fin de semana.
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