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Por
Jorge R. Enríquez
La
Cámara de Diputados no logró alcanzar la mayoría de los dos
tercios de los presentes que la Constitución exige para expulsar a
uno de sus miembros, el diputado nacional Julio De Vido.
El
kirchnerismo, como era de prever, protegió a uno de los suyos. Otros
sectores del peronismo le negaron también su apoyo a la iniciativa
de Cambiemos, demostrando que el hipócrita y reciente alejamiento
del cauce por el que transitaron por doce años es meramente táctico
o provisional.
El
Partido Obrero fue también funcional a quien es el mayor emblema del
capitalismo de amigos.
Se
ha confundido deliberadamente en el debate la naturaleza de la
resolución que estaba en tratamiento, que halla su sustento
normativo en el art. 66 de la CN, el cual contempla una
prerrogativa autoprotectiva de cada una de las Cámaras del Congreso,
facultándolas para, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera
de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente
a su incorporación, y hasta excluirle de su seno.
La
protección de la honorabilidad del Parlamento desencadena un
supuesto de autotutela que facultaría al cuerpo, ante situaciones
excepcionales y extremas, a excluir a un legislador incurso en hechos
o en situaciones, con efectos actuales — aunque hubieran estado
latentes
con anterioridad a asumir la banca —, que en sí mismos implican
una afrenta o una mácula institucional objetiva y manifiestamente
incompatible con el decoro exigible a todo órgano de la República.
Se
procura, así, proteger la honorabilidad republicana mínimamente
exigible a un Poder del Estado y que, además, después de la
reforma del año 1994, se halla asociada por imperio constitucional
(art. 36) a estándares de ética en el ejercicio de la función
pública.
La
circunstancia de que las decenas de procesos penales que enfrenta el
ex ministro, no se encuentren fenecidas con resultados condenatorios
no constituyen un obstáculo para el análisis de naturaleza política
que pueden realizar las Cámaras legislativas en clave de autotutela,
cuando se trata de legisladores inmersos en la situación antes
descripta, o sea, un hecho objetivo y grave de afrenta insalvable a
la honorabilidad republicana del órgano o a estándares inexcusables
de ética pública.
La
exclusión no es,
entonces, un acto jurisdiccional, no importa una condena penal. Es
una de las medidas disciplinarias y de autoprotección que la
Constitución le otorga a las Cámaras del Congreso con relación a
sus integrantes. Por cierto, es la más grave, tan grave que solo muy
excepcionalmente debería adoptarse: debe estar fundada en
inhabilidad física o moral. En este caso, pocas dudas pueden surgir
en torno a la inhabilidad moral de Julio De Vido. Fue el funcionario
clave de un vasto sistema de corrupción organizado desde el vértice
del poder como la Argentina no conoció en toda su historia.
La
Constitución preserva la prerrogativa que nos ocupa de un uso
arbitrario al exigir la más agravada de las mayorías colegiales:
la de dos terceras partes de los miembros presentes. Los
“presentes”, por lo demás, nunca podrían ser menos de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros del Cuerpo ya que, de
lo contrario, la agravación del quórum
decisional exigido por la Ley Fundamental se licuaría.
Las
pruebas para la exclusión de De Vido están a la vista. Si los
jueces no avanzan más rápido en las causas y si no se pide su
detención, que suscitaría la necesidad de votar el desafuero, ¿los
representantes del pueblo deben permanecer de brazos cruzados ante
tamaña ofensa a la sensibilidad pública? El mismo De Vido se hizo
cargo en su discurso leído (una conducta que el art. 179 del
Reglamento de la Cámara prohíbe) de la responsabilidad política
del Ministerio que estuvo a su cargo, es decir, entre cientos de
otras aberraciones, de la tragedia de Once y de los bolsos de López.
Ahora bien, si sus subordinados principales están procesados y
presos, no se entiende cómo él puede permanecer en libertad. No
hacía falta que lo reconociera, pero su confesión, por más que
quiera circunscribirla al plano político, es tan contundente que se
requiere un rostro de granito para votar en contra de su expulsión.
Que
cada uno se haga cargo de sus decisiones. De un lado están los que
con su voto manifestaron rotundamente su rechazo a la impunidad; del
otro, los que por su voto en contra o sus llamativas ausencias
contribuyeron a que la Cámara de Diputados mantenga en su seno a
alguien cuya sola presencia indigna a la gran mayoría de los
argentinos. Las elecciones primarias y, sobre todo, las generales,
permitirán que los ciudadanos se inclinen por uno u otro sector. No
tengo dudas de cuál será el proyecto triunfante. La corrupción, la
impunidad, el autoritarismo, luchan a brazo partido por no sucumbir,
pero es un esfuerzo vano: el cambio ya está en marcha.
