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Por Gabriel Mysler de Ituran.
Violar las leyes, mentir, o abusar del poder o de la posición dominante para obtener una ventaja, es la decisión que tomamos luego de instintivos ejercicios matemáticos que hacemos, evaluando el costo y el beneficio de cualquier acción.
Por ejemplo, si uno piensa: “Si piso más el acelerador, llegaré a tiempo al cine”, es lo que podemos llamar un pensamiento lógico. Se impone el criterio utilitario de llegar antes, pero muchas veces no nos preguntamos lo más importante: “¿Cuál es el riesgo implícito en conducir por encima de la velocidad permitida?”.
Cuatro cosas son las que se consideran al evaluar violar las normas:
1- Cuál es el beneficio que obtendré
2- Cuál es el riesgo de ser descubierto
3- Cuál es el castigo si soy atrapado
4- Cuál es la relación entre el castigo y el beneficio?
Si entendemos esta simple ecuación matemática, es muy sencillo entender qué sucede y cómo dificultarlo o evitarlo.
Si el Estado no logra que el ciudadano pueda tener clara noción de que la probabilidad de ser atrapado y de que el costo de su falta es mucho mayor al beneficio por incumplir la regla, la ecuación seguirá resolviéndose a favor del incumplimiento.
¿Hay forma de resolverlo?
La tecnología de GPS en los vehículos permite hoy prevenir accidentes y violaciones de leyes, al aumentar las probabilidades de descubrir a quien no las respeta. Es difícil de creer que en pleno siglo 21 necesitemos radares para multar excesos de velocidad y prevenir así desgracias y daños materiales y personales.
Hoy los autos pueden enviar alertas al conductor y a la Policía cuando se exceden las velocidades máximas permitidas en rutas, calles o avenidas. Incluso alertar y multar cuando un auto estaciona en un lugar prohibido, con la tecnología que hay en los autos, en los celulares y en los GPS.
Si todos sabemos que estamos siendo vigilados y muy posiblemente multados, con seguridad meditaremos con más atención lo que hoy parece una simple ecuación matemática.
