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Mauricio Macri intenta acumular poder para cuando tenga que afrontar decisiones más complejas que las que acaba de tomar, relacionadas con el gasto público y los precios relativos. Hasta ahora él avanzó y retrocedió con 2 designaciones en la Corte Suprema, y concretó sus promesas de campaña de bajar derechos de exportación y reunificar y liberar el mercado cambiario (devaluación). El saldo consiste en que, más allá de las controversias, él ganó algún crédito para afrontar la etapa que viene. Hacia allá vamos:
(Urgente24). Antes de ir a la coyuntura, es importante acudir a la memoria: un breve fragmento de un informe de Rosendo Fraga, del 15/11, titulado "Macri y la unidad sindical":
"(...) La percepción del triunfo electoral de la oposición hizo avanzar las gestiones de unidad sindical, a la cual se oponía la Presidenta mediante las demoras a las gestiones que fue imponiendo el titular del sindicalismo oficialista (Caló).
Los gremios del transporte, que si bien se manejan con cierta autonomía de las dos centrales sindicales peronistas, buscan acelerar la unidad a los efectos de ofrecer al gobierno un "pacto de gobernabilidad" que atenúe las tensiones que producirá el llamado "sinceramiento" de la economía, que otros prefieren llamar "ajuste". Uno de los dirigentes de este sector (Maturano), secretario general del gremio que agrupa a los conductores de trenes, ha dicho que los gremios "son garantes de la paz social".
La idea de que el mencionado "pacto de gobernabilidad" incluya como un capítulo un "pacto social" con acuerdos entre el gobierno, los sindicatos y el empresariado gana espacio en el sindicalismo. Se trata de una idea que Cristina Kirchner usó al principio de sus dos administraciones pero que finalmente no concretó y que ahora quien la suceda sí podría hacerlo. (...)".
¿Esto es lo que se está debatiendo por estas horas con el nuevo Presidente, apelando a la inviable solicitud de un bono compensatorio de inflación para fin de año, que Cristina en declinación no le concedió a los sindicalistas?
Ahora, a la coyuntura
"(...) Como director de Finanzas fue designado Juan José Galea, un contador muy cercano al ex subjefe de la SIDE Darío Richarte y por encima de él a Nosiglia, que ya ocupó ese mismo puesto en el gobierno de la Alianza y que estuvo involucrado en el supuesto pago de coimas a senadores para aprobar una ley laboral en el 2000. De la mano de Richarte, Galea fue luego directivo del grupo de medios kirchnerista Veintitrés, de Sergio Szpolski.
Para el área de Crimen Organizado el elegido fue el comisario retirado Edgardo Aoun, ex director de Defensa y Protección al Consumidor porteño, que según averiguó este diario sería cercano al ex comisario federal Jorge “Fino” Palacios. El gobierno lo desmiente con vehemencia.
Para la dirección de Contrainteligencia habrían designado a Dalmau Pereyra, un hombre de excelente relación con operadores judiciales del macrismo.
Les espera una tarea monumental, que en principio sus antecedentes no ayudan a encarar. Aunque pocos lo vieron, Arribas está trabajando todos los días junto a Majdalani, definiendo el futuro organigrama de la AFI y los nombres que lo vestirán. (...)".
"(...) -¿Le van recortar poder a Gils Carbó por decreto?
-¿Qué es recortar poder? El Ministerio Público tiene facultades exorbitantes que no corresponden a un sistema acusatorio. Tenemos que revisar eso.
-¿Crearán un fuero contra el crimen organizado?
-Probablemente. Debemos optimizar la capacidad de la Justicia para hacer frente al narcotráfico. En este tema entra el traspaso de las escuchas de la Procuración a la Corte. Tenemos numerosas quejas de jueces porque es un mecanismo de producción de una prueba muy sensible, que hoy queda en manos de una de las partes en el proceso.
-¿Evalúan convocar a extraordinarias?
-La convocatoria es una decisión de otros ministerios más políticos y del diálogo con ambas cámaras. Debemos preparar los instrumentos jurídicos para que sean aprobados por el Congreso o por un decreto.
-¿Qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura?
-Sigue funcionando, hay un fallo apelado por el Ministerio de Justicia [el fallo declara inconstitucional la reforma kirchnerista que llevó el Consejo de 19 miembros a 13; el kirchnerismo lo apeló]. Podríamos desistir de ese recurso. Antes vamos a generar un consenso para modificar la ley; mientras, el Consejo sigue funcionando. (...)".
"La idea de realizar un juicio en ausencia a los sospechosos iraníes de haber perpetrado el atentado contra la AMIA parece estar en los planes del gobierno de Mauricio Macri y de su ministro de Justicia, Germán Garavano. La iniciativa partió de las organizaciones de la comunidad judía, AMIA y DAIA, y se tradujo en un proyecto de ley que asumió la oposición en 2013. El juicio en ausencia, es decir sin la defensa presencial de los acusados, nunca se aplicó en la Argentina, ni siquiera en el caso de los militares que cometieron las más graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
(...) En 2013, una vez que se firmó el Memorandum de entendimiento con Irán, la DAIA le presentó una alternativa al Poder Ejecutivo para que en el Congreso se vote una ley de juicio en ausencia para los casos de crímenes de lesa humanidad. El proyecto sólo fue adoptado por la oposición, pero en los últimos días, el ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó que van a trabajar en esa dirección. El actual secretario general de la DAIA, Santiago Kaplun, fue uno de los redactores del proyecto.
(...) El jueves pasado (17/12) Memoria Activa, la agrupación de familiares de las víctimas que lideran Adriana Reisfeld y Diana Malamud, mantuvo una reunión con Garavano. Se tocaron muchos puntos, pero también se habló del proyecto de juicio en ausencia. Reisfeld y Diana Malamud reafirmaron que Memoria está a favor de buscar una solución al estilo de la que se aplicó en el atentado de Lockerbie, en el que 259 personas murieron producto de una bomba puesta en un avión de Pan-Am. Estados Unidos y Libia acordaron, después de once años que se realizara un juicio en un tercer país, Holanda, en el que fue condenado un agente de inteligencia libio y fue absuelto otro. El mediador clave en aquella negociación fue Nelson Mandela. La propuesta de Memoria Activa es que se acuerde con Irán una solución de esa naturaleza, la realización de un juicio en un tercer país. Hasta ahora Irán viene rechazando esa alternativa que se le propuso tanto en épocas de Rafael Bielsa como de Héctor Timerman, pero Memoria Activa considera que hay camino por recorrer en esa alternativa. (...)".
"(...) Tras muchos años de difícil convivencia, Cristina y Scioli parecen haber conseguido la fórmula para actuar en tándem, en la búsqueda de bloquear a otros dirigentes que se quieren quedar con el PJ luego de la derrota electoral que ellos protagonizaron. De hecho, ya instruyeron al apoderado Jorge Landau para que apure la convocatoria a un congreso partidario en febrero.
Ese congreso debería ponerle fecha a una elección interna para elegir a las nuevas autoridades partidarias, pero en rigor el objetivo de la ex presidenta es ungir ella misma al titular del PJ y, en lo posible, ubicar allí al propio Scioli. Así, dejaría contentos a los gobernadores y evitaría que el partido ingrese en una fase de autocrítica, que la dañaría en términos políticos.
Afuera de esa jugada quedarían algunas figuras como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien viene tomando distancia del kirchnerismo. Tampoco ingresarían al PJ otros dirigentes como Sergio Massa o José Manuel de la Sota, fortalecidos tras su experiencia electoral. Y menos aún, referentes del PJ federal como el puntano Adolfo Rodríguez Saá. (...)".
"(...) La preocupación macrista por la Justicia tendría otra ramificación: la seguridad. Patricia Bullrich, la ministra, y Garavano estuvieron trabajando en el plan de emergencia nacional después de corroborar infinidad de asociaciones turbias en todo el país entre policías y jueces. Algunos episodios despertaron pavura. En un operativo antidroga en una de las tres provincias más importantes, comandado por su comisario, fue allanada una residencia. Entre los elementos incautados se hallaron documentos del propio comisario. En otra provincia norteña se comprobó que los autos de alta gama propiedad de las principales jerarquías policiales correspondían a vehículos que habían sido incautados a jefes narcos.
La inseguridad y la economía constituyen, sin dudas, las exigencias sociales inmediatas para Macri. De allí la decisión de blanquear por capítulos la herencia que había decidido omitir en su mensaje de asunción. La emergencia energética declarada, describiría el estado de colapso por el desmanejo kirchnerista. El levantamiento del cepo comunicado por el ministro Alfonso Prat-Gay ayudó para desnudar también las enormes distorsiones que afectan al sistema productivo. Esa resolución apunta a una normalización gradual del funcionamiento económico. Aunque oculta una entretela política: una fina mirada sobre el mapa electoral permitiría descubrir que Macri conformó su mayoría con los votos de las regiones que aportan el 75% del PBI.
La eliminación de las retenciones industriales y del campo –salvo la soja– se inscriben en ese contexto. Los sufragios del agro, en especial, resultaron desequilibrantes. (...)".
"(...) Dejaron atrás un gran problema, pero no resolvieron todos los problemas. Ni mucho menos. El próximo desafío es apartar a los argentinos del conflicto social que convierte sus vidas, desde hace 14 años, en un infierno cuando salen al espacio público. Corte de calles céntricas, piquetes en rutas y autopistas. Junto con la alegría por la reacción del mercado, Macri se despidió de su primera semana con un infinito malestar por la dinámica salvaje de esas protestas. El viernes, los empleados de la empresa Cresta Roja, beneficiaria de subsidios increíbles durante el kirchnerismo, condenaron a los viajeros de Ezeiza a llegar al aeropuerto arrastrando sus valijas. Como en los días de furia de 2002. "Eso es maldad, no es protesta", deslizó un ministro.
"Esto debe terminar", bramó Macri. Sabe que en la calle se librará el próximo combate para desafiar su poder. "No nos equivoquemos. La fiesta de la asunción ya pasó. Ahora habrá que vérselas con pequeños grupos que se proponen perturbar la vida de la sociedad", le dijo el Presidente a sus ministros. No son las movilizaciones del kirchnerismo puro y duro las que le preocupan.Esas más bien lo alivian: en ese tren, el kirchnerismo se convertirá en un minúsculo partido de izquierda. El peronismo es otra cosa.
Patricia Bullrich tiene un plazo para elaborar un protocolo contra piquetes y cortes: el 29 de diciembre. La orden del Presidente es clara: primero deberá negociarse y, si las conversaciones fracasan, la Justicia y las fuerzas de seguridad deberán actuar en el acto.Una de las cosas que Macri más valora es haberles devuelto la libertad plena a los argentinos; ahora quiere restituirles la tranquilidad. Restringir las peleas propias de la política a la dirigencia y no transferirlas a la sociedad. "Quiero ese lugar en la historia: haberle garantizado a la sociedad libertad y tranquilidad", dice. (...").
