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Mientras sigue avanzando con la intención de anular el ingreso del Grupo Clarín en Nextel, el Gobierno ahora apunta a reducir la calidad del servicio que la operadora de telefonía móvil ofrece a cerca de dos millones de clientes en el país. El objetivo es complicar las prestaciones de la compañía en la cual Cablevisión adquirió el 49% del capital por u$s 167 millones.
La operación, además de haber tomado por sorpresa a los funcionarios, causó fuerte irritación en el núcleo duro del kirchnerismo, varios de cuyos mas conspicuos representantes tienen a cargo los designios de los entes encargados de controlar el mercado de las telecomunicaciones.
En este marco, esta tarde se llevará a cabo una reunión del directorio la a Autoridad Federal de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (Aftic) y en agenda de temas sobresale la discusión por el tratamiento de una serie de frecuencias en manos de varias operadoras.
Según la información que pudo recoger El Cronista, los tres directores designados por el Gobierno intentarán votar la caducidad de varias frecuencias que utiliza Nextel en una gran cantidad de localidades del país.
La semana pasada, los mismos funcionarios intentaron llevar a cabo la misma maniobra que, de concretarse, perjudicará seriamente el servicio y por ende las comunicaciones de los clientes de esta compañía que se hizo de dichas bandas a través de la compra de empresas competidoras que vino realizando desde hace por lo menos 20 años y también por presentaciones en varias licitaciones de espectro. Se trata de frecuencias de trunking en las bandas de 800 MHz y de 470 MHz que el presidente de la Aftic, Norberto Berner, y los dos directores que responden al Poder Ejecutivo, Nicolas Karavaski y Federico Bekerman, intentarán concretar esta decisión. Por su parte, los representantes de la oposición Miguel Angel Giubergia y José Asad Peluc rechazarían de plano esta posibilidad.
Los directores designados por el Gobierno intentarán bajar varias frecuencias de Nextel.
De todos modos, los directores oficialistas fundamentarán la caducidad de las frecuencias asignadas a Nextel en la letra del artículo 10.2 del Anexo IV del decreto 764/2000 que establece que las nuevas autorizaciones que se otorguen para el uso del espectro radioeléctrico, destinadas a la prestación de servicios o soporte de red de los mismos, “en ningún caso tendrán un plazo de vigencia inferior a cinco años, y en concordancia con el procedimiento de asignación por esta norma se aprueba. Vencido dicho plazo, la autoridad de aplicación podrá extender la vigencia del mismo, por otro similar y sucesivo”.
De acuerdo a voceros que siguen de cerca la guerra entre Clarín y el Gobierno, los directores de la Aftic que responden a la agrupación de militantes La Cámpora argumentarán que los plazos legales están vencidos y que, por consiguiente, el organismo aplicará la facultad que le brinda el decreto antes nombrado para no prorrogar el plazo de vigencia de esas frecuencias.
Las frecuencias que le quitarían a Nextel podrían pasar directamente a ArSar.
También se especula que para evitar que los usuarios de Nextel se queden sin servicio y que los empleados de la compañía mantengan sus puestos, las frecuencias vacantes serán adjudicadas en forma directa a ArSat.
Para llevar a cabo este traspaso utilizarán otro decreto, el 2426/2012. Uno de sus artículos permite a las autoridades de aplicación asignar en forma directa frecuencias a organismos nacionales, entidades estatales y entidades con participación mayoritaria del Estado nacional.
Si la Aftic finalmente da validez al planteo de los directores K, el servicio de Nextel se resentiría de manera importante en una gran cantidad de localidades del interior como Mar del Plata, Mendoza, corredores como los de Buenos Aires-Rosario; Rosario-Córdoba, entre otros.
Un dato curioso de esta decisión es que también varios organismos oficiales que utilizan Nextel se quedarían sin servicio entre los que se destacan la Anses; el Banco Central; la jefatura de Gabinete; la Cancillería; el Ministerio de Desarrollo Social; la Casa de Moneda; el Ministerio de Planificación Federal y el de Interior. También la petrolera estatal YPF, varios entes oficiales y un gran cantidad de municipalidades con referentes kirchneristas.
