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El debate sobre la subrogancia llegará a la Corte Suprema de Justicia en las próximas 72 horas. Los temas judiciales son difíciles de hacerlos apetecibles, interesantes, apasionados para la gente de a pie. A menudo parecen casi difíciles de comprender, quizá reservados a gente muy calificada. Sin embargo, el tema es decisivo: impunidad o justicia, una consigna que los propios K lanzaron en su momento para forzar a la Corte Suprema a declarar la muy cuestionable decisión de revisar todo lo que se había juzgado en materia de terroristas, represores y detenidos-desaparecidos de los años '70 (no en el peronismo) y '80. Por lo tanto, la cuestiónes es Impunidad vs. Justicia para quienes robaron la hacienda pública, se enriquecieron con el dinero de todos y abusaron del poder delegado. Esto es bien sencillo pero son los opositores quienes tienen que presionar mucho más porque en esta instancia la Corte Suprema mermada duda muchísimo sobre qué hacer, aún cuando la movilización del #7J fuese multitudinaria. En tanto, Carlos Zannini, arquitecto del Poder Judicial K, habló con Horacio Verbitsky en Página/12, a quien le interesaba hablar sobre los juicios de lesa humanidad (que pueden volver a revisarse, según teme él) y de la cuestión de los mal llamados 'buitres' (Daniel Scioli se salió ya del libreto gubernamental). Pero, además, abordaron el tema en cuestión.
Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte. Carlos Zannini, arquitecto de la Justicia K. "(...) ¿Qué sucedería si la Corte Suprema terminara declarando inconstitucional la ley de subrogancias? Puede deducirse que lo hará con sólo leer su jurisprudencia. Ya dijo que los conjueces de la Corte necesitan cubrir los mismos requisitos que los jueces titulares del tribunal. Con ese mismo criterio, podría señalar que cualquier juez subrogante debe tener las condiciones de cualquier juez titular. Es decir, debe contar con los dos tercios de los votos del Consejo de la Magistratura (los nueve que el oficialismo no tiene) en lugar de la simple mayoría que establece la nueva ley. (...)".
(Urgente24). Días intensos los que llegan. El kirchnerismo carga masivamente para controlar instancias decisivas del Poder Judicial. Hace tiempo que preparó lo que cree que vendrá, y la oposición tiene reacción antes que planificación.
Pero la reacción también vale, si es potente y apropiada.
Aquí van recortes importantes del domingo 05/07:
"(...) A modo de contraataque, el juez de La Plata, Alberto Recondo, declaró el jueves inconstitucional un artículo de la polémica ley. De esa forma desbarató la maniobra del kirchnerismo de legitimar al secretario penal Laureano Durán como titular del Juzgado que tiene a su cargo la custodia jurídica del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires.
La actitud de Recondo representó el pensamiento de un gran número de jueces de todo el país, que no toleran la violenta intromisión gubernamental en las decisiones judiciales. Después de no admitir el martes por razones formales un recurso en defensa de Cabral, la Corte Suprema de Justicia tomó intervención directa en la grave situación planteada.
El miércoles (01/07) más de medio centenar de jueces penales enviaron una nota al presidente del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, en la que expresan su inquietud y preocupación ante la designación de conjueces identificados con el Gobierno en juzgados donde se sustancian causas relacionadas con funcionarios supuestamente involucrados en actos de corrupción. La respuesta fue la convocatoria a los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país a una reunión el próximo martes para analizar el problema derivado de la ley de subrogancias.
La gran pregunta para la que todavía nadie tiene respuesta es si la Corte se pondrá al frente de la defensa de la independencia de la Justicia -como tantas veces lo ha proclamado Lorenzetti- y se plantará con firmeza ante la embestida oficial. Sobre esa actitud hay que diferenciar dos planos: en lo estrictamente jurídico, la Corte debe pronunciarse recién cuando un caso concreto llegue a esa instancia luego de pasar por las anteriores. Esa vía buscando la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias ya fue abierta por el juez Recondo de La Plata y se espera que avance con celeridad.
La otra vía es la política. Se trata de un terreno en el que los miembros de la Corte se mueven con mucha cautela pero nada les impide inducir algunas conductas de magistrados para que se vaya despejando el camino. A propósito, el jueves en Tribunales y en otros ámbitos, más de uno se preguntó si la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la polémica ley por parte del juez de La Plata no fue consultada previamente con la Corte.
Para muchos, incluidos funcionarios cercanos a la Presidenta, la Corte ya ha dado señales de que llegado el momento podría trabar por inconstitucionales, los términos de la ley de subrogancias. De hecho, estaríamos ante una situación similar a la que se produjo con el rechazo a la llamada democratización de la Justicia, pero más grave aún.
El conflicto de poderes ya está planteado y coincide nada menos que con una campaña electoral definitoria para el kirchnerismo. ¿Es oportuna la batalla para el Gobierno? ¿El agresivo avance sobre la Justicia podría afectar la intención de voto de los sectores más independientes que ven en Daniel Scioli una versión más equilibrada del oficialismo? (...)".
"(...) Sea como sea, hasta el viernes no había ingresado en los tribunales ningún pedido de inconstitucionalidad de la ley de subrogancia. Es inconstitucional porque ignora el mandato de la Constitución sobre la designación de los jueces, sean estos suplentes o titulares. Sólo el viernes, el presidente del Colegio de Abogados, Guillermo Lipera, pidió a la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de esa ley. Lo mismo hizo el abogado Ricardo Monner Sans. La Asociación de Magistrados hará un planteo similar el miércoles próximo, después de la manifestación que convocó para el martes, a las 18, en la plaza Lavalle. De todos modos, se perdieron más de tres semanas en un caso que deberá recorrer las tres instancias de la Justicia (el juez de primera instancia, la Cámara Federal y la Corte Suprema), trámite que llegará al máximo tribunal de Justicia no antes de septiembre seguramente.
¿Qué sucedería si la Corte Suprema terminara declarando inconstitucional la ley de subrogancias? Puede deducirse que lo hará con sólo leer su jurisprudencia. Ya dijo que los conjueces de la Corte necesitan cubrir los mismos requisitos que los jueces titulares del tribunal. Con ese mismo criterio, podría señalar que cualquier juez subrogante debe tener las condiciones de cualquier juez titular. Es decir, debe contar con los dos tercios de los votos del Consejo de la Magistratura (los nueve que el oficialismo no tiene) en lugar de la simple mayoría que establece la nueva ley.
Si así fuera el caso, los tribunales deberán prepararse para un largo tembladeral. Los jueces designados ahora no caerán fácilmente, aunque deberían hacerlo por obra de esa eventual decisión de la Corte Suprema. Resistirán con innumerables planteos judiciales. Hasta es probable que haya dos jueces (el que está y el potencialmente repuesto) en un mismo juzgado o vocalía. (...)".
"(...) Desplazado el juez Cabral, que también era subrogante, el abogado transformado en camarista de Casación –el más alto tribunal penal del país– es Claudio Marcelo Vázquez, de quien se ha señalado como mérito más notorio su amistad con Julián Alvarez, que es secretario de Justicia, dirigente de La Cámpora y ahora aspirante a la intendencia de Lanús.
El miércoles pasado otros dos abogados fueron incorporados a Casación por el mismo método. Se trata de Norberto Federico Frontini y Roberto José Boico, quienes cubrieron así las vacantes que había en ese tribunal. Considerados en el ambiente judicial como afines al Gobierno, ambos posaron luego de la ceremonia, lógicamente felices, junto a la presidenta de esa Cámara, Ana María Figueroa.
La doctora Figueroa fue quien, en la noche del jueves anterior, había tomado juramento urgente al abogado Vázquez. Así se completó la maniobra de desplazamiento de Cabral decidida en el Consejo de la Magistratura por la mayoría kirchnerista que encabeza la titular de ese organismo, la jueza laboral Gabriela Vázquez.
Esta marcha oficialista a paso redoblado se propone objetivos ambiciosos de aquí a diciembre. Apunta al 25% de juzgados que están vacantes en el país y al 28% de las fiscalías en la misma situación.
Se trata de ocupar cuanto casillero sea posible. En Tribunales mencionan un plan kirchnerista para llenar con gente propia alrededor de 200 juzgados. A veces la imaginación vuela, pero los hechos concretos la hacen volar mucho más.
Nada de esto sería posible sin la acción decidida y militante de la jueza Vázquez, presidente del Consejo de la Magistratura, que con su voto suele desempatar a favor de las posturas del Gobierno el habitual seis a seis que se estableció en ese cuerpo.
Según las historias que se cuentan en tribunales de Comodoro Py, la doctora Vázquez –en particular interpretación de sus funciones en la Magistratura– ha visitado a jueces federales para reclamarles celeridad en alguna causa de interés, acompañada por funcionarios de la Procuración General que responden a órdenes directas de la procuradora Alejandra Gils Carbó, una de las piezas centrales que Cristina se propone dejar remachada en la estructura judicial que la sobreviva en el poder.
Como se ha dicho, origen y herramienta de toda esta ofensiva oficialista es la nueva ley de suborgancias. Según un informe reservado que circula en despachos de jueces y camaristas, esa ley promovería “una transformación total del Poder Judicial federal, similar a la que se pretendió con la frustrada reforma judicial anterior”.
Hace dos años Cristina había lanzado la llamada democratización de la Justicia, un conjunto de leyes destinadas a consolidar un fuerte control político sobre los tribunales. Decisiones interpuestas por la propia Justicia lo frenaron. Y le dio sepultura un fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional la elección popular de los miembros de la Magistratura, el organismo que selecciona y sanciona a los jueces.
Ese informe interno, que habría sido puesto en conocimiento de funcionarios de la Corte, destaca que la ley cuestionada otorga a la Magistratura la posibilidad de designar jueces subrogantes por un período de hasta seis años con la simple mayoría de sus miembros. Y que permite “elegir de manera discrecional entre un juez de la Constitución o un abogado de la lista de conjueces, cambiando todo el sistema anterior”. (...)".
"(...) –El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Luis Lorenzetti, exhortó en alguna de sus homilías en contra de la judicialización de la política y planteó que hay temas que tiene que resolver la política y no la justicia. Sin embargo, parece haber abandonado esa idea y se siente más cómodo con que sea la justicia la que resuelva las cuestiones de la política.
–Lo primero que hay que diferenciar es que dentro de la Justicia hay sectores que trabajan para que no haya ningún cambio y también gente muy interesada en que la justicia respete a la sociedad. Entre los jueces hay una tensión permanente, que existe también en otros órdenes, entre tomar decisiones en favor de la corporación, que son en general un pequeño grupo que se asume como representante de esa corporación, o en favor del conjunto. No siempre esta Corte ha estado en el sentido que nosotros pensamos que debía tener, de protagonizar el cambio que se hizo en el Ejecutivo, que pasó por el Legislativo. En cambio todavía seguimos esperando que haya un mejor servicio de justicia.
–(...) Hablaba de todo lo que no se ha hecho en la Justicia.
–También hay que hablar de todo lo que sí se ha hecho, porque en materia de juicios por crímenes de lesa humanidad es mucho el avance que se ha logrado. Es necesario rescatar esos resultados que enorgullecen a la Argentina y que son tomados como ejemplo a nivel mundial.
–Sin dudas. Incluso Lorenzetti ha dicho en reiteradas ocasiones y consta en un libro firmado por él que estos juicios forman parte del contrato social de los argentinos. Ninguna voz calificada de la sociedad lo pone en duda. Hasta el ingeniero Macri firmó en 2010 una declaración propuesta por el CELS que considera esos juicios como política de Estado y que fue aprobada por unanimidad de la Cámara de Diputados. ¿Qué otros avances mencionaría?
–Se han dictado leyes que le han mejorado las herramientas a la justicia. Tiene la resistencia de algunos la aplicación de esas leyes, pero van todas en el sentido de democratizar, abrir, permitir el control, e incluso una participación de la sociedad importante.
–¿Y qué cosas no se han hecho?
–Se ha permitido la judicialización de la política, y con ello la politización de la justicia. En el caso Cabral se ve muy claro: sólo lo defienden los opositores. Eso habla muy mal de la independencia de quien era subrogante durante mucho tiempo sin haber pasado por un concurso.
–Más allá de la anécdota Cabral, ¿cuáles son las asignaturas estructurales pendientes?
–La aplicación de la ley de medios, el abuso de las cautelares contra medidas de gobierno.
–¿El acceso a la justicia para los sectores vulnerados?
–Si, la lentitud, y la resistencia a la aplicación de un nuevo código que podría abreviar trámites. El problema de la justicia, como el problema de la educación, requiere la participación positiva de los propios actores, tanto de los docentes como de los miembros de la justicia. Ningún cambio se puede hacer en contra de los que deben participar de ese cambio. De modo que la tarea de convencer, de trabajar para lograr consensos es muy importante, porque puede ser muy bueno el código pero muy mala la gestión de ese código.
–La Corte Suprema ha sido reacia a las modificaciones planteadas por el ejecutivo y el congreso: declaró inconstitucionales algunas leyes y decidió no aplicar otras ¡por resolución administrativa! Incluso esterilizó aquella ley que no fue cuestionada en forma explícita, la del acceso igualitario a los puestos judiciales. No se han hecho los concursos y la Corte confirmó por resolución a los empleados transitorios como planta permanente, con lo cual sepulta también esa posibilidad.
–Hemos sido el único gobierno en el último medio siglo que no buscó tener una corte adicta, para que se pueda creer en ella. Esto se ve desde el proceso de selección de los candidatos, hasta la limitación del número de miembros. Estamos orgullosos de haber contribuido así a mejorar la calidad institucional. La Corte hizo cosas que me gustaron y otras que no. Pero lo fundamental, y me parece que ahí está lo grande de su déficit, es que no se puso a la cabeza de mejorar la justicia efectivamente.
–El juicio político a los miembros de la mayoría automática menemista, el decreto 222 que modificó el procedimiento para la selección de los miembros de la Corte, las audiencias públicas del Senado previas a la confirmación y los criterios para la selección de candidatos están en el haber del gobierno. Pero no es lo mismo esta Corte de tres jueces y un fantasma que la Corte de siete miembros. Murió Enrique Petracchi, que además de su indiscutido talento jurídico fue quien inició todas las reformas positivas en su funcionamiento, las audiencias públicas, la transparencia, la circulación de los votos, la identificación de los abogados litigantes. También murió Carmen Argibay y se jubiló Raúl Zaffaroni. Fayt es un sello que maneja Lorenzetti porque ya no está en condiciones de otra cosa y la oposición se niega a la designación de nuevos miembros. Me parece que esto hace imprescindible una negociación entre las fuerzas políticas, porque es lo que manda la Constitución. Cuando dice dos tercios quiere decir acuerdo amplio, que nadie pueda imponer algo. ¿Está de acuerdo con que es imprescindible ese tipo de negociación y en ese caso cómo la imagina?
–Cuando la Constitución pide dos tercios pide un consenso especial. No es que los constituyentes no previeron que iba a ser difícil, quisieron hacerlo más difícil y que no dependiera de un solo sector. En estas condiciones, la única posibilidad de obtener un consenso puede pasar por un acuerdo político o por un acuerdo sobre la calidad del enviado.
–La oposición dice: ninguno que mande este gobierno.
–Cuando la oposición se cierra así, elige no tener Instituciones. La Presidenta cumplió en término el envío de un pliego, que está sin tratar en el Senado por falta de consenso. No hay opositores que estén en condiciones de discutir con el gobierno y cumplir sobre ningún consenso porque parecen comandados por el Círculo Rojo. Ese nombre es una hermosa maniobra de ocultamiento, porque yo quisiera saber el nombre de los que integran el Círculo Rojo.
–¿Quisiera saberlo o quisiera que lo dijeran? Sospecho que lo sabe.
–Lo sospecho pero quisiera que le pongan ellos el nombre. Ese círculo rojo está bastante tenido en cuenta por estos días, muchos van y le consultan. Mientras el Círculo Rojo no les dé el “OK”, no va a haber consenso. De modo que tenemos instituciones sometidas a un poder corporativo, porque no puede tener otro origen. No son tres viejos de la tribu a los que van y consultan, ni el oráculo de Delfos. Son seres de carne y hueso cuyos nombres ocultan bajo esa denominación.
–Esto quiere decir que el tema de la Corte queda pendiente para el próximo gobierno.
–No, queda pendiente de la sensatez de los opositores.
–No parecen tener mucha. ¿Y si queda pendiente para el próximo gobierno?
–Se prorroga la situación. El próximo gobierno va a tener el mismo problema. Siempre se necesitará consenso de las distintas fuerzas políticas."
