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Ayer la presidente anunció que el Gobierno accedió, aunque parcialmente, a los reclamos que desde hace semanas sostienen los gremios para que se exima del pago del Impuesto a las Ganancias en los medios aguinaldos que se cobrarán en diciembre. Comunicó que estarán exceptuados del pago los trabajadores que ganen menos de 35 mil pesos. Obviamente, la oportunidad de la medida se orientó a desmontar un paro de la CGT de Hugo Moyano que, al menos hasta ayer, se estaba poniendo en marcha para mediados de mes con reclamos bastante más amplios que lo que ella anunció ayer.
Pero en su largo discurso de ayer ni en las anteriores apariciones públicas posteriores a su convalecencia, CFK hizo alusión alguna al reinicio de la negociación con los holdouts en Nueva York. Un evento que se daba como seguro para la primera semana de enero, cuando ya no tenga vigencia la cláusula RUFO, pero que recientemente fue relativizado por comentarios de varios funcionarios, empezando por Axel Kicillof.
Es que un problema -no el único- para retomar las negociaciones sobre el pago de la sentencia de Thomas Griesa que beneficia a un grupo de holdouts es que las condiciones generales para el gobierno desmejoraron notablemente desde que en julio pasado la Casa Rosada pateó el tablero y precipitó primero el default selectivo y luego la declaración de desacato por parte del magistrado. Sin duda que el verdadero objetivo del gobierno para volver a la mesa de negociaciones es conseguir acceso al financiamiento externo para el año electoral, o sea, para mejorar las condiciones de la economía y financiar su aparato clientelístico con el objetivo de ganar en primera vuelta y no correr el riesgo de un ballotage. Pero distintos indicadores convergen en que el desmanejo de las cuentas públicas que aumentará un déficit fiscal que, al financiarse con emisión, provocará una inflación mayor a la de 2014. Esto, a su vez, aumentaría el retaceo de la inversión tanto local como foránea, que esperará que el próximo Gobierno presente un plan económico coherente para tomar decisiones. En otras palabras, que en el 2015, aun cuando se acordara con Paul Singer y se levantara el default, no habría financiamiento externo, por la sencilla razón de que las cuentas públicas del país no son creíbles. Podrá haberlo con el próximo Gobierno, siempre y cuando haya un stand by y un monitoreo del FMI. Tanto George Soros como David Martínez y los fondos como Grammercy, etc., serán muy amigos de Argentina, pero así como no hicieron el canje de bonos, tampoco están dispuestos a poner plata.
Griesa sin prisa y sin pausa
Este panorama más bien oscuro también tiene que ver con dos características propias de los años electorales: aumentos de precios para hacer un colchón ante la incertidumbre del próximo plan económico y aumento de la demanda de moneda extranjera por el mismo motivo. A esto hay que sumarle las investigaciones que se están haciendo en el exterior con las empresas vinculadas a Lázaro Báez, que pueden salpicar bastante a CFK y familia.
Por otra parte, y en lo que hace específicamente a la cautelosa conducta seguida por Griesa, estamos ante un juez formal. Cuando otros holdouts, como EM Limited, propiedad de Dart, se acoplaron a la demanda de NML, él llamó a una audiencia de todos el próximo 10. El Banco Central fue convocado a dicha audiencia, en la que intentará conseguir un fallo favorable que evite embargos de sus bienes, que fueron pedidos por los fondos buitre. La máxima autoridad monetaria del país buscará que el tribunal rechace los intentos de los fondos NML y EM de embargar sus activos en Estados Unidos.
Si los nuevos demandantes muestran que sus títulos son Brady Par o Brady Discount (que tenían la cláusula pari passu impresa en las láminas) o bonos canjeados por esos Brady, se tomará su tiempo y finalmente diría que el reclamo es válido y que todos deben negociar a través del mediador Pollack.
