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La
citación a declaración indagatoria del vicepresidente de la Nación
es una noticia de enorme impacto en nuestra vida política.
Nunca
en la historia argentina un vicepresidente fue procesado, que es lo
que se estima que ocurrirá con Amado Boudou luego de su declaración.
Esta situación abre interrogantes en materia institucional.
Por
un lado, ninguna norma constitucional ni legal prevé que el
presidente o el vicepresidente deban renunciar o tomar licencia por
estar procesados.
La
ley 25320, sancionada en 2000, conocida como la ley de fueros, vino a
sentar la buena doctrina. No hay inmunidad de proceso para los
legisladores ni los funcionarios ejecutivos sujetos al juicio
político, sino solo inmunidad de arresto. Esto significa que el
desafuero, para los primeros, o el juicio político, para los otros,
solo se necesita si el juez dicta una medida restrictiva de la
libertad ambulatoria de esos funcionarios.
Así
lo establece el artículo 1° de dicha ley:
"ARTICULO
1º — Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se
impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o
magistrado sujeto a desafuero, re moción o juicio político, el
tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial
hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera
medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el
legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el
tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político.
En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de
arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador,
funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio
político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello el
proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El
tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero,
remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al
pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones
que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el
legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la
comisión de un delito por el que se está instruyen do causa tenga
derecho, aun cuando no hubiere sido indagado, a presentarse al
tribunal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su
juicio, puedan serle útiles. No se podrá ordenar el allanamiento
del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la
intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin
la autorización de la respectiva Cámara".
Pero
más allá de esas consideraciones jurídicas, sin dudas el
procesamiento del vicepresidente tiene proyecciones políticas que no
pueden ser minimizadas.
No
se trata de una imputación menor. No es un hecho ilícito de
carácter culposo, de los que nadie puede asegurar que la vida alguna
vez no le depare. El texto del llamado a indagatoria escrito por el
juez Lijo se refiere a actos gravísimos, nada menos que la
adquisición para sí por parte del licenciado Boudou de una empresa
destinada a la fabricación de papel moneda, empleando para ello su
posición de ministro de Economía.
Son
varios los delitos que surgen de esa maniobra. Los indicios, por lo
demás, son abrumadores y la sociedad los conoce por el trabajo
periodístico de Jorge Asís, Jorge Lanata, Hugo Alconada Mom y
Nicolás Wiñasky, entre otros.
En
ese contexto, ¿debe permanecer Boudou como vicepresidente? Habrá
que esperar la resolución que adopte el doctor Lijo después de la
declaración indagatoria, pero si es la que se prevé, entonces
correspondería que el vicepresidente diera un paso al costado, para
descomprimir la tensión política y para que las investigaciones se
realicen con la mayor transparencia.
Una
de las dudas que suscita esta cuestión es si Boudou actuó por su
cuenta o con el conocimiento de la presidente de la Nación.
Quienes
sospechan lo primero hablan de un error de la señora de Kirchner en
la elección de su compañero de fórmula, que habría traicionado,
con su ambición desmedida y su falta de escrúpulos, la confianza
depositada en él.
Ahora
bien, es una hipótesis difícil de sostener una vez que se tiene en
cuenta el apoyo explícito que la presidente le dio a Boudou una vez
conocidos los hechos.
No
ha sido solo un apoyo retórico. Recordemos que por decisión
presidencial renunció en su momento el Procurador General, Esteban
Righi, una figura emblemática del "camporismo"; y fueron
apartados el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo.
Por
otra parte, en un gobierno en el que Néstor Kirchner controlaba
firmemente todas sus riendas, es inimaginable que una acción como la
emprendida por Boudou, que debió contar con la anuencia de varias
áreas del Estado, pudiera desarrollarse al margen del conocimiento
de aquel.
Boudou
mismo, según informa un periodista del prestigio de Alconada Mom,
señaló varias veces en charlas privadas que había obrado por
indicación de Néstor Kirchner, quien pretendía quitarle el negocio
a una empresa que se señala como vinculada a Eduardo Duhalde.
Por
lo tanto, no es descabellado postular que este asunto debería
llamarse "caso Kirchner" antes que "caso Boudou".
Por
cierto, las implicancias de este enfoque son mucho más inquietantes
que las derivadas de la responsabilidad exclusiva del vicepresidente.
No
se nos escapa el grave daño que a la ya maltrecha salud
institucional de la República le provocan estas consideraciones,
pero más daño aun le generan la mentira y la impunidad.
Solo
sobre la base de la verdad y de la justicia, edificaremos una nueva
República.
