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Los saqueos a supermercados, comercios de ropa o cualquier tipo de locales, hacia fines de diciembre, ya no parecen ser ninguna sorpresa en Argentina. Hasta, se podría decir que se esperan. Los ministros de seguridad provinciales y de la Nación están, informan todos los medios, en permanente contacto hacia estas fechas. Tienen, inclusive, el aparato de inteligencia a su servicio y el poder del Estado para actuar no sólo ante los ilícitos, sino, también, para frenarlos antes de que sucedan. Pero esto no pasa.
En diciembre de 2012, Bariloche fue el epicentro; Rosario y la Provincia de Buenos Aires tuvieron sus coletazos, pero ninguno de ellos tan profundos y graves como los sucedidos durante los últimos días (aunque en la ciudad santafesina hubo un muerto). Ni tan propagados tampoco.
En aquel momento, los saqueos barilochenses respondían a internas de los movimientos populares que, en su mayoría, respondían al kirchnerismo. Será por eso, tal vez, que de los detenidos no se supo nunca más nada; ni quiénes eran ni a quiénes respondían. Tan sólo se decidió enjuiciar políticamente al intendente y, rápidamente, destituirlo. Siempre, obviamente, con la venia y la orden presidencial (recordar la reunión en el aeropuerto de esa ciudad entre el senador Miguel Ángel Pichetto y el destituido Goye).
Pero este año, el condimento fue mayor: la policía fue la que realizó una medida de fuerza y dejó zonas –literalmente- liberadas para el ataque de las bandas perfectamente organizadas de saqueadores.
De haber sido aislado el arrebato cordobés, la teoría de la conspiración tendría algún tipo de veracidad en su relato. Pero la propagación de las protestas de las fuerzas y los saqueos reflejan otra realidad que puede ser partida en dos. Por un lado, se atestiguan los magros sueldos de los policías. Con sueldos en mano de $5000, de los cuales la mitad es con adicionales (en negro, para ser sinceros), ningún agente desea exponer su vida ante los delincuentes. Por otro lado, queda en clara exposición el accionar corporativo de una fuerza que se siente presionada por el avance de algunos sectores políticos en su intento de lucha contra los ilícitos.
No debe, desde este punto de vista, dejarse de observar unas situaciones ejemplares: durante 2013, el gobierno de José Manuel De La Sota cerró una gran cantidad de prostíbulos; el gobernador Antonio Bonfatti, de Santa Fe, ha iniciado su lucha contra el narcotráfico; la Provincia de Buenos Aires, además, intenta llevar adelante la “municipalización” de la fuerza, lo que pone en juego un nuevo mapa de poder (aunque, que quede claro, esta “municipalización” no arroja ningún dato preciso sobre su supuesta bondad).
El Estado Nacional, ante todo esto, se muestra impotente. Sobre todo cuando tuvieron anuncios de estallidos sociales con las tomas de terrenos del plan Procrear en la Provincia de Buenos Aires y Santa Cruz. Además, las rencillas políticas evitan una sana y rápida solución. Las teorías golpistas tampoco sirven, simplemente por carecer de fundamentos. Así, la sociedad se siente desamparada y decide, lícita y peligrosamente, armarse ante los desmanes de quienes quedaron afuera de la década ganada. Adolescentes, muchos de ellos, que ven en estos saqueos una forma de vida. O, lo que es más peligroso, un juego para subir a las redes sociales y vanagloriarse ante sus contactos.
El saldo hasta hoy
A pocos días de comenzados los saqueos en la provincia de Córdoba, ya hay por lo menos 11 muertos y cientos de heridos por la violencia registrada allí y en las provincias de Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy. Entre la tarde del lunes y la madrugada del martes se produjo la jornada de mayor violencia, cuyo epicentro en las provincias de Chaco, Tucumán y Jujuy se cobró el saldo de siete víctimas fatales (se manejan versiones sobre una cantidad más elevada).
Los saqueos en Chaco comenzaron a multiplicarse ayer a la tarde en el Gran Resistencia. La situación más gravosa se dio en la capital de esta provincia, en donde la protesta policial produjo incidentes en varios lugares de la ciudad y terminó con cuatro muertos (una de las víctimas es el subcomisario Cristian Vera, que falleció esta mañana tras recibir un balazo durante los saqueos).
En Tucumán, se confirmaron cuatro muertos en la capital, aunque a su vez la ciudad de San Miguel se prestó como escenario de noches violentas que terminaron con una gran cantidad de comercios saqueados (se habla de unos 250 comercios fueron arrasados en la provincia y se habla de unos 75 millones de pesos en pérdidas) y más de 30 heridos de bala en distintos hospitales. En la noche de ayer la tensión siguió siendo protagonista de la ciudad de San Miguel y alrededores. En la Plaza central, con las víctimas de los saqueos siendo reprimidos por la policía provincial (la cual ya había arreglado su aumento salarial). En los barrios, con los vecinos haciendo barricadas y totalmente armados a la espera de los saqueadores. Incluso el aeropuerto debió cerrar porque no existían condiciones de seguridad en la ruta que une el mismo con la ciudad. Hasta anoche, aún habiendo arreglado el aumento salarial, la policía provincial seguía sin patrullar la ciudad, por lo que comenzó a hacerlo Gendarmería con el objetivo de apaciguar los caldeados ánimos.
En Jujuy, un menor murió en un saqueo en la localidad de Perico, uno de los epicentros de la violencia en la provincia. Según informa DyN, el menor fue herido confusamente cuando ingresó a un comercio de la zona, produciéndose un forcejeo con el dueño del local: "El momento en que se produjo la muerte habría sido cuando uno de los supuestos saqueadores amenazó al cajero de un local deportivo. Le pedía dinero. En ese momento se produjo un forcejeo. El cajero evadió el puntazo que impactó en otro saqueador que murió en acto", aseguran testigos al periódico El Tribuno. El mismo periódico reportó que un grupo de jóvenes descendió de un colectivo y saqueó un comercio de indumentaria deportiva ubicado frente a la plaza central.
En la provincia de Tierra del Fuego la situación se agravó anoche por el acuertelamiento de la policía. Centenares de efectivos decidieron permanecer en la delegación central y no salir a cubrir sus puestos de trabajo en las calles de la provincia. Señala el mismo periódico que los voceros policiales demandan un ingreso básico de 12 mil pesos (el actual ronda los 9.600 pesos).
En Chubut, agentes de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson realizaban tareas mínimas luego de rechazar el aumento salarial que propuesto por el gobernador (10.300 pesos el suelo mínimo para efectivos de zona sur y 9.800 para
los del norte). La situación más tensa se dio en Puerto Madryn, donde se registraron dos saqueos y varios intentos más ante la presencia mínima de la policía.
En Salta, un centenar de policías reclaman un aumento que lleve el sueldo básico a 8.500 pesos. Se encuentran concentrados frente a la Jefatura policial, y en el día de hoy comenzaron a autoacuartelarse. Hay fuerte tensión en la capital salteña y se esperan intentos de saqueos durante la jornada.
En La Pampa, más precisamente en la ciudad de Santa Rosa, hubo al menos tres comercios que fueron saqueados. Grupos de personas intentaron asaltar otros locales pero fueron reprimidos por la policía, que detuvo a 11 personas. Hubo heridos también, pero no se sabe la cantidad exacta.
En la provincia de San Luis, si bien no existe aún protesta policial, existió un aislado intento de saqueo, el cual fue controlado, contra un supermercado en la capital provincial.
En Mendoza, pasó otra jornada sin solución al reclamo salarial de los uniformados. Concentrados frente a la Legislatura provincial, los policías analizaban la propuesta de $ 8500 que les hizo llegar la administración del gobernador Francisco Pérez. Se registraron varios intentos de saqueo y saqueos consumados en las afueras de la ciudad de Mendoza capital.
La agenda de los gobernadores
En el contexto de tensión en el que se desarrollaron las protestas policiales y los saqueos en todo el país, la agenda de los gobernadores gira en torno al logro de acuerdos salariales con las fuerzas de seguridad. En este sentido, en la mayoría de los casos el principal problema para la consecución de los acuerdos sería el debilitado estado de las economías provinciales, asfixiadas por la falta de recursos para afrontar gastos corrientes. Durante las últimas horas de la noche del lunes fueron cuatro los gobernadores que lograron pre-acuerdos laborales con las fuerzas de seguridad.
-Urribarri firmó el acta-acuerdo con los efectivos policiales y la protesta fue así terminada: el gobernador ofreció un inicial de 8.434 pesos para los agentes sin
antigüedad. Además, se comprometió a convocar a negociaciones paritarias y a no sancionar a los por las protestas.
-Juan Carlos Bacilleff Ivanoff, gobernador interino de la provincia de Chaco, elevó el salario inicial a 8 mil pesos y prometió evitar las sanciones, lo que conllevó a la finalización de la protesta y al restablecimiento del trabajo policial. Además de resaltar las cuatro víctimas fatales, también se debe resaltar que se inició una grieta entre el gobierno nacional y el gobernador interino a partir de estos episodios, debido a que Bacileff Ivanoff culpó directamente, y en declaraciones públicas, a su superior inmediato de licencia, y actual Jefe de Gabinete, de no enviarle un solo gendarme para calmar las protestas.
-Eduardo Fellner acordó con la policía una suba que lleva los salarios iniciales a 8.500 pesos.
-Maurice Closs, gobernador de Misiones, se adelantó a un eventual conflicto y negoció con policías y agentes penitenciarios un aumento salarial de 35%, llevando a 8.200 pesos el salario policial y penitenciario básico.
Como correlato de los nuevos pisos salariales y de las consecuentes erogaciones públicas, la mayoría de los gobernadores advirtió que resultan altamente probables las subas en los impuestos básicos. Así lo hizo el gobernador Closs, quien afirmó "Vamos a tener que ampliar nuestra base tributaria. No hay otra posibilidad. El Estado va a tener que disminuir notablemente su ritmo de obra pública y muchas de las obras planificadas las vamos a tener que discontinuar definitivamente, porque no vamos a tener los recursos y, en eso, la sociedad nos va tener que entender".
La Bonaerense
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, procedió a decretar un aumento salarial que llevó a 8.570 pesos el salario inicial para la Policía
Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincial. Así, pudo neutralizar las más que legítimas demandas de la fuerza de seguridad más importante del país con más de 57.000 agentes. El ministro Granados agregó que “todo el mundo colaboró para desactivar la bomba” provocada por la protesta policial. Esto es cierto, ya que el Ejecutivo Provincial contó con el apoyo de todo el espectro político para evitar que el conflicto se expandiese.
En el día de ayer, a pesar de haber arreglado la suba de su policía, se registraron saqueos en un supermercado chino y una casa de electrodomésticos en la localidad de Arrecifes.
Algunas Conclusiones
No se pueden realizar postulados concluyentes acerca de los por qués de los saqueos. Existen distintas versiones, de las cuales ninguna puede ser comprobada realmente. Por un lado, la versión del gobierno, siempre buscando poderes ocultos que quieren “perturbar la democracia”. Por otro lado, que las mismas policías provinciales enviaron a los saqueadores para extorsionar a los ejecutivos provinciales a darles fuertes subas salariales. Desde ya, existe también la gente opositora al Gobierno Nacional que dice que es porque el país no da para más, por lo que la explosión social era esperable.
Probablemente todo tenga que ver, ya veremos cómo avanza el ya fatídico mes de Diciembre 2013. El peor Diciembre desde el 2001, donde hubo 20 muertos, hoy ya tenemos 12 oficiales y 14 extra oficiales.
Desde esta columna creemos firmemente en que hay que tener un especial cuidado durante los próximos 10 días, ya que existen rumores de saqueos (tanto planificados como espontáneos) en el conurbano bonaerense. Incluso, ya hemos tenido información de parte de la policía bonaerense y de Gendarmería, que tanto el gobierno provincial como el nacional está empezando a organizar las fuerzas para controlarlos.
Sumado a eso, hay que tener presente de manera constante las formas en las que reaccionarán las fuerzas de seguridad nacionales a estos reclamos de las fuerzas provinciales. Recordemos que los reclamos de las fuerzas comenzaron fuerte en el
año 2011, con el acuartelamiento de Gendarmería. Hoy, con las subas salariales a las fuerzas policiales, los sueldos de Gendarmería y Prefectura quedaron realmente muy bajos. Ya existen rumores de posibles protestas por parte de estas fuerzas.
Una cosa que sí queda claro, es que el Gobierno Nacional pudo haber intentado frenar este problema de raíz si hubiera enviado a la provincia de Córdoba la Gendarmería el primer día del caos. Con la idea de debilitar al opositor De La Sota, no lo hicieron, esperaron, y debido a eso, De La Sota debió arreglar con la policía, marcando un precedente que se extendió por todo el país, al igual que los saqueos. Una semana después, el problema sigue, Capitanich como piloto de tormentas está demostrando que hace agua, y la Presidenta, que no solo no estuvo presente durante todo el conflicto, decidió reaparecer ayer, para el festejo de los 30 años de democracia, en un momento completamente inoportuno, con 14 muertos sobre la espalda.
