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El Senado aprobó la reapertura del canje de deuda, con la que el Gobierno nacional busca enviar una señal de buena voluntad a la Corte Suprema de Estados Unidos, que en los próximos días deberá decidir si revisa el fallo que condenó al país a pagar 1.300 millones de dólares a los "holdouts".
Con 57 votos a favor, 8 en contra y una abstención, la Cámara alta le dio media sanción al proyecto que suspende la Ley Cerrojo y establece que la nueva propuesta se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010. El proyecto no sólo contó con el apoyo del bloque oficialista y sus aliados habituales, sino también con el de la UCR y parte del Peronismo Federal.
En cambio el Frente Amplio Progresista (FAP) y los peronistas Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre, Juan Carlos Romero y Sonia Escudero votaron en contra. La única abstención fue la de la chubutense Graciela Di Perna.
Pero el texto original sufrió una modificación: no será la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien decidirá cuándo se cerrará el canje sino que será necesario definirlo por una ley.
Mario Cimadevilla, legislador del radicalismo, explicó que esta es una "cuestión de Estado" para explicar su respaldo. "Esta no es una cuestión de gobierno. Es una cuestión de Estado. Algunos harán especulaciones políticas, incluso dentro del propio partido de gobierno. Creo que no es el momento", según consignó El Cronista Comercial.
Pero Ernesto Sanz reclamó "desandar la errónea estrategia jurídico-política" que aplicó el gobierno nacional hasta ahora.
El FAP, a través de Jaime Linares, criticó el proyecto y advirtió que "esto es solo un mensaje que llega tarde y no estamos pensando en un escenario alternativo, que es mucho más probable".
Por su parte, Miguel Pichetto, titular del bloque del Frente para la Victoria, desestimó las críticas que responsabilizan a las declaraciones de la Presidenta por los fallos judiciales adversos y consideró que "los discursos no cambian absolutamente nada", enfatizó.
El proyecto fue girado a Diputados, en donde sería tratado la semana que viene.
En cambio el Frente Amplio Progresista (FAP) y los peronistas Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre, Juan Carlos Romero y Sonia Escudero votaron en contra. La única abstención fue la de la chubutense Graciela Di Perna.
Pero el texto original sufrió una modificación: no será la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien decidirá cuándo se cerrará el canje sino que será necesario definirlo por una ley.
Mario Cimadevilla, legislador del radicalismo, explicó que esta es una "cuestión de Estado" para explicar su respaldo. "Esta no es una cuestión de gobierno. Es una cuestión de Estado. Algunos harán especulaciones políticas, incluso dentro del propio partido de gobierno. Creo que no es el momento", según consignó El Cronista Comercial.
Pero Ernesto Sanz reclamó "desandar la errónea estrategia jurídico-política" que aplicó el gobierno nacional hasta ahora.
El FAP, a través de Jaime Linares, criticó el proyecto y advirtió que "esto es solo un mensaje que llega tarde y no estamos pensando en un escenario alternativo, que es mucho más probable".
Por su parte, Miguel Pichetto, titular del bloque del Frente para la Victoria, desestimó las críticas que responsabilizan a las declaraciones de la Presidenta por los fallos judiciales adversos y consideró que "los discursos no cambian absolutamente nada", enfatizó.
El proyecto fue girado a Diputados, en donde sería tratado la semana que viene.
nosis
