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Doce días después de su sanción, el Poder Ejecutivo promulgó hoy la reapertura del canje de deuda pública que permanece en default, en las mismas condiciones de la reestructuración de 2010 y suspendiendo los efectos de la denominada Ley Cerrojo.
El segundo artículo de la ley fija de manera taxativa que "los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto Nº 563/10".
A fines de agosto, el Gobierno impulsó la reapertura del canje de deuda en default después que la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmara el fallo del juez de primera instancia Thomas Griesa a favor de los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, que condena al país a pagar 1.330 millones de dólares -más intereses- por bonos impagos desde 2002. De todas maneras, la sentencia permanece en suspenso hasta tanto se expida la Corte Suprema estadounidense, que que a partir del del próximo lunes 30 debatirá si acepta analizar la apelación del Gobierno.
La norma tuvo un acelerado trámite por el Congreso ya que fue aprobada por el Senado el jueves 5, nueve días después de su presentación, y el miércoles 11 por Diputados, donde obtuvo 192 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones.
Además, para evitar eventuales embargos en futuros pagos de deuda reestructurada, el Gobierno también anunció que ofrecerá la posibilidad de que los inversores que participaron en las operaciones de 2005 y 2010 reemplacen sus títulos por unos nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa, pero que se abonarán en Buenos Aires.
La ley deja en claro que quienes participen en el nuevo canje deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.
Tras el canje de 2005 y la reapertura de 2010, el Gobierno reestructuró el 93 por ciento de los títulos en default desde 2002. Con la nueva operación, aspira a llegar al 96 por ciento, básicamente en poder de "holdouts" que no llevan adelante reclamos legales.
A fines de agosto, el Gobierno impulsó la reapertura del canje de deuda en default después que la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmara el fallo del juez de primera instancia Thomas Griesa a favor de los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010, que condena al país a pagar 1.330 millones de dólares -más intereses- por bonos impagos desde 2002. De todas maneras, la sentencia permanece en suspenso hasta tanto se expida la Corte Suprema estadounidense, que que a partir del del próximo lunes 30 debatirá si acepta analizar la apelación del Gobierno.
La norma tuvo un acelerado trámite por el Congreso ya que fue aprobada por el Senado el jueves 5, nueve días después de su presentación, y el miércoles 11 por Diputados, donde obtuvo 192 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones.
Además, para evitar eventuales embargos en futuros pagos de deuda reestructurada, el Gobierno también anunció que ofrecerá la posibilidad de que los inversores que participaron en las operaciones de 2005 y 2010 reemplacen sus títulos por unos nuevos en la misma moneda, monto, plazo y tasa, pero que se abonarán en Buenos Aires.
La ley deja en claro que quienes participen en el nuevo canje deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.
Tras el canje de 2005 y la reapertura de 2010, el Gobierno reestructuró el 93 por ciento de los títulos en default desde 2002. Con la nueva operación, aspira a llegar al 96 por ciento, básicamente en poder de "holdouts" que no llevan adelante reclamos legales.
