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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial (BM), aceptó una nueva demanda contra Argentina por parte de un grupo de inversores italianos con bonos argentinos impagos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
El caso se había iniciado el 26 de junio de 2008 y fue admitido a principios de febrero último, aunque el CIADI demoró hasta esta semana la publicación de la decisión en su sitio web.
Mientras tanto, Argentina espera la sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la demanda por 1.330 millones de dólares que reclama una parte de los tenedores de deuda en default.
Los representantes del CIADI fundamentaron su decisión en un fallo anterior conocido como "Abaclat y otros" que sentó un precedente sobre los litigios por el default argentino que se presentaron en esa Corte.
En agosto de 2011, el organismo dependiente del BM se declaró competente en un reclamo que habían presentado más de 60.000 ahorristas italianos contra el Gobierno nacional, por casi 1.500 millones de dólares. En esa oportunidad los demandantes aseguraron que los bonos argentinos en manos de tenedores italianos eran inversiones protegidas por el convenio del CIADI y el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Argentina e Italia, que había sido firmado en la década del '90.
Según el diario El Cronista Comercial, los mismos argumentos se habrían empleado en la demanda aceptada en febrero pasado.
Pero para Argentina el reclamo de los "holdouts" no surge directamente de una inversión -que es un requisito indispensable para que el CIADI intervenga- , ni era una inversión "en el territorio" argentino, por lo que no estaba protegida por el tratado.
Pero la Corte volvió a rechazar ese argumento y relativizó el alegato de "territorialidad" porque si bien los títulos fueron adquiridos en el mercado secundario, su emisión generó un beneficio directo para el Estado argentino.
El CIADI rechazó además, el argumento de Argentina de que la demanda internacional debía esperar 18 meses, hasta que la Corte Suprema emitiera una resolución sobre el caso. En ese sentido, el organismo internacional consideró que el máximo tribunal argentino convalidó la reestructuración de deuda de 2005, lo que imposibilitaría a los demandantes obtener una respuesta a sus reclamos.
En caso de que Argentina reciba un fallo adverso -lo que podría demorar años- debería pagar cerca de 2.000 millones de dólares.
Mientras tanto, Argentina espera la sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la demanda por 1.330 millones de dólares que reclama una parte de los tenedores de deuda en default.
Los representantes del CIADI fundamentaron su decisión en un fallo anterior conocido como "Abaclat y otros" que sentó un precedente sobre los litigios por el default argentino que se presentaron en esa Corte.
En agosto de 2011, el organismo dependiente del BM se declaró competente en un reclamo que habían presentado más de 60.000 ahorristas italianos contra el Gobierno nacional, por casi 1.500 millones de dólares. En esa oportunidad los demandantes aseguraron que los bonos argentinos en manos de tenedores italianos eran inversiones protegidas por el convenio del CIADI y el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Argentina e Italia, que había sido firmado en la década del '90.
Según el diario El Cronista Comercial, los mismos argumentos se habrían empleado en la demanda aceptada en febrero pasado.
Pero para Argentina el reclamo de los "holdouts" no surge directamente de una inversión -que es un requisito indispensable para que el CIADI intervenga- , ni era una inversión "en el territorio" argentino, por lo que no estaba protegida por el tratado.
Pero la Corte volvió a rechazar ese argumento y relativizó el alegato de "territorialidad" porque si bien los títulos fueron adquiridos en el mercado secundario, su emisión generó un beneficio directo para el Estado argentino.
El CIADI rechazó además, el argumento de Argentina de que la demanda internacional debía esperar 18 meses, hasta que la Corte Suprema emitiera una resolución sobre el caso. En ese sentido, el organismo internacional consideró que el máximo tribunal argentino convalidó la reestructuración de deuda de 2005, lo que imposibilitaría a los demandantes obtener una respuesta a sus reclamos.
En caso de que Argentina reciba un fallo adverso -lo que podría demorar años- debería pagar cerca de 2.000 millones de dólares.
nosis
