El país recibió la aprobación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero y pudo mantenerse fuera de la "lista gris", tras haber coqueteado con esta caída durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Y un factor importante es el mercado cripto.
"Era un tema pendiente, ya que Argentina es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas y no tenía regulaciones para la actividad. La aprobación del Informe de Evaluación Mutua en la reunión del GAFI en París es una muy buena noticia", afirma a iProUP Ismael Lofeudo, abogado y docente en Nuevas Tecnologías.
Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon, coincide y asegura a iProUP que "las consecuencias de una evaluación adversa hubieran sido muy complejas, para todos los estamentos de nuestra economía".
Cómo peso la regulación cripto en el GAFI
Lofeudo remarca que "si bien es un informe que se realizó tomando en cuenta medidas implementadas tanto por la gestión de Alberto Fernández como de Javier Milei, en los últimos meses se estuvo trabajando fuertemente para lograr aprobar esta evaluación", dice Lofeudo.
"En materia de activos virtuales, este año se dictaron tres normas muy importantes que, sin duda, han colaborado para obtener el visto bueno del GAFI", remarca, y enumera:
- La primera es la Ley 27.739, publicada el 15 de marzo, que incorporó a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como sujetos obligados bajo la Ley de Lavado de Dinero y creó el Registro de PSAV
- El 22 de marzo, la CNV dictó la RG 994/2024, mediante la cual instrumentó ese registro
- Finalmente, la UIF lanzó la Resolución 49/2024, estableciendo los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, gestión y mitigación de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Según Lofeudo, "la resolución de la UIF definió a los PSAV y a los activos virtuales siguiendo las recomendaciones del GAFI. Requiere que implementen un Sistema de Prevención de lavado de dinero, que incluya todas las políticas, procedimientos y controles para identificar, evaluar, monitorear, gestionar y mitigar los riesgos a los que están expuestos".
"Dado que el marco normativo para los criptoactivos llevaba años en discusión, la mayoría de los actores no tuvo impacto negativo en su actividad. El proceso no se ha detenido: el 17 de octubre, continuando con el avance regulatorio, la CNV abrió una consulta pública vinculada con las reglas generales de actuación y las condiciones bajo las cuales los PSAV deberán prestar sus servicios", advierte.
Cuál es la visión de las Fintech
"En lo que hace a activos virtuales, la Recomendación 15 del GAFI exige que los proveedores de servicios estén registrados y regulados para identificar, evaluar, administrar y mitigar los riesgos de lavado de dinero y sujetos a sistemas efectivos de monitoreo o supervisión", detalla Friedenberg.
Según el directivo, "aun cuando la normativa que impone esta regulación es muy reciente, algunas exchanges como Lemon fuimos entrevistados por agentes del GAFI en el marco de la evaluación, para analizar la efectividad de los programas de compliance y prevención de lavado, dando cuenta del cumplimiento de altos estándares".
"También hemos sido invitados a participar de la XLVII Reunión Plenaria del GAFILAT, compartiendo con las autoridades de distintos países de la región información sobre los programas de cumplimiento en el ecosistema cripto", agrega.
Qué fue lo que aprobó el GAFI
El GAFI, integrado por 200 naciones del mundo, aprobó el informe de evaluación de Argentina en cuanto a las normas y la efectividad en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Así, evitó así ingresar en la temida "lista gris" de estados que no lo hacen.
Se trató de la cuarta evaluación que enfrentó el país. Analizó las leyes antilavado, reformas introducidas entre 2019 y 2024, condenas y sanciones aplicadas, entre ellas, por lavado durante el gobierno de Cristina Kirchner. La última revisión formal había sido en 2012, cuando la Argentina cayó en la lista gris. En 2014, el país logró salir de esa lista.
La evaluación fue sobre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner entre el 2019 y el 2023, que había dejado muchas deficiencias. En los últimos meses, la Justicia y el Gobierno implementaron nuevas medidas y mostraron estadísticas sobre condenas por lavado que evitaron que se sancionara, otra vez, a la Argentina.
Durante las sesiones desarrolladas en París en los últimos días, los argentinos participaron de los grupos de trabajo y de reuniones bilaterales, decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los países integrantes del GAFI. En la reunión plenaria del jueves se trató el informe final que obtuvo una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.
"Argentina ha llegado al marco regulatorio para todos los proveedores de servicios de activos virtuales tras un largo camino y arduos debates entre sector público y privado, lo que permitió regular la actividad siguiendo los lineamientos del GAFI y ayudar al país a aprobar esta revisión", concluye Lofeudo.
Qué pasó con el blanqueo
Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, uno de los puntos difíciles de la revisión del GAFI fue el blanqueo de dólares, porque en la entidad internacional creen que esos mecanismos dan lugar al lavado de dinero. Sin embargo, el ministro asegura que el organismo terminó entendiendo que la medida fue necesaria por el cepo.
Federico Tjor, abogado cripto y en mercado de capitales, afirma a iProUP: "La ley de blanqueo es clara: la regularización de activos, cripto incluido, no exime a sujetos obligados ante la UIF de sus obligaciones de informar, como cualquier otra operación. Por lo que frente a individuos sin capacidad contributiva, las exchanges deben generar reportes" a la oficina antilavado.
"Con el GAFI no cambia nada, ya que la UIF mantiene los estándares de exigencia informativa para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo", concluye.
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