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El proceso termina hoy; el Estado pagará entre US$4920 millones y US$16.050 millones; la sentencia, a partir de septiembre
El 16 de abril de 2012, Cristina Kirchner anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF y envió el proyecto de ley al Congreso. Menos de un mes después, el 7 de mayo de ese mismo año, se aprobó por mayoría la estatización. Las fechas no son un detalle, sino que son parte crucial del juicio que termina hoy en Nueva York para definir el monto de la indemnización que el Estado argentino debe pagar por esa decisión. Desde el miércoles hasta hoy las partes están exponiendo sus argumentos ante la jueza Loretta Preska, cuya decisión sobre el monto final a pagar podría darse a conocer desde septiembre.
La Argentina perdió el juicio por la expropiación de YPF en marzo. Si bien aún hay instancias de apelación, el país debería pagar una garantía que será proporcional al monto de indemnización que se determine.
Al comenzar el juicio, la defensa argentina se atajó y por las dudas citó el último reporte del FMI acerca del país: “Desde principios de 2023, la situación económica se ha vuelto más desafiante, especialmente en vista de la sequía cada vez más severa. En el contexto de grandes desequilibrios macroeconómicos, la sequía está desafiando seriamente la acumulación de reservas (…), lo que se suma a la inflación y las presiones cambiarias”, plantearon los abogados.
Por estatuto
En marzo pasado, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que el entonces gobierno de Cristina Kirchner, cuando expropió el 51% de YPF, tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones.
Eso dice el estatuto de la petrolera, presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York: si cambia de manos el control mayoritario de la compañía, los accionistas minoritarios tienen el derecho de vender su parte al mismo precio.
En su momento, el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quienes eran interventores en YPF, se negaron a realizar esa oferta. “No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, había dicho el actual gobernador de Buenos Aires en su exposición ante el Congreso.
El tribunal de Nueva York indicó que la Argentina tendrá que indemnizar a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la Argentina e YPF a accionistas de la petrolera en el momento de la estatización. Para calcular esa indemnización, debe verse la cotización de las acciones en la fecha de la toma de control de YPF por el Estado Argentino, que es la discusión que se lleva adelante en Nueva York.
Toma de control
“El argumento legal del Estado argentino considera que la fecha de toma de control es la de la promulgación de la ley 26.741, y que los eventos desde el 16 de abril fueron una ocupación temporaria. La fecha es importante porque la acción de YPF sufrió una caída muy fuerte tras el 16 de abril de 2012 y, por tanto, incidiría en las fórmulas con las que el estatuto determinaba el valor a pagar por las acciones”, explica Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants. El valor de las acciones cayó de alrededor de US$22 a US$16 en ese período.
El planteo de los demandantes, los fondos Burford y Eton Park, es que la Argentina debería pagar US$16.050 millones si se toma como fecha de expropiación el 16 de abril y una tasa de interés punitoria de 8%. Si la fecha es el 7 de mayo, la Argentina debería pagar US$9490 millones, con la misma tasa de 8%.
La defensa argentina, comandada por el buffet Sullivan & Cromwell LLP, planteó que la tasa de interés debe ser 0% y que la indemnización variaría entre US$5540 millones, si se toma como fecha el 16 de abril, o US$4920 millones, si es el 7 de mayo, lo cual sería el escenario más optimista.
Se enfocaron principalmente en la parte económica
El segundo día del juicio duró nueve horas, contó Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien está en Nueva York siguiendo el caso. “Hoy [por ayer] se enfocaron principalmente en la parte económica. Los demandantes presentaron su experto en la calculación de los daños económicos que debería pagar la Argentina.
La defensa presentó el suyo, pero lo tuvieron que cortar porque se empezaron a pelear entre ellos y la Corte suspendió el proceso hasta mañana [por hoy] a las nueve. La Argentina presentó dos expertos constitucionalistas”, contó Maril. “Me da la impresión de que no va a ser un fallo fácil de escribir, va a ser largo porque hay que justificar muchos aspectos técnicos sobre la ley argentina, sobre las fórmulas matemáticas y sobre el monto, que sería en teoría el monto más grande que un país soberano debe pagar tras un fallo de una corte norteamericana”, agregó.
Durante el juicio, la defensa argentina también detalló que Burford pagó 15.100 millones de euros al fisco de España por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas. Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, y habían comprado el 25% de las acciones de YPF a Repsol, el 21 de febrero de 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por US$1100 millones. Para ello, habían obtenido créditos por parte de un grupo de bancos europeos, que los iban a devolver con las utilidades de sus acciones. Cuando la Argentina tomó el control de la firma, se suspendió el cobro de dividendos y las empresas quebraron.
Fuente: La Nación
