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La firma de los Perez Companc inició el año con fuertes pérdidas operativas que atribuyen a su participación en Precios Justos y a la disparada de costos
En noviembre del año pasado, las empresas alimenticias y las grandes cadenas de hipermercados decidieron apoyar el lanzamiento de un nuevo programa creado por el Gobierno para intentar controlar la suba en los precios.
De esa forma, nació Precios Justos, que por un tiempo convergió con Precios Cuidados pero que luego sumó también los parámetros de ese programa y en la actualidad es la única canasta oficial, con pautas de aumentos de hasta el 4% para más de 1.500 productos y congelamiento total en el resto.
El programa, creado por orden del ministro de Economía, Sergio Massa, y ejecutado por la Secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini, debía durar cuatro meses que finalizaban en marzo pasado.
A partir de esa fecha se suponía que existiría un marco de convergencia entre los precios y los costos, lo cual no terminó sucediendo, sino que por el contrario, el índice de inflación no paró de aumentar por encima de ese 4% establecido. Los gastos se dispararon y obligaron al Gobierno a extender la duración del programa de Precios Justos con un contexto macro económico descontrolado por la suba de todos los costos; con paritarias salariales por encima de los niveles inflacionarios y permanente suba de insumos, locales e importados, que utilizan las empresas alimenticias para su producción.
Este escenario terminó por impactar fuerte en los resultados operativos de las principales compañías que firmaron el convenio de Precios Justos y que vieron lesionadas sus cuentas y acumulan fuertes pérdidas en sus balances por tener la obligación de mantener fijos los precios de sus productos administrados por las políticas oficiales y no poder trasladar el incremento de sus costos.
Un caso paradigmático es el de Molinos Río de la Plata, una de las principales alimenticias del país que es controlada por la familia Perez Companc, que desde hace varios años viene sufriendo los mismos problemas por no poder trasladar los incrementos de costos a los precios de venta de sus productos y ver afectados sus márgenes por la constante inflación.
De hecho, durante los primeros tres meses de este año, la empresa acumuló pérdidas por $79 millones en sus resultados operativos, que representa una disminución de $1.311 millones comparado con el mismo período del año anterior cuando había generado ingresos y una rentabilidad similares a las del mismo período del 2021, pero con un fuerte incremento de los costos de producción.
La ecuación hizo que ese amesetamiento de sus variantes más importantes y la mayor suba de gastos le produjeran un derrumbe del 78% en su margen operativo en comparación con los primeros tres meses del año pasado.
El negativo escenario se produjo a pesar de lograr aumentar su volumen comercializado en un 7%, generar ingresos por $17.652 millones y obtener ganancias por $1.993 millones entre enero y marzo pasados.
En el caso del primer trimeste de este año, sus ingresos netos alcanzaron los $37.625 millones, lo que representa un crecimiento de 4,3%, habiendo comercializado un volumen 2% menor en los primeros tres meses del ejercicio 2023, lo cual se ajusta a la situación de consumo registrada por las principales consultoras especializadas.
Según un comunicado enviado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la fuerte caída de los resultados operativos "evidencia la clara imposibilidad de recuperar en los precios de venta los relevantes y cada vez más frecuentes aumentos en los costos y gastos que continúan aumentando alineados con los altos y persistentes niveles de inflación y con la aceleración de la depreciación oficial del peso".
La empresa responsabiliza de la situación a su participación dentro del programa de Precios Justos y asegura que se da "a pesar de haber mantenido una firme política de control en los gastos de comercialización y administración".
Según surge del balance enviado a la CNV, el resultado neto de Molinos durante el primer trimestre registró una ganancia de $2.901 millones que, en línea con los mayores costos soportados por la sociedad, también presenta una caída versus el mismo período del año anterior por $1.170 millones y que solo fue posible de alcanzar por los menores costos financieros obtenidos como consecuencia del sostenido proceso de reducción de la deuda financiera neta.
De todos modos, en su comunicado la compañía avisa que "a pesar de las dificultades del contexto, continuará enfocada en el consumidor, sus marcas, la productividad y la eficiencia para seguir acompañando a los argentinos con productos cada vez más saludables, ricos, prácticos y accesibles".
Pero más allá de estas frases formales, fuentes cercanas a la empresa transmitieron su preocupación por el fuerte impacto negativo que está teniendo la suba permanente de los costos en sus actividades, viéndose ese impacto negativo en las pérdidas que muestra el resultado operativo en los primeros tres meses de 2023.
El impacto se asocia a la persistente suba de los commodities a nivel internacional como así también de los costos locales, en especial insumos, envases y fletes, que continúan aumentando alineados con el sostenido proceso inflacionario por el que atraviesa la economía argentina, a pesar de la "guerra" declarada por el propio presidente Alberto Fernández y su gobierno, que vienen fracasando en su estrategia de contener la permanente suba de precios de la economía local.
Radiografía repetida
Durante los últimos años, y tal como también ocurre con el resto de las productoras de su sector, Molinos viene acumulando resultados financieros que reflejan los períodos de inestabilidad por los que atraviesa la industria alimenticia producto de la fuerte caída del consumo; del impacto de las medidas sanitarias para combatir el Covid-19 y de los programas de congelamiento y controles de precios establecidos por el Gobierno con el supuesto objetivo de controlar la inflación.
A partir de ese fracaso oficial, la empresa hasta debió adoptar una serie de medidas extraordinarias para "disfrazar" en sus balances los verdaderos resultados de sus actividades afectadas por las menores ventas y las decisiones oficiales de imponer cepos que le impiden trasladar los aumentos de costos a los valores de su cartera de productos.
Por ejemplo, en el 2020 recurrió a la venta de sus oficinas centrales en la localidad bonaerense de Victoria y de esa forma equilibrar sus resultados en rojo.
El establecimiento, ubicado en la calle Uruguay 4075 de la localidad de Victoria, en la provincia de Buenos Aires, fue cedido a un grupo inversor a cambio de u$s20,7 millones, y es más que probable que los nuevos propietarios encaren un desarrollo inmobiliario en esa zona muy cercana a la Panamericana pero acordó con los nuevos dueños mantener sus oficinas comerciales y administrativas en el inmueble mediante un acuerdo de comodato.
A Molinos la operación le aportó ingresos por $2.027 millones, que se sumaron a otros $1.169 millones que obtuvo a partir de políticas de control y recorte extraordinario de gastos, a pesar de los mayores costos generados por la crisis del Covid-19, y, a un riguroso manejo no recurrente del capital de trabajo que derivó en una reducción de la deuda en dólares, y por ende, en menores cargos financieros.
La puesta en marcha de este plan se produjo para evitar continuar acumulando números en rojo, como los que mostró entre el 2017 y el 2019, cuando acumuló pérdidas por $5.000 millones, rojo que fue revertido en el 2020 precisamente gracias a la venta de su sede.
De hecho, el anterior balance con ganancias había sido en el del 2016, cuando cerró con un saldo positivo de $880 millones.
Pero ese año, la empresa todavía no había escindido su negocio a granel que luego separó para operar con el nombre de Molinos Agro, el segmento de mayor desempeño, con exportaciones agroindustriales que le reportaron los mayores ingresos y un área de marcas afectado por incrementos de costos, no trasladados a precios.
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