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Al eliminar la coparticipación (y el clientelismo) y ayudar a las provincias más pobres con un Fondo de Convergencia se evita que se profundice su atraso.
La mayor coparticipación que reciben las provincias más pobres profundiza su atraso porque se usa para expandir el gasto público clientelar, plantea en su último informe, el Instituto para el Desarrollo Argentino (Idesa) que propone su eliminación y, en cambio, ayudar a estas con un Fondo de Convergencia.
El informe analizó la propuesta de eliminar la coparticipación y el rechazo a ésta por parte de líderes políticos que gobiernan desde hace mucho tiempo las provincias más atrasadas y a la vez beneficiadas con el régimen actual.
En tanto, las opiniones con fundamentos más académicos, que sostienen la necesidad de mantener un régimen de coparticipación, plantean la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades partiendo de la idea de que "todos los habitantes de la Nación argentina deben tener las mismas oportunidades de desarrollo personal, independientemente del lugar en el que hayan nacido. En pos de esta meta se considera que es necesario redistribuir recursos públicos a través de la coparticipación para que todas las provincias tengan la posibilidad de brindar similares servicios sociales (educación, salud, vivienda, etc.)".
Frente a ello, Idesa analiza los resultados que se observan tras 34 años de regir la actual ley de coparticipación, y tomando datos del Ministerio de Economía y de Salud observa que:
- Las provincias del norte reciben de coparticipación un 58% más que el promedio.
- Las provincias del norte tienen 18% más empleados públicos por habitantes que el promedio de todas las provincias.
- Las provincias del norte tienen 18% más de mortalidad infantil que el promedio.
Los datos, analiza Idesa, muestran que "uno de los principales destinos a los que se asigna la mayor coparticipación es a expandir el empleo público de muy baja productividad". "Que la tasa de mortalidad infantil sea sustancialmente más alta que el promedio del país después de tres décadas de aplicación del actual régimen de coparticipación, es una evidencia de que los recursos se usan para financiar empleo público con fines clientelares, más que para promover la igualdad de oportunidades", afirma.
De allí, que la propuesta de " mantener la coparticipación no es una política solidaria con las regiones más pobres. Todo lo contrario":
El 60% de la población y el 70% del PBI del país se localiza en cuatro jurisdicciones: Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Para estas jurisdicciones y varias de la zona central y de la Patagonia es viable financiarse con los impuestos que recauden de sus habitantes. "No necesitan la coparticipación", sentencia.
En cambio, para las zonas más atrasadas, en las cuales la eliminación de la coparticipación pondría en riesgo el sostenimiento de los precarios servicios públicos que actualmente disponen, que se integran por muchas provincias relativamente pequeñas, que no representan más de un cuarto del total del país, se contemplaría un Fondo de Convergencia, que les garantice el financiamiento para sostener sus actuales servicios.
Y concluye:
