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"Se podría aventurar que el escenario actual se mantendría durante gran parte de 2023"

 Pensando en el 2023, Abogados.com.ar conversó con José Martinez de Hoz, Jimena Vega Olmos, Maximiliano Batista y Fernando Zoppi, socios de Martinez de Hoz & Rueda para conocer sus opiniones sobre los principales aspectos en materia económica y regulatoria; la conyuntura general y su impacto en el mercado legal para el próximo año.

 

El año 2023 tendrá desafíos políticos en el país, ya que será un año electoral, ¿qué se debe esperar para el clima de negocios en ese marco, en general y para los estudios de abogados?

 

José Martinez de Hoz (JMH): Durante el año 2022 el clima de negocios (medido en función del nivel de inversiones local y extranjera y la consiguiente actividad transaccional) ha sido decididamente pobre. Por ejemplo, las estadísticas muestran niveles de inversión extranjera menores a las observadas en el año 2021 y periodos prepandemia. El número de operaciones de M&A y los volúmenes negociados siguen cayendo y varias operaciones se explican por la salida de empresa del país.

 

Hay por supuesto excepciones con áreas como energía que han mantenido o incrementado sus niveles de actividad respecto del 2021. Por ejemplo, las actividades que giran en torno a Vaca Muerta y posibles proyectos de LNG para exportación o de exportación de crudo e inversiones en oleoductos y gasoductos para permitir comercializar los mayores niveles de producción, han permitido a quienes tenemos una cartera importante de clientes en el sector, compensar los menores niveles de actividad en otras áreas. El planeamiento de importantes proyectos de hidrógeno verde también contribuyó en la misma dirección.

 

No obstante, y volviendo al ambiente de negocios general, hasta tanto no haya alguna claridad sobre el posible resultado de las elecciones de 2023 y propuestas concretas de programas económicos, lo esperable es que – en el mejor de los casos - la actividad general de la economía se mantenga en modo “wait & see”, a tono con un típico periodo de transición.

 

Los economistas anticipan más inflación y un mayor ritmo devaluatorio en la Argentina, ¿puede generarse mayor rispidez y litigiosidad en materia comercial?

 

JMH:  Parece claro que los distintos agentes económicos han anticipado esa mayor inflación y posible aceleración del ritmo devaluatorio. Es decir, el nivel de conflictos en la economía es sumamente alto y abarca todos los sectores (sindical, empresarial, exportadores e importadores, etc.) e industrias y se explica no sólo por la situación actual y el arrastre de varios años de nulo o escaso crecimiento económico sino también el “outlook”.

 

Es obvio que en Argentina es muy difícil hacer predicciones. Sin embargo, uno podría aventurar que el escenario actual se mantendría durante gran parte de 2023 porque no se advierten elementos o medidas que permitan prever un cambio en la coyuntura o en las expectativas. No necesariamente prevemos un aumento de la litigiosidad comercial, excepto si ocurriera una profundización de la crisis del sector externo y/o de imposibilidad de continuar refinanciando la deuda pública interna.

 

Las restricciones a las importaciones están provocando todo tipo de inconvenientes a la industria, hasta llegar a la parálisis de la producción y las suspensiones. ¿Cómo ven el panorama para 2023?

 

Jimena Vega Olmos (JVO): Muy complicado. Lo peor de todo es que las restricciones están afectando a muchas empresas de los pocos sectores exportadores que tiene la Argentina con lo cual, con estas restricciones el Gobierno no sólo arriesga la continuidad de la actividad de sectores claves, sino también la posibilidad de generar divisas.

 

A menos que el Gobierno Nacional pegue un volantazo para generar oferta de divisas y recomponer reservas, no hay razones para anticipar una mejora de la situación, especialmente con el impacto que la sequía seguramente tenga en la liquidación de divisas del agro. Desde 2020, el Gobierno Nacional está enfocado solo en limitar la demanda de divisas sin tomar medidas para generar oferta. A menos que se vuelva a un esquema cambiario razonable, sin un cepo tan restrictivo y sin un abanico de tipos de cambio específicos o sectoriales, o que se creen condiciones para generar inversiones externas, el panorama será previsiblemente peor.

 

La prohibición de pagos al exterior y de giro de dividendos, ¿cómo seguirá afectando a las empresas exportadoras y a filiales argentinas de multinacionales?, ¿Estas compañías todavía tienen margen para acudir a la Justicia?

 

JVO: Estas medidas son una de las principales razones por las cuales no existe inversión extranjera relevante en los últimos años. Ninguna empresa invierte seriamente en un país que le dice que no le dejará repatriar el resultado de su inversión. Por eso las inversiones que se ven hoy día son de jugadores locales o empresas extranjeras que tratan de reinvertir los pesos que tienen atrapados para tratar de mitigar la pérdida de su valor.

 

Si bien por el mercado de títulos no hay restricciones de monto, y cada vez son más las empresas que recurren a ese mercado para el ingreso y transferencia al exterior de fondos, aun hay muchas que tienen ciertos reparos, o que no pueden recurrir a este mercado por restricciones regulatorias o cuestiones o limitaciones corporativas o financieras globales.

 

Respecto de la justicia, las multinacionales y empresas locales grandes suelen ser muy cautas en decidir litigar contra el Estado por las consecuencias que ello puede traer, especialmente en sectores muy regulados. Además, los precedentes locales en el fuero contencioso suelen ser favorables al Estado, habiendo validado en muchos casos el ejercicio de las facultades del BCRA “para proteger la moneda y la balanza de pagos”.

 

En todo caso, habrá que ver si, en caso de llegar a una situación crítica, alguna empresa internacional decide reclamar internacionalmente, invocando algunas protecciones que se incluyen en los tratados bilaterales de inversión. Parece una posibilidad lejana, al menos por ahora.   

 

A nivel regional, será el año de la llegada de Lula Da Silva al poder en Brasil, con una gestión económica dividida y, en principio, rodeada de la desconfianza del establishment, ¿esto afectará posibles planes de negocios?

 

JMH: Los analistas parecen anticipar una gestión económica más bien moderada por parte del futuro gobierno de Lula Da Silva (en especial, por la composición de la alianza que posibilitó su retorno al poder y el equilibrio de fuerzas en el Congreso luego del resultado eleccionario). En ese contexto, , no debería esperarse un deterioro del intercambio comercial entre Argentina y Brasil u otros eventos económicos o financieros en Brasil que tengan un impacto negativo en Argentina o la región. Más aun el nuevo gobierno de Brasil reabre las perspectivas de retomar la negociación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.  Si bien este es un proceso largo sería saludable retomar el camino que tanto Argentina como Brasil abandonaron en el 2019.

 

Dicho lo anterior, el escenario regional (y global) post-pandemia y post-invasión Rusa en Ucrania se caracteriza por ser muy volátil de forma que todo plan de negocios parece estar en permanente revisión.

 

Todos los años el Gobierno crea nuevos impuestos y provoca que los particulares y empresas afectados recurran a los Tribunales, ¿qué anticipan para 2023?

 

Maximiliano Batista (MB): Ante la falta de mayorías en la Cámara de Diputados es difícil que haya impuestos totalmente nuevos. En cambio, es posible que se intensifique el uso de los anticipos como impuestos encubiertos, especialmente porque el cómputo por los contribuyentes del anticipo extraordinario de 2022 disminuirá los ingresos fiscales de 2023.

 

La litigiosidad probablemente continúe en materia de anticipos y restricciones al cómputo de ajuste por inflación, dado que el índice de inflación está creciendo dramáticamente. Otra fuente de litigios es el aporte solidario extraordinario, del que quizás se dicten las primeras determinaciones de oficio en 2023.

 

¿Qué opinan sobre otras iniciativas que pasaron para 2023 en el Congreso, como el acuerdo con la OCDE sobre convenios para evitar la doble imposición o la ley de envases?

 

MB: El Instrumento Multilateral para prevenir la erosión de base imponible auspiciado por la OCDE fue firmado por la Argentina en 2016, recién fue enviado al Congreso en abril de 2022 y todavía no entró en vigor. No sorprende que no haya sido aprobado. Mi impresión es que hay un consenso tácito (de la administración anterior y de la actual) de que el acuerdo no es bueno para la Argentina. Solamente fue firmado para intentar atraer inversiones de países miembros de la OCDE y fue enviado al Congreso poco después de firmar el acuerdo con el FMI. Es decir, se lo usa como gesto de buena voluntad, pero sin real interés.

 

El proyecto de Ley de Envases incluye la creación de una tasa ambiental, la TAREP, que se calcula en pesos por kilogramo de material en el envase. Esta tasa, que en verdad es un impuesto indirecto como el IVA, internos o ingresos brutos, hará aumentar los precios de los productos envasados y solamente generará más inflación si se aprueba.

 

Este tipo de leyes que cambian las reglas de juego para las empresas y causan perjuicios en la seguridad jurídica, ¿cómo afectan a la inversión?, ¿se terminarán resolviendo en acciones en la Justicia?

 

JVO: Más allá del tema cambiario (que es un gran ejemplo de la inseguridad jurídica) la falta de respeto por las reglas del juego es el principal obstáculo que mencionan los inversores externos al explicar por qué optan por otros países de la región para radicar sus inversiones, aun cuando los proyectos en otros países puedan ser menos atractivos desde su rentabilidad proyectada. Las empresas locales también se ven afectadas. Un ejemplo de ello son algunas de las empresas nacionales que decidieron radicar sus principales inversiones en otros países de la región por la imposibilidad de proyectar a largo plazo en la Argentina.

 

El desarrollo del país depende, no sólo del establecimiento de normas claras y que se mantengan en el largo plazo, sino también del compromiso del Gobierno Nacional de respetarlas. En la Argentina, no solo se modifican las normas a cada minuto y al hacerlo no se respetan los derechos de quienes cumplieron con las normas previas, sino que incluso cuando con demora se reconocen formalmente derechos o beneficios, luego no se adoptan las medidas administrativas necesarias para su ejercicio. En el sector energético hay varios ejemplos recientes de esto. Sin estabilidad jurídica, no hay inversiones ni desarrollo real posible.

 

¿Cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias de una ley que regule el delivery? Tal como se presentan los proyectos, ¿obligaría a las empresas que prestan este servicio a irse del país?

 

Fernando Zoppi (FZ): No tengo recuerdo de ninguna norma laboral dictada en los últimos 20 años que haya generado un impacto positivo en el mercado (cualquiera sea). Por el contrario, se han generado distorsiones que redundan en mayores costos, mayor rigidez del sistema actual, menos oportunidades de negocios y menos fuentes de trabajo. No es necesario ir muy lejos en el tiempo a buscar ejemplos, pensemos en la regulación del teletrabajo o los servicios de transporte de pasajeros (tipo Uber). Esas distorsiones son tan importantes que, en muchos casos, vemos sectores de la economía que son asfixiados y/o expulsados del país.

 

¿Existen otros proyectos en el Congreso o discutidos todavía en el seno del Poder Ejecutivo que puedan ser controvertidos en materia de seguridad jurídica y respeto a las reglas de juego?

 

FZ: Existen varios proyectos de ley que van en esa línea. Teniendo en cuenta que estamos entrando en un año electoral (y la actividad del Congreso – por lo general – se resiente bastante), sin embargo, habrá que ver si esos proyectos terminan por ser sancionados. Por ejemplo, el proyecto de Ley de Envases ha recibido muchos cuestionamientos (entre otras cosas, crea una “tasa ambiental” que seguramente se trasladaría a precios junto en medio de un contexto de alta inflación) como así también el proyecto de Ley de Humedales que es resistido por las provincias con actividad minera por afectar las inversiones en tal sector.

 

Finalmente, me parece interesante destacar que existen oportunidades en la Argentina relacionadas con proyectos que apuntan a captar carbono (por ejemplo, los conocimos como “nature based solutions”, “REDD+”, etc.) y generar bonos de carbono transables en los mercados voluntarios. Provincias del NOA y del NEA tienen ecosistemas ideales para estos proyectos. No obstante, ya empiezan a dictarse normas que pueden afectar la viabilidad de los mismos. Por ejemplo, en Jujuy se acaba de sancionar la Ley 6305 (octubre 2022) que, entre otras cuestiones, establece que las reducciones de carbono “son parte del dominio originario de Jujuy”, e implícitamente crea tasas aplicables a estos proyectos.

 

¿Cuáles son los desafíos de las firmas legales de cara al 2023, teniendo en cuenta este marco político, económico y legislativo?

 

FZ: Los principales desafíos para las firmas legales creo que pasan, principalmente, por el talento (es decir, atraer, retener y capacitar abogados jóvenes), la gestión e integración de nuevas tecnologías en la práctica del derecho, y la regionalización de los servicios legales de manera efectiva y eficiente.

 

¿Dirías que la misma dificultad del contexto puede abrir oportunidades de negocios para los abogados?

 

FZ: Los abogados y todos los que hacen negocios y trabajan en el país vamos a tener mayores oportunidades cuando Argentina vuelva a tener una economía que crezca de manera sostenida, con reglas claras e instituciones independientes. Hasta tanto eso no suceda, las oportunidades son – en el mejor de los casos – de nicho u oportunidades no recurrentes. Esta circunstancia ha generado incentivos para superar el “techo” argentino por vía de ampliar la oferta de servicios a la región compitiendo por asesorar en proyectos fuera de la Argentina.

 

Con la pandemia cambió la gestión de casi todas las actividades, ¿cómo afecta la digitalización la práctica del derecho?

 

FZ: Claramente la pandemia aceleró cambios en la forma que practicamos el derecho. Hoy muchas reuniones, “drafting sessions” e incluso “closings” son virtuales, lo cual era impensado hace un par de años atrás. Otro ejemplo: durante la pandemia fueron varios los casos de arbitrajes internacionales en los que las audiencias se realizaron por vía remota superando desafíos técnicos, de coordinación con participantes en diversos husos horarios y el desafío de mantener la atención a través de una pantalla por largas horas durante muchos días consecutivos.

 

La interacción de los miembros del Estudio también tiene un componente importante de virtualidad y fue necesario realizar adaptaciones para mantener buena comunicación y no desatender el “training” de los abogados más jóvenes que recién comenzaban con sus primeras experiencias laborales.

 

La “nube” dejó de ser un concepto abstracto para transformase en un “espacio” más del Estudio. Si bien en MHR empezamos toda esa transición ya en 2018 (pues – por ejemplo – nunca tuvimos teléfonos de escritorios sino que nuestros smartphones cumplían esa función y muchas otras, ni tampoco tuvimos desktops PCs ni servidores para almacenamiento de información o bibliotecas “físicas”), desde 2020 todos experimentamos una revolución digital. Ese fenómeno alcanzó al sector público con la digitalización de muchos trámites burocráticos que era incipiente (como por ejemplo, trámites ante la CNV, expedientes virtuales, etc.).

 

Es cierto que es un proceso aún en desarrollo. Esperamos que se profundice con herramientas que están siendo probadas en todo el mundo (incluyendo la inteligencia artificial, por ejemplo para la administración y gestión de contratos, procesos de due diligence y otros).

 

¿Cómo se está gestionando la vuelta a la presencialidad?, ¿el régimen de trabajo híbrido tiene beneficios no sólo para los empleados, sino también para las firmas?.

 

FZ: Nos parece que el régimen de trabajo híbrido (quizás con algunos ajustes) ha venido para quedarse, más aún ahora que ha quedado demostrado que puede funcionar muy bien y que presenta beneficios para empleados y empleadores. En especial, es una modalidad determinante para las nuevas generaciones (a punto tal que es la pregunta más frecuente hechas por los candidatos entrevistados para sumarse al equipo MHR, por encima incluso de la remuneración ofrecida u otras condiciones de contratación).

 

En MHR cada grupo de práctica tiene la flexibilidad para definir los días de la semana en los cuales los miembros de ese equipo asisten a las oficinas. Es decir, si bien hay un mínimo de días de presencialidad sugerida, cada equipo define esos días. Adicionalmente, se organizan regularmente distintas actividades presenciales para todos los miembros del Estudio (por ejemplo, capacitaciones, actividades recreativas o de “team building”) de forma de mantener el contacto entre todos. Las reuniones de socios son presenciales.   

 

Si bien no es el caso de MHR (pues no hemos reducido espacios físicos en ninguna de nuestras oficinas), para muchas firmas y empresas este régimen puede haber representado una oportunidad para lograr una mayor eficiencia en materia de espacios de oficina.

 

Además, creo que el sistema híbrido ha venido a dar solución a las demandas de un mejor “work-life balance” y trabajo part-time.

 

Dejando atrás el contexto de pandemia ¿Cuáles son las principales metas de la firma de cara al futuro?

 

FZ: El objetivo de cara al futuro es continuar creciendo y desarrollando nuestras áreas de práctica transaccionales y no transaccionales, de forma de ofrecer más y mejores servicios legales a nuestros clientes.  También estamos haciendo un esfuerzo para competir en áreas totalmente internacionales, principalmente en la región, donde no hay componente argentino.

 

Para eso planeamos invertir no sólo en talento y tecnología sino también expandir nuestra presencia en mercados e industrias sub-explotados actualmente por MHR, tanto a nivel local como regional.

 

¿Qué lecciones y aprendizajes te deja el 2022?

 

FZ: Aún en un año complejo producto de la situación local e internacional, el 2022 confirma que el trabajo fuerte y dedicado con disponibilidad y velocidad de respuesta, y apegado a estándares de calidad y ética altos, siguen siendo los pilares básicos de la profesión y apreciados por los clientes.