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Guillermo Masoni tiene pedido de captura por parte de la justicia de Santiago del Estero. Sus defensores argumentan la existencia de una "causa armada"
Una oscura y sospechosa trama de poder político y judicial en la provincia de Santiago del Estero tiene en vilo al mundo empresario nacional vinculado al real estate, en especial por tratarse de una muestra del recurrente temor a la inseguridad jurídica que se advierte a la hora de planear inversiones en el país.
Las preocupaciones, que se multiplicaron en las últimas horas, tienen que ver con una supuesta causa armada por la justicia de la provincia que gobierna Gerardo Zamora contra uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país.
Se trata de Guillermo Jorge Masoni, quien actualmente se encuentra con pedido de captura emitido por el juez Darío Alarcón, quien lo acusa de formar parte de una supuesta "banda organizada" para apropiarse de tierras de manera ilegal.
Ante la denuncia, los abogados del empresario presentaron un pedido de eximición de prisión hace más de 10 días sin que hasta ahora el magistrado haya resuelto la situación de este hombre de negocios.
En la actualidad, Masoni es propietario de un grupo de emprendimientos entre los que se destacan su nave insignia, Compañía Inversora Libertador S.A. (CILSA), cuya primera obra fue la Torre del Puerto, sobre el Puerto de Olivos, un edificio de 11 pisos con vista al Río de la Plata.
A partir de ese desarrollo, extendió sus negocios inmobiliarios a otras zonas del país, desde Barrio Parque hasta Santiago del Estero y Misiones, además de ser dueño de Los Mimbres, una sociedad anónima dedicada al negocio agropecuario y dueña de campos productivos en Santiago del Estero desde hace más de 50 años.
De manera aleatoria a sus actividades empresarias, en los últimos años, la familia ha decidido respaldar a candidatos políticos alineados con su pensamiento y principalmente que apoyen la libertad de empresa y la propiedad privada.
Esta postura generó un acercamiento, particularmente, al ex presidente Mauricio Macri y a la presidenta del PRO y pre candidata presidencial, Patricia Bullrich.
De hecho, los Masoni son los dueños de las oficinas que usan ambos dirigentes junto con sus equipos y que les son alquiladas o prestadas para que trabajen y desempeñen sus actividades políticas.
En el caso de Macri, se reúne con su grupo de colaboradores más estrechos y la utilice para su agenda de encuentros que viene llevando a cabo en un edificio de la zona de Olivos, a la altura del 2.700 de la avenida Libertador.
La trama de la denuncia
Se trata del inmueble al cual a fines de septiembre llegaron efectivos federales de las fuerzas de seguridad en busca del empresario y de su primo Daniel por orden del juez Alarcón, quien había ordenado la captura de ambos en el marco de una causa abierta en el 2013 por la abogada Leticia Mabel Bravo, (ya fallecida) por una supuesta asociación ilícita.
La denuncia involucraba además a otros profesionales y dirigentes políticos de esa provincia como el ex diputado del PRO, Rodrigo Posse, quien permaneció detenido unos días y a quien no le permitieron una copia del expediente para ejercer derecho de defensa. De hecho, sólo se lo dejaron mirar pero no sacar copia.
Incluso, su detención habría sido ordenada luego de que el ex diputado del PRO presentara en los mismos tribunales un pedido de informes sobre el estado de la causa inicial, del cual no tuvo respuesta más que el dictamen del fiscal de la causa reclamando su detención.
Según el juez Alarcón, tanto los Masoni como otros imputados forman parte de una presunta organización que se apoderó ilegalmente de 250.000 hectáreas en zonas cercanas a la localidad de Los Juríes.
Lo curioso y preocupante de la causa es que en realidad en el 2012, la familia Masoni denunció penalmente a una serie de organizaciones y grupos de abogados, acusándolos por amenazas, lesiones, abuso de armas, tentativa de homicidio, privación Ilegítima de la libertad, robo y usurpación por haber tomado de manera violenta y organizada tierras pertenecientes a la familia.
Se sospecha que los denunciados buscaban instigar las ocupaciones de las tierras para luego venderlas en inmobiliarias de Córdoba y Buenos Aires.
Rechazo de la Corte y críticas del PRO
La causa, en la cual Posse intervino como abogado asesor, no tuvo movimientos por parte de la justicia santiagueña al punto que el ex diputado interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El alto tribunal judicial falló de manera unánime, tras un dictamen del procurador general Ricardo Casal, sobre la inexistencia de "seguridad jurídica en Santiago del Estero" y ordenando que la causa se instruyera como correspondía.
Sin embargo, el juez Alarcón avanzó en contra de los empresarios reflotando las denuncias de Bravo, una abogada provincial vinculada a grupos de derechos humanos quien falleció en el 2019, pero sin informar a Posse ni a la familia Masoni.
Incluso Posse se presentó en el juzgado de Alarcón para solicitar vista del expediente, pero el magistrado nunca lo recibió y, al contrario, ordenó su captura en el marco de una causa que se encuentra prescripta, según fuentes judiciales consultadas por iProfesional.
La causa fue creciendo al punto que varios referentes del PRO salieron a cuestionar la validez de la investigación del juez santiagueño. Lo hicieron a través de un comunicado firmado por la presidenta del partido, Patricia Bullrich, en el que se condenó la detención de Posse, por "arbitraria" y "extemporánea", asegurando también que nunca se notificó a los abogados defensores de los acusados de su imputación; de nuevas medidas que se tomaron en las últimas semanas ni de las supuestas pruebas recolectadas por el juez Alarcón.
Incluso Bullrich apuntó de modo directo a los Zamora por la detención del ex diputado Posse: "No puede haber en la Argentina un rincón del país donde no rija la ley", sostuvo.
Al mismo tiempo, el diputado nacional Cristian Ritondo hizo declaraciones en el mismo sentido, entre otros dirigentes de su partido.
Las declaraciones se vinculan a la supuesta participación que tendría en la causa la ex gobernadora Claudia Ledesma Abdala, quien ejerció el cargo entre el 10 de diciembre del 2013 y el 10 de diciembre de 2017, en sucesión a su esposo Gerardo Zamora.
Durante esos años, la ex mandataria firmó un convenio regularizando definitivamente todos los conflictos existentes, lo cual para los defensores de Posse y Masoni, implicaría su participación como integrante de la supuesta asociación ilícita denunciada por la abogada Bravo.
En este sentido, Posse aclaró que cada una de las propiedades de la familia Masoni cuenta con toda la documentación legal que demuestra la legitimidad de la tenencia.
"Los Masoni son una familia de varias generaciones de empresarios y emprendedores que a través del negocio agropecuario han generado cientos de empleos en Santiago del Estero y en otras localidades de la Argentina", sostuvo el ex diputado en diálogo con iProfesional.
Agregó que los Masoni "siempre han cumplido con su responsabilidad tributaria, pagando impuestos y cumpliendo con todo lo que le exige el Estado", además de sostener que la sociedad familiar ha estado comprometida con la responsabilidad social empresarial, "algo que se evidencia a través de ejemplos como sus aportes para la lucha contra del Mal de Chagas, la construcción de caminos para mejorar el acceso y conectividad en la tierra en Santiago del Estero, la construcción de escuelas en zonas rurales para la formación técnica y oficial de habitantes de la zona, y la provisión de servicios de salud totalmente gratuitos".
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