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El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho consustancial a todas las personas. Posteriormente, ese mismo ha quedado protegido en infinidad de tratados internacionales y regionales.
A partir de allí, podría contarse ello como algo que es sumamente fácil de defender. Sin embargo, en Argentina se condenó al periodista Eduardo Miguel Prestofelippo, más bien conocido como "El Presto", a 30 días de prisión efectiva por supuestamente hostigar y discriminar a personas cercanas al presidente Alberto Fernández a través de sus redes sociales.
La pena la cumplirá en su domicilio por razones de salud y tendrá que usar una tobillera electrónica. A su vez, tendrá que respetar una orden perimetral de 200 metros respecto de la actual primera dama por un año y realizar un curso en el INADI: "Taller de violencia de género y respeto a las mujeres". Además, pagará todas las costas del proceso penal.
Sin ir más lejos, "El Presto" es el mayor ejemplo en ir de lleno contra cualquier raíz (así sea pequeña) de la libertad de expresión que se incline hacia el costado opositor. Ya que, en el caso del periodista, tan solo se encargó de indagar el pasado de personas del entorno presidencial y preguntarse cómo puede justificar sus compras millonarias.
Podría decirse que "Edu" es un poco vehemente a la hora de tener que opinar sobre algunas cuestiones. Pero las formas, son nada más que ello y, lo verdaderamente importante, son los datos que expresa. Tanto en la noticia como por el lado de sus editoriales.
La libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información son 3 derechos de la ciudadanía que están ligados a la profesión periodística. Los 2 primeros hacen referencia al hecho de que la comunicación y la expresión a través de los medios ha de poder ejercerse libremente, sin injerencias ni censura por parte del Estado, el sector empresarial u otros organismos o grupos sociales.
El segundo, puede definirse como el derecho a acceder a información que está en posesión de instituciones públicas, como podría ser el Gobierno de un país. ¿Quedó claro o no?
Según la UNESCO, ambos derechos son fundamentales en los sistemas democráticos y favorecen el desarrollo y el diálogo entre las personas, así como la protección y la promoción del resto de los derechos humanos.
Ante todo lo referido, Argentina es un país muy particular y no es ninguna sorpresa el hecho de que no se respeten las normas. Si ni siquiera se le da "bolilla" a las propias, mucho menos a un tratado internacional.
agencianova
