Entradas
Distintos grupos empresarios acusan al Gobierno de intentar subordinar la justicia al poder político. ¿Cómo sigue el debate?
En las últimas horas, tanto el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) como el Foro de Convergencia Empresarial, condenaron la iniciativa porque “busca que la cabeza del Poder Judicial quede subordinada al poder político”.
El comunicado de IDEA señala que “el fortalecimiento de nuestra calidad institucional debiera ser uno de los mayores objetivos en nuestro país, ya que hoy es el principal obstáculo para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo. El proyecto de aumentar de 5 a 25 el número de miembros la Corte Suprema constituye un mensaje negativo grave que va en contra de la necesidad de constituir y mantener instituciones sólidas”.
Agregaron que se “necesita volver a crear empleo de calidad para reducir la pobreza, lo que se requerirá un significativo aumento de la inversión privada para lo cual es fundamental tener una justicia independiente”.
Por su parte, el Foro de Convergencia Empresarial manifestó su preocupación ante la propuesta de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación a fin de ampliar su composición del Máximo Tribunal “con un juez por provincia, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el restante en representación del Poder Ejecutivo de la Nación”.
En este sentido, la organización señaló que “para procurar un desarrollo sostenido de la economía, generar trabajo, atraer inversiones y disponer de recursos genuinos para cumplir los fines del Estado, nuestro país necesita contar con un marco institucional que genere confianza y previsibilidad dentro del cual la independencia del Poder Judicial”.
No es la primera vez que los empresarios se oponen a las propuestas de cambios en la Justicia. El año pasado presentaron un trabajo conjunto entre IDEA, AMCHAM y el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, donde plantearon 8 ejes para mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema y simplificar la actividad en los fueros civiles, administrativos y previsionales.
En esa ocasión, las recomendaciones de empresarios y abogados habían apuntado a solicitar tecnología para la administración de justicia, mejores prácticas éticas, recursos económicos para la autonomía judicial, una Corte Suprema más eficiente, despolitizar el Consejo de la Magistratura, formación y desarrollo de la carrera judicial, procesos civiles y comerciales más simples, y mayor celeridad en los procesos penales.
Recordemos que los gobernadores y gobernadoras de 16 provincias firmaron un compromiso para propiciar una reforma de la Corte, porque “no podemos ser convidados de piedra del poder central”.
Ese proyecto aún no está escrito, aunque los mandatarios se reunieron la semana pasada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar criterios que permitan redactarlo.
Por el momento busca a sustituir el artículo 21 del Decreto-Ley 1285/58 según ley 14.467 , que establece que la Corte Suprema de Justicia “estará compuesta por cinco jueces.” Respecto a la designación de sus integrantes será por decreto del Poder Ejecutivo previo acuerdo con el Senado, tal como hasta ahora, respetando una composición federal, que incluya 12 mujeres.
