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En el marco de la última de las audiencias publicas que se realizaron esta semana, subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, brindó algunas precisiones del esquema de segmentación de tarifas. A su vez, realizó una fuerte defensa de la posición del Ministerio de Economía, que considera que la metodología actual de subvenciones a las tarifa es 'pro-rico'. Los números que presentó el funcionario.
El subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, la persona de mayor confianza del ministro de Economía, Martín Guzmán, en lo referido a la definición de las tarifas de gas y electricidad, fue quien presidió la audiencia publica realizada este jueves en la que el Gobierno precisó los criterios que llevará adelante para aplicar la segmentación de las facturas de servicios públicos.
López Osornio hizo una defensa argumental del titular del Palacio de Hacienda con relación a la aplicación de subsidios, marcando la necesidad de comenzar a recortar las subvenciones del Tesoro sobre el sector energético, dado que, a su entender, el esquema actual es pro-rico, es decir, favorece a los usuarios de mayores ingresos.
En ese sentido, enfatizó que “se destina un mayor porcentaje de los subsidios a los sectores de mayores ingresos, es decir, que el 50% más pobre recibe un 40% de los subsidios, mientras que el 50% más rico recibe un 60% del total”.
Además, argumentó que “hay un margen para mejorar la eficiencia distributiva estableciendo segmentos donde el subsidio esté relacionado con la capacidad de pago y que los sectores de más poder adquisitivo dejen de recibir ayuda del Estado”, para que esta se traslade a los sectores medios y más vulnerables.
La iniciativa propone que aquellos que reciben ingresos que superan las 3,5 canastas básicas totales, que posean tres o más inmuebles y/o vehículos 3 o más con menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios de embarcaciones de lujo o aeronaves, abonen la tarifa plena, sin subsidios. En este segmento también se contempla a quienes viven en urbanizaciones cerradas.
En este sentido, el subsecretario resaltó que “en el decil de más altos ingresos se destina un 0,9% al servicio eléctrico y un 2,2% al de gas natural”, por lo que sólo el 3% de sus ingresos va dirigido al pago de los servicios. Por lo cual, afirmó que “este es el sector al que se propone retirar gradualmente los subsidios porque esto no afecta su nivel de vida o bienestar”.
¿Por qué segmentar subsidios?
López Osornio explicó que hoy el Estado cubre más del 75% el costo del gas y electricidad que se incluye en las facturas y que los usuarios sólo abonan un parte de este costo, entre el 20% y el 25%.
Por esto, la propuesta del Gobierno contempla la posibilidad de asignar subsidios energéticos según la capacidad de pago a fin de mejorar el impacto distributivo, reducir la dependencia de importaciones, disminuir el impacto ambiental y liberar recursos para áreas prioritarias como obra pública, vivienda e inversión social.
Gas natural
El subsecretario afirmó que actualmente el Estado cubre la diferencia entre lo que pagan los usuarios como Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el costo de adquisición del gas natural.
En esa línea, el costo promedio surge de los distintos contratos y proveedores de gas- productores nacionales, importaciones desde Bolivia o GNL.
Asimismo, en el informe presentado se detalló que existen esquemas específicos para el subsidio a los sectores de menores ingresos que no acceden al gas por red (Programa Hogar) o zonas climáticas desfavorecidas (zona fría).
Energía eléctrica
López Osornio aseveró que el Estado “cubre la diferencia entre el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) que pagan usuarios y el costo de generación por medio de transferencias a CAMMESA».
Por lo cual, sostuvo que “el precio abonado por la energía eléctrica, es uniforme en todo el territorio nacional, de manera tal que el monto de subsidio por cada kW/h consumido en todo el país es igual para todos los usuarios” y por ello propone la segmentación.
Criterios de segmentación
El primero responde a parámetros geográficos-espaciales, en donde se define el nivel de subsidios a aplicar en un polígono determinado. Requieren información relevada en una zona determinada con características socioeconómicas y de la propiedad.
Este criterio funciona en ciudades con alta densidad poblacional y zonas homogéneas de poder adquisitivo (AMBA). Captan sectores con baja declaración de ingresos, y por lo tanto no son aplicables de igual forma a todo el territorio nacional.
El segundo de ellos se vincula con los ingresos y patrimonio de los usuarios. Por este motivo, requiere mantener actualizada de forma permanente una base de datos. A su vez, permite identificar casos aislados de usuarios con alta capacidad de pago y considerar la situación del conjunto del hogar. Es por esto que se considera que tendrá mejor resultado en cuanto al alcance nacional.
Este criterio se compone de información de titulares aportada por el ENARGAS, distribuidoras, subdistribuidoras y cooperativas eléctricas. También por el cruce con información de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Además, contempla la identificación del segmento de más alta capacidad de pago, los alcanzados por la tarifa social y un segmento medio.
El resultado sería remitido a las distribuidoras, las encargadas de aplicar los distintos niveles de subsidio, en base a la normativa del PIST y PEST. En base a ello, Osornio remarcó que “hoy la resolución del precio estacional ya contiene distintos segmentos”.
Inclusión en el mayor nivel de subsidios
En cuanto a los criterios espaciales, la inclusión contemplará a quienes estén ubicados dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Respecto a los criterios socioeconómicos, se incluirá a:
- Jubilados, pensionados o trabajadores en dependencia cuya remuneración sea menor a dos salarios mínimos, vitales y móviles, y monotributistas en la misma situación
- Beneficiarios de pensiones no contributivas
- Titulares de programas sociales
- Trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social y los incorporados en el Régimen de Seguridad Social para trabajadores de Casa particular
- Titulares de seguro de desempleo
- Aquellos que reciben Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Titulares de certificado de discapacidad
¿Quiénes quedan excluidos?
Aquellos que:
- Posean ingresos superiores a 3, 5 Canastas básicas totales, de un hogar tipo 2 según el INDEC
- Propietarios de tres o más inmuebles
- Titulares de 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años
- Titulares de aeronaves o embarcaciones de lujo
En cuanto al criterio espacial, quedan fuera quienes figuren en los registros de urbanizaciones cerradas y/o estén ubicados dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con alcance restringido al AMBA.
Por último, López Osornio habló sobre la existencia de errores de exclusión. Estos pueden englobar a usuarios cuya situación socioeconómica se haya visto modificada y por lo tanto no coincida con la información tomada para aplicar la segmentación, sumado a que la titularidad del servicio puede no coincidir con quien lo utiliza. Por esto comunicó que habrá un mecanismo de pedido de reconsideración.
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