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Dilema. Administra importaciones en busca de acumular reservas, evitar una devaluación brusca y cumplir el acuerdo con el FMI; advierten sobre el riesgo de frenar la recuperación
«Los banqueros centrales son los que sacan el ponche cuando la fiesta está empezando», dicen con sorna en Reconquista 266, la señorial sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aluden así al rol que deben asumir ante los inagotables requerimientos de la política, que obligan a prender la famosa «maquinita», casi siempre desentendidos de las consecuencias. El chiste se lo endilgan a los monetaristas, un perfil con el que las actuales autoridades de la entidad no se identifican, pero al que circunstancialmente suscriben. «Nosotros, más que del ponche, hablaríamos de sacar el whisky de las 18», bromean.
«En el Gobierno ahora todo el mundo está comprometido, pero antes, si nos poníamos restrictivos, nos preguntaban qué nos pasaba, que si queríamos abortar el crecimiento», recuerdan.
No es el único tironeo al que se ven sometidos constantemente en el BCRA. Hay otro que los obliga a un equilibrio aún más arduo y es la puja por los dólares de las reservas.
En la ventanilla hacen fila empresas que los piden para importar insumos para producir o pagar deudas en divisas; importadores de bienes y funcionarios que necesitan los billetes, por ejemplo, para contratar con el exterior la llegada de los barcos con gas natural licuado que el país necesita para cubrir la demanda en el invierno.
Todo bajo la mirada implacable de propios, el kirchnerismo alineado con la vicepresidenta, y extraños, el FMI, que controlará cada tres meses si el país cumple con la meta de acumulación de reservas comprometida en el acuerdo.
El dilema es económico y político.
El Gobierno no quiere frenar la recuperación de la economía y al mismo tiempo pretende que el BCRA sume dólares a sus arcas para evitar una devaluación brusca y también para trabajar sobre las expectativas de que eso no sucederá, algo en lo que le cuesta ser convincente. «Hace dos años y medio que analistas y empresarios están pronosticando un salto devaluatorio y no sucede», se jactan en la entidad que conduce Miguel Pesce. Están convencidos de que les ganarán otra apuesta a los consultores, que estiman que no podrán acumular las reservas necesarias y que la actividad inevitablemente se desacelerará por la falta de billetes con próceres norteamericanos.
El tema volvió a ser abordado por la Unión Industrial Argentina (UIA) en su última reunión de junta directiva, la semana pasada. El problema ya es crónico, a tal punto que en la minuta del encuentro hubo una mención mínima sobre «la necesidad de dinamizar el efectivo acceso a divisas para la compra de insumos importados». Los detalles a esta altura son innecesarios. La entidad tiene un equipo que hace un seguimiento permanente ante el Gobierno de una lista de casos en los que se busca evitar paradas de producción; los sectores más comprometidos son química y petroquímica, automotores, autopartes y algunos rubros textiles, comentan en la UIA.
El circuito empieza por la gestión ante el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Industria, Ariel Schale, y termina con reuniones en el BCRA, habitualmente con el vicepresidente, Sergio Woyecheszen, aunque en varias se suma el propio Pesce. Cada tanto, alguna empresa o sector prefiere el reclamo público, como en el caso de las automotrices o de los laboratorios (ambos llegaron a un acuerdo), y ventilan las notas de reclamo que le envían al presidente del Central.
«El planteo de ellos es siempre el mismo: no queremos parar la producción, pero tenemos restricciones», revela el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, algo que, hasta ahora, reconoce, no sucedió en ninguna planta fabril. De todos modos, advierte que a la mayor necesidad de dólares que impulsó el fuerte rebote de la economía en 2021 se sumaron este año presiones adicionales derivadas de la guerra en Ucrania, como el aumento de los precios internacionales de los insumos, de la energía y de la logística.
En el Banco Central coinciden en el análisis, pero no en los tiempos que pretende el sector privado. «Hay incentivos en el mercado a ir por los dólares más baratos, que son los oficiales, y muchas empresas quieren cubrirse adelantando pagos y stockeándose un poco más», dice una fuente de la entidad. Lo ven como una «viveza», que buscan desalen- tar. «A fines de 2021 la importación empezó a ir a un ritmo superior a la capacidad productiva del país; en marzo llegó a 7000 millones de dólares y a 6800 millones en abril; es más de lo que debería ser de acuerdo con la estructura productiva y una proyección de crecimiento de 4,5% este año», agrega.
En la UIA se quejan no solo de la cantidad, sino también de que las empresas tienen problemas para planificar. «No pueden garantizar el pago a sus proveedores o a sus casas matrices», lamentan. Hablan de necesidades, para este año, de unos 15.000 a 20.000 millones de dólares.
En el Central, en tanto, presionan para que las compañías obtengan financiamiento para ellas y, en el caso de las grandes, también para sus proveedores. Pero en muchos casos no lo consiguen o si lo logran es a un costo muy alto, además de que muy pocas quieren asumir el riesgo cambiario al quedar endeudadas en dólares.
«Desde que salió la norma que dice que tienen que conseguir financiarse si superan en 5% lo importado en 2021 o en 70% lo concretado en 2020 [la A7466], las empresas obtuvieron financiamiento por entre 600 y 700 millones de dólares para atender necesidades de importación por el equivalente a 1500 millones de dólares», retrucan en el BCRA. Este año proyectan importaciones de entre 73.000 y 75.000 millones de dólares. «Si dejábamos el piloto automático se nos va de golpe todo el saldo comercial», justifican.
Preocupados por Qatar En el mercado, donde siempre intentan anticiparse a los hechos, creen que el Gobierno deberá ajustar aún más el cepo en el segundo semestre, cuando ya no fluyan los dólares de la cosecha, para que los billetes alcancen para todos. En este contexto de escasez de divisas, además, cualquier elemento nuevo que altere la demanda puede desequilibrar los cálculos. «Ahora estamos preocupados por el Mundial de Qatar», dicen fuentes de la autoridad monetaria, mitad en broma, mitad en serio. Esperan que muchos argentinos futboleros demanden divisas para viajar allá.
«Se habla de la restricción externa, de la falta de dólares, pero no es que no tenemos capacidad de generarlos; tenemos superávit comercial de 15.000 millones de dólares por año, pero no tenemos capacidad de retenerlos. Si no cambiamos las reglas de juego, aunque en vez de 15.000 millones por año generáramos 30.000 millones por año, también se irían. Este esquema es muy rudimentario, muy pobre», dice el exministro de Hacienda Hernán Lacunza.
Y agrega: «Además cada vez rinde menos en términos de control de divisas. Cada vez tenés que apretar más los tornillos. Con la soja en 600 dólares, los mejores términos de intercambio de tu historia, tendríamos que estar discutiendo a qué ritmo podemos relajar el cepo, y el Gobierno está proponiendo cómo lo va apretando cada vez más».
Pero en el Banco Central niegan que estén pensando en eso: «Los dólares para sostener el crecimiento de la economía que esperamos están, y las metas de reservas con el Fondo las vamos a cumplir. No analizamos medidas de restricción adicionales, tenemos que llegar a fin de año en un escenario lo más normal posible y no pensar que todo pasa por hacernos más restrictivos; trabando todo podrás ahorrar 1000 o 2000 millones de dólares». Dicen querer ir en sentido contrario; ponen como por ejemplo la flexibilización del cepo para ciertos sectores, como el petrolero.
El mensaje ahora es hacia adentro.
El kirchnerismo duro acusa al Central de dejar pagar deudas privadas que no están registradas. Cristina Kirchner está obsesionada con el tema y se refirió a él en su discurso reciente en el Chaco. Anteriormente, el 17 de marzo, ya lo había expuesto el senador Oscar Parrilli, ante el Congreso durante el debate del acuerdo con el FMI.
Entonces propuso la creación de un registro de deudas privadas con el exterior, la implementación de un sistema informático de autorización de importaciones y el control más intenso de la AFIP a sectores exportadores, especialmente el agropecuario y la minería. Son ideas emanadas del Instituto Patria, del que el legislador es presidente, pero que también se inspiran en trabajos de think tanks como el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) o el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El dardo más reciente lo tiró Felisa Miceli. La exministra de Economía de Néstor Kirchner pidió hace 10 días más dureza con las obligaciones privadas. «Cada vez tenemos menos dólares porque se fueron por la canaleta de la deuda financiera de las grandes empresas», señaló en una entrevista televisiva.
En el Central ven estos movimientos con desconfianza y se declaran «sorprendidos por la crítica repentina», pero más todavía por el hecho de que uno de los vencimientos corporativos importantes que se avecinan es de AySA, la prestadora estatal del servicio de agua, conducida por Malena Galmarini, que en febrero deberá pagar US$500 millones.
También YPF tiene deuda en dólares y solo en 2023 enfrenta vencimientos por US$952 millones. ¿En su celo por escamotear dólares al sector privado el Estado podría llevar al default a algunas de sus empresas? El tiempo lo dirá. Ya sin ponche desde hace rato, la única fiesta posible es llegar a fines de 2023 sin que antes estalle una crisis. ß
En el BCRA ven posible crecer y sumar reservas al mismo tiempo
