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Retenciones: El juez que puede hacer caer el plan K

 

Las retenciones a la harina y el aceite de soja están en la mano de un poderoso juez federal de Córdoba y hay alarma en el Gobierno. El campo empuja.

En ese sentido, la medida tomada por la gestión de Alberto Fernández fue la de prohibir, de momento, la exportación de harina y aceite de soja, maniobra que desde el campo se lee como la previa a la suba de las retenciones. Sin embargo, el plan de la administración podría caerse por la disposición del juez federal Ricardo Bustos Fierro, titular del Juzgado Federal N°1 de Córdoba.

El poderoso magistrado, que maneja grandes causas a nivel nacional, tiene en su poder el pedido de un recurso de amparo de la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María, entre otras agrupaciones, que solicitan la declaración de inconstitucionalidad de las retenciones en la actualidad. Cabe recordar que los impuestos actuales se están aplicando bajo decreto presidencial, algo contraindicado por la Constitución, donde se señala que el Congreso es quién debe disponer de tales medidas.

Con la Ley de Emergencia Pública vencida en diciembre de 2021, y sin la aprobación de un Presupuesto 2022 que le de continuidad, la pluma presidencial habría perdido poder legal de seguir instalando nuevas imposiciones al campo. Por ello, la pelota de las retenciones al campo está en poder del juez Ricardo Bustos Fierro.

Su par de Río Cuarto, el juez federal Carlos Arturo Ochoa, rechazó el amparo presentado por la SRA ya que consideró que no se daba el principio de representación necesario para estos casos. Pero en lo que respecta al juzgado de Bustos Fierro, no hubo expedición al respecto y se especula un posible fallo a favor del campo.

En caso de que eso suceda, el magistrado Ricardo Bustos Fierro podría dar avance a una medida cautelar que dé por caídos los aranceles que son vitales para las arcas del Banco Central y la continuidad del Gobierno de Alberto Fernández. El paso siguiente, probablemente sería la llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

De este modo, el conflicto del campo contra el Gobierno nacional estaría concentrado en el despacho del tercer piso de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba. Allí, Ricardo Bustos Fierro deberá meditar, entre presiones, la decisión final.

¿Quién es el Juez?

En el Gobierno nacional la preocupación principal pasa por la personalidad de Ricardo Bustos Fierro en sí. Con 86 años, y 28 al frente del Juzgado Federal N°1, es quién más competencias concentra en la provincia.

 

En su órbita se encuentran y encontraron causas de lo más resonantes como la de las usinas de facturas apócrifas, el gremio basurero de Córdoba, la financiera CBI, el narco escándalo de la Policía de Córdoba y delitos de lesa humanidad. En 1993, y luego de una extensa carrera judicial, fue nombrado como juez federal por el entonces presidente, Carlos Saúl Menem.

Ricardo Bustos Fierro tiene las retenciones en la mano.

Ricardo Bustos Fierro tiene las retenciones en la mano.

Desde allí, Ricardo Bustos Fierros se fue constituyendo como el juez más influyente de Córdoba, y tal vez de la región central del país. Sin embargo, su tiempo como magistrado corre contra reloj.

 

Y tras muchos años de resolución de diferentes conflictos, e incluso causas en su contra (entre ellas, un juicio político impulsado por Eduardo Duhalde), tiene en sus manos el destino económico del Gobierno actual. Un dato no menor para la Casa Rosada es que el próximo octubre, el mandato de Ricardo Bustos Fierro concluye fruto de la finalización de una extensión otorgada cinco años atrás por el Senado (fruto de un exceso de edad).

 

Si bien es imposible calificar a Ricardo Bustos Fierro bajo una bandera política tras tantos años en el poder, el hecho de compartir provincia (y tal vez algunos principios) con uno de los principales defensores de la causa del campo en la oposición, el gobernador Juan Schiaretti, es algo que sin dudas desvela a todos los que rodean a Alberto Fernández y sus retenciones. De su reacción dependen una recaudación que, el año pasado rondó los $ 830.000 millones de pesos, suma que con los aumentos de los precios internacionales de hoy, se supera fácilmente.



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