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La coalición oficialista se fue resquebrajando a medida que perdió popularidad, que cayó en gran parte por el impacto de la elevada inflación
Los primeros seis de los siete puntos con los que los senadores kirchneristas justificaron su voto negativo al acuerdo con el FMI, reproducidos por Horacio Verbitsky en su publicación digital El Cohete a la Luna el 20 de marzo, son estrictamente ciertos. Nunca antes había visto un documento sobre economía escrito por kirchneristas que contenga tantas afirmaciones correctas.
En forma sucinta, dicen que la reducción del déficit fiscal requiere una suba de tarifas, que impactará en el consumo; que la reducción de la inflación supone menos financiamiento monetario del déficit fiscal y, por lo tanto, contar con acceso al mercado de deuda en pesos, lo cual a su vez requerirá tasas de interés más elevadas, impactando así en la actividad económica, y que la acumulación de reservas internacionales requiere de una depreciación del peso que elevará la inflación.
En resumen, el acuerdo con el FMI llevará a más inflación y más recesión al mismo tiempo. Para sintetizar aún más su postura: la Argentina entrará en estanflación –combinación de inflación con recesión– debido al acuerdo.
La coalición oficialista se fue resquebrajando a medida que perdió popularidad, que cayó en gran parte por el impacto de la elevada inflación en la población. Según la última encuesta de Poliarquía, que registra un fuerte deterioro del humor social, “la situación económica y especialmente la inflación son el motor del malestar creciente”.
A la población y al Gobierno todavía les falta sentir la otra pata de la estanflación: el estancamiento económico. Pero ambos, o al menos una parte de ambos, lo ven venir. Según la misma encuesta de Poliarquía, “los indicadores de consumo y la propensión a realizar compras sufren nuevas caídas”. Dentro de la coalición del gobierno, quien lo ve venir es el kirchnerismo duro, que quiere huir para no ser sindicado como el culpable de tal descalabro, en una postura que haría ponerse colorado hasta a Poncio Pilatos. Lo paradójico, o no, es que detrás de todos los descalabros está el sello del kirchnerismo duro. Hagamos un poco de memoria.
Hasta mayo de 2021, el ministro de Economía, Martín Guzmán, estaba implementando un fuerte ajuste fiscal, que permitió reducir el déficit primario acumulado en los primeros cinco meses del año a 0,15% del PBI. Esto parecía prudente, ya que el elevado déficit primario de 2020, de 6,5% del PBI, había llevado al Banco Central (BCRA) a emitir pesos por el equivalente al 7,5% del PBI ese año. Una depreciación del peso relativamente elevada y una fuerte baja de la emisión monetaria habían devuelto algo de paz cambiaria, con una reducción de la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, y habían permitido al BCRA acumular reservas internacionales. Guzmán intentaba, en vano, comenzar a recomponer las tarifas energéticas.
Los efectos inmediatos de esta combinación (necesaria para estabilizar la economía) no eran muy alentadores. La inflación se elevaba por la salida de la pandemia, la depreciación cambiaria y el impacto retrasado de la superemisión de pesos de 2020. La actividad económica estaba estancada, producto de la contención fiscal y monetaria.
Pero en mayo todo cambió. Las elecciones legislativas se acercaban. La primera en percibir que esta desaceleración y la caída del salario real tendrían un costo electoral fue Cristina Kirchner. El Senado dio un aumento salarial de 40%, cuando los gremios privados venían cerrando paritarias de 35%. La meta inflacionaria era de 29%. La “Proclama del 25 de Mayo” condensó el reclamo de referentes kirchneristas para aumentar el gasto social. A partir de allí, el gasto público y su financiamiento monetario se dispararon. Todo se descontroló después de las PASO, cuando el Gobierno implementó el plan “platita en el bolsillo” para intentar revertir el resultado. El déficit primario de los últimos siete meses del año fue de 3% del PBI y el financiamiento monetario, de más de 4% del PBI. Este impulso permitió a la economía expandirse 10% entre mayo y diciembre.
El impacto de este zafarrancho tardó unos meses en verse reflejado en la inflación, dado el aumento estacional de la demanda de dinero de diciembre y enero. Pero ya no pudo disimularse en febrero, cuando la demanda de dinero comienza a caer, y la inflación se disparó al 4,7% mensual. Las proyecciones para marzo rondan el 5%.
Los problemas recién comienzan y, haciendo un poco más de memoria, lo que surge es que el manejo de la política económica de los próximos meses enfrentará al Gobierno a tres problemas generados por el propio kirchnerismo. Un verdadero karma.
El primero es el carácter inestable que tienen los regímenes de inflación como los que experimenta la Argentina. El kirchnerismo desató el genio maldito de la inflación, recibió el país con deflación mensual en mayo de 2003 y la llevó hasta el 40% anual en momentos de 2014, y este genio viene a reclamarle revancha. El problema cuando un banco central no tiene credibilidad es que los cambios de precios relativos tienden a propagarse a otros precios y terminan empujando la inflación hacia un nuevo escalón.
Me explico con un ejemplo. Si en Estados Unidos o en Chile, en tiempos normales (no estamos en tiempos normales), con inflaciones estables alrededor de 2% y 3% anual, respectivamente, sube el precio de la lechuga, la electricidad o la nafta, los empresarios y comerciantes no remarcan sus precios, porque saben que se trata de ajustes de precios relativos que dependen de la demanda y oferta de esos mercados. En la Argentina, sin un ancla que sirva de referencia, otros precios terminan ajustándose. Así, la suba de la lechuga del 72,7% de febrero quizás esté impulsando el precio de la peluquería y otros bienes y servicios en marzo. Por supuesto que el BCRA podría combatir la tendencia con un fuerte apretón monetario. Pregunten a Cambiemos cómo le fue con el experimento.
El segundo autogol con el que debe lidiar el Gobierno es el atraso tarifario. Si quiere bajar la inflación, tiene que reducir el déficit fiscal, para lo cual tiene que subir las tarifas energéticas para reducir los subsidios que cubren la diferencia entre costo y precio de la electricidad y el gas. Pero la suba de tarifas impulsa en el corto plazo la inflación, como está ocurriendo en marzo. Gran parte de ese trabajo sucio lo había hecho Mauricio Macri, pero fue tirado por la borda en los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández. Se vuelve ineludible subir tarifas este año, aún más luego de la fuerte suba en los precios internacionales del petróleo y el gas natural licuado (GNL).
El tercer problema es la falta de reservas internacionales. Durante el mandato de Cristina Kirchner, el gobierno se apropió de US$65.000 millones de las reservas del BCRA a fin de pagar servicios de deuda en dólares. Evitó así endeudarse en el mercado, generando el mito del “desendeudamiento”, a un alto costo para el país. Recibió el país con reservas internacionales netas (de pasivos como el swap con China) de US$38.700 millones y lo entregó en rojo, a pesar del fuerte aumento de los precios de las exportaciones argentinas. Macri entregó el poder con US$12.800 millones de reservas netas, pero ahora volvieron a ser negativas.
No hay estabilidad posible, sobre todo para un país tan dolarizado como la Argentina, sin un elevado nivel de reservas internacionales. El contraejemplo es Perú. Atraviesa una crisis política inmensa, con cambios de gabinete casi todas las semanas. El presidente enfrentará un juicio político el 28 de marzo. Sin embargo, las variables financieras, y por lo tanto la economía, apenas lo notan. Reservas internacionales de US$77.000 millones (32% del PBI) aíslan a la economía de los vaivenes políticos.
El gobierno argentino no puede escapar entonces de hacer subir las reservas, como pide el acuerdo con el FMI. Y esto, más allá del segundo trimestre, en el cual las exportaciones agrícolas están en su pico y hacen el trabajo por sí solas, puede llevar a una devaluación más acelerada del peso en el segundo semestre. Por eso el kirchnerismo quiere huir. Huye de los efectos de su propia creación, la cual prefieren ocultar u olvidar.
Los senadores kirchneristas también se olvidaron, en el documento que firmaron, de analizar el caos que se generaría si no se hubiese aprobado el acuerdo con el FMI. También dejaron de lado, o más bien se equivocaron –como muestra el séptimo punto de su documento–, al analizar otro contrafáctico: el de un programa que lleve al crecimiento económico. Siguen pensando que el gasto público es el impulsor del crecimiento. Pero no pidamos tanto. Seis de siete puntos correctos es un logro para los impulsores de la decadencia argentina del siglo XXI.
Marcos Buscaglia
