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Funcionarios y allegados utilizan las naves oficiales de manera discrecional y los favores aéreos quedan fuera de una regulación clara; la flota es la más grande del país: supera a la de Aerolíneas Argentinas; LA NACION identificó a los pasajeros frecuentes y reconstruyó sus itinerarios
Axel Kicillof tiene problemas para mantener el poder en la provincia de Buenos Aires, pero ya se probó el asiento de Alberto Fernández. No el de Rivadavia, que está en la Casa Rosada, sino el del Airbus H-155, un flamante helicóptero de más de US$18 millones que compró la gestión de Patricia Bullrich, pertenece al Ministerio de Seguridad y suele estar al servicio de la Presidencia. Ocurrió el 29 de marzo de 2020, cuando se anunció la primera extensión de la cuarentena. La nave llevó al gobernador hasta la Quinta de Olivos y lo regresó a La Plata.
Los favores aéreos son comunes en la política. La Federal volvió a llevar a Kicillof al día siguiente. Usó el mismo helicóptero junto a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, y recibió un nuevo aventón desde Olivos hasta La Plata en agosto del año pasado. También se subió a unidades que pertenecen a Nación para recorrer la provincia en al menos otras cuatro ocasiones este año.
Son servicios que se pagan. El 9 de diciembre pasado la extitular de Seguridad Sabina Frederic publicó una resolución donde establece que las naves pueden cederse a cambio de un cargo y siempre de manera excepcional, algo que los funcionarios parecen haber convertido en regla. Por ejemplo, el H-155 que usó el gobernador cuesta US$1.354,74 por hora.
Fabiola Yáñez, pasajera frecuente
Es probable que Fabiola Yáñez sufra el destierro. Así lo muestran las planillas de vuelo que vio LA NACION. La primera dama es una pasajera frecuente de la flota aérea presidencial. Aunque en varias ocasiones acompañó a Alberto Fernández, suele también viajar sola y partir de El Palomar o Aeroparque hacia Posadas, el lugar en el que se radicó a partir de los 12 años y donde vive parte de su familia.
De las 20 veces que hubo servicios a su nombre que pasaron por Misiones entre marzo de 2020 y el 26 de junio pasado, en 17 ocasiones se usó el Tango 11 y las tres restantes, el 10. Semanas después de la última fecha, quedó embarazada, según el parte médico oficial. No se registran viajes posteriores.
Los vuelos de Yáñez no están exentos de polémica. Al menos cuatro de esos viajes se hicieron en el período más restrictivo de la cuarentena obligatoria. En otros términos: la primera dama fue a Misiones en el momento en que casi nadie podía abordar un vuelo en la Argentina ni trasladarse entre provincias. Los registros públicos sostienen que se trató de visitas oficiales. Documentación que envió Presidencia tras la consulta de LA NACION muestra que en fechas coincidentes con sus vuelos la primera dama visitó merenderos, escuelas y obras en Yacyretá; participó de encuentros con mujeres y participó de anuncios de agua potable.
La primera dama también usa otras naves. El 12 de enero de 2020 voló junto al Presidente en el H-01, el helicóptero más importante de la flota, para ir a la residencia de Chapadmalal. Llevó, entre otros, a su hermana Tamara Karina Yáñez y a su madre, Miriam Verónica Yáñez Verdugo.
Yáñez volvió a viajar a Chapadmalal en febrero de 2020, sin Fernández. No es la primera vez que una pareja presidencial usa la flota oficial para sí misma. En febrero de 2017, Juliana Awada volvió de Punta del Este a Buenos Aires junto a Antonia, la hija que tiene con Mauricio Macri, en el principal helicóptero de la Casa Rosada.
En aquel momento el gobierno explicó que la familia presidencial está “ajustada a un protocolo de seguridad” que excede al primer mandatario. La polémica forzó un cruce de documentación en la administración Macri.
La extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso le envió a Fernando de Andreis (secretario general de la Presidencia en la gestión anterior) una nota ese mismo mes. Determinaba que el empleo de la flota “será posible -e incluso procedente- en la medida en que se respeten las pautas y deberes contenidos” en la ley. También aclaraba que debe abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial.
El viaje de Yáñez en febrero de 2020 a Chapadmalal fue, presumiblemente, para trabajar temas relacionados con la imagen de la primera dama, según se desprende de la comitiva que la acompañó. Estaban Sofía Pacchi y Emmanuel López, dos de sus asesores que se hicieron conocidos por la polémica alrededor de su cumpleaños en plena cuarentena, realizadores de video y Roberto Gambuzza, un politólogo que también trabaja con Victoria Tolosa Paz.
La diputada electa por Buenos Aires acortó las distancias a las que obliga la política. El 12 de agosto pasado se subió al avión Twin Otter matrícula LQ-JKE de la Policía Federal, tal como reveló la periodista Maia Jastreblansky en LA NACION. Fue y volvió en el día a Ayacucho, en la provincia, junto a otros funcionarios. La particularidad es que participó de un acto en medio de la campaña que la condujo al Congreso y se benefició del uso de recursos públicos, algo que no pudieron hacer sus competidores. La cuenta la pagó el Ministerio de Desarrollo Productivo, que pidió el viaje.
En total, los helicópteros administrados por la Policía Federal fueron usados al menos 10 veces para actividades relacionadas con la primera dama entre el 17 de enero de 2020 y el 26 de junio de 2021.
La ruta a El Calafate
Aunque su epicentro político se mudó de Santa Cruz al conurbano bonaerense, Cristina Kirchner sigue usando la flota presidencial para ir a “su lugar en el mundo”, como acostumbraba a hacerlo en el pasado.
La ruta oficial a Río Gallegos se reactivó el 25 de febrero pasado y los viajes de la vicepresidenta a El Calafate retornaron el último 4 de abril. Entre el segundo mes del año y el 21 de octubre, los Tango 04, 10 y 11 se trasladaron en total 12 veces en servicios afectados al traslado de Cristina Kirchner y su comitiva. Casi siempre salió de Aeroparque, alguna vez de El Palomar y en la mayoría de los casos aterrizó en la capital provincial.
Cristina Kirchner frecuenta mucho menos ahora la flota oficial que cuando era presidenta. En aquellos años, según la reconstrucción periodística de Diego Cabot, se recorrieron al menos 19 trayectos con aviones oficiales prácticamente vacíos, cuyo objetivo era llevar diarios para la pareja presidencial. Se los bautizó “vuelos canillita”. Los documentos que vio LA NACION no detallan quiénes fueron en el último tiempo los acompañantes de la vicepresidenta en sus viajes a Santa Cruz con recursos públicos.
Cristina Kirchner tiene algunas reticencias a viajar en helicóptero. Una de las pocas veces que usó los de matrícula oficial fue cuando tuvo que ir a Lomas de Zamora para participar de un acto electoral el 12 de agosto pasado. Y volvió a subirse siete días después para llegar al Estadio Único de La Plata, cuando el Frente de Todos intentó reforzar la imagen de unidad tras la polémica que había desatado la difusión de las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en medio de la cuarentena.
Desde el punto de vista aeronáutico, Sergio Massa es un hombre récord. El tercer socio del Frente de Todos y presidente de la Cámara de Diputados hace un esfuerzo para combinar su trabajo legislativo con recorridas por la provincia de Buenos Aires. Muchas veces va en helicópteros de la Policía Federal y en algunas ocasiones se subió a unidades de la flota presidencial.
Massa hizo al menos 53 vuelos en naves administradas por la fuerza policial -la Cámara suele pagar los costos por un convenio con el Ministerio de Seguridad- entre agosto de 2020 y el 19 de octubre pasado. En algunos casos viajó con ministros que le responden, como el fallecido Mario Meoni y su sucesor, Alexis Guerrera. Allegados a Massa remarcaron ese punto. Los registros oficiales también muestran una gran cantidad de traslados a nombre solo del “Sr. Presidente de la Cámara de Diputados (sic)”.
El fundador del Frente Renovador ya había mostrado su inclinación por el aire antes de llegar al poder. Hizo 290 vuelos en jets privados entre 2014 y 2018, un período que incluye dos procesos electorales, según un trabajo de LA NACION.
Los gobernadores son hinchas de la Selección Nacional de fútbol. Así lo prueba la nutrida asistencia que tuvo el último partido contra Brasil, en San Juan. Muchos aviones llegaron a la provincia el 16 de noviembre pasado con estrellas deportivas y empresarios. Uno de ellos era el Cessna matrícula LQ-WTN, que pertenece a la gobernación de La Rioja, en manos de Roberto Quintela, que compartió el momento con otros cinco pares.
El jefe de Gabinete Juan Manzur voló a Estados Unidos el 14 de octubre pasado. Salió a las 7.56 de Aeroparque. Aunque iba en una tarea oficial, usó el LV-CKA, que pertenece a la provincia de Tucumán.
Un pequeño revuelo se armó en Salta. Acusan al gobernador Gustavo Sáenz de haberle prestado a los conductores televisivos Marley y Lizzy Tagliani uno de los aviones que pertenecen a la Dirección General de Aviación Civil.
Algo similar le pasó a Raúl Jalil en Catamarca. El diputado opositor Hugo Ávila asegura que un avión casi flamante se utilizó más de 20 veces este año, de las cuales solo una sirvió para cuestiones sanitarias, su objetivo declarado. La nave vale unos US$16 millones.
Una caja negra en las nubes
LA NACION reconstruyó cada uno de los casos mencionados arriba, que se destacan entre muchos otros, a través del trabajo con fuentes periodísticas oficiales y privadas, documentación obtenida en respuesta a pedidos de acceso a la información y las publicaciones de personalidades relacionados con la política.
En términos legales, casi ninguno de los casos anteriores podría encuadrar fácilmente en algo que pudiera ser delito. El uso de aviones y helicópteros de propiedad estatal que hace la política, sin embargo, está cuestionado desde el punto de vista moral. Los argumentos que esgrimen algunos dirigentes, asociaciones y estudiosos del tema se resume así: ¿es correcto que funcionarios de distinta categoría y sus allegados usen un recurso caro de forma discrecional y sin dar grandes explicaciones, en un país con cuentas en rojo y más de 40% de pobreza?
Quizás el mejor ejemplo para determinar cuánto cuesta tener un avión es el Tango 01, la nave más emblemática de la flota presidencial, asociada al auge menemista y estrella de la campaña que condujo a Fernando de La Rúa a la Casa Rosada en 1999.
Se trata de un Boeing 757-200 que llegó al país a principios de los 90 y está parado en la base militar de El Palomar desde 2016 a la espera de una reparación mayor que el Gobierno tendría decidido hacer.
Aunque no puede volar, implica un gasto importante para el Estado. Se destinan US$220.000 por año a los trabajos de mantenimiento. Los técnicos ponen periódicamente en marcha los motores para que se lubriquen, así como la operación de las superficies de control mediante potencia hidráulica para evitar el resecamiento de las gomas.
La flota fantasma
La investigación de LA NACION arroja un número desconocido. Hasta el 24 de septiembre pasado, había 171 naves (aviones y helicópteros) asignadas cuyas matrículas correspondían a gobernaciones y otros entes públicos provinciales. A ellos hay que sumarles al menos otras seis unidades de Presidencia. De manera que, en total, alcanzan como mínimo las 177 unidades.
La flota aérea dedicada a la política es la más grande del país. Por ejemplo, supera a la de Aerolíneas Argentinas, compuesta por 79 naves, y a las 106 unidades afectadas al transporte aerocomercial tipo charter o taxi aéreo.
La larga lista de matrículas provinciales está dominada por la heterogeneidad. Hay unidades en desuso desde hace años o destruidas en accidentes, otras que no están en condiciones de volar y una gran cantidad dedicada a tareas que van más allá del transporte de funcionarios.
Córdoba tiene 12 naves. Hay helicópteros relativamente nuevos, pero también avionetas mucho menos costosas dedicadas a la aviación agrícola y a la lucha contra el fuego.
La provincia de Buenos Aires tiene otras 25 naves, también de una composición diversa. Doce de ellas están a nombre de la gobernación (incluidas direcciones y ministerios) y nueve son de la policía.
La Federal, en tanto, tiene otras 11 unidades. Allí se concentran muchos de los viajes que hicieron en el último tiempo Alberto Fernández, pero también Cristina Kirchner, Fabiola Yáñez, Sergio Massa y varios ministros.
La gran cantidad de aeronaves se complementa con otro dato que desde hace años despierta incertidumbre entre los encargados de regular el transporte aéreo. En la Argentina hay 54 aeropuertos con presencia completa de fuerzas de control, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero hay 737 pistas aptas denunciadas -son campos con capacidad de recibir naves o pertenecientes a compañías privadas, por ejemplo, dedicadas a la fumigación- donde la regulación es mucho más laxa.
La polémica alrededor del uso de la flota pública por parte de la política atraviesa las administraciones. Un trabajo de LA NACION publicado en octubre de 2016, a menos de un año de la asunción de Mauricio Macri, mostraba que varios ministros y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, utilizaban recursos presidenciales para trasladarse. La provincia pagó la nafta y el gasto de uno de los viajes. También explicó que los aviones que había heredado de Daniel Scioli estaban inutilizables. Luego dejó de usar esas naves.
Otros ejemplos muestran la difusa regla que existe para subirse a un transporte presidencial. Alberto Fernández debía estar el 27 de mayo del año pasado a las 11 en la planta industrial de Toyota, ubicada en el kilómetro 81 de la ruta 12. Fue en el helicóptero H-01. Entre los pasajeros estaba Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem y dueña de una concesionaria de autos de la marca japonesa.
Hay otra regla que se mantiene pese a los cambios de presidentes: los aviones y helicópteros se le prestan a los dirigentes o allegados del mismo color político.
La norma tácita parece también alcanzar a la relación de la Argentina con sus vecinos. El 27 de octubre pasado, por ejemplo, el LQ-HWN del Ministerio de Seguridad (el mismo que suele abordar Kicillof) llevó desde la Casa Rosada hasta el aeropuerto de Montevideo a José “Pepe” Mujica, quien recibió ese día una condecoración por parte de Alberto Fernández.
Restan dos años para saber si la Argentina tendrá un trato similar con Luis Lacalle Pou, el presidente liberal de Uruguay, un país que, por otra parte, no tiene flota asignada para los primeros mandatarios.
Pablo Fernández Blanco
Delfina Arambillet
Con la colaboración de Gabriela Bouret
