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"No queremos que nos acusen de obstruccionistas", repiten en Juntos por el Cambio. Subsidios al transporte, obras públicas y rebajas impositivas, las exigencias de los partidos provinciales.
Los diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron los aspectos centrales el presupuesto presentado este lunes por Martín Guzmán pero no obstaculizarían su aprobación el jueves, cuando el Frente de Todos anticipó que abrirá el recinto para tratarlo.
Claro que el texto podría tener modificaciones exigidas por los partidos provinciales, garantes de una mayoría que el oficialismo no tiene por por sí mismo y aún debe ratificar. Reclaman aumentos de obra pública, rebajas impositivas y subsidios al transporte del interior.
Si no consiguen los apoyos necesarios para sesionar, los referentes del Frente de Todos anticiparon que dejarán caer el presupuesto y Alberto Fernández podrá prorrogar el actual con la facultad de reasignar las partidas a gusto que le concede la ley de administración financiera. Ya lo hizo el año pasado, cuando además firmó un DNU que habilita al jefe de Gabinete a cambiar el destino de los fondos cuando lo desea.
Guzmán reconoció que la inflación es más alta que la proyectada, pero sostuvo el 33% para el 2022
Tanto en sus versiones más dialoguistas o rupturistas, en Juntos por el Cambio creen que bloquear el presupuesto los perjudica y lo mejor es que se sancione. Lo anticiparon Luciano Laspina (PRO) y Martín Tetaz (Evolución radical), quienes al inicio de sus discursos expresaron la voluntad de "acompañar" la ley, pero luego defenestraron las cifras expuestas por Guzmán.
La crítica principal, que engloba cualquier otro análisis, es una presunta subestimación de la inflación de 2022, calculada en un 33%. El crecimiento estimado es del 4%, el déficit del 3% del PIB y el tipo de cambio promedio de 131 pesos.
Se esperaba que Guzmán aprovechara los tres meses que tardaron en llamarlo a exponer para retocar las cifras pero no fue así y hasta se mostró optimista con la suba de precios final de este año, que estimó en 45%. "Debería ser de 1.5% los últimos dos meses del año", calculó Tetaz. En octubre fue de 3.5% y en noviembre no variaría demasiado.
El economista platense, además, pidió aumentar el mínimo no imponible de bienes personales, como aprobó el Senado en un proyecto de ley que el oficialismo de Diputados congeló y a Guzmán no le convence. El radical Ricardo Buryaile cuestionó que la ley prorrogara la facultad que el Congreso le dio a Alberto ni bien asumió de sostener los derechos de exportación a los granos.
El presupuesto de este año estimó que la inflación sería de 29%, muy lejos de la realidad, según Guzmán, por el incremento de la demanda y los precios en todo el mundo. "No era algo que preveíamos cuando lo escribimos", se justificó.
Confió en un acuerdo de precios de enero, una práctica que hasta ahora no mostró resultados. El debate hacia dentro de Juntos ya no es la causa de la inflación, que golpeó por igual a su gobierno, sino en el valor de un presupuesto que la subestima.
"Con ese dato no se puede votar, pero no podemos quedar como obstruccionistas y ser acusados los próximos dos años por el Gobierno", señaló ante LPO uno de los referentes en temas económicos del PRO, que tuvo una mini reunión de bloque por la tarde para definir los pasos a seguir.
En Juntos hay bronca con el oficialismo porque no tienen los votos para aprobar el presupuesto y apuestan a que se caiga. Pero coinciden en que lo mejor es garantizar la sanción y no ser acusado de obstruccionistas.
La deuda no representa un debate interno en la oposición, a no ser por la pauta de financiamiento, cuestionada por Alejandro Cacace, de Evolución. Criticó que Guzmán hablara de 653 mil millones de desembolso de organismos internacionales, pero el presupuesto lo estime en 1,7 billones, un 2,4% del PBI.
El secretario de Hacienda Raúl Rigo prometió enviar una corrección pero pidió considerar que el presupuesto contempla partidas de obras públicas por una dimensión parecida y son parte del déficit.
Sobre el FMI, el presupuesto es claro, porque no establece pagos para 2022 y lo deja explícito en el mensaje. O sea, si no hay acuerdo de refinanciación hay default y las culpas serán compartidas. Esa opción está sobre la mesa.
Martín Tetaz.
Guzmán explicó que pagarle al FMI los casi 20 mil millones de dólares de vencimientos que hay para 2022 obligaría anular partidas para las universidades y beneficios sociales, entre otras, y sin garantías de continuar con un crecimiento que este año alcanzará el 10%. Además, habría que conseguir esos dólares.
Otro tema que genera desconfianza en la oposición es la prometida segmentación de tarifas de luz y gas, sin la cual no se puede justificar la reducción de los subsidios, a no ser que esté en carpeta un tarifazo feroz. El ministro aclaró que parte de ese recorte es la reducción de las contribuciones a la producción de gas, previstas en la resolución 46, pero el resto sí es con mayor recaudación.
El secretario de Energía Darío Martínez aseguró que la segmentación está en marcha y se presentará en una audiencia pública, pero no dio precisiones. Dijo que hubo un 80% de cruce de datos y prometió que no se perderá el poder adquisitivo por pedido de Alberto y Cristina, que siempre estuvo en contra de esta medida. El margen de error es exiguo, porque entre los objetivos trazados por Guzmán está la recuperación de un 4% real del alicaído salario real, la causa de la derrota electoral según buena parte de los legisladores peronistas.
Los partidos provinciales son la llave para una mayoría. Córdoba pide un amento de los subsidios al transporte para el interior del país, Misiones rebajas impositivas y obras públicas y a Río Negro ya le dieron la zona franca a Sierra Grande.
El ministro tuvo varios duelos con colegas. Además de Tetaz, José Luis Espert le exigió un ajuste y Ricardo López Murphy sostuvo que el Banco Central no tiene reservas por su volumen de pasivos. "No es así. Hay que tener cuidado con lo que se dice: una cosa son los pesos y otra las reservas en dólares. No se puede comparar", respondió el Guzmán. El diputado ya se había ido.
El economista que faltó fue Javier Milei, que se fue a un acto en Rosario y se perdió la oportunidad de enfrentar a Guzmán. Tal vez deba esperar un año más para verlo.
La reunión se inició con un reclamo del jefe de la UCR Mario Negri y el del interbloque federal Alejandro Rodríguez para postergar una semana el tratamiento del presupuesto, pero el presidente Carlos Heller, reelegido unos minutos antes, ratificó que la fecha elegida es el jueves.
En Juntos había bronca porque detectaron que el oficialismo llegó sin los aliados para garantizar la ley y jugaba con la carta de no sesionar y culparlos. Pero la mayoría coincidió en que sería un error permitírselo y que lo mejor es que la ley sea enviada al Senado en la madrugada del viernes, con los retoques que exijan los eventuales aliados del Gobierno.
Una opción que barajan son esperar a la sesión para saber si el Frente de Todos tiene quórum para definir a ahí mismo si votan en contra. Otra es ayudarlos y abstenerse, que en los hechos sería como facilitar la sanción bajo protesta.
Al menos dos radicales que integran la Comisión de presupuesto consultados por LPO anticiparon que coinciden con cualquiera de esas estrategias, que terminarán de definirse este miércoles al atardecer en una reunión de interbloque, cuando hayan finalizado las exposiciones de los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Carla Vizzotti (Salud) y Alexis Guerrera (Transporte).
El trío de funcionarios escuchará a Juntos pero mucho más a los partidos provinciales que permitirán aprobar la ley si le dan las modificaciones que exigen. El cordobés Ignacio García Aresca, de la bancada del gobernador Juan Schiaretti, reclamó una suba de los subsidios al transporte de pasajeros del interior, que tiene una baja nominal: este año se invirtieron 28 mil millones de pesos y el presupuesto contempla 27. Con una inflación cercana al 50%, el recorte es brutal.
Rigo no le contestó, pero dejó abierta la puerta para una negociación que podría ablandar a una interbloque de 10 diputados capaz de garantizar el quórum y la ley. Además del trío de cordobeses, hay otros tres bonaerenses del peronismo opositor y la dupla de socialistas santafesinos.
Los aliados que no pueden faltar para que el oficialismo esté tranquilo son los 5 del partido Provincias Unidas, divididos en duplas de misioneros y rionegrinos y el neuquino Rolando Figueroa. Los norteños esperan tres incorporaciones: alivios fiscales para contemplar la competencia con Brasil y Paraguay, compensación a la selva paranaense, con un 54% de bosques nativos; y obras a sus municipios.
Río Negro ya tuvo su premio: Alberto firmó un convenio con la gobernadora Arabela Carreras para activar una zona franca en la ciudad de Sierra Grande. El senador de esa provincia Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana son la llave del quórum en la Cámara alta, donde el oficialismo negocia con Juntos para sancionar el presupuesto antes de navidad, si el jueves todo sale bien.
En el Senado se necesitan dos tercios del recinto para aprobar una ley sin una semana de espera entre dictamen y sesión. No es posible hacerlo sin Juntos y las conversaciones ya empezaron. Pocos quieren buscar vuelos después de navidad.
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