Los crímenes de Lucas González en el barrio porteño de Barracas y de Alejandro Martínez en una comisaría de la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú, por los que se encuentran detenidos -respectivamente- 3 policías de la Ciudad de Buenos Aires y 9 de la Policía Bonaerense, volvieron a poner en agenda la violencia institucional y el rol de las fuerzas de seguridad.
Según datos de organismos de derechos humanos, la Policía de la Ciudad intervino en la muerte de más de 90 personas desde su creación, en 2017. Además, en la Ciudad se registraron situaciones de hacinamiento en comisarías durante 2020, debido a la imposibilidad de trasladar detenidos a cárceles por la pandemia.
En la Provincia, en 2020 se iniciaron 258 investigaciones por muertes producidas por el accionar de miembros de fuerzas policiales y penitenciarias, si bien ese año hubo una caída en los hechos de violencia institucional en general.
Milei y las armas. Tras las elecciones, en el búnker de Javier Milei (La Libertad Avanza), un empleado de seguridad que custodiaba el acto irrumpió en el escenario e hizo el gesto de desenfundar un arma para contener a una persona del público. El diputado electo condenó el hecho, pero aclaró: “La Segunda Enmienda en los Estados Unidos permite que las personas usen armas, eso tiene un fundamento en la teoría económica y en la evidencia empírica. Uno observa que en aquellos estados que sí lo permiten, la cantidad de delitos es mucho menor”.
Los datos no avalan sus dichos: tanto la evidencia internacional como la local muestran mayoritariamente que a mayor cantidad de armas de fuego en la sociedad civil, mayor cantidad de muertes con armas de fuego, tanto por homicidios como por femicidios, suicidios y accidentes.
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