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Mientras economistas de uno y otro lado de la grieta política reclaman por estrategias económicas de mediano plazo y la creación de empleo legítimo, la gestión de Axel Kicillof continúa apostando por planes y premios para quienes se queden con tierra ajena.
La toma de tierras en Guernica se inició el 20 de julio de 2020, unos 120 días después del decreto presidencial que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Durante la cuarentena se había incrementado notablemente el número de tomas a punto tal que, sólo en la provincia de Buenos Aires, se relevaron más de 3 mil.
Aquel 20 de julio, unas 2.500 familias se presentaron al mismo tiempo (y como por arte de magia) en un predio privado de 100 hectáreas en Guernica, dentro del partido de Presidente Perón. Los propietarios se presentaron ante la Justicia y solicitaron un desalojo, pero éste no se hizo efectivo hasta el 1 de octubre cuando, al frente de un imponente número de efectivos de la Policía Bonaerense, el ministro de Seguridad Sergio Berni logró hacer retroceder a las masas.
Según el propio titular de la cartera de Seguridad bonaerense, parte de los grupos aceptaron un “trueque” que consistía en retirarse a cambio de subsidios y la promesa de una inclusión en el Plan de Vivienda. Comenzaba así una oscura historia de extorsión en la que los usurpadores, lejos de pagar por cometer el delito de ocupar tierras que no les pertenecen, son “premiados” por el gobierno K.
En las últimas horas, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo del dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, elaboró un informe que pone negro sobre blanco en la cantidad de dinero que el estado provincial, actualmente en una virtual quiebra financiera por no poder asumir sus compromisos de pago, ha gastado en “premiar” a los usurpadores.
