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Son proyecciones realizadas por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, mediante la comparación de lo que sucedió con la misma medida entre 2008 y 2015
Los miedos del sector agropecuario de que el Gobierno nacional imponga más restricciones y trabas a la exportación de maíz por el cumplimiento del saldo exportable calculado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se hicieron realidad este fin de semana y comienzan a realizarse previsiones de cuánto podría perder el productor ante esta nueva intervención.
Si bien desde el Gobierno destacaron que “las exportaciones de maíz están abiertas y la Argentina va a exportar un récord histórico de 38,5 millones de toneladas”, y que “no existe limitación ni cepo”, la Mesa de Enlace emitió un crítico comunicado asegurando que las mismas “generan confusión y desconfianza” en toda la cadena”. Además, los ruralistas reiteraron que “restringir exportaciones es una mala política pública que nos hace perder a los productores y al país en su conjunto. El productor rural tiene que tener la plena certeza de que es la base de esta cadena de valor y que en ningún momento se actuará con alguna medida que lo perjudique”, dijeron.
Apenas comenzado el mes, los despachos de maíz superaron las 38,5 millones de toneladas de la campaña 2020/21, volumen límite estipulado por la cartera agropecuaria como saldo exportable. Traspasada esa marca, las empresas exportadores prácticamente dejaron de anotar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), lo que despertó suspicacias entre los productores. Pero con la comunicación de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de que sólo se certificarán DJVE que cuenten con mercadería física de la campaña 2020/21 ya adquirida, las dudas quedaron de lado.
Es por eso que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) estima que si estas nuevas medidas funcionarán con un mecanismo parecido a como lo hacían los Registros de Operaciones al Exterior (ROE), herramienta que tuvo se apogeo con Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior y con Ricardo Echegaray con titular de la AFIP, donde el otorgamiento de permisos para exportar funcionaba de manera discrecional, los agricultores podrían perder USD 1.100 millones al año por baja en los precios.
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“Si la intervención de las exportaciones de maíz tiene el mismo efecto que los ROE, los productores podrían perder USD 1.100 millones por año”, aseguró un informe de la entidad publicado en su cuenta oficial de Twitter. En este sentido, explicó que dicho mecanismo generó una baja promedio del 8% en el precio del maíz, durante los 8 años (2008-2015) que estuvo vigente y que si se calcula ese potencial decrecimiento se replique ahora sobre un precio FOB actual de USD 240, y una producción de 58,5 millones de toneladas podrían generarse las pérdidas anteriormente previstas.
“Un menor precio del maíz, por intervención de las exportaciones, genera menor inversión y menos producción. Esto repercute de manera directa en el empleo y en el desarrollo del interior productivo. También son menos dólares para el país y menos impuestos para el Estado”, indicó el trabajo y concluyó: “El tema es que no es una medida aislada, se suma a la intervención de la exportación de carne y el temor por el trigo. Es una sucesión de políticas que lo único que generan es menor producción, menos dólares, menos empleo, menos desarrollo: todo lo opuesto a lo que necesitamos”.
Cabe mencionar que esta no es la primera intervención en el mercado de exportación de maíz que realiza el gobierno de Alberto Fernández. A fines del año pasado, la cartera agropecuaria, en ese entonces comandada por Luis Basterra, cerró los registros de exportación para el cereal de la campaña 2019/20 en pos de asegurar el abastecimiento interno. La diferencia es que, en este caso, los registros no están cerrados, pero, lo preocupante, es que todavía faltan más de cinco meses para que ingrese la cosecha de la campaña 2021/22.
La posición del campo y el Gobierno
Nuevamente, esta medida tiene un amplio rechazo entre los productores y la Mesa de Enlace salió a mostrar su descontento con la iniciativa oficial. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, comentó que “seguir interviniendo y burocratizando los mercados es una pésima señal que trae desconfianza en los productores. Ya lo vivimos desde abril con la carne y ahora con el maíz. Nuestro país necesita que todos podamos trabajar libremente para producir sabiendo que vamos a poder vender”.
En la misma línea, en diálogo con este medio, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo: “El anuncio de monitorear las exportaciones de maíz, no hace más que seguir destruyendo la confianza de los productores. No genera previsibilidad y ante una siembra que ya comenzó. Es una pésima señal para los productores”.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura aseguró a través de un comunicado que “las exportaciones están abiertas. La cartera decidió priorizar las DJVE fehacientemente respaldadas por compras físicas y con barcos nominados con fecha cierta. Esta decisión no tiene ninguna implicancia en los mercados de futuros, ya que sólo rige para la presente campaña comercial. No existe limitación ni cepo a la exportación de maíz, cuando la Argentina alcanzó un récord de exportación. El productor rural tiene que tener la plena certeza de que es la base de esta cadena de valor y que en ningún momento se actuará con alguna medida que lo perjudique”.
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