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Si bien el abuelo del denunciante donó hectáreas en la ciudad de La Toma, la zona en cuestión, el gobierno de Alberto Rodríguez Saá arrebató el hogar del nieto donde vive con sus padres y su tía octogenarios. El inmueble está contiguo a un emblemático viejo castillo que la gestión provincial decidió “poner en valor” arrasando con sus vecinos.
Carlos Fernández (56) vive junto a sus padres y su tía, quienes promedian los ochenta años, en la ciudad de La Toma. Sin embargo, allí tienen las horas contadas por una futura expropiación del gobierno de Alberto Rodríguez Saá para “restaurar y poner en valor” el icónico castillo de la ciudad, lindero a la casa que tienen que abandonar los Fernández. De esta manera, la gestión provincial busca transformar ese lugar en un sitio de interés turístico para los visitantes, sin importarle que una familia entera quede en la calle.
Viejo castillo de La Toma.
Como si fuera poco, según contó el propio Carlos Fernández en un comunicado enviado al mandatario puntano, la familia se enteró de la expropiación de su hogar por un edicto publicado en el diario de La República: “Nadie golpeó nuestra puerta para contarnos del proyecto que incluía nuestra casa. Cuando nosotros siempre tuvimos las puertas abiertas para todos los candidatos que acompañaron sus gestiones de gobierno”, criticó. Por otro lado, cabe destacar que los ancianos dueños de la propiedad fueron llevados por la fiscalía de Gobierno para firmar la conformidad de la expropiación, sin abogados que los puedan asesorar.
Carlos Fernández le escribió a Rodríguez Saá.
En este escenario desesperante, Carlos Fernández se dirigió a Rodríguez Saá hablando en términos de “situación límite, aberrante y grave” para contarle que es la única vivienda que tuvieron en más de ochenta años. Otro detalle no menor es que su abuelo, Don Monitor Fernández, donó “varias hectáreas” en la zona del embalse y el balneario de La Toma que hoy lleva su nombre. También se refirió a otras expropiaciones que sufrió la familia, como “las 22 hectáreas” para la construcción de una planta de minerales de tungsteno o “la quinta familiar” para el paso de la ruta provincial 10.
Asimismo, se mostró indignado por la situación a la que los sometieron ya que los pusieron “en la misma bolsa” a todos los diferentes dueños que tenía el castillo y, además, el estado puntano les ofreció como indemnización 3,5 millones de pesos –de los cuales el 20 por ciento son honorarios para los abogados- por lo que el monto restante “alcanza con suerte y premura para hacer 30 metros cuadrados de una vivienda, con una pieza y un baño”. Finalmente, le rogó al gobernador que considere “especial interés” por su caso, aunque por ahora priman la insensibilidad y los caprichos de la gestión provincial.
